#NiUnaMás

El femicidio de los lápices

Publicada

hace 8 años

05/08/2017

No fue una marcha. Fue un duelo a cielo abierto, que se convirtió en político frente al Congreso y social por las más de 1.500 personas que acompañaron a las amigas y compañeras de Anahí Benítez. Adolescentes que tomaron el acto en sus manos y dejaron una lección sobre estos tiempos y una advertencia al Estado y a la prensa: “Nadie está actuando. Nosotras vamos a hacer algo por nosotras mismas”.

Las amigas y compañeras de colegio de Anahí Benítez, 16 años, habían organizado esta marcha desde la 9 de Julio hasta el Congreso para exigir que las escucharan. Desde que se enteraron de su desaparición sabían que estaba pasando algo grave y sabían algo más importante: por dónde tenían que comenzar a buscarla.
No las escucharon.
Ni la policía, ni la justicia ni nadie.
Durante toda la semana estuvieron casi sin dormir haciendo lo que nadie hacía: interrogando al barrio y al colegio con volanteadas, charlas y acciones, intentando que se filtrara el dato que sospechaban. Estudiantes, padres, profesores y autoridades del secundario Antonio Mentruyt (ENAM), de Lomas de Zamora, estuvieron durante siete días y siete noches haciendo lo imposible por encontrarla. Pero la noticia de la aparición del cuerpo de Anahí le dio hoy a ese acto otra connotación y a la consigna que están cantando ahora otra resonancia:
“Queremos justicia/ Nos van a escuchar/ Por Anahí hoy venimos a marchar”.

Foto: Lina Etchesuri

Tal como sintetizó el director de la escuela, con lágrimas y parado frente al Congreso Nacional: “Si la policía en lugar de entrar a los colegios como entró hace tres meses al nuestro, de prepo y con la excusa de buscar a supuestos delincuentes entre chicos y chicas que estudian, se dedicara a hacer lo que tiene que hacer hoy Anahí estaría viva”. Ese es el sentimiento generalizado que gobierna las lágrimas de estas muy jóvenes, muy dolidas, muy lastimadas almas: están convencidas de que si las hubieran escuchado cuando señalaban al profesor de Matemáticas hoy no tendrían que estar ahí, en la calle y a los gritos, insultando a la policía, al Estado y a la prensa, sin metáforas. “Si es cierto que la tuvo viva 3 o 4 días es claro que podrían haberla salvado”, dirá Dalila, una de sus amigas, con la mirada húmeda y la cara crispada.
La bandera la hicieron en una sábana deshilachada. Es para una cama de una plaza y dice “Basta de violencia”. Con ese pequeño trapo encabezaron la marcha que recorrió Avenida de Mayo, desde la 9 de Julio hasta el Congreso. Detrás, el cartel del Centro de Estudiantes y una gran bandera roja y azul, los colores del colegio. No quisieron que en esa cabecera estuviera nadie que no fuera familiar, amigo o compañero de estudios, pero sí acomodaron en lugar central a familiares de otras impunidades: la mamá de Nadia Rojas (14 años), desaparecida mientras estaba en un refugio a cargo del Estado y de Luna Ortiz (19 años) cuya muerte no fue siquiera investigada, entre otras.
Durante el recorrido comenzaron los tironeos con la prensa, que se quejaba por el cordón que habían armado estudiantes y familiares porque los alejaba de los primeros planos de esos rostros llorosos, quebrados. “Lo que tienen que hacer…”, comenzaron a reclamarles. No fue un intercambio cordial: la respuesta fue a los gritos e indignada: “Nos mataron a una amiga, respeten el dolor y dejen de darnos órdenes”, clamaban. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, había fotógrafas que cumplían su labor con lágrimas. A ellas, las chicas y muchachos las llamaban por su nombre: “Compañeras”.

Foto: Lina Etchesuri

Al llegar al Congreso, la cabecera se quedó en absoluto silencio. Fueron largos, insoportables minutos de jóvenes plantados con el pequeño trapo, sin nada que decir más que eso: acá estamos. En ese silencio se escuchaban los sollozos, con gritos ahogados y con abrazos para esconder de las cámaras el dolor. Dejaron así en claro que no era un acto, sino un duelo a cielo abierto, convertido en velatorio político por el escenario del Congreso y social, por hacerlo junto a otras, a otros, que acompañaron el silencio. El dolor quebró el cordón y la prensa se acercó a registrar esas escenas desgarrantes en primerísimo plano. Fue entonces cuando alguien les sugirió a los jóvenes que tenían que hacer alguna declaración y así fue como el primer orador fue el presidente del Centro de Estudiantes. “Anahí era una chica comprometida, que participaba porque le importaba lo que pasaba. Si queremos mantener su memoria viva, tenemos que seguir luchando juntos por eso por lo que ella luchaba. Si éramos 500, hoy somos 499, pero tenemos que seguir siendo uno y queriendo lo mismo”. El llanto lo quebró y tomó la palabra otro estudiante, que también a los gritos y sin micrófono puso en palabras lo que a esa altura se había convertido en el tema central de esta marcha. “En la cara y mirándolos a los ojos, les digo a ustedes, a la prensa: cuando apareció el cuerpo y todavía no había ni llegado la policía científica al lugar, ya habían anunciado que era Anahí. Tuvimos que llorar dos veces: cuando lo escuchamos en la tele y cuando, seis horas después, lo confirmó la policía. ¿Y todo para qué? ¿Para qué hagan plata? Váyanse a la mierda”.
Una multitud aplaudió.
¿Por qué no hablan las mujeres?, le reprochó una periodista a los que se habían convertido en voceros. “Porque no podemos hablar y llorar”, le respondió una de las compañeras de Anahí. Otra intentó responder al desafío. Dijo en alta voz: “A mí hoy me robaron un pedacito de felicidad…”
No pudo seguir.
Otro joven intentó recordar en voz alta a su compañera: “Anahí era una gran artista y murió…”. Una voz de mujer, fuerte e imperativa, lo corrigió a los gritos: “No murió: la mataron. Cuiden un poco el discurso, muchachos…” .
El chico estaba llorando.
Sus amigos lo alentaron para que termine. Solo pudo agregar: “El arte no muere”. Y se abrazó a otro, derrumbado.
Una chica intentó responderle a la mujer: “Si la tenés tan clara explícame qué fue lo que hiciste tan bien como para que tengamos que estar hoy nosotras acá”.
Irritado, el cuarto adolescente comenzó a gritarle a los bombos que, de lejos, interferían con su batucada: “Un poco de respeto, por favor….” les reclamó. Fue entonces cuando uno de los trabajadores de Pepsico –que mantienen su carpa frente al Congreso y estaban presentes con cartulinas que reclamaban “Justicia para Anahí- comprendió lo que había que comprender y reaccionó como había que reaccionar: corrió a buscar un equipo de sonido.

Ya con micrófono, más a tono con lo que los demás reclamaban a estas adolescencias violentadas que hacen escuchar públicamente su voz, tomó la palabra una chica para decirnos fuerte y claro: “Si hubieran escuchado a las compañeras el primer día, Anahí estaría viva. Marchamos una vez el 3 de junio. Y dos veces más después para gritar: “Ni una menos, vivas nos queremos”. Pero todavía hoy no hay ningún solo lugar funcionando en nuestros barrios a donde ir en casos de violencia. Nadie está actuando y nos siguen matando. Entonces, nosotras mismas vamos a hacer algo por nosotras. Y si tenemos que romper todo para que nos escuchen, les aviso: lo vamos a romper:”
Eso es lo que tienen para decirnos estas jóvenes, estos jóvenes, hoy.
Sobre esta época y sobre sus consecuencias.
Escuchemos su mensaje, porque marca un hito y una advertencia.
Podríamos llamarla “El femicidio de los lápices” y no es solo una noticia: es Historia.

Foto: Lina Etchesuri

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Campaña: aparición con vida YA de Santiago Maldonado

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 3 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 2 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.