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El fusilado que vive: comienzan los alegatos para juzgar al policía que le disparó a Lucas Cabello

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Hoy se cumplen 4 años desde que el ex oficial Ricardo Ayala disparó a matar a Lucas Cabello, que logró permanecer con vida hemipléjico en una silla de ruedas. Así logró también hacer de su relato la principal herramienta de una posible condena al policía, cuya suerte empieza a juzgarse en la etapa final del debate oral. La querella solicitó esta semana una pena de 20 años de prisión y pidió también medidas para los responsables políticos: el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa Vidal y el ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, amplió la abogada Gabriela Carpineti. El caso puede verse como la antesala de la promovida Doctrina Chocobar luego desde el mandato nacional, y la búsqueda de justicia para Lucas como una necesidad para cambiar un paradigma que hizo bandera de los abusos y violencia estatal.

Por Lucrecia Raimondi 

Lucas Cabello es un fusilado que vive. Uno de los únicos públicamente conocido de los últimos 36 años de democracia que sobrevivió a las balas de la policía. Y que logró llevar a juicio al responsable de que su vida transcurra, con solo 24 años, hemipléjico en una silla de ruedas. Este 9 de noviembre se cumplen cuatro años desde que Ricardo Ayala, ex oficial de la Policía Metropolitana y en actual servicio pasivo en la Policía de la Ciudad, le disparó a Lucas Cabello tres veces con su arma reglamentaria por una discusión verbal. En diciembre de 2015, un mes después del hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones señaló que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”. Las próximas semanas el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 resolverá si el policía es condenado por el intento de fusilamiento.
El debate oral llegó a su etapa final: la querella particular de Lucas, representada por Gabriela Carpineti, inició el martes 5 de noviembre la exposición de los alegatos y pidió la pena de 20 años de prisión. También la inhabilitación perpetua para que Ayala porte armas y ejerza como funcionario de seguridad público o privado, incluso en tareas administrativas. El policía está siendo enjuiciado por “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Además, Carpineti solicitó la detención inmediata de Ayala por entender que cuenta con los medios para fugarse. 
“Lucas Cabello fue víctima de un intento de fusilamiento por parte del agente Ayala. No existió ni legítima defensa ni exceso en su legítima defensa, como se pretendió instalar desde sucedido esto. A Lucas quiso matarlo la Policía”, aseveró Carpineti. En este sentido, la abogada expuso una contundente descripción del contexto social y político en que se desarrolló la tragedia. Y expresó a los jueces que deben considerar la violencia institucional como una causal sistemática del accionar de Ayala como funcionario de la Policía de la Ciudad.
Durante los dos meses de audiencias testimoniales se presentaron a declarar vecinos y familiares. “Los testimonios fueron producto de lo que vieron personas comunes, sin responsabilidades públicas ni cargos en una estructura estatal”, explicó Carpineti respecto de los testigos. Quienes presenciaron los hechos antes o después de que Ayala intente asesinar a Lucas coincidieron en cómo sucedió. Pero, principalmente, el testimonio clave en este debate fue el del propio Lucas Cabello, que vivió para denunciarlo. “El relato de la víctima Lucas Cabello ha sido contundente. Profundamente conmovedor y verídico. Congruente con los demás testimonios que hemos escuchado en esta sala. Tiene sentido y es creíble. Resulta reforzado también por los dichos de cada uno de los familiares y vecinos que lo vieron inmediatamente luego de ocurridos los hechos, y otros testimonios de relevancia”, expresó Carpineti en su alegato.
La próxima audiencia será el jueves 14 de noviembre y expondrán sus alegatos la Liga Internacional por los Derechos Humanos, que actúa también como querellante, y la fiscal Irma Adriana García Nietto en representación estatal del Ministerio Público Fiscal. Luego de los argumentos de las partes acusadoras, tendrá su lugar la defensa a cargo del defensor de la Polícia, Santiago de Jesús, quien fuera también abogado del policía metropolitano Daniel Castagnasso, asesino de Nehuén Rodriguez. 

El ex oficial Ayala junto a su abogado.
Foto: Colectivo de Medios Populares

Tirar a matar

El policía Ricardo Ayala tenía seis meses de servicio y estaba en La Boca por una consigna de un conflicto entre vecinas en Martín Rodríguez 561, el PH contiguo a la vivienda de la familia Cabello. Esa tarde del 9 de noviembre de 2015, Lucas había salido a comprar comida. Según relata, al volver Ayala le dijo: “metete para adentro, negrito de mierda”, “me dijeron que vos sos muy conflictivo”, y “yo soy policía y puedo hacer lo que quiero”. Lucas le contesta y discuten en un breve intercambio de palabras. Lucas piensa que se terminó y se dispone a seguir a su casa con dos sandwiches y una bolsita de panes. Pero según la reconstrucción Ayala se para en el escalón de la puerta de Martín Rodríguez 559, y desenfunda su arma: a menos de un metro, aprieta el gatillo. Tira a la cabeza: el impacto da en la mandíbula y la bala llega  la médula ósea del cuello. Lucas quedó paralizado inmediatamente. En total tres disparos, los dos últimos con Lucas en el piso. Esa es la reconstrucción de la querella, que coincide con los impactos de bala: “Lucas estaba indefenso, nunca estuvo armado ni tuvo la posibilidad de defenderse ni de repeler dicha agresión. La acción de Ayala configuró una gravísima violación a los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente de una fuerza de seguridad, cual es el monopolio de la fuerza”, reforzó Carpineti y refirió.
La vivienda de Martín Rodríguez, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad, era temporal. Pero fue la casa de los Cabello por 15 años. El baño era compartido entre las familias que se alojaban en las ocho habitaciones del PH 559. En el cuarto de Lucas había ratas. La convivencia general entre vecinos era problemática por el hacinamiento y la precariedad del conventillo. La pelea entre las dos mujeres del PH 561 no involucraba a Lucas y la policía tampoco encontró armas en su domicilio. El IVC resolvió la situación habitacional de esta familia con Lucas cuadripléjico por las balas de un Policía con poca formación, que no comprendía la complejidad del lugar donde hacía la consigna y que abusó de sus funciones.         
Se acreditó también durante el debate y la primera etapa de investigación que tanto Lucas como su familia sufrieron discriminación por su condición social. Aldana Cabello relató que el día de la agresión, la Policía se negó a socorrer a su hermano herido y que una agente le dijo textual: “Dejá de llorar pendeja, que llorando no se soluciona nada”, mientras pedía ayuda en medio de un estado nervioso que le provocó cinco desmayos. Y Carolina Vila, madre de Lucas, refirió que en enero de 2017, luego de la fusión de la Metropolitana con la Federal, una mujer oficial de la Policía de la Ciudad le dijo “que tu hijo vaya a correr una maratón”, episodio que derivó en la injustificada detención de Carolina bajo el ridículo tipo penal de “resistencia a la autoridad”. 
Como si esto fuera poco, ell juicio fue suspendido tres veces y el inicio demoró casi cuatro años. En referencia a estos sucesos, Carpineti expresó: “Todo eso sufrió esta familia en este periplo judicial. Han sido víctima no de un solo hecho de violencia institucional. Si no de una historia de múltiples hechos de violencia institucional que han dañado su moral, su salud mental, y su materialidad cotidiana”. 

Lucas junto a su familia en la puerta de los Tribunales, el día que la querella inició los alegatos: piden 20 años para Ayala.

El contexto de la violencia

El caso de Lucas no es un hecho aislado. La querella de Lucas remarcó en su alegato el contexto de accionar abusivo. “Claramente quedó probado en este juicio el aval institucional civil para actuar en los barrios como si fuese un cuartel a cielo abierto para el disciplinamiento moral y el ejercicio sistemático de la violencia institucional. Lejos está esta fuerza de seguridad -la Policía de la Ciudad- de brindar orden y seguridad a la población de estos barrios en el marco de procesos de integración urbana”. 
También cuestionó la formación policial y, respecto al uso de armas de fuego, pidió se adecúen al protocolo de la ONU. “Es necesario que el caso de Lucas Cabello sirva también para concientizar a los encargados de formar a los futuros agentes de la actual Policía de la Ciudad y de todas las fuerzas de seguridad del país, que tengan una formación a la latura del grado de responsabilidad que ejercen”. Y recordó que Ayala se había capacitado en la Policía solamente seis meses: “Resulta inaudito que alguien con tan poco tiempo de entrenamiento y formación salga a la calle con un arma y se encargue de garantizar la seguridad”.  
Las responsabilidades políticas no quedaron exentas del argumento de Carpineti. En su alegato solicitó al Tribunal que ordene al Ministerio Público Fiscal investigar el posible encubrimiento del policía Ayala por parte del entonces Jefe de gobierno Mauricio Macri, la Vicejefa María Eugenia Vidal, el que fue Ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, enfatizó la abogada querellante. 
Por la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal quedó en 2017 constituída la Policía de la Ciudad con una fuerza de 27.000 efectivos que la CORREPI analizó desmedido “para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo”. Sin contar la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios populares.
La abogada de Lucas citó las cifras de la CORREPI para demostrar que, en estos últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos, aumentó la violencia institucional y la militarización de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo superó la barrera de un muerto por día e incrementó la frecuencia con un caso de gatillo fácil cada 21 horas, mientras que el gobierno nacional anterior había tenido su pico en 2015 con uno cada 28 horas. “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”, registró el organismo de derechos humanos.  
Estos datos son refrendados por la campaña de legitimación de la “doctrina Chocobar” por parte de funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, ampliamente difundida por los medios de comunicación hegemónicos. Como fue el abrazo del presidente Mauricio Macri al policía Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía Carla Céspedes. Estas fotos muestran el rasgo distintivo de esta gestión, que explicitan y reivindican el gatillo fácil como política de Estado. Lo que suceda con la pena a Ayala contiene todos estos simbolismos. 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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