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El informe del horror: la ONU denuncia la violencia estatal

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Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios en estado crítico y una justicia sin condena son algunos de los retazos del informe de la ONU que muestra, en tiempos de 2×1, sobre qué sectores recae la violencia estatal. El resumen, los casos que investigó lavaca y el informe completo.
Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT señaló, de entrada, estos incumplimientos:

  • La creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos de tortura.
  • Una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
  • El cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales.
  • El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código Penal con la definición que establece la Convención, es decir, la inclusión como sujetos activos del delito a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación también incluiría la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos.
Y reclamó «medidas urgentes» sobre estos 8 puntos.

  1. Tortura y malos tratos en centros de detención: “Estructura militarizada”

Al igual que en los informes anteriores, el Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresados a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los registros personales “invasivos y vejatorios” además de los “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a modo de “castigo encubierto”.
El Comité recomendó al Estado “investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores”. Además, insta a la adopción de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario “en un modelo institucional de naturaleza civil” aumentando la profesionalización y transparencia.

  1. Violencia policial

El Comité expresó su preocupación por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” y que la población son “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen “tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.
El Comité urgió al Estado:

  • “Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
  • Realizar un proceso judicial “efectivo e imparcial” sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, los dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”, dijo en ese momento Iván. 
  • “Restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina”. Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña falló en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó la condena a la CIDH citada por el Comité.

Acoso a la identidad

  • Condiciones de reclusión: “Degradación”

El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en materia de estupefacientes “en el aumento de la población femenina encarcelada”.
A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la detención de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas”.
El Comité solicitó una auditoría a nivel federal y provincial para adecuar las condiciones a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y a desarrollar un plan de prevención de incendios en todos los centros de detención.
Por ese motivo exigieron al Estado:

  • Intensificar los esfuerzos para “aliviar” el hacinamiento.
  • Terminar la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos
  • Definir de acuerdo a una metodología adecuada la capacidad penitenciara conforme a los estándares internacionales.
  • Desarrollar un registro nacional único de personas sometidas a una medida preventiva o punitiva de privación de libertad que incluya información por jurisdicción, sexo, edad y situación procesal.
  1. Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes

El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.
En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron preocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la sobrepoblación penitenciaria ya existente”.

¿Quién mató a Diego Borjas?


También acreditó “el recurso frecuente a modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial”, y las condiciones extremas en esas celdas. Este tipo de prácticas también se aplican sobre niños, niñas y adolescentes en condiciones de encierro, como reveló MU en la investigación por la muerte del joven Diego Borjas en el instituto Agote en diciembre de 2014. El Comité exigió al Estado que no imponga la sanción de aislamiento y que, en caso de producirse, sólo sea utilizada como medida de último recurso, por el período más breve posible, y que se asegure que dicha celda cumpla con los requisitos necesarios para no afectar la integridad física de la persona.
Por otro lado, el Comité apuntó “el elevado número de muertes en detención”. Según los datos facilitados por el Estado, la cifra habla de un promedio de 43 por año en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016. Sin embargo, lamentaron “el alcance limitado de estos, que se circunscriben al sistema penitenciario federal, y nota con preocupación la discrepancia que existe entre los mismos y los proporcionados por otros informes recibidos, que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”. Los expertos también cuestionaron la falta de información sobre los resultados de esas investigaciones.

  1. Detenciones por razones migratorias

El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo preocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Migrante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita, además, la retención preventiva desde el inicio del procedimiento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona”.

#ParoMigrante: movilización contra la xenofobia y por el trabajo


Por eso el Comité pidió al Estado la derogación o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsión puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial.

  1. Detenciones por motivo de discriminación

En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales. “Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habido 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble respecto al año anterior.
Los expertos pidieron al Estado que se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, “a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos y suspender a los agentes implicados en los mismos”. También pidió la adopción de políticas y programas específicos de “integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género”.

  1. Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad

El Comité expreso su preocupación por la demora en la tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el “debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las políticas de memoria mediante la preservación de los archivos y los sitios de memoria.

  1. Violencia machista

“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privación de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las víctimas obtengan una “reparación integral del daño”. Al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención, pidió que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detención a nivel federal y provincial.

El informe completo

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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