Nota
Cómo encubre el Estado una desaparición forzada
La Fiscalía Federal de Esquel recaratuló la causa como desaparición forzada. La fiscal reconoce la “gravedad” del caso por tratarse de “la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”. Es la primera confirmación judicial respecto a esa principal línea de hipótesis, negada hasta ahora desde el Gobierno. Qué dice la familia. Qué significa este cambio en la causa. El análisis de la abogada, Verónica Heredia: «Si ponés a la víctima de desaparición forzada como una persona perdida, la escondés. Pareciera que la desaparición forzada en democracia, a pesar de que tenemos casos como Julio López, Luciano Arruga o Daniel Solano, quedó atrapada en ese lugar. Y esto es lo que Santiago nos trae: otra mirada. Hoy la gente puede ver que, detrás de él, están todas las otras caras que nadie quiso ver». Cómo respondió el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, al llamado de lavaca.
Veintitrés días después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez en medio de la violenta irrupción sin orden judicial de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, aceptó el pedido de la familia del joven de 28 de años y recaratuló la causa como “desaparición forzada de persona”. Es la primera confirmación judicial oficial respecto a la principal línea de hipótesis que desde el 1 de agosto sostienen la familia, la comunidad, los organismos de derechos humano y la Defensoría Federal. “Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto”, subrayó la fiscalía a través de un comunicado oficial. Aún se esperan respuestas desde el Gobierno, que hasta ahora ha sostenido que no hablaría de una desaparición forzada hasta tanto la Justicia se expidiera. Lavaca intentó comunicarse con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sindicado por coordinar el operativo represivo, pero el funcionario cortó abruptamente la conversación.
“Esto es un adelanto”, dijo a lavaca Sergio Maldonado, uno de los dos hermanos de Santiago, horas después de conocido el comunicado. “Que lo reconozcan te da un poco más de alivio: en algún momento se tenían que hacer cargo. Ahora, si desde el Gobierno decían que la Justicia era la encargada de investigar y que ellos no tenían nada que ver, bueno: la Justicia ya tomó intervención y dijo que es una desaparición forzada de persona. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos mintiendo”.
Andrea Antico, cuñada de Santiago: “Por un lado pareciera un alivio que se reconozca finalmente el cambio de carátula, pero por otro lado es trágico que el Estado esté diciendo que hay una desaparición forzada. Ahí te das cuenta cómo viene todo esto”.
Marcar un camino
La Fiscalía Federal informó a través del comunicado que obtuvieron “diversas declaraciones” tanto en la Pu Lof como en la oficina de la fiscal Ávila. “También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas”, esgrimió. En ese sentido, la fiscal prorrogó por otros diez días el secreto de sumario para adoptar medidas en esa dirección.
Sergio: “Estaría bueno que así como los que dijeron que no colaborábamos o que no era una desaparición forzada, todos los periodistas que decían que estaba en Uruguay, en Entre Ríos o Mendoza, ahora se reivindiquen y digan que se equivocaron. Que hagan un mea culpa todos los que actuaron mal y de mala leche, porque hasta antes de ayer decían que mi hermano era sobrino de Vaca Narvaja y que cobraba 32 mil pesos. Todas cosas que uno puede chequear. Es sencillo”.
Justo antes del cambio de carátula, la familia había difundido un comunicado en el que exigían a las autoridades judiciales y políticas que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar:
- “La inmediata aparición con vida de Santiago;
- Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;
- Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;
- Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;
- Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos”.
Luego de confirmar la recaratulización, la familia precisó que la Fiscalía Federal también solicitó a la Procuración General que diera curso a su pedido de integración del equipo de investigación. Sergio: “Por eso nos da bronca que digan que no colaboramos cuando, en realidad, hacemos todo y más, nos adelantamos para buscar pruebas, refutando todas las falsas informaciones y noticias para ir aclarando todo y no dar margen a la confusión. No tendríamos que estar abriendo una página web (www.santiagomaldonado.com), investigando, desmintiendo, pero lo estamos haciendo para marcar un camino que, ahora, se está tomando”.
El Estado desmiente al Estado
De los tres expedientes que se desprenden de los hechos del 1 de agosto (uno de ellos es por una causa federal por “entorpecimiento de servicios públicos” que le armaron a tres personas que habían vistado la Pu Lof ese día), dos corresponden a la desaparición:
- La causa que acumula los habeas corpus presentados por la desaparición de Santiago. La lleva adelante el juez federal Guido Otranto.
- La denuncia por la desaparición forzada, que quedó en manos de la fiscal federal Ávila.
Es preciso ordenar los expedientes para comprender lo que dice a lavaca la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.
“La única manera de contrarrestar las mentiras que dijo el Estado a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es que el propio Estado, ahora a través de la fiscal federal, reconozca que estamos ante una desaparición forzada. Sin embargo, hay un desconcepto: si ya desde el inicio se inició un trámite de hábeas corpus quiere decir que hay una desaparición forzada. ¿Por qué? La ley que rige los habeas corpus (23.098) establece que debe determinar ciertos requisitos: la privación de la libertad ambulatoria de una persona y, luego, que se esté denunciando a una autoridad pública responsable de esa privación. Esto quiere decir que si el juez Otranto tramitó los habeas corpus es porque estos requisitos están cumplidos: en el primer caso, con Santiago, y en el segundo, con Gendarmería. El habeas corpus empieza y termina con Santiago: no se puede archivar. La denuncia penal empieza por el hecho de la desaparición forzada y termina con la condena de los responsables materiales y lo autores intelectuales”.
-¿Qué otras medidas aprobó la fiscal?
-La fiscal dice que hay algunas medidas que se están llevando adelante en el ámbito del secreto de sumario, que por respeto no vamos a decir cuáles son para preservar. Obviamente, estamos expectantes por ver con qué se levanta el secreto. Por ejemplo, en el 2007, cuando la jueza Eva Parcio de Seleme solicitó el secreto de sumario en el caso Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia, causa que motivó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino), luego lo levantó y dijo que no existía desaparición forzada y sobreseyó a todos: quería cerrar el expediente. Por eso, que haya un secreto de sumario no nos dice nada. Lo que sí es una buena señal es que, en el medio de este secreto, la fiscal haga lugar a la recaratulación de la causa como desaparición forzada.
-Como decían Sergio y Andrea, la recaratulación también abona hacia la principal hipótesis de la familia: todas estas semanas se dijo que no querían colaborar.
-Eso forma parte de la lógica de un delito de Estado: la desaparición forzada de persona implica la tortura de los familiares. La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Iván Torres habla de privación ilegítima de la libertad, tortura, desaparición forzada y tortura a los familiares. Porque todo esto que están viviendo es tortura. ¿Y quién la genera? El Estado. No solo por tenerlo a Santiago desaparecido o al no dar información, sino al negarla. Eso habilita a que los medios digan cualquier cosa y que ellos tengan que salir a desmentir. Hoy el Estado no sólo está cometiendo la desaparición forzada contra Santiago Maldonado, sino que está torturando a toda su familia.
-Con todas las pruebas apuntando hacia Gendarmeria, ¿qué está haciendo el Estado para buscar a Santiago?
–El Estado se compone del Poder Ejectuvo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hasta ahora, el Poder Legislativo ha pedido la interpelación de la ministra Bullrich en la Comisión de Derechos Humanos y en el Senado. Conocemos que algunos diputados están avanzando con denuncias, pero institucionalmente también tiene su responsabilidad. El Poder Judicial duda, toma algunas medidas tarde y el Ministerio Público Fiscal recién hoy asume la desaparición forzada. Por otro lado, el Poder Ejecutivo niega. En ese sentido, ¿qué está haciendo el Estado en su Poder Ejecutivo? Configurar el delito de desaparición forzada.
-La familia denunció que no hay un procedimiento o protocolo sobre cómo el Estado debe actuar en casos de desaparición forzada.
-Ni siquiera lo prevé la ley de habeas corpus, del año 1984, a pesar que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece la desaparición forzada como un tipo especial de habeas corpus. Los legisladores no sólo tardaron en tipificar el delito -que recién se hizo en el 2011- sino que hasta la fecha no modificaron la ley de habeas corpus incorporando lo que expresamente establece la Constitución. El único protocolo, que tampoco sirve, es el relacionado a búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, relacionado a la trata. Cuando estaba esperando el avión en Aeroparque veo que pasan en el televisor algunas fotos. Primero, Sofía Herrera, la chica desaparecida de Tierra del Fuego. Inmediatamente después, Jorge Julio López. Inmediatamente despúes, Iván Torres. Si vos ponés a la víctima de desaparición forzada como una persona perdida, la escondés. Pareciera que la desaparición forzada en democracia, a pesar de que tenemos casos como Julio López, Luciano Arruga o Daniel Solano, quedó atrapada en un lugar. Y esto es lo que Santiago nos trae: otra mirada. Hoy la gente puede ver que, detrás de él, están todas las otras caras que nadie quiso ver.
El que calla
La recaratulación abre una nueva etapa en la búsqueda de Santiago Maldonado. Se suma a la medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó al Estado que adopte “todas las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” del joven de 25 de Mayo. Además, le dio un plazo de 10 días para que informe de forma periódica que está haciendo para buscarlo.
Minutos después de que el Ministerio Público Fiscal difundiera el comunicado oficial, lavaca llamó al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sindicado por coordinar los operativos represivos esos días en el sur. Noceti había hablado con esta agencia en una entrevista donde confirmó su presencia el 1 de agosto en la Pu Lof, defendió el accionar de Gendarmería bajo la figura de la flagrancia y tildó de mentirosos a la comunidad, a los organismos de derechos humanos y a la Defensoría Federal.
Noceti atiende.
-Buenas tardes, lo llamamos de lavaca porque acaba de salir un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal recaratulando la causa como desaparición forzada. Queríamos saber alguna opinión suya al respecto.
Hubo dos segundos de silencio.
Y cortó.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
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MU 212: El fin de un mundo
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