A trece años de su creación, el Mercosur se expande velozmente pero no consigue resolver los problemas derivados de las profundas asimetrías entre sus miembros, que no sólo persisten sino que -según se desprende de la reciente XXVI Cumbre de Jefes de Estado- tienden a acentuarse. Así lo desarrolla Raúl Zibechi en esta nota en la que -entre otros puntos- analiza la presión de los Estados Unidos y las diferentes realidades de los países que ya sumaron, o se sumarán próximamente, al acuerdo regional. Por Raúl Zibechi.

A trece años de su creación, el Mercosur se expande velozmente pero no consigue resolver los problemas derivados de las profundas asimetrías entre sus miembros, que no sólo persisten sino que -según se desprende de la reciente XXVI Cumbre de Jefes de Estado- tienden a acentuarse. La opción entre profundizar la integración y la incorporación de nuevos países, saltando incluso los límites regionales, se ha visto desbalanceada a favor de esta última opción como consecuencia de la presión de los Estados Unidos para imponer el Alca, que debería entrar en vigor a comienzos de 2005.

Pero el Alca está muerto, tanto en su versión original como en la alternativa «light» ideada para salvar el invento, por la negativa del Mercosur -liderado en esta batalla por Brasil-, la actitud de Venezuela y la reticencia de varios países de la región, con la solitaria excepción de Chile y, en menor medida, México, aliados de Estados Unidos. En su lugar, Washington está firmando con rapidez tratados de libre comercio con Centroamérica y varios países andinos (Colombia, Ecuador y Perú), con el objetivo de aislar y debilitar a Brasil, único país que ha sido capaz de contraponerle una estrategia alternativa, consistente en profundizar los lazos con grandes países del Sur (China, Sudáfrica, India) y establecer alianzas puntuales sobre temas agrícolas, como el G-20.

Alianzas y nuevos socios

En la reciente cumbre, finalizada el 8 de julio en Puerto Iguazú (Argentina), quedó prácticamente establecido el marco de alianzas del Mercosur en la región y las expectativas de acuerdos extra regionales. A los miembros fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), se le fueron sumando varios integrantes que reciben el estatuto de «Estados asociados» (Chile, Bolivia y Perú), a los que ahora se suma Venezuela, en tanto México quedó como observador hasta que se firme un TLC que le permita adquirir el mismo nivel que los demás asociados.

En breve el Mercosur deberá concluir un TLC con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El acuerdo ya está concluido y debería haber entrado en vigor este mes de julio, pero se retrasó debido a dificultades con las listas de desgravaciones. El objetivo para el Mercosur es doble: por un lado, intenta contrarrestar los acuerdos de libre comercio en vías de negociación entre Estados Unidos y Colombia, Perú y Ecuador; por otro, busca afianzar lazos en la perspectiva de avanzar hacia el proyecto de Comunidad de Naciones Sudamericanas, en el que se ha empeñado Brasil, acompañado con diferentes grados de entusiasmo por sus socios del Mercosur. Se trata, en suma, de una carrrera contra reloj para ganar indecisos, en la cual el gobierno de George W. Bush cuenta con aliados sólidos como la Colombia de Alvaro Uribe, en tanto el Mercosur tiene a su favor el entusiasmo latinoamericanista de Hugo Chávez.

La incorporación de Venezuela tiene varias aristas. Una de las más importantes está relacionada con la política doméstica, ya que Chávez consiguió un respaldo en medio de la dura campaña del referéndum revocatorio de su mandato. En ese marco, consiguió además firmar un acuerdo con el presidente Néstor Kirchner para que los buques de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, sean reparados y construidos en astilleros argentinos.

El primer paso será la construcción de ocho tanques petroleros; Chávez aseguró que su país importa 5 mil millones de dólares anuales desde Estados Unidos en bienes y servicios, como tuberías y válvulas, y que pretende que «el 25 por ciento de eso se haga en Argentina y Brasil» . Los acuerdos fueron más lejos aún: se anunció la creación de Petrosur, una empresa petrolera interestatal entre Argentina y Venezuela, aunque algunos funcionarios argentinos matizaron la euforia chavista asegurando que se trata apenas de una «expresión de deseo».

Economía y política, por sendas separadas

El caso mexicano es diferente. Uruguay ya tiene acuerdos comerciales sobre productos industriales con México, en tanto Argentina está dando pasos en esa dirección. Brasil, por su parte, se muestra muy reticente a que México se integre como miembro pleno, en parte porque diluiría su papel como líder regional. Otras fuentes estiman que la iniciativa de Vicente Fox es «más retórica que de eficacia práctica». Así lo señaló Mario Marconini, director del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, para quien el acuerdo es muy difícil ya que el Mercosur debería ajustarse a una economía más abierta como la mexicana. En Brasil no desestiman las razones políticas del intento foxista: desde quienes adivinan un «alejamiento» de México respecto de sus socios del Nafta, hasta los que defienden una lectura «conspirativa» en la que Fox jugaría a «debilitar el Mercosur» . Mientras, Kirchner dijo que se trata de «una unidad política más que una unión económica», para fortalecer al Mercosur ante los países del Norte.

En paralelo, antes de fin de año debería concluirse un ambicioso acuerdo con la Unión Europea. Las dificultades son las mismas que frenaron el Alca: subsidios del Norte a la agricultura y la pretensión de la UE de que los países del Sur abran sus servicios, compras gubernamentales e inversiones a las multinacionales europeas. Las negociaciones vienen avanzando muy lentamente, entre recelos de que se llegue a firmar un acuerdo que lesione la soberanía de los países latinoamericanos. La UE parece dispuesta a flexibilizar la entrada de productos agrícolas, pero en contrapartida exige que los estados abran el rubro «compras gubernamentales», a lo que Brasil se sigue negando de forma tajante. Algunos observadores estiman que hacia fin de año puede llegarse a firmar un buen acuerdo político pero sin la menor trascendencia comercial.

Tanto en el caso del acuerdo con la UE como con la CAN, las consideraciones geo-políticas ocupan un lugar muy destacado. The Financial Times ha señalado que la UE estaría intentado atraerse a Brasil y Argentina para dividir el G-20; en tanto, el canciller brasileño Celso Amorim destacó que el acuerdo con la UE tiene un imprortante perfil político, ya que «queremos reforzar la multipolaridad» . Del mismo modo, en el tablero de ajedrez continental el acuerdo Mercosur-CAN es visualizado como una forma de atascar el avance de Washington en el área andina, que a partir de sus relaciones «carnales» con Colombia comienza a «derramar» peligrosamente su influencia sobre Ecuador y Perú. Se trata de la misma lógica que llevó a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay a enviar tropas a Haití para «mantener la paz».

Asimetrías e integración

No es, sin embargo, la presión estadounidense el factor más difícil de sortear para la integración latinoamericana. Avanza a paso de tortuga, si es que avanza. En algunos casos se trata de viejos litigios (como el que enfrenta a Chile y Bolivia por la salida al mar), en otros son problemas derivados de las políticas neoliberales (como el conflicto del gas entre Chile y Argentina, por la nula inversión de las privatizadas argentinas que hace peligrar la exportación de gas). Pero, por encima de todo, aparecen los enfrentamientos derivados de la subordinación de casi todos los gobiernos a las grandes empresas -nacionales o multinacionales- que pretenden imponer sus estrechos intereses.

Uno de estos conflictos empañó la reciente cumbre del Mercosur. Días antes de la reunión, el gobierno argentino decidió restringir la importación de electrodomésticos brasileños que invadieron el mercado desplazando a los fabricantes nacionales. La multinacional argentina Techint realizó presiones en ese sentido, alegando los subsidios que recibe la industria brasileña: el Estado otorga créditos a los exportadores a tasas preferenciales, pero además se venden como de «origen Mercosur» productos armados con piezas ingresadas por la zona franca de Manaos, lo que le da a los fabricantes brasileños grandes ventajas. Pese a ello, existen otras asimetrías: vinculadas a la escasa inversión de los industriales argentinos en el último lustro de estancamiento y crisis; a las diferencias en el tamaño de los mercados internos (180 millones de habitantes Brasil frente a 38 millones Argentina); a la mayor solidez del sistema bancario brasileño y a la baja relación de depósitos en moneda extranjera, frente a la masiva dolarización que sufrió Argentina en los 90.

Ante este conjunto de asimetrías, Techint -que fue una defensora entusiasta del gobierno de Carlos Menem- propuso ante la Unión Industrial Argentina, a fines del año pasado, la necesidad de replantear el Mercosur transformando la unión aduanera en una zona de libre comercio, para recuperar así el terreno perdido durante una década. Las permanentes controversias entre Argentina y Brasil, en las que también suele terciar Uruguay con argumentos similares, están empedrando el camino de la integración. En el caso de los electrodomésticos, Lula y Kirchner decidieron bajar el perfil de la confrontación y abrir un espacio de negociaciones. Pero la actitud conciliadora le valió al gobierno de Brasil un duro editorial del influyente O Estado de Sao Paulo, que el 9 de julio lo acusó de mantener una actitud de «complacencia ante las agresiones de Argentina al libre comercio».

Son apenas ejemplos acerca de cómo los intereses de los grandes empresarios suelen tomar de rehén la integración regional. Buena parte de la política exterior de Lula está guiada por los intereses del agronegocio, sector que apoya el Alca, los acuerdos con la UE y la ampliación del comercio con China, aunque todas ellas -se supone- son opciones políticas diferentes.

¿Libre comercio?

Por último, subsisten graves resquemores entre varios países, pero en especial ante lo que muchos temen sea una actitud de liderazgo, o hegemonista, de Brasil. Al terminar la cumbre del Mercosur, Lula se dirigió a Santra Cruz de la Sierra (Bolivia), donde demandó mayor lealtad y menos intrigas entre los países del Cono Sur, para garantizar el desarrollo igualitario de la región y mayor peso en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la UE. Aseguró al presidente Carlos Mesa, y al grupo de empresarios que lo acompañaban, que Brasil quiere ser «generoso y leal con los países pobres» y que «no habrá un Brasil rico si Bolivia y otros países continúan pobres».

A primera vista, estas declaraciones suenan desconcertantes. Pero la sorpresa se disipa si se tiene en cuenta que el próximo 18 de julio se realiza el referéndum convocado por el gobierno de Mesa y cuestionado por el movimiento social que, siguiendo el camino de la Central Obrera Boliviana, llama al boicot. Bolivia está partida al medio ante la consulta. La oposición social considera que legitimará el control de las multinacionales sobre los yacimientos y las reservas de hidrocarburos (54 trillones de metros cúbicos de gas y 480 millones de barriles de petróleo). Las embajadas de Estados Unidos y España presionaron, con éxito, para que «sus» empresas (Repsol-YPF, Shell, Enron y otras) mantengan sus privilegios hasta 2036, cuando caducan los contratos, más allá de los resultados de la consulta.

Lula hizo exactamente lo mismo a favor de la brasileña Petrobras, que controla la sexta parte de todas las reservas bolivianas, a la que los gobiernos neoliberales le concedieron enormes campos de gas y una rebaja tributaria del 32%. Lula firmó con Mesa -a nueve días del referéndum, cuando el gobierno amenaza con represalias a quien no vote y refuerza la militarización del altiplano- una declaración en la que esperan que «los resultados del referéndum (.) permitan la continuidad de la cooperación bilateral y el desarrollo de nuevos proyectos de interés mutuo, en un ambiente de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica» . En suma, un fuerte respaldo a Mesa y un balde de agua fría al movimiento social.

En estas condiciones, la integración es o bien imposible o contraria a los intereses de los pueblos. Con razón, el economista brasileño César Benjamin sostiene que «el libre comercio fortalece y profundiza la división internacional del trabajo», que enfrenta pueblos con pueblos . Sobre Lula, es lapidario: «Al presentarse como campeón del ‘verdadero libre comercio’, un poco por deslumbramiento, un poco por ignoracia, un poco por irresponsabilidad, adhiere al discurso hegemónico en los países centrales».

Ahora, a la lista habrá que sumarle la perla boliviana. Faltan las palabras.