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El fusilado que vive: comienzan los alegatos para juzgar al policía que le disparó a Lucas Cabello

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Hoy se cumplen 4 años desde que el ex oficial Ricardo Ayala disparó a matar a Lucas Cabello, que logró permanecer con vida hemipléjico en una silla de ruedas. Así logró también hacer de su relato la principal herramienta de una posible condena al policía, cuya suerte empieza a juzgarse en la etapa final del debate oral. La querella solicitó esta semana una pena de 20 años de prisión y pidió también medidas para los responsables políticos: el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa Vidal y el ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, amplió la abogada Gabriela Carpineti. El caso puede verse como la antesala de la promovida Doctrina Chocobar luego desde el mandato nacional, y la búsqueda de justicia para Lucas como una necesidad para cambiar un paradigma que hizo bandera de los abusos y violencia estatal.

Por Lucrecia Raimondi 

Lucas Cabello es un fusilado que vive. Uno de los únicos públicamente conocido de los últimos 36 años de democracia que sobrevivió a las balas de la policía. Y que logró llevar a juicio al responsable de que su vida transcurra, con solo 24 años, hemipléjico en una silla de ruedas. Este 9 de noviembre se cumplen cuatro años desde que Ricardo Ayala, ex oficial de la Policía Metropolitana y en actual servicio pasivo en la Policía de la Ciudad, le disparó a Lucas Cabello tres veces con su arma reglamentaria por una discusión verbal. En diciembre de 2015, un mes después del hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones señaló que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”. Las próximas semanas el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 resolverá si el policía es condenado por el intento de fusilamiento.
El debate oral llegó a su etapa final: la querella particular de Lucas, representada por Gabriela Carpineti, inició el martes 5 de noviembre la exposición de los alegatos y pidió la pena de 20 años de prisión. También la inhabilitación perpetua para que Ayala porte armas y ejerza como funcionario de seguridad público o privado, incluso en tareas administrativas. El policía está siendo enjuiciado por “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Además, Carpineti solicitó la detención inmediata de Ayala por entender que cuenta con los medios para fugarse. 
“Lucas Cabello fue víctima de un intento de fusilamiento por parte del agente Ayala. No existió ni legítima defensa ni exceso en su legítima defensa, como se pretendió instalar desde sucedido esto. A Lucas quiso matarlo la Policía”, aseveró Carpineti. En este sentido, la abogada expuso una contundente descripción del contexto social y político en que se desarrolló la tragedia. Y expresó a los jueces que deben considerar la violencia institucional como una causal sistemática del accionar de Ayala como funcionario de la Policía de la Ciudad.
Durante los dos meses de audiencias testimoniales se presentaron a declarar vecinos y familiares. “Los testimonios fueron producto de lo que vieron personas comunes, sin responsabilidades públicas ni cargos en una estructura estatal”, explicó Carpineti respecto de los testigos. Quienes presenciaron los hechos antes o después de que Ayala intente asesinar a Lucas coincidieron en cómo sucedió. Pero, principalmente, el testimonio clave en este debate fue el del propio Lucas Cabello, que vivió para denunciarlo. “El relato de la víctima Lucas Cabello ha sido contundente. Profundamente conmovedor y verídico. Congruente con los demás testimonios que hemos escuchado en esta sala. Tiene sentido y es creíble. Resulta reforzado también por los dichos de cada uno de los familiares y vecinos que lo vieron inmediatamente luego de ocurridos los hechos, y otros testimonios de relevancia”, expresó Carpineti en su alegato.
La próxima audiencia será el jueves 14 de noviembre y expondrán sus alegatos la Liga Internacional por los Derechos Humanos, que actúa también como querellante, y la fiscal Irma Adriana García Nietto en representación estatal del Ministerio Público Fiscal. Luego de los argumentos de las partes acusadoras, tendrá su lugar la defensa a cargo del defensor de la Polícia, Santiago de Jesús, quien fuera también abogado del policía metropolitano Daniel Castagnasso, asesino de Nehuén Rodriguez. 

El fusilado que vive: comienzan los alegatos para juzgar al policía que le disparó a Lucas Cabello

El ex oficial Ayala junto a su abogado.
Foto: Colectivo de Medios Populares

Tirar a matar

El policía Ricardo Ayala tenía seis meses de servicio y estaba en La Boca por una consigna de un conflicto entre vecinas en Martín Rodríguez 561, el PH contiguo a la vivienda de la familia Cabello. Esa tarde del 9 de noviembre de 2015, Lucas había salido a comprar comida. Según relata, al volver Ayala le dijo: “metete para adentro, negrito de mierda”, “me dijeron que vos sos muy conflictivo”, y “yo soy policía y puedo hacer lo que quiero”. Lucas le contesta y discuten en un breve intercambio de palabras. Lucas piensa que se terminó y se dispone a seguir a su casa con dos sandwiches y una bolsita de panes. Pero según la reconstrucción Ayala se para en el escalón de la puerta de Martín Rodríguez 559, y desenfunda su arma: a menos de un metro, aprieta el gatillo. Tira a la cabeza: el impacto da en la mandíbula y la bala llega  la médula ósea del cuello. Lucas quedó paralizado inmediatamente. En total tres disparos, los dos últimos con Lucas en el piso. Esa es la reconstrucción de la querella, que coincide con los impactos de bala: “Lucas estaba indefenso, nunca estuvo armado ni tuvo la posibilidad de defenderse ni de repeler dicha agresión. La acción de Ayala configuró una gravísima violación a los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente de una fuerza de seguridad, cual es el monopolio de la fuerza”, reforzó Carpineti y refirió.
La vivienda de Martín Rodríguez, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad, era temporal. Pero fue la casa de los Cabello por 15 años. El baño era compartido entre las familias que se alojaban en las ocho habitaciones del PH 559. En el cuarto de Lucas había ratas. La convivencia general entre vecinos era problemática por el hacinamiento y la precariedad del conventillo. La pelea entre las dos mujeres del PH 561 no involucraba a Lucas y la policía tampoco encontró armas en su domicilio. El IVC resolvió la situación habitacional de esta familia con Lucas cuadripléjico por las balas de un Policía con poca formación, que no comprendía la complejidad del lugar donde hacía la consigna y que abusó de sus funciones.         
Se acreditó también durante el debate y la primera etapa de investigación que tanto Lucas como su familia sufrieron discriminación por su condición social. Aldana Cabello relató que el día de la agresión, la Policía se negó a socorrer a su hermano herido y que una agente le dijo textual: “Dejá de llorar pendeja, que llorando no se soluciona nada”, mientras pedía ayuda en medio de un estado nervioso que le provocó cinco desmayos. Y Carolina Vila, madre de Lucas, refirió que en enero de 2017, luego de la fusión de la Metropolitana con la Federal, una mujer oficial de la Policía de la Ciudad le dijo “que tu hijo vaya a correr una maratón”, episodio que derivó en la injustificada detención de Carolina bajo el ridículo tipo penal de “resistencia a la autoridad”. 
Como si esto fuera poco, ell juicio fue suspendido tres veces y el inicio demoró casi cuatro años. En referencia a estos sucesos, Carpineti expresó: “Todo eso sufrió esta familia en este periplo judicial. Han sido víctima no de un solo hecho de violencia institucional. Si no de una historia de múltiples hechos de violencia institucional que han dañado su moral, su salud mental, y su materialidad cotidiana”. 

El fusilado que vive: comienzan los alegatos para juzgar al policía que le disparó a Lucas Cabello

Lucas junto a su familia en la puerta de los Tribunales, el día que la querella inició los alegatos: piden 20 años para Ayala.

El contexto de la violencia

El caso de Lucas no es un hecho aislado. La querella de Lucas remarcó en su alegato el contexto de accionar abusivo. “Claramente quedó probado en este juicio el aval institucional civil para actuar en los barrios como si fuese un cuartel a cielo abierto para el disciplinamiento moral y el ejercicio sistemático de la violencia institucional. Lejos está esta fuerza de seguridad -la Policía de la Ciudad- de brindar orden y seguridad a la población de estos barrios en el marco de procesos de integración urbana”. 
También cuestionó la formación policial y, respecto al uso de armas de fuego, pidió se adecúen al protocolo de la ONU. “Es necesario que el caso de Lucas Cabello sirva también para concientizar a los encargados de formar a los futuros agentes de la actual Policía de la Ciudad y de todas las fuerzas de seguridad del país, que tengan una formación a la latura del grado de responsabilidad que ejercen”. Y recordó que Ayala se había capacitado en la Policía solamente seis meses: “Resulta inaudito que alguien con tan poco tiempo de entrenamiento y formación salga a la calle con un arma y se encargue de garantizar la seguridad”.  
Las responsabilidades políticas no quedaron exentas del argumento de Carpineti. En su alegato solicitó al Tribunal que ordene al Ministerio Público Fiscal investigar el posible encubrimiento del policía Ayala por parte del entonces Jefe de gobierno Mauricio Macri, la Vicejefa María Eugenia Vidal, el que fue Ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, enfatizó la abogada querellante. 
Por la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal quedó en 2017 constituída la Policía de la Ciudad con una fuerza de 27.000 efectivos que la CORREPI analizó desmedido “para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo”. Sin contar la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios populares.
La abogada de Lucas citó las cifras de la CORREPI para demostrar que, en estos últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos, aumentó la violencia institucional y la militarización de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo superó la barrera de un muerto por día e incrementó la frecuencia con un caso de gatillo fácil cada 21 horas, mientras que el gobierno nacional anterior había tenido su pico en 2015 con uno cada 28 horas. “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”, registró el organismo de derechos humanos.  
Estos datos son refrendados por la campaña de legitimación de la “doctrina Chocobar” por parte de funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, ampliamente difundida por los medios de comunicación hegemónicos. Como fue el abrazo del presidente Mauricio Macri al policía Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía Carla Céspedes. Estas fotos muestran el rasgo distintivo de esta gestión, que explicitan y reivindican el gatillo fácil como política de Estado. Lo que suceda con la pena a Ayala contiene todos estos simbolismos. 

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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