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Piden de 16 a 22 años de prisión por abuso sexual contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich

En la primera audiencia de alegatos, la fiscalía que acusa a José Alperovich reclamó 16 años y 6 meses de prisión para el ex gobernador tucumano, por abuso sexual, y la querella 22 años. En caso de una condena, ambas partes solicitaron la detención preventiva inmediata hasta que la sentencia quede firme. Tras 11 horas de exposición de las acusaciones, José Alperovich salió de Tribunales de CABA a las 21:30 con una custodia policial que debe vigilarlo hasta el veredicto. Esta medida fue implementada a pedido de ambas partes acusadoras.
El miércoles 12 de junio -día que el Senado tratará la Ley Bases, la cual el actual gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se espera que apoye con sus senadores – alegará la defensa y podría saberse la fecha del veredicto contra el ex senador y tres veces gobernador por abuso sexual gravemente ultrajante contra su sobrina y asistente personal durante la campaña electoral de 2019 en la que Alperovich buscó un cuarto mandato al frente de la provincia de Tucumán.
El jucio se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, y deberá definir si el ex gobernador de Tucumán y senador José Alperovich cumplirá o no una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. Los detalles de la denuncia, los argumentos de la defensa, lo que plantean testigos y peritos, detrás de un caso que vuelve a poner el foco en la actitud de figuras de poder, y en la posibilidad de entrar a una nueva etapa, en la que se haga justicia.
Por Lucrecia Raimondi.
A José Jorge Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán y ex senador nacional por esa provincia, su sobrina lo denunció ante la justicia de haberla abusado sexual y psicológicamente entre 2017 y 2018 cuando trabajó como su asistente personal, durante la campaña para postularse a un cuarto mandato para la gobernación en las elecciones de 2019. La joven y su círculo íntimo prefirió reservar su identidad para evitar la exposición que implica denunciar a alguien con tanto poder.
En febrero de 2024 el caso llegó a juicio oral. Durante cuatro meses pasaron decenas de testigos, en audiencias extensas. El último 3 de junio, cuando se cumplieron 9 años de la masiva movilización en todo el país para denunciar la sistemática violencia machista, concluyó la etapa de producción de prueba y Alperovich prestó indagatoria. Mañana, 10 de junio, comenzará la etapa de alegatos, primero expondrán la querella y el fiscal Sandro Abraldes; por último se escucharán los argumentos de la defensa particular de Alperovich a cargo de Augusto Garrido, del estudio Cúneo Libarona, firma del actual Ministro de Justicia de la Nación.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, al concluir el tramo final, definirá si Alperovich cumplirá una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante.
El abogado querellante, Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, aseveró que los hechos ocurrieron tal como la joven los contó cuatro veces ante la justicia: en la denuncia, en su declaración testimonial, ante los peritos forenses y en el juicio oral. En todos los casos el relato fue coherente y contundente. “Toda la prueba que se produjo después solo vino a fortalecer y enriquecer su testimonio, desde los familiares y amigas a quienes con el tiempo les pudo ir contando el calvario que había vivido. También declaró personal de la empresa contratada para la propaganda de campaña, que contaron el machismo constante y el acoso verbal a muchas personas del equipo, como en el caso de la periodista (Carolina) Servetto de La Gaceta –acosada por Alperovich durante una entrevista. Hasta las expertas del Cuerpo Médico Forense ratificaron sus conclusiones sobre el daño psíquico compatible con la victimización sexual encontrada en la víctima”, explicó Rovatti a lavaca.
Biografía de un abuso

El banquillo de los acusados esa vez es una silla deslizable. Alperovich frente al presidente del Tribunal, Juan María Ramos Padilla.
La joven tucumana trabajó como administrativa desde el año 2011 en el Archivo Histórico del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán. En 2016 quiso formarse para crecer profesionalmente y estudió “Ceremonial y Protocolo”. Por esa experiencia conoció al ministro Regino Amado –alineado con el entonces gobernador Juan Manzur, opositor de José Alperovich– y la contrató como responsable del área de ceremonial y protocolo del Ministerio de Gobierno.
El 11 de octubre de 2017 la denunciante y Alperovich se cruzaron en un acto de campaña de Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán, que ese año se postuló a diputado nacional en las elecciones legislativas y luego de ganar renunció para continuar en su cargo provincial.
Dos días después de ese encuentro, un tío de la joven y colaborador de Alperovich le envió un mensaje para consultar su situación laboral e invitarla a formar parte de la campaña a la gobernación. Ese mismo día, además del mensaje, se vieron en un acto en la localidad de Alderetes, Alperovich aprovechó la oportunidad, se acercó, la abrazó y “le reiteró la propuesta para sumarse a su equipo, destacando el cariño que le tenía a su padre y por su desempeño laboral actual en el Ministerio”. Pasadas las elecciones, en Casa de Gobierno de la provincia, la denunciante se encontró con el secretario privado del acusado, reconsideró la propuesta de meses atrás y le manifestó su interés en conocer la oferta laboral. Minutos más tarde Alperovich la citó a su casa en horas de la siesta.
Tenía 27 años cuando se incorporó a la campaña política de su tío, primo hermano de su papá. Entre ellos tenían una relación fraternal y afectuosa desde chicos, que continuó toda su vida en un vínculo personal. Alperovich fue el testigo del segundo matrimonio de su primo y la denunciante junto a su padre acompañó el velorio del padre del ex gobernador, que buscaría en las elecciones de 2019 un cuarto mandato. Ese equipo estaba integrado por funcionarios y familiares, que a su vez son familiares de la víctima. Las múltiples casas de José Alperovich eran las bases de operaciones en las que se programaba la agenda de actividades políticas de la campaña. La primera entrevista de trabajo con el ex senador nacional fue a solas en el quincho de su casa en la calle Martín Fierro. Ese mismo día lo acompañó a un acto.
En diciembre de 2017 el ministro de Gobierno le informa que “por cuestiones políticas” la joven no podía mantener los dos trabajos. Hizo una apuesta a su carrera y su formación en un entorno de confianza familiar: decidió continuar con Alperovich. A las pocas semanas el candidato desplaza a quien era su asistente personal y le asigna a su sobrina la totalidad de las funciones: manejar su agenda y atender su salud, coordinar reuniones, participar de eventos sociales y políticos, entre muchas otras tareas, como las finanzas de la campaña. Sus días y horarios de trabajo comenzaron a ser flexibles y más aún en un contexto de campaña electoral, que demandaba su tiempo completo.
En la elevación a juicio consta que a los pocos días ocurrió el primero de los nueve abusos sexuales que sufrió de su jefe y poderoso tío. La violencia fue perpetrada siempre en lugares seguros para Alperovich, luego de una jornada laboral, a solas o con testigos que hicieron la vista gorda al ver a la denunciante después de un ataque. Dos veces la abusó en su departamento en el Edificio Zencity de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Dos veces lo intentó en el auto presuntamente particular del acusado, durante traslados después de actos en la provincia. En San Miguel de Tucumán, una vez más, volvió a intentar tocarla con intenciones sexuales en la casa de una tía de la víctima. La ultrajó cuatro veces en dos casas de la localidad tucumana Yerba Buena, una de su propiedad en la calle Martín Fierro, que cuenta con un decreto ejecutivo de la provincia para usarla en actos oficiales de gobierno, y en la finca de alquiler conocida por el círculo íntimo como “la casa de los Andjel”, familia socia en los negocios de Alperovich.
La violación
La denunciante, en todo momento, le pidió expresamente que no lo hiciera, le dijo que no quería ese trato con él, que no le parecía bien, que la hacía sentir mal. Pero la escena se repitió y en cada episodio creció la gravedad: en un sillón o en el auto empezaba a halagar su forma de trabajar, alardeaba sobre la supuesta protección y el éxito profesional que él le proveía, bufaba comentarios misóginos y degradantes de su cuerpo o actitud afectiva para con él, la manoseaba y le hacía notar “mirá cómo me ponés” como según Thelma Fardín le dijo Juan Dhartés, que el 10 de junio fue condenado en Brasil a 6 años de prisión por abuso sexual contra la actriz. El entonces senador nacional forzó a su sobrina y asistente a tocar sus genitales y en Tucumán, contra su voluntad, la llevó a una habitación y la violó produciéndole severas lesiones físicas y psíquicas.
En el expediente judicial, además de las declaraciones y las pruebas de chats con el imputado y testigos que confirmaro el deterioro en el ánimo y la salud de la joven, se detallan las pericias psicológicas. La licenciada Mónica Herrán, coordinadora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, fue terminante al ratificar que “los indicadores observados en F.L. mediante la administración de las técnicas proyectivas y en la entrevista clínico semiológica, eran propios de haber cursado situaciones de victimización en la esfera de la sexualidad, agravados por haberse desarrollado en un contexto de relación familiar, laboral y de confianza”.
En poco más de un año la joven había perdido 10 kilos de peso, se le caía el pelo, se le quebraban las uñas, le temblaban las manos y los brazos, le faltaba el apetito, no podía dormir ni concentrarse, tenía ataques de angustia y de llanto incontrolables.
La perito de la defensa cuestionó en su informe la verosimilitud del relato de la víctima con sustento en el informe pericial del Cuerpo Médico Forense, sin haber hecho preguntas en las tres horas de entrevista que presenció durante el peritaje a la denunciante. La perito de parte de Alperovich “pudiendo haber formulado preguntas y elaborar un informe a partir de sus observaciones, efectuó una valoración posterior de una pericia, a la que por falta de rigor científico solo le caben apreciaciones plagadas de prejuicios y estereotipos”, indicó la perito oficial del Poder Judicial, Mónica Herrán, en un informe ampliatorio del año 2022, donde manifestó que “nunca se perita una pericia” porque constituye un error grave de procedimiento que podría considerarse falso testimonio.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta –fiscalía que recibió la denuncia en CABA y presentó su requerimiento de elevación a juicio– rechazó el argumento de “relato inverosímil” sobre el que se sustenta la defensa de Alperovich: “No obstante, la cantidad de elementos de prueba detallados en el presente requerimiento permiten controvertir esa afirmación en torno a la falta de repercusión emocional o sustrato afectivo, como también a la carencia de solidez y coherencia. Por el contrario, su relato se mantuvo coherente, se corresponde con lo referido por los numerosos testigos que brindaron declaración y encuentra también sustento profesional y pericial a raíz de las conclusiones de los peritajes realizados y los testimonios de las profesionales de la salud que tuvieron contacto y entrevistas con F.”.
El enfrentamiento
“El vencimiento de su licencia en el Senado se celebra el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”. Ese día le dijo “nunca más” y decidió renunciar a su trabajo como asistente personal Le mandó un mensaje a Alperovich y le dijo que quería hablar con él.
Fue a su casa en la calle Martín Fierro y en su declaración contó: “Al verlo, le dije que no podía más, que no seguía trabajando y al decirle que era responsable de todo lo malo que me había hecho en este tiempo yo sentía que estaba matando a mi monstruo, mientras temblaba y lloraba, vi que ni le importaba”. Alperovich le respondió: “Yo nunca te hice nada que no hayas querido”, y se retiró del lugar dejándola devastada. Meses más tarde, en noviembre, decidió acusarlo ante la justicia de CABA y de la provincia de Tucumán.
En su declaración testimonial detalló los abusos vividos y cómo afectó su vida: “Me parece importante destacar lo que nombro en mi carta abierta cuando digo que ni siquiera podía ponerlo en palabras, para mí era una pesadilla y veía como él se movía cómodamente en los tres escenarios en los que me posicionaba, cosa que me afectó muchísimo porque yo no podía hacer como si nada en lo familiar o laboral, aunque lo laboral me liberaba de él. Me perturbaba mucho cambiar de escenario, me sentía sucia, con culpa, con vergüenza y devastada porque yo no quería vivir eso, a la vez era una presa de la intimidad que me forzaba a tener con él, lo cual grafico como una pesadilla pero de la que no me podía despertar, sólo la podía tapar porque era real. […] Cuando me fui del espacio comenzó una etapa de sincericidio, yo necesitaba contar, tenía mucha necesidad de hablar”.
El camino para sanar
A un año de enfrentarlo, con la denuncia penal en proceso, la joven escribió una carta abierta de desahogo en la que contó su pesadilla. Esa fue la única vez que se pronunció públicamente:
“Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que fuera verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante. Puse toda mi fuerza en el trabajo, me desafié para demostrar a través de mi desempeño profesional que era una mujer íntegra y respetable por mi labor exhaustiva, útil y sólida. Me encargué de absolutamente todo lo relativo a sus actividades diarias y a su salud. Creí experimentar la resiliencia de ese modo, creí que así podría «olvidar» y recuperar mi dignidad. Sentí culpa, vergüenza. Mucha vergüenza. Eso significó además de un trauma, una tarea con la que tenía que lidiar porque no podía dar cuenta a nadie de lo que me pasaba. Para afuera todo estaba bien, no podía ni decírmelo a mí misma. La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía».
“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga. Creo que legal y socialmente es el lugar en el que le corresponde estar y ser tratado. A nivel personal, trabajo mi recuperación tanto en terapia formal como en otros espacios de ayuda. No le estoy haciendo esto a nadie, ni mucho menos soy una mujer instrumentalizada por nadie, me estoy curando a mí. Arribo una vez más al fin de todo este profundo y doloroso camino: SANAR. Celebro mis avances y continúo para despojarme de este daño que me arrolló y del cual lamentablemente fui víctima, pero con la absoluta convicción de que se puede sanar».
«Y más que sentir vergüenza por estar vivas podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible (…) ya no se trataba de negar o de morir, se trataba de vivir con», leí en un libro –Teoría King Kong de Virginie Despentes–. Honrar nuestros dolores nos enseña a suprimir la vergüenza, el miedo o la pura ignorancia de cómo enfrentarlos; a tomar la responsabilidad de mi herida y de mi bienestar. No siempre superamos los traumas, pero cuando los honramos reconociendo que existen, dejamos de ser consumidos por ellos. Hoy valoro la capacidad de reponerme de esta situación no siendo más condescendiente con el trauma: vivo y siento, como, duermo, me río, me ocupo y estoy presente, me capacito, me divierto, trabajo, me cuido, me rodeo de amor, me elijo”.
El acusado
En sus manos gruesas sostenía un dije amarillo con letras borrosas en hebreo, desgastadas de tanto apretarlo y frotarlo. “Es del Rebe, me da fuerzas. Su palabra es muy importante para mí. Es el rabino que Milei visitó su tumba en Nueva York –Menachem Mendel Schneerson, conocido como rebe de Lubavitch, líder religioso del hasidismo–. Sabés que soy judío, ¿no?”, arremete con la mirada fija a los ojos y una sonrisa fría, ensayada para esas ocasiones con la prensa, al cruzarse en el juzgado con lavaca, antes de los alegatos.
Encantador y con fe, José Alperovich se había sentado ante un tribunal de justicia primero el 3 de junio –fecha emblema de la lucha feminista contra los femicidios y la violencia machista– en la última audiencia de testimoniales del juicio oral en su contra. Podría haberse llamado a silencio pero decidió defenderse sin perder el temple de una persona con mucho poder. Aferrado a su amuleto reconoció haberse preparado para enfrentar al juez y comenzó su declaración con una teoría: «Este es un juicio armado con un móvil económico y político, yo no abusé de F. Me cambió la vida que por todos lados me digan Alperovich violador. Soy un hombre muerto en vida».
Su abogado defensor le preguntó aquel 3 de junio por cada uno de los días que la denunciante relató las nueve agresiones sexuales que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. En todas sus respuestas reforzó la idea del sin sentido y la inverosimilitud, que será el argumento fuerte de su defensa: “Es incomprensible para mí esta acusación, ¿por qué volvería si había sido abusada? No tiene sentido. Un día soy abusador y otro día no, ¿Cómo es? Ella quiere instalar que yo quiero prostituir a las secretarias. Si me hubiera pedido un favor yo se lo hubiera dado. Pero estos son títulos de una causa armada para que durante cinco años la prensa me diga violín”. En uno de los abusos que denuncia la joven, Alperovich le expresó que “era un violinista famoso –André Rieu -por su habilidad para mover los dedos”, según consta en el expediente judicial.
“Me tengo que defender y demostrar cosas que no he hecho” dijo el ex senador nacional por Tucumán ante el tribunal, y desde su perspectiva, la responsabilidad parece caer sobre la denunciante: por qué siguió trabajando, por qué volvió a quedarse en el departamento de Puerto Madero, por qué estuvo cerca suyo si la había abusado. Cuestionó cómo empezó a trabajar con él: según Alperovich ella buscó a su hija Sara. Cuestionó el vínculo familiar: dijo que la conoció en 2017, no antes, y que no sabía que eran familiares. Cuestionó la relación de poder: “En la primera reunión le conté mi rutina y le dije que hice crecer a muchas personas en la política, pero va a depender de vos”, declaró ante Ramos Padilla.
“Alperovich se rodeaba de personal de seguridad, asesores y asistentes a quienes también degradaba y nadie se animaba a cuestionar su trato inapropiado”, explicó la querella. Tanto en la elevación a juicio como en las declaraciones testimoniales ante el TOC Nº29 constan relatos de personas que se sintieron incómodas y presenciaron tratos misóginos, comentarios fuera de lugar, chistes sexistas y actitudes degradantes para con las mujeres que trabajaban en su equipo. La naturalización y complicidad ante una figura de tanto poder llevó a que tres testigos de parte de Alperovich fueran acusados durante el juicio por falso testimonio: Manuel Frías, cocinero personal; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayeta, ex policía, custodio y chofer de Alperovich. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante.
Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o reconocen que la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso.
Asimetría de poder
“José Jorge Alperovich sacó provecho de ese contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder para perpetrar los hechos de abuso sexual que se le endilgan”, sostiene la querella. “Durante la indagatoria el acusado ha negado todo, como era esperable. Y ha querido atacar la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único, Deben gritar y resistirse con uñas y dientes a la violación, debe denunciar de inmediato, etc. Estos estereotipos, que distorsionan la averiguación de la verdad y dañan terriblemente a las víctimas, están ya desterrados de nuestras prácticas judiciales y de nuestra manera de pensar. Sabemos que las cosas no funcionan así, sabemos que hay asimetrías de poder, que las víctimas de abuso muchas veces no saben cómo actuar, tienen miedo, se culpabilizan, que el comportamiento de las personas no se puede reducir a un patrón idéntico para todas. Y esto lo explicaron con mucha solvencia las mujeres profesionales del Cuerpo Médico Forense, cuyo trabajo imparcial y dedicado merece ser reconocido”, explicó el abogado querellante Pablo Rovatti a lavaca y aseveró: “Tenemos confianza en el trabajo de la justicia”.
Este lunes la querella pidió 22 años de prisión para el acusado.
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Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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