#NiUnaMás
El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio
Los argumentos de los jueces para absolver a Matías Farías y Pablo Offidiani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez (16 años) no son sólo grotescos, sino peligrosos. Cómo se llegó de la muerte por “empalamiento” hasta las “relaciones consentidas” y la romantización de un vínculo con una menor, por el crimen cometido el 8 de octubre de 2016. La demonización de la víctima como eje. Y los varones como dueños de los cuerpos y del poder judicial. En esta nota la periodista marplatense Melina Antoniucci reconstruye las lógicas que guiaron la causa desde el primer día y el sentido de la impunidad que intenta sellar un fallo que será apelado para que no haya impunidad, y se haga justicia.
Por Melina Antoniucci. Fotos de Romina Elvira.
Un cordón policial custodia la puerta de Tribunales. El gris de los edificios y el azul de los uniformados contrastan con la marea colorida de mujeres que se acercan a escuchar la sentencia de uno de los femicidios que sacudió al país y tuvo eco en el mundo entero. Los carteles que decoraban las rejas piden justicia por Lucía, acompañan el reclamo de la familia y vuelven a gritar “ni una muerta más por la violencia machista”.
De un lado, cientos de pibas y jóvenes alertas, expectantes y organizadas.
Del otro lado, una sala pequeña, apretada, abarrotada de gente y de impunidad.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, compuesto por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale condenó a ocho años de prisión y multa de 135 mil pesos a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Ambos quedaron absueltos de la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, Alejandro Maciel fue absuelto, tal como había pedido la fiscalía, ya que no se encontraron pruebas que acrediten la acusación de “encubrimiento agravado”.
Minutos después de que se leyera la sentencia, Matías Pérez, el hermano de Lucía, salía del Tribunal. Agitando los brazos y en seco, gritaba: “Basta, basta, acá no se hizo justicia. A Offidani le dieron 8 años, a Farías le dieron 8 años, a Maciel lo absolvieron, pero por la muerte de Lucía, no les dieron nada, nada”. Al segundo de silencio, le siguió una imagen que se multiplicaba por donde se mire: pibas gritando, llorando, desarmadas. Masticando impunidad, tragando bronca. El abrazo era la contención necesaria para acomodar tanta rabia. Los brazos de una amiga, una compañera, una desconocida, parecían el único espacio seguro ante lo que acababa de pasar adentro.
“Nosotros vamos a apelar, para que esto no quede impune. A mi hermana la llevaron y la devolvieron muerta y eso es todo lo que pasó. Nosotros no sabemos que pasó entre medio y ellos quedaron impunes”, seguía gritando Matías, y en cada grito se le ensanchaba más la garganta. Las caras que hasta hace unos minutos advertían que América Latina iba a ser toda feminista, ahora tenían los ojos hinchados, las mejillas llenas de lágrimas y la esperanza desarmada ante un poder judicial que les decía que sus cuerpos eran desechables, que sus vidas no valían nada, y que nada de eso que debería pasar, estaba pasando.
La mala víctima
De Lucía se supo casi todo a través de la sentencia. Que era fanática de Los Redondos, que le gustaban los animales, que escuchaba reggae, que quería estudiar veterinaria, que fumaba marihuana, que había faltado a la escuela más de 20 veces “por haberse quedado consumiendo drogas”. Pero sobre todo, se supo que tenía relaciones sexuales con hombres mayores, que había “intimado” con un hombre de más de 29 años y que le compraba la droga a Farías y Offidiani.
La estrategia condenatoria que pone la prueba moral por sobre la prueba judicial no es una novedad. Melina Romero era una fanática de los boliches, Araceli Fulles subía fotos provocativas a sus redes sociales, Daiana García fue a buscar trabajo con una pollera muy corta. Lucía Pérez era una adolescente que tenía relaciones sexuales solo bajo su consentimiento.
Lucía no era fácil de domar. No era “sumisa”, dicen los jueces. Tenía “carácter”.
Al igual que Melina, Arceli, Daiana, Lucía nunca fue la víctima perfecta.
En el fallo que se conoció tras la sentencia, la abogada defensora de los acusados, Laura Solari, preocupada por aclarar que no estaba en su ánimo juzgar la vida sexual de Lucía, señaló que la joven era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería, como si eso fuese posible en la vida de cualquier mujer, como si toda una historia de acoso, abusos y violaciones quedara sepultada bajo esa sentencia.
Cuando se analizó la relación entre Lucía y Farías, los magistrados sostuvieron que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Lo dicen en referencia al individuo que le vendía y administraba drogas en cantidad suficiente como para que la menor muriese por una sobredosis mientras mantenían relaciones sexuales que los jueces llaman “consentidas”.
Al referirse al encuentro en la casa de Farías el fin de semana en el que Lucía es asesinada, la abogada defensora sostuvo que “la intención de la pareja (sic) era pasar un buen momento juntos”. El cortejo masculino achicaba las desigualdades de género ya que, según el propio fallo, “de camino a la casa de Farías, éste último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”. La estrategia de romantizar el vínculo entre Lucia y Farías hecha por tierra la idea de un abuso sexual o una violación. La defensa se empeñó en sostener que “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.
Si Lucía es una mala víctima, Farías es un victimario con solidaridad judicial. Según el fallo, la propietaria del departamento que alquilaba Farias sostuvo que “estaba muy compungido por lo que había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla”. Su pareja también manifestó que había visto a Farías muy angustiado el día que asesinaron a Lucía. La intención de ayudar en todo momento que manifestaron tanto Farías como Offidiani, la predisposición a no obstruir los allanamientos de sus domicilios particulares y la colaboración para la investigación que, según el tribunal, prestaron en todo momento los puso para la justicia casi en el lugar de víctimas y no de victimarios.
Las irregularidades del procedimiento
A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin previo diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal” de la adolescente. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de la joven inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción fue inmediata: primero en Mar del Plata, después en varios puntos de todo el país, y también en algunas ciudades del mundo. “Miércoles Negro” se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.
La ausencia de la Fiscal en las primeras instancias contaminó aún más la escena. Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, comentaba entonces: “El juicio de Lucía Pérez comenzó con una instrucción por demás negligente. El Ministerio Público no se hizo presente en la primeras diligencias que tuvo el caso (…) La fiscal nunca evacuó citas, las declaraciones eran contradictorias entre sí, entre los imputados, por ende no llegaron a ser prueba”. Casi un día después del fallecimiento de Lucía, la primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucia para las pericias se encontraba contaminada, sucia, hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado”, concluyó Gauna.
Algo parecido sucedió cuando los acusados trasladaron el cuerpo de la adoslescente a la sala de salud ubicada en el sur de Mar del Plata. Según Pablo de la Colina, sub secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta. Al respecto Gauna afirma: ”la coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer con el certificado y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del sub secretario”.
Justicia Misógina
Durante el juicio, el abogado de la familia citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género, es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de las mujeres respecto a los varones, más aún para este caso donde la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una menor de edad respecto a dos varones adultos que reclutaban jóvenes a la salida de los colegios para venderles drogas ilegales, endeudarlas y, muchas veces, hacerles pagar con sexo esa deuda. Esta lectura agravaba aún más las imputaciones.
Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista que dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo preguntó si esa cuestión histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal de la magistrada. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, sostuvo el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Por su parte, Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer,
tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer? ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”, concluyó el juez.
Lubricación judicial
Del Ateneo Médico que se llevó adelante durante el juicio, la única evidencia certera fue la falta de perspectiva de género y el desconocimiento sobre cómo funciona la sexualidad femenina. Cuando se confrontaban pruebas acerca de las marcas y rastros necesarios para confirmar o descartar la violación o el abuso sexual, la querella de la familia intentaba reconstruir una secuencia que parecía lógica: la falta de lubricación daba cuenta de la ausencia del deseo de mantener relaciones sexuales. Ese podía ser el camino para demostrar la ausencia de consentimiento en el acto sexual que se corroboró en la autopsia posterior.
Fue entonces que el juez Carnevalle preguntó a la audiencia: “Pero cómo, ¿la lubricación en la vagina de la mujer no tiene que ver con el tamaño del pene del hombre?”. Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.
La violencia como acto enunciativo
La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, son actos enunciativos, sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en peligrosas y a la sexualidad en una fuerte de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo. Es que la amenaza latente de una violación tiene la capacidad de sustituir el mensaje de “buenas noches, que descanses” por el de “llegué bien” que significa ni más ni menos que “llegué viva”.
Los delitos cometidos sobre el cuerpo de las mujeres como Lucía pueden pensarse como un termómetro de los tiempos que corren. La impunidad con la que se lacera un cuerpo femenino también. Todo es parte de la máquina patriarcal que construye una verdadera pedagogía de la crueldad: la bebida y las facturas que compró Farías, la romantización del vínculo entre una adolescente y un adulto, la exposición mediática del cuerpo de la víctima, la vulneración de su intimidad, la banalización del mal. La falta de justicia y la impunidad.
Muchas veces la violencia no deja marcas: a veces sólo se lleva vidas. La justicia machista no les cree a las mujeres cuando están vivas y hablan, no las escucha cuando gritan. Parecería que con la espectacularización de un cuerpo ultrajado, desechado en la basura o dentro de una bolsa de consorcio, y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación, no basta. No alcanzó con Melina, no alcanzó con Araceli, ni con Daiana. Tampoco alcanzó con Lucía.
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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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No son cifras
La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.
Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.
Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.
De los 277 femicidios y travesticidios:
- 25 habían realizado denuncias previamente.
- 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
- Tres de ellas estaban embarazadas.
- 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
- 24 eran menores de edad.
Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.
Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
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