Sigamos en contacto

Nota

El dengue y los repelentes: en off side

La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

Publicada

el

La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

dengue
El futbolista Pablo Aimar quiere patear un tiro libre y no puede: lo pican los mosquitos. Una familia intenta cenar y tampoco: ahora los insectos se han metido adentro de la casa.
Esta publicidad compuesta en dos actos conlleva una lectura urgente de la realidad: la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya, criado principalmente en el seno de los hogares.
¿Cómo se llama la obra? Un locutor corta y propone la solución: “Nuevo OFF, apto para dengue”.
Entonces Aimar y la familia se rocían del repelente, y comen y patean la pelota.

Paren de fumigar

El modelo de salud pública dibujado por el gobierno nacional durante la epidemia de dengue puso en la misma bolsa a los panfletos que llamaban a la gente a limpiar de sus hogares los criaderos del mosquito, como al uso de repelentes y a la aplicación de fumigaciones en espacios públicos. La demostración de que esta reacción oficial fue tardía (frente a una epidemia anunciada) se demuestra en que estas últimas dos políticas sólo previenen el mosquito adulto, y no actúan sobre las causas del problema.
El Ministerio de Salud de la Nación compró 15 mil litros de los insecticidas permetrina y diclorvos, según consta en el pliego de la contratación directa n° 30694167 con cierre el 3 de marzo de este año. Según amplió la Coordinación General de Información Pública y Comunicación a MU, estos pesticidas forman parte de un “kit” enviado por el Ministerio a las provincias más afectadas, acompañados también de repelentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agenda de fumigaciones de “hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos” (sic), es decir qué día y dónde iba a fumigarse, podía verse alegremente colgada en la web del gobierno municipal.
Las campañas oficiales se plantearon así en términos bélicos: se habló de “combatir” el dengue y se publicitó la acción con fotos de brigadas de fumigadores vestidos de astronautas y sus pistolas chispeantes de humo blanco.
Ése humo blanco es tóxico: la permetrina y el diclorvos son sustancias consideradas por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligrosas”, la segunda categoría toxicológica en cuanto a peligrosidad y con efecto “nocivo”. Distintas investigaciones asocian las consecuencias a su exposición en humanos con excitaciones en el sistema nervioso, convulsiones, temblores, alergias, malestares gástricos, alteraciones de conciencia y otras.
Un grupo llamado Voluntarios Civiles en Epidemia, compuesto por médicos de distintos hospitales públicos y privados, informó sobre las probables consecuencias residuales en el neurodesarrollo en niños y abrió una convocatoria en change.org pidiendo firmas para cortar la moda de la fumigación. Por su parte, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados también se pronunció en contra y denunció la inefectividad de la medida y la “falsa sensación” que genera de haber eliminado el mosquito.

Amigo de todo el Mundo

En el mismo pliego de los 15 mil litros de plaguicidas tóxicos y con carácter “urgente”, el Ministerio de Salud nacional ordenó también la compra de 35 mil repelentes para insectos “tipo crema”, luego distribuidos en distintos municipios del país. Si bien la Coordinación General de Información Pública y Comunicación no supo informar la cantidad total de repelentes comprados, la marca comercial de éstos y la cantidad de dinero gastado, MU recorrió distintos centros de salud porteños y todos recibieron la misma marca: OFF.
La relación entre el Estado y la empresa que produce OFF, Sc Johnson & Son, había tenido su bautismo el 28 de enero. Fue cuando la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo de precios con diez cadenas de supermercados para descontar un 25% del precio normal del repelente. La marca era una sola y en un solo formato: el OFF Family de 165cm cúbicos, y salía $35.
El convenio incluyó, según revela el portal Infobae, la provisión del repelente a las ONG Fundación Sí y Mundo Sano, ésta última comandada por el magnate Hugo Sigman, CEO de Chemo Group (farmacéutica líder en el mercado), dueño de Le Monde Diplomatique, productor de Relatos Salvajes, entre otros berretines empresariales.
La Fundación Mundo Sano hace campañas contra “enfermedades desatendidas”, principalmente chagas y dengue, metiéndose de lleno en cuestiones de salud pública como provisión de equipos a hospitales y tareas en comunidades locales. Desde esta hibridación, Sigman pisa fuerte en el Ministerio de Salud desde antes del cambio de gobierno, e incluso el periodista de La Nación Carlos Pagni sugirió en una de sus columnas que el empresario de los laboratorios influyó en que José Cano no fuera el ministro de Salud como se había anunciado.
Pocos meses antes que Jorge Daniel Lemus fuese nombrado el Ministro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas del cual él era director científico organizó un simposio junto a la Fundación Mundo Sano de Hugo Sigman. El tema: “Enfermedades desatendidas”.
El círculo cierra al clickear sobre el apartado “Alianzas estratégicas” de la web de la fundación Mundo Sano, donde se revela que “apoya” su labor la empresa Sc Johnson & Son, productora del OFF.
En Argentina existen 3 marcas conocidas de repelentes contra mosquitos. En Uruguay, para dar una idea, existen más de 20. Aquí sólo la marca OFF tiene 8 variantes de productos según consistencia, edades y duración. “El OFF es como la Coca-Cola”, sintetiza un gerente de ventas de los laboratorios que producen productos de limpieza e higiene. “Por más que pongas 10 marcas al lado, hoy ésta ya está instalada no sólo a nivel marketing, sino en la cantidad de producción: te llenan la góndola”.
La empresa que produce este repelente, SC Johnson & Son, es una firma con sede en Wisconsin que aglutina otros productos como Lysoforom, Mr. Musculo, Glade, Raid, Blem Fuji y otros. En su lema se promocionan como una “Family Company” pero son en verdad una de las empresas líderes en higiene y limpieza en el mundo: sus productos se venden en más de 72 países y sus ganancias estimadas son de 7.5 billones de dólares, según sus propias confesiones.
En Argentina, antes del 2013 los repelentes de SC Johnson & Son sólo competían contra los productos producidos por las cadenas de supermercados. Desde ese año apareció el grupo Qeruclor – una empresa argentina autora de marcas como Querubín – a disputar en las góndolas con el repelente Trap. Según esta empresa, las ventas de Trap aumentaron este año más del 60% con respecto a enero del 2015 y “en dos años captamos un 15% del negocio”. Alrededor del 80% sigue estando del lado de Johnson.
Antes de la entrada de Queruclor al mercado otro laboratorio argentino ya había intentado competir con el monopolio: WD SRL diseñó un repelente que, ya en la etapa de ser comercializado, fue frenado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica(ANMAT). La producción incluía tres tipos de repelentes (en crema, en gel y con aloe de vera), todos ellos prohibidos ante una inspección “no programada” de la ANMAT a la planta del laboratorio. Este laboratorio, que mantiene otros productos en el mercado relacionado a lociones capilares, se limitó a contestar a MU que en aquel momento “no cumplían con los requerimientos”. Pero la otra firma involucrada en el negocio en la parte de ventas recordó al suceso como “totalmente injusto” producto de una “inspección mal intencionada”.

La planta contaminante

Muy lejos de Wiscosin, en Pablo Podestá, hay un olor dulzón flotando en el aire. Lo advierten quienes llegan desde otros lugares, ya que los podestenses ya no perciben la diefrencia. “La vara de tolerancia a los químicos sube cada vez más”, indica Ángel Navarro, vecino de Podestá que vive a menos de cien metros de la planta que Johnson supo tener en el barrio durante más de 40 años, produciendo todo tipo de productos químicos.
El olor que flota en el ambiente proviene de adentro, ya que si bien Johnson se fue, aún subalquila el predio para que otras empresas utilicen las instalaciones. Desde afuera parece no haber rastros del gigante de Wiscosin, pero si uno afina la vista, un tanque enorme mantiene un borroneado logo de Johnson. “A ese tanque lo dieron vuelta, para que el logo no se vea desde afuera”, relata Navarro sobre el espejismo. Así se grafica la huida que encaró la empresa en el año 2007 hacia el Parque Industrial Pilar, ante una catarata de denuncias por contaminación ambiental.
El garaje de los Navarro lleva una inscripción que hoy parece anacrónica, pero no lo es: “Denuncie a Johnson”, y los números de teléfono de la comisaría. Al lado, una pequeña puertita da entrada a la base operativa de la ONG Terratox, la principal denunciante y divulgadora de la información que prueba la contaminación de los habitantes, el agua, la tierra y el aire de Podestá.
Según la página de Jhonson, la empresa desembarcó en tierras bonaerenses en 1963 ya instalada como la primera en el país en fabricar aerosoles. En ese momento no existían los chalets y las casas humildes que hoy habitan a sus alrededores, y es por eso, cuenta Ángel, que la empresa tiene el síndrome de Cristóbal Colón: “Se jactan de haber fundado Podestá”. Ángel, que es docente de arte en las escuelas de barrio, se ríe y dice que lo que de verdad ilustra la antigüedad de Johnson en la localidad son las seis manzanas que ocupa su planta, rodeadas por un muro de ladrillos que se pierde en el horizonte.
A pesar del perfil bajo de Podestá, la estadía de Johnson no pasó desapercibida: su planta tuvo tres accidentes ambientales, uno más grave que el otro. En 1994, con una fuga de ácido metacrílico inhibido que inundó el barrio. En 1999, también con derrames y focos de incendio. Y la última y más grande el 25 de febrero del 2004, un incendio que requirió el trabajo de casi 50 dotaciones de bomberos. Esa madrugada, los aerosoles de Johnson salieron disparados como cañitas voladoras y tapizaron los techos, jardines y patios de las casas del barrio, hasta tres cuadras a la redonda.
También de esa noche los vecinos recuerdan a un cronista de anteojos que, micrófono de TN en mano, cubría el incendio desde el lugar de los hechos. Los adjetivos abundaban y, en cambio, había algo que el notero obviaba: el nombre de la empresa que había producido el desastre. “¡Decí el nombre!, ¡decí que fue Johnson!”, le empezamos a gritar”, cuenta Ángel, hasta que el novato notero sinceró: “Si digo el nombre no trabajo más acá ni en ningún lado”.
“Y tenía razón”, cierra Ángel. “Hoy sigue trabajando en TN y es conductor del noticiero. Era Sergio Lapegüe”.

Caso archivado

Cuando ocurrió la lluvia de aerosoles, Ángel ya sabía que tenía en su sangre fenol, benceno y mercurio por niveles fuera de lo normal. “Me tocó un médico con experiencia en medicina laboral y me dijo que lo que yo tenía se encontraba en los operarios industriales expuestos a este tipo de tóxicos. Estamos hablando de gente que labura ocho horas de lunes a viernes”, relata. “Bueno, nosotros vivimos acá”.
Corría el año 99. Ángel mandó a su señora y sus hijos a hacerse los mismos estudios que él se había hecho, y también logró convencer a otros vecinos. “Todos teníamos lo mismo”, sintetiza pero recuerda cuál fue el caso más grave: el de su hija. “Tuvo problemas respiratorios y hasta le salieron dos quistes a la altura del fémur”, relata con una mezcla de compunción y orgullo porque, a pesar de todo, su hija hoy tiene 25 años y lo convirtió en abuelo.
“Por un lado ocurrieron los accidentes, los incendios y explosiones que nos sometieron a intoxicaciones agudas”, dice sobre las causas de esas enfermedades. “Y por otro, la contaminación crónica que es silenciosa, de todos los días”. Con la evidencia reunida, abrió ese mismo año una causa judicial contra SC Johnson & Son por presunta infracción a la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
La causa se asentó en el fuero federal y, 8 años más tarde, llegó a convocar a indagatoria a toda la plana mayor de la empresa, imputados por las consecuencias de los accidentes químicos de 1999, 2004 (confirmado por una pericia de la Gendarmería Nacional) y por el impacto ambiental cotidiano. “Lo único que hizo Johnson en el marco de esa causa fue presionar para que pasara al fuero provincial”, cuenta Ángel sobre la defensa, que se pareció más bien a algún tipo de cobro de favores. “Y lo lograron: a la semana siguiente de que los directivos declararon, y luego de 9 años de causa, el juez se considera incompetente y dicta que la causa pasaba al fuero provincial”.
En la justicia provincial la causa duró un año y medio, archivada en el 2009. Dos años antes, la empresa Johnson ya había huido de Podestá, dejando alquiladas sus instalaciones y latente el daño ambiental. “Cuando se fue la planta, en el imaginario de la gente se acabó el problema. Pero ahí donde estuvo la planta quedó una mancha viva y actuando: llegando a las napas y extendiéndose siempre en pendiente, en dirección al arroyo Morón”, una de las cuencas más contaminadas del país.
La ONG Terratox considera que la asociación de la contaminación de Johnson con las enfermedades “es una batalla perdida”, pero sigue sosteniendo el grito de la “contaminación continuada” que la ex planta de Johnson generó y sigue generando en Podestá. Un último estudio elaborado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en 2013 llamado “Informe del Estado de Situación Ambiental del Suelo de Pablo Podestá” le da la razón: AySA encontró niveles de benceno, fenol, mercurio e hidrocarburos por encima de los niveles guías establecidos para calidad de suelo de uso residencial.
Más allá de Podestá y más acá que Wiscosin, 17 personas fabrican un repelente propio para todos los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. Son el equipo del laboratorio municipal y demostraron, así, que la decisión de sostener la producción pública de medicamentos rinde sus frutos ante estos casos epidémicos.
“Comprar el repelente era muy caro”, sintetiza la directora de la farmacia de la Municipalidad, Belén Botazo. “Hicimos la prueba hace 4 años, nos salió fantástico y nos ahorramos mucho dinero”. El cálculo que hace Botazo habla de hasta un 70% menos de gasto en repelentes gracias a esta iniciativa.
En lo que va del 2016 el laboratorio municipal produjo cerca de 50 mil repelentes en crema, frente a 20 mil producidos el año pasado. “Es exactamente igual que el más conocido: tiene la misma concentración y la misma droga”, cuenta Belén.
En la Ciudad de La Plata se replicó este año la experiencia “ante la falta de repelente en algunas salas sanitarias”, relata Lucía Vottero, estudiante de biotecnología en la UNLP y parte del proyecto. Así, en el marco de la Universidad se diseñaron alrededor de 80 litros de repelente que fueron destinados a salas de salud y también a los estudiantes que caminan por las boscosas universidades platenses.
“No hace falta de fórmulas mágicas ni de fábricas extraordinarias”, sintetiza la médica Botazo. El Director General de Salud del municipio, el doctor Adrián Slavin, plantea lo que sí hace falta: “Decisión política. Es una política que acompaña a otras, porque más allá de los repelentes y las fumigaciones que hacen las provincias la medida más eficiente es el descacharreo”.

A descacharrear

La epidemióloga Silvana Figar, el investigador Nicolás Schweigmann, el sanitarista Mario Rovere y otros médicos y biólogos consultados por MU coinciden en que la solución de fondo para evitar la cría del mosquito es la acción de la gente.
Para ello no parecen alcanzar los folletos normativos que indican con el verbo “hacé”, ni tampoco el discurso bélico de “combatir” la epidemia: “Vos no te lavás las manos o cepillás los dientes para combatir las bacterias”, compara Schewigmann, parte del Grupo de Estudio de Mosquitos. “Lo que hacés es un acto de higiene básico”.
Junto a un grupo de seis investigadores de distintas disciplinas Nicolás lleva adelante un blog llamado Dengue In Foar en el que abordan las distintas complejidades del Aedes Aegipty, sobre todo desde la perspectiva de que las enfermedades que transmite no existen en ambientes naturales: son producto de la contaminación urbana. Es decir: producto de cómo vivimos. “El ambiente donde vivimos no necesita que se combata, en cambio necesita es que lo comprendamos mejor”, cierra Nicolás.
Silvana Figar, como parte del Equipo de Epidemiología del Hospital Italiano llama a hacerse cargo del problema pero no en un sentido idealista ni mucho menos señalador: usa la figura del “multiplicador” como aquél capaz de replicar y explicar la necesidad de actuar casera y domésticamente para eliminar los focos de cría del mosquito.
El médico sanitarista Mario Rovere, ex viceministro de salud de la Nación, da sustento a esta teoría práctica: “La salud pública hubo un debate muy importante en la década de los 80: unos decían “salud para todos” y otros “salud con todos”. Ese “para” en cierta manera lo que decía era: dejen que el Estado se ocupe. La salud pública, si uno lo piensa en términos focaultianos, tiene una lógica panoptista: ha sido, desde prácticamente mitad de siglo 19, parte consustancial de la organización del Estado moderno. Pero esa salud pública necesita cambiar porque también ha cambiado el tipo de enfermedades contra las que se lucha. En muchos casos tenemos problemas que no es que la sociedad puede suplir al Estado, pero en algunas dimensiones lo hace definitivamente mejor: hoy hay grupos de autoayudas vinculados a enfermedades específicas donde el paciente sabe más que el profesional que lo trata. Ese juego de si estamos hablando de una convocatoria a la sociedad o de la vieja policía sanitaria se da en el contexto de una transición donde empezamos lentamente a ver que los problemas de salud pública son tan complejos que hoy en día hay que pensar en alianzas fuertes entre la sociedad y el Estado. Responsabilizar a la población no es la idea, sino convocar, explicar. Y explicar a un nivel que resulte comprensible y atractivo”.
Dicho de otro modo: no patees la pelota.

Nota

Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

Publicada

el

Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

Conseguí tus entradas

🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

Seguir leyendo

Nota

Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

Publicada

el

Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

Seguir leyendo

Nota

13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

Publicada

el

En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
Seguir leyendo

La última Mu: Clima de cambio

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00