Nota
El dengue y los repelentes: en off side
La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.
La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.
El futbolista Pablo Aimar quiere patear un tiro libre y no puede: lo pican los mosquitos. Una familia intenta cenar y tampoco: ahora los insectos se han metido adentro de la casa.
Esta publicidad compuesta en dos actos conlleva una lectura urgente de la realidad: la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya, criado principalmente en el seno de los hogares.
¿Cómo se llama la obra? Un locutor corta y propone la solución: “Nuevo OFF, apto para dengue”.
Entonces Aimar y la familia se rocían del repelente, y comen y patean la pelota.
Paren de fumigar
El modelo de salud pública dibujado por el gobierno nacional durante la epidemia de dengue puso en la misma bolsa a los panfletos que llamaban a la gente a limpiar de sus hogares los criaderos del mosquito, como al uso de repelentes y a la aplicación de fumigaciones en espacios públicos. La demostración de que esta reacción oficial fue tardía (frente a una epidemia anunciada) se demuestra en que estas últimas dos políticas sólo previenen el mosquito adulto, y no actúan sobre las causas del problema.
El Ministerio de Salud de la Nación compró 15 mil litros de los insecticidas permetrina y diclorvos, según consta en el pliego de la contratación directa n° 30694167 con cierre el 3 de marzo de este año. Según amplió la Coordinación General de Información Pública y Comunicación a MU, estos pesticidas forman parte de un “kit” enviado por el Ministerio a las provincias más afectadas, acompañados también de repelentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agenda de fumigaciones de “hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos” (sic), es decir qué día y dónde iba a fumigarse, podía verse alegremente colgada en la web del gobierno municipal.
Las campañas oficiales se plantearon así en términos bélicos: se habló de “combatir” el dengue y se publicitó la acción con fotos de brigadas de fumigadores vestidos de astronautas y sus pistolas chispeantes de humo blanco.
Ése humo blanco es tóxico: la permetrina y el diclorvos son sustancias consideradas por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligrosas”, la segunda categoría toxicológica en cuanto a peligrosidad y con efecto “nocivo”. Distintas investigaciones asocian las consecuencias a su exposición en humanos con excitaciones en el sistema nervioso, convulsiones, temblores, alergias, malestares gástricos, alteraciones de conciencia y otras.
Un grupo llamado Voluntarios Civiles en Epidemia, compuesto por médicos de distintos hospitales públicos y privados, informó sobre las probables consecuencias residuales en el neurodesarrollo en niños y abrió una convocatoria en change.org pidiendo firmas para cortar la moda de la fumigación. Por su parte, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados también se pronunció en contra y denunció la inefectividad de la medida y la “falsa sensación” que genera de haber eliminado el mosquito.
Amigo de todo el Mundo
En el mismo pliego de los 15 mil litros de plaguicidas tóxicos y con carácter “urgente”, el Ministerio de Salud nacional ordenó también la compra de 35 mil repelentes para insectos “tipo crema”, luego distribuidos en distintos municipios del país. Si bien la Coordinación General de Información Pública y Comunicación no supo informar la cantidad total de repelentes comprados, la marca comercial de éstos y la cantidad de dinero gastado, MU recorrió distintos centros de salud porteños y todos recibieron la misma marca: OFF.
La relación entre el Estado y la empresa que produce OFF, Sc Johnson & Son, había tenido su bautismo el 28 de enero. Fue cuando la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo de precios con diez cadenas de supermercados para descontar un 25% del precio normal del repelente. La marca era una sola y en un solo formato: el OFF Family de 165cm cúbicos, y salía $35.
El convenio incluyó, según revela el portal Infobae, la provisión del repelente a las ONG Fundación Sí y Mundo Sano, ésta última comandada por el magnate Hugo Sigman, CEO de Chemo Group (farmacéutica líder en el mercado), dueño de Le Monde Diplomatique, productor de Relatos Salvajes, entre otros berretines empresariales.
La Fundación Mundo Sano hace campañas contra “enfermedades desatendidas”, principalmente chagas y dengue, metiéndose de lleno en cuestiones de salud pública como provisión de equipos a hospitales y tareas en comunidades locales. Desde esta hibridación, Sigman pisa fuerte en el Ministerio de Salud desde antes del cambio de gobierno, e incluso el periodista de La Nación Carlos Pagni sugirió en una de sus columnas que el empresario de los laboratorios influyó en que José Cano no fuera el ministro de Salud como se había anunciado.
Pocos meses antes que Jorge Daniel Lemus fuese nombrado el Ministro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas del cual él era director científico organizó un simposio junto a la Fundación Mundo Sano de Hugo Sigman. El tema: “Enfermedades desatendidas”.
El círculo cierra al clickear sobre el apartado “Alianzas estratégicas” de la web de la fundación Mundo Sano, donde se revela que “apoya” su labor la empresa Sc Johnson & Son, productora del OFF.
En Argentina existen 3 marcas conocidas de repelentes contra mosquitos. En Uruguay, para dar una idea, existen más de 20. Aquí sólo la marca OFF tiene 8 variantes de productos según consistencia, edades y duración. “El OFF es como la Coca-Cola”, sintetiza un gerente de ventas de los laboratorios que producen productos de limpieza e higiene. “Por más que pongas 10 marcas al lado, hoy ésta ya está instalada no sólo a nivel marketing, sino en la cantidad de producción: te llenan la góndola”.
La empresa que produce este repelente, SC Johnson & Son, es una firma con sede en Wisconsin que aglutina otros productos como Lysoforom, Mr. Musculo, Glade, Raid, Blem Fuji y otros. En su lema se promocionan como una “Family Company” pero son en verdad una de las empresas líderes en higiene y limpieza en el mundo: sus productos se venden en más de 72 países y sus ganancias estimadas son de 7.5 billones de dólares, según sus propias confesiones.
En Argentina, antes del 2013 los repelentes de SC Johnson & Son sólo competían contra los productos producidos por las cadenas de supermercados. Desde ese año apareció el grupo Qeruclor – una empresa argentina autora de marcas como Querubín – a disputar en las góndolas con el repelente Trap. Según esta empresa, las ventas de Trap aumentaron este año más del 60% con respecto a enero del 2015 y “en dos años captamos un 15% del negocio”. Alrededor del 80% sigue estando del lado de Johnson.
Antes de la entrada de Queruclor al mercado otro laboratorio argentino ya había intentado competir con el monopolio: WD SRL diseñó un repelente que, ya en la etapa de ser comercializado, fue frenado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica(ANMAT). La producción incluía tres tipos de repelentes (en crema, en gel y con aloe de vera), todos ellos prohibidos ante una inspección “no programada” de la ANMAT a la planta del laboratorio. Este laboratorio, que mantiene otros productos en el mercado relacionado a lociones capilares, se limitó a contestar a MU que en aquel momento “no cumplían con los requerimientos”. Pero la otra firma involucrada en el negocio en la parte de ventas recordó al suceso como “totalmente injusto” producto de una “inspección mal intencionada”.
La planta contaminante
Muy lejos de Wiscosin, en Pablo Podestá, hay un olor dulzón flotando en el aire. Lo advierten quienes llegan desde otros lugares, ya que los podestenses ya no perciben la diefrencia. “La vara de tolerancia a los químicos sube cada vez más”, indica Ángel Navarro, vecino de Podestá que vive a menos de cien metros de la planta que Johnson supo tener en el barrio durante más de 40 años, produciendo todo tipo de productos químicos.
El olor que flota en el ambiente proviene de adentro, ya que si bien Johnson se fue, aún subalquila el predio para que otras empresas utilicen las instalaciones. Desde afuera parece no haber rastros del gigante de Wiscosin, pero si uno afina la vista, un tanque enorme mantiene un borroneado logo de Johnson. “A ese tanque lo dieron vuelta, para que el logo no se vea desde afuera”, relata Navarro sobre el espejismo. Así se grafica la huida que encaró la empresa en el año 2007 hacia el Parque Industrial Pilar, ante una catarata de denuncias por contaminación ambiental.
El garaje de los Navarro lleva una inscripción que hoy parece anacrónica, pero no lo es: “Denuncie a Johnson”, y los números de teléfono de la comisaría. Al lado, una pequeña puertita da entrada a la base operativa de la ONG Terratox, la principal denunciante y divulgadora de la información que prueba la contaminación de los habitantes, el agua, la tierra y el aire de Podestá.
Según la página de Jhonson, la empresa desembarcó en tierras bonaerenses en 1963 ya instalada como la primera en el país en fabricar aerosoles. En ese momento no existían los chalets y las casas humildes que hoy habitan a sus alrededores, y es por eso, cuenta Ángel, que la empresa tiene el síndrome de Cristóbal Colón: “Se jactan de haber fundado Podestá”. Ángel, que es docente de arte en las escuelas de barrio, se ríe y dice que lo que de verdad ilustra la antigüedad de Johnson en la localidad son las seis manzanas que ocupa su planta, rodeadas por un muro de ladrillos que se pierde en el horizonte.
A pesar del perfil bajo de Podestá, la estadía de Johnson no pasó desapercibida: su planta tuvo tres accidentes ambientales, uno más grave que el otro. En 1994, con una fuga de ácido metacrílico inhibido que inundó el barrio. En 1999, también con derrames y focos de incendio. Y la última y más grande el 25 de febrero del 2004, un incendio que requirió el trabajo de casi 50 dotaciones de bomberos. Esa madrugada, los aerosoles de Johnson salieron disparados como cañitas voladoras y tapizaron los techos, jardines y patios de las casas del barrio, hasta tres cuadras a la redonda.
También de esa noche los vecinos recuerdan a un cronista de anteojos que, micrófono de TN en mano, cubría el incendio desde el lugar de los hechos. Los adjetivos abundaban y, en cambio, había algo que el notero obviaba: el nombre de la empresa que había producido el desastre. “¡Decí el nombre!, ¡decí que fue Johnson!”, le empezamos a gritar”, cuenta Ángel, hasta que el novato notero sinceró: “Si digo el nombre no trabajo más acá ni en ningún lado”.
“Y tenía razón”, cierra Ángel. “Hoy sigue trabajando en TN y es conductor del noticiero. Era Sergio Lapegüe”.
Caso archivado
Cuando ocurrió la lluvia de aerosoles, Ángel ya sabía que tenía en su sangre fenol, benceno y mercurio por niveles fuera de lo normal. “Me tocó un médico con experiencia en medicina laboral y me dijo que lo que yo tenía se encontraba en los operarios industriales expuestos a este tipo de tóxicos. Estamos hablando de gente que labura ocho horas de lunes a viernes”, relata. “Bueno, nosotros vivimos acá”.
Corría el año 99. Ángel mandó a su señora y sus hijos a hacerse los mismos estudios que él se había hecho, y también logró convencer a otros vecinos. “Todos teníamos lo mismo”, sintetiza pero recuerda cuál fue el caso más grave: el de su hija. “Tuvo problemas respiratorios y hasta le salieron dos quistes a la altura del fémur”, relata con una mezcla de compunción y orgullo porque, a pesar de todo, su hija hoy tiene 25 años y lo convirtió en abuelo.
“Por un lado ocurrieron los accidentes, los incendios y explosiones que nos sometieron a intoxicaciones agudas”, dice sobre las causas de esas enfermedades. “Y por otro, la contaminación crónica que es silenciosa, de todos los días”. Con la evidencia reunida, abrió ese mismo año una causa judicial contra SC Johnson & Son por presunta infracción a la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
La causa se asentó en el fuero federal y, 8 años más tarde, llegó a convocar a indagatoria a toda la plana mayor de la empresa, imputados por las consecuencias de los accidentes químicos de 1999, 2004 (confirmado por una pericia de la Gendarmería Nacional) y por el impacto ambiental cotidiano. “Lo único que hizo Johnson en el marco de esa causa fue presionar para que pasara al fuero provincial”, cuenta Ángel sobre la defensa, que se pareció más bien a algún tipo de cobro de favores. “Y lo lograron: a la semana siguiente de que los directivos declararon, y luego de 9 años de causa, el juez se considera incompetente y dicta que la causa pasaba al fuero provincial”.
En la justicia provincial la causa duró un año y medio, archivada en el 2009. Dos años antes, la empresa Johnson ya había huido de Podestá, dejando alquiladas sus instalaciones y latente el daño ambiental. “Cuando se fue la planta, en el imaginario de la gente se acabó el problema. Pero ahí donde estuvo la planta quedó una mancha viva y actuando: llegando a las napas y extendiéndose siempre en pendiente, en dirección al arroyo Morón”, una de las cuencas más contaminadas del país.
La ONG Terratox considera que la asociación de la contaminación de Johnson con las enfermedades “es una batalla perdida”, pero sigue sosteniendo el grito de la “contaminación continuada” que la ex planta de Johnson generó y sigue generando en Podestá. Un último estudio elaborado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en 2013 llamado “Informe del Estado de Situación Ambiental del Suelo de Pablo Podestá” le da la razón: AySA encontró niveles de benceno, fenol, mercurio e hidrocarburos por encima de los niveles guías establecidos para calidad de suelo de uso residencial.
Más allá de Podestá y más acá que Wiscosin, 17 personas fabrican un repelente propio para todos los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. Son el equipo del laboratorio municipal y demostraron, así, que la decisión de sostener la producción pública de medicamentos rinde sus frutos ante estos casos epidémicos.
“Comprar el repelente era muy caro”, sintetiza la directora de la farmacia de la Municipalidad, Belén Botazo. “Hicimos la prueba hace 4 años, nos salió fantástico y nos ahorramos mucho dinero”. El cálculo que hace Botazo habla de hasta un 70% menos de gasto en repelentes gracias a esta iniciativa.
En lo que va del 2016 el laboratorio municipal produjo cerca de 50 mil repelentes en crema, frente a 20 mil producidos el año pasado. “Es exactamente igual que el más conocido: tiene la misma concentración y la misma droga”, cuenta Belén.
En la Ciudad de La Plata se replicó este año la experiencia “ante la falta de repelente en algunas salas sanitarias”, relata Lucía Vottero, estudiante de biotecnología en la UNLP y parte del proyecto. Así, en el marco de la Universidad se diseñaron alrededor de 80 litros de repelente que fueron destinados a salas de salud y también a los estudiantes que caminan por las boscosas universidades platenses.
“No hace falta de fórmulas mágicas ni de fábricas extraordinarias”, sintetiza la médica Botazo. El Director General de Salud del municipio, el doctor Adrián Slavin, plantea lo que sí hace falta: “Decisión política. Es una política que acompaña a otras, porque más allá de los repelentes y las fumigaciones que hacen las provincias la medida más eficiente es el descacharreo”.
A descacharrear
La epidemióloga Silvana Figar, el investigador Nicolás Schweigmann, el sanitarista Mario Rovere y otros médicos y biólogos consultados por MU coinciden en que la solución de fondo para evitar la cría del mosquito es la acción de la gente.
Para ello no parecen alcanzar los folletos normativos que indican con el verbo “hacé”, ni tampoco el discurso bélico de “combatir” la epidemia: “Vos no te lavás las manos o cepillás los dientes para combatir las bacterias”, compara Schewigmann, parte del Grupo de Estudio de Mosquitos. “Lo que hacés es un acto de higiene básico”.
Junto a un grupo de seis investigadores de distintas disciplinas Nicolás lleva adelante un blog llamado Dengue In Foar en el que abordan las distintas complejidades del Aedes Aegipty, sobre todo desde la perspectiva de que las enfermedades que transmite no existen en ambientes naturales: son producto de la contaminación urbana. Es decir: producto de cómo vivimos. “El ambiente donde vivimos no necesita que se combata, en cambio necesita es que lo comprendamos mejor”, cierra Nicolás.
Silvana Figar, como parte del Equipo de Epidemiología del Hospital Italiano llama a hacerse cargo del problema pero no en un sentido idealista ni mucho menos señalador: usa la figura del “multiplicador” como aquél capaz de replicar y explicar la necesidad de actuar casera y domésticamente para eliminar los focos de cría del mosquito.
El médico sanitarista Mario Rovere, ex viceministro de salud de la Nación, da sustento a esta teoría práctica: “La salud pública hubo un debate muy importante en la década de los 80: unos decían “salud para todos” y otros “salud con todos”. Ese “para” en cierta manera lo que decía era: dejen que el Estado se ocupe. La salud pública, si uno lo piensa en términos focaultianos, tiene una lógica panoptista: ha sido, desde prácticamente mitad de siglo 19, parte consustancial de la organización del Estado moderno. Pero esa salud pública necesita cambiar porque también ha cambiado el tipo de enfermedades contra las que se lucha. En muchos casos tenemos problemas que no es que la sociedad puede suplir al Estado, pero en algunas dimensiones lo hace definitivamente mejor: hoy hay grupos de autoayudas vinculados a enfermedades específicas donde el paciente sabe más que el profesional que lo trata. Ese juego de si estamos hablando de una convocatoria a la sociedad o de la vieja policía sanitaria se da en el contexto de una transición donde empezamos lentamente a ver que los problemas de salud pública son tan complejos que hoy en día hay que pensar en alianzas fuertes entre la sociedad y el Estado. Responsabilizar a la población no es la idea, sino convocar, explicar. Y explicar a un nivel que resulte comprensible y atractivo”.
Dicho de otro modo: no patees la pelota.
Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
- Revista MuHace 7 días
Mu 197: ¿Dónde está?
- Revista MuHace 4 semanas
Mu 196: El modelo
- NotaHace 2 semanas
Incendios en Córdoba: zona de catástrofe
- Mu178Hace 3 semanas
La pieza clave: ReCoop, distribuidora de productos de empresas recuperadas
- NotaHace 3 semanas
Julio López, desaparecido en democracia hace 18 años: sus testimonios contra la Bonaerense
- NotaHace 4 días
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
- ActualidadHace 4 semanas
Verdad y consecuencias del veto a la movilidad jubilatoria: el día que puede cambiar todo
- ArtesHace 3 semanas
Maca, Eva & infancias: arte en modo Primavera