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Piden de 16 a 22 años de prisión por abuso sexual contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich
En la primera audiencia de alegatos, la fiscalía que acusa a José Alperovich reclamó 16 años y 6 meses de prisión para el ex gobernador tucumano, por abuso sexual, y la querella 22 años. En caso de una condena, ambas partes solicitaron la detención preventiva inmediata hasta que la sentencia quede firme. Tras 11 horas de exposición de las acusaciones, José Alperovich salió de Tribunales de CABA a las 21:30 con una custodia policial que debe vigilarlo hasta el veredicto. Esta medida fue implementada a pedido de ambas partes acusadoras.
El miércoles 12 de junio -día que el Senado tratará la Ley Bases, la cual el actual gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se espera que apoye con sus senadores – alegará la defensa y podría saberse la fecha del veredicto contra el ex senador y tres veces gobernador por abuso sexual gravemente ultrajante contra su sobrina y asistente personal durante la campaña electoral de 2019 en la que Alperovich buscó un cuarto mandato al frente de la provincia de Tucumán.
El jucio se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, y deberá definir si el ex gobernador de Tucumán y senador José Alperovich cumplirá o no una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. Los detalles de la denuncia, los argumentos de la defensa, lo que plantean testigos y peritos, detrás de un caso que vuelve a poner el foco en la actitud de figuras de poder, y en la posibilidad de entrar a una nueva etapa, en la que se haga justicia.
Por Lucrecia Raimondi.
A José Jorge Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán y ex senador nacional por esa provincia, su sobrina lo denunció ante la justicia de haberla abusado sexual y psicológicamente entre 2017 y 2018 cuando trabajó como su asistente personal, durante la campaña para postularse a un cuarto mandato para la gobernación en las elecciones de 2019. La joven y su círculo íntimo prefirió reservar su identidad para evitar la exposición que implica denunciar a alguien con tanto poder.
En febrero de 2024 el caso llegó a juicio oral. Durante cuatro meses pasaron decenas de testigos, en audiencias extensas. El último 3 de junio, cuando se cumplieron 9 años de la masiva movilización en todo el país para denunciar la sistemática violencia machista, concluyó la etapa de producción de prueba y Alperovich prestó indagatoria. Mañana, 10 de junio, comenzará la etapa de alegatos, primero expondrán la querella y el fiscal Sandro Abraldes; por último se escucharán los argumentos de la defensa particular de Alperovich a cargo de Augusto Garrido, del estudio Cúneo Libarona, firma del actual Ministro de Justicia de la Nación.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, al concluir el tramo final, definirá si Alperovich cumplirá una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante.
El abogado querellante, Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, aseveró que los hechos ocurrieron tal como la joven los contó cuatro veces ante la justicia: en la denuncia, en su declaración testimonial, ante los peritos forenses y en el juicio oral. En todos los casos el relato fue coherente y contundente. “Toda la prueba que se produjo después solo vino a fortalecer y enriquecer su testimonio, desde los familiares y amigas a quienes con el tiempo les pudo ir contando el calvario que había vivido. También declaró personal de la empresa contratada para la propaganda de campaña, que contaron el machismo constante y el acoso verbal a muchas personas del equipo, como en el caso de la periodista (Carolina) Servetto de La Gaceta –acosada por Alperovich durante una entrevista. Hasta las expertas del Cuerpo Médico Forense ratificaron sus conclusiones sobre el daño psíquico compatible con la victimización sexual encontrada en la víctima”, explicó Rovatti a lavaca.
Biografía de un abuso
El banquillo de los acusados esa vez es una silla deslizable. Alperovich frente al presidente del Tribunal, Juan María Ramos Padilla.
La joven tucumana trabajó como administrativa desde el año 2011 en el Archivo Histórico del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán. En 2016 quiso formarse para crecer profesionalmente y estudió “Ceremonial y Protocolo”. Por esa experiencia conoció al ministro Regino Amado –alineado con el entonces gobernador Juan Manzur, opositor de José Alperovich– y la contrató como responsable del área de ceremonial y protocolo del Ministerio de Gobierno.
El 11 de octubre de 2017 la denunciante y Alperovich se cruzaron en un acto de campaña de Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán, que ese año se postuló a diputado nacional en las elecciones legislativas y luego de ganar renunció para continuar en su cargo provincial.
Dos días después de ese encuentro, un tío de la joven y colaborador de Alperovich le envió un mensaje para consultar su situación laboral e invitarla a formar parte de la campaña a la gobernación. Ese mismo día, además del mensaje, se vieron en un acto en la localidad de Alderetes, Alperovich aprovechó la oportunidad, se acercó, la abrazó y “le reiteró la propuesta para sumarse a su equipo, destacando el cariño que le tenía a su padre y por su desempeño laboral actual en el Ministerio”. Pasadas las elecciones, en Casa de Gobierno de la provincia, la denunciante se encontró con el secretario privado del acusado, reconsideró la propuesta de meses atrás y le manifestó su interés en conocer la oferta laboral. Minutos más tarde Alperovich la citó a su casa en horas de la siesta.
Tenía 27 años cuando se incorporó a la campaña política de su tío, primo hermano de su papá. Entre ellos tenían una relación fraternal y afectuosa desde chicos, que continuó toda su vida en un vínculo personal. Alperovich fue el testigo del segundo matrimonio de su primo y la denunciante junto a su padre acompañó el velorio del padre del ex gobernador, que buscaría en las elecciones de 2019 un cuarto mandato. Ese equipo estaba integrado por funcionarios y familiares, que a su vez son familiares de la víctima. Las múltiples casas de José Alperovich eran las bases de operaciones en las que se programaba la agenda de actividades políticas de la campaña. La primera entrevista de trabajo con el ex senador nacional fue a solas en el quincho de su casa en la calle Martín Fierro. Ese mismo día lo acompañó a un acto.
En diciembre de 2017 el ministro de Gobierno le informa que “por cuestiones políticas” la joven no podía mantener los dos trabajos. Hizo una apuesta a su carrera y su formación en un entorno de confianza familiar: decidió continuar con Alperovich. A las pocas semanas el candidato desplaza a quien era su asistente personal y le asigna a su sobrina la totalidad de las funciones: manejar su agenda y atender su salud, coordinar reuniones, participar de eventos sociales y políticos, entre muchas otras tareas, como las finanzas de la campaña. Sus días y horarios de trabajo comenzaron a ser flexibles y más aún en un contexto de campaña electoral, que demandaba su tiempo completo.
En la elevación a juicio consta que a los pocos días ocurrió el primero de los nueve abusos sexuales que sufrió de su jefe y poderoso tío. La violencia fue perpetrada siempre en lugares seguros para Alperovich, luego de una jornada laboral, a solas o con testigos que hicieron la vista gorda al ver a la denunciante después de un ataque. Dos veces la abusó en su departamento en el Edificio Zencity de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Dos veces lo intentó en el auto presuntamente particular del acusado, durante traslados después de actos en la provincia. En San Miguel de Tucumán, una vez más, volvió a intentar tocarla con intenciones sexuales en la casa de una tía de la víctima. La ultrajó cuatro veces en dos casas de la localidad tucumana Yerba Buena, una de su propiedad en la calle Martín Fierro, que cuenta con un decreto ejecutivo de la provincia para usarla en actos oficiales de gobierno, y en la finca de alquiler conocida por el círculo íntimo como “la casa de los Andjel”, familia socia en los negocios de Alperovich.
La violación
La denunciante, en todo momento, le pidió expresamente que no lo hiciera, le dijo que no quería ese trato con él, que no le parecía bien, que la hacía sentir mal. Pero la escena se repitió y en cada episodio creció la gravedad: en un sillón o en el auto empezaba a halagar su forma de trabajar, alardeaba sobre la supuesta protección y el éxito profesional que él le proveía, bufaba comentarios misóginos y degradantes de su cuerpo o actitud afectiva para con él, la manoseaba y le hacía notar “mirá cómo me ponés” como según Thelma Fardín le dijo Juan Dhartés, que el 10 de junio fue condenado en Brasil a 6 años de prisión por abuso sexual contra la actriz. El entonces senador nacional forzó a su sobrina y asistente a tocar sus genitales y en Tucumán, contra su voluntad, la llevó a una habitación y la violó produciéndole severas lesiones físicas y psíquicas.
En el expediente judicial, además de las declaraciones y las pruebas de chats con el imputado y testigos que confirmaro el deterioro en el ánimo y la salud de la joven, se detallan las pericias psicológicas. La licenciada Mónica Herrán, coordinadora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, fue terminante al ratificar que “los indicadores observados en F.L. mediante la administración de las técnicas proyectivas y en la entrevista clínico semiológica, eran propios de haber cursado situaciones de victimización en la esfera de la sexualidad, agravados por haberse desarrollado en un contexto de relación familiar, laboral y de confianza”.
En poco más de un año la joven había perdido 10 kilos de peso, se le caía el pelo, se le quebraban las uñas, le temblaban las manos y los brazos, le faltaba el apetito, no podía dormir ni concentrarse, tenía ataques de angustia y de llanto incontrolables.
La perito de la defensa cuestionó en su informe la verosimilitud del relato de la víctima con sustento en el informe pericial del Cuerpo Médico Forense, sin haber hecho preguntas en las tres horas de entrevista que presenció durante el peritaje a la denunciante. La perito de parte de Alperovich “pudiendo haber formulado preguntas y elaborar un informe a partir de sus observaciones, efectuó una valoración posterior de una pericia, a la que por falta de rigor científico solo le caben apreciaciones plagadas de prejuicios y estereotipos”, indicó la perito oficial del Poder Judicial, Mónica Herrán, en un informe ampliatorio del año 2022, donde manifestó que “nunca se perita una pericia” porque constituye un error grave de procedimiento que podría considerarse falso testimonio.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta –fiscalía que recibió la denuncia en CABA y presentó su requerimiento de elevación a juicio– rechazó el argumento de “relato inverosímil” sobre el que se sustenta la defensa de Alperovich: “No obstante, la cantidad de elementos de prueba detallados en el presente requerimiento permiten controvertir esa afirmación en torno a la falta de repercusión emocional o sustrato afectivo, como también a la carencia de solidez y coherencia. Por el contrario, su relato se mantuvo coherente, se corresponde con lo referido por los numerosos testigos que brindaron declaración y encuentra también sustento profesional y pericial a raíz de las conclusiones de los peritajes realizados y los testimonios de las profesionales de la salud que tuvieron contacto y entrevistas con F.”.
El enfrentamiento
“El vencimiento de su licencia en el Senado se celebra el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”. Ese día le dijo “nunca más” y decidió renunciar a su trabajo como asistente personal Le mandó un mensaje a Alperovich y le dijo que quería hablar con él.
Fue a su casa en la calle Martín Fierro y en su declaración contó: “Al verlo, le dije que no podía más, que no seguía trabajando y al decirle que era responsable de todo lo malo que me había hecho en este tiempo yo sentía que estaba matando a mi monstruo, mientras temblaba y lloraba, vi que ni le importaba”. Alperovich le respondió: “Yo nunca te hice nada que no hayas querido”, y se retiró del lugar dejándola devastada. Meses más tarde, en noviembre, decidió acusarlo ante la justicia de CABA y de la provincia de Tucumán.
En su declaración testimonial detalló los abusos vividos y cómo afectó su vida: “Me parece importante destacar lo que nombro en mi carta abierta cuando digo que ni siquiera podía ponerlo en palabras, para mí era una pesadilla y veía como él se movía cómodamente en los tres escenarios en los que me posicionaba, cosa que me afectó muchísimo porque yo no podía hacer como si nada en lo familiar o laboral, aunque lo laboral me liberaba de él. Me perturbaba mucho cambiar de escenario, me sentía sucia, con culpa, con vergüenza y devastada porque yo no quería vivir eso, a la vez era una presa de la intimidad que me forzaba a tener con él, lo cual grafico como una pesadilla pero de la que no me podía despertar, sólo la podía tapar porque era real. […] Cuando me fui del espacio comenzó una etapa de sincericidio, yo necesitaba contar, tenía mucha necesidad de hablar”.
El camino para sanar
A un año de enfrentarlo, con la denuncia penal en proceso, la joven escribió una carta abierta de desahogo en la que contó su pesadilla. Esa fue la única vez que se pronunció públicamente:
“Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que fuera verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante. Puse toda mi fuerza en el trabajo, me desafié para demostrar a través de mi desempeño profesional que era una mujer íntegra y respetable por mi labor exhaustiva, útil y sólida. Me encargué de absolutamente todo lo relativo a sus actividades diarias y a su salud. Creí experimentar la resiliencia de ese modo, creí que así podría “olvidar” y recuperar mi dignidad. Sentí culpa, vergüenza. Mucha vergüenza. Eso significó además de un trauma, una tarea con la que tenía que lidiar porque no podía dar cuenta a nadie de lo que me pasaba. Para afuera todo estaba bien, no podía ni decírmelo a mí misma. La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”.
“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga. Creo que legal y socialmente es el lugar en el que le corresponde estar y ser tratado. A nivel personal, trabajo mi recuperación tanto en terapia formal como en otros espacios de ayuda. No le estoy haciendo esto a nadie, ni mucho menos soy una mujer instrumentalizada por nadie, me estoy curando a mí. Arribo una vez más al fin de todo este profundo y doloroso camino: SANAR. Celebro mis avances y continúo para despojarme de este daño que me arrolló y del cual lamentablemente fui víctima, pero con la absoluta convicción de que se puede sanar”.
“Y más que sentir vergüenza por estar vivas podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible (…) ya no se trataba de negar o de morir, se trataba de vivir con”, leí en un libro –Teoría King Kong de Virginie Despentes–. Honrar nuestros dolores nos enseña a suprimir la vergüenza, el miedo o la pura ignorancia de cómo enfrentarlos; a tomar la responsabilidad de mi herida y de mi bienestar. No siempre superamos los traumas, pero cuando los honramos reconociendo que existen, dejamos de ser consumidos por ellos. Hoy valoro la capacidad de reponerme de esta situación no siendo más condescendiente con el trauma: vivo y siento, como, duermo, me río, me ocupo y estoy presente, me capacito, me divierto, trabajo, me cuido, me rodeo de amor, me elijo”.
El acusado
En sus manos gruesas sostenía un dije amarillo con letras borrosas en hebreo, desgastadas de tanto apretarlo y frotarlo. “Es del Rebe, me da fuerzas. Su palabra es muy importante para mí. Es el rabino que Milei visitó su tumba en Nueva York –Menachem Mendel Schneerson, conocido como rebe de Lubavitch, líder religioso del hasidismo–. Sabés que soy judío, ¿no?”, arremete con la mirada fija a los ojos y una sonrisa fría, ensayada para esas ocasiones con la prensa, al cruzarse en el juzgado con lavaca, antes de los alegatos.
Encantador y con fe, José Alperovich se había sentado ante un tribunal de justicia primero el 3 de junio –fecha emblema de la lucha feminista contra los femicidios y la violencia machista– en la última audiencia de testimoniales del juicio oral en su contra. Podría haberse llamado a silencio pero decidió defenderse sin perder el temple de una persona con mucho poder. Aferrado a su amuleto reconoció haberse preparado para enfrentar al juez y comenzó su declaración con una teoría: “Este es un juicio armado con un móvil económico y político, yo no abusé de F. Me cambió la vida que por todos lados me digan Alperovich violador. Soy un hombre muerto en vida”.
Su abogado defensor le preguntó aquel 3 de junio por cada uno de los días que la denunciante relató las nueve agresiones sexuales que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. En todas sus respuestas reforzó la idea del sin sentido y la inverosimilitud, que será el argumento fuerte de su defensa: “Es incomprensible para mí esta acusación, ¿por qué volvería si había sido abusada? No tiene sentido. Un día soy abusador y otro día no, ¿Cómo es? Ella quiere instalar que yo quiero prostituir a las secretarias. Si me hubiera pedido un favor yo se lo hubiera dado. Pero estos son títulos de una causa armada para que durante cinco años la prensa me diga violín”. En uno de los abusos que denuncia la joven, Alperovich le expresó que “era un violinista famoso –André Rieu -por su habilidad para mover los dedos”, según consta en el expediente judicial.
“Me tengo que defender y demostrar cosas que no he hecho” dijo el ex senador nacional por Tucumán ante el tribunal, y desde su perspectiva, la responsabilidad parece caer sobre la denunciante: por qué siguió trabajando, por qué volvió a quedarse en el departamento de Puerto Madero, por qué estuvo cerca suyo si la había abusado. Cuestionó cómo empezó a trabajar con él: según Alperovich ella buscó a su hija Sara. Cuestionó el vínculo familiar: dijo que la conoció en 2017, no antes, y que no sabía que eran familiares. Cuestionó la relación de poder: “En la primera reunión le conté mi rutina y le dije que hice crecer a muchas personas en la política, pero va a depender de vos”, declaró ante Ramos Padilla.
“Alperovich se rodeaba de personal de seguridad, asesores y asistentes a quienes también degradaba y nadie se animaba a cuestionar su trato inapropiado”, explicó la querella. Tanto en la elevación a juicio como en las declaraciones testimoniales ante el TOC Nº29 constan relatos de personas que se sintieron incómodas y presenciaron tratos misóginos, comentarios fuera de lugar, chistes sexistas y actitudes degradantes para con las mujeres que trabajaban en su equipo. La naturalización y complicidad ante una figura de tanto poder llevó a que tres testigos de parte de Alperovich fueran acusados durante el juicio por falso testimonio: Manuel Frías, cocinero personal; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayeta, ex policía, custodio y chofer de Alperovich. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante.
Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o reconocen que la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso.
Asimetría de poder
“José Jorge Alperovich sacó provecho de ese contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder para perpetrar los hechos de abuso sexual que se le endilgan”, sostiene la querella. “Durante la indagatoria el acusado ha negado todo, como era esperable. Y ha querido atacar la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único, Deben gritar y resistirse con uñas y dientes a la violación, debe denunciar de inmediato, etc. Estos estereotipos, que distorsionan la averiguación de la verdad y dañan terriblemente a las víctimas, están ya desterrados de nuestras prácticas judiciales y de nuestra manera de pensar. Sabemos que las cosas no funcionan así, sabemos que hay asimetrías de poder, que las víctimas de abuso muchas veces no saben cómo actuar, tienen miedo, se culpabilizan, que el comportamiento de las personas no se puede reducir a un patrón idéntico para todas. Y esto lo explicaron con mucha solvencia las mujeres profesionales del Cuerpo Médico Forense, cuyo trabajo imparcial y dedicado merece ser reconocido”, explicó el abogado querellante Pablo Rovatti a lavaca y aseveró: “Tenemos confianza en el trabajo de la justicia”.
Este lunes la querella pidió 22 años de prisión para el acusado.
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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.
Por Evangelina Bucari
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.
Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.
A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.
¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:
Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense.
A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.
La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.
Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.
Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.
No son cifras
En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:
14 en 2023,
15 en 2022,
23 en 2021,
7 en 2020,
16 en 2019,
18 en 2018,
12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:
55 utilizaron su arma reglamentaria,
Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),
En un caso el arma no estaba autorizada
En los 12 restantes no hubo datos de autorización.
No repetición, no cumplimiento
En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.
Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.
“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.
Otros incumplimientos
En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”. También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.
Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.
Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.
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No son cifras: femicidios y blablá
¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.
La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.
- En un solo día –15 de diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
- En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.
Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.
La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.
Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.
Los femicidios no se detienen.
El Estado es responsable no es una frase.
Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.
#NiUnaMás
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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