Nota
El modus operandi: las privatizaciones que supieron conseguir
Que el FMI haya venido a la Argentina a exigir un aumento de tarifas en nombre de las grandes empresas internacionales es una verdad de la que no dudan los investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El reclamo de los funcionarios no hizo más que evidenciar -con descaro- lo que los especialistas habían desarrollado ya La renegociación con las empresas privatizadas, el trabajo que prepararon a pedido de las asambleas populares, que necesitan entender el proceso de concesión de servicios públicos en la Argentina. Publicado por Flacso, la Universidad de Quilmes y Página /12, en esta nota se sintetizan las ideas centrales de este ensayo que -de modo didáctico y claro- ayuda a entender esta primera puja entre el presidente Néstor Kirchner y el FMI. Las tarifas de los servicios privatizados son -justamente- una de las preocupaciones de este equipo de trabajo dirigido por Daniel Azpiazu e integrado por Eduardo Basualdo, Martín Abeles, Camila Arza, Karina Forcinito, Julieta Pesce y Martín Schorr. Sobre esta línea profundiza también un nuevo libro, Crónica de una sumisión anunciada (Azpiazu-Schorr), que editorial siglo XXI presentará la próxima semana.
Que el FMI haya venido a la Argentina a exigir un aumento de tarifas en nombre de las grandes empresas internacionales es una verdad de la que no dudan los investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El reclamo de los funcionarios no hizo más que evidenciar -con descaro- lo que los especialistas habían desarrollado ya La renegociación con las empresas privatizadas, el trabajo que prepararon a pedido de las asambleas populares, que necesitan entender el proceso de concesión de servicios públicos en la Argentina. Publicado por Flacso, la Universidad de Quilmes y Página /12, en esta nota se sintetizan las ideas centrales de este ensayo que -de modo didáctico y claro- ayuda a entender esta primera puja entre el presidente Néstor Kirchner y el FMI. Las tarifas de los servicios privatizados son -justamente- una de las preocupaciones de este equipo de trabajo dirigido por Daniel Azpiazu e integrado por Eduardo Basualdo, Martín Abeles, Camila Arza, Karina Forcinito, Julieta Pesce y Martín Schorr. Sobre esta línea profundiza también un nuevo libro, Crónica de una sumisión anunciada (Azpiazu-Schorr), que editorial siglo XXI presentará la próxima semana.
Paradójico. Los funcionarios que se entrevistaron con Kirchner representan a un organismo internacional, los capitales que están en juego corresponden mayoritariamente a empresas internacionales y -sin embargo- la forma peculiar en que se privatizaron los servicios públicos argentinos es prácticamente única en el mundo. Ejecutada entre 1990 y 1994 por el entonces presidente Carlos Menem, en ninguno de los países que integran el FMI, el Banco Mundial o el Grupo de los Ocho una Reforma del Estado se encaró de modo tan acelerado y abarcativo, ni logró una tan rápida profundización de la concentración económica y la exclusión social. Chile conservó al menos su estratégica producción de cobre bajo la órbita estatal y México la de hidrocarburos.
Tal como citan los investigadores de Flacso:
Considerando el período 1993-1999, las 200 firmas más grandes del país generaron, en conjunto, una masa acumulada de utilidades superior a los 25.900 millones de dólares. Aproximadamente el 54% de dicho total (cerca de 14.000 millones de dólares) correspondió a apenas 26 firmas privatizadas (es decir, el 13% del total). Esto indica que este conjunto reducido -aunque sumamente privilegiado- de empresas ganó 2.000 millones de dólares por año; casi 6 millones de dólares por día; 227 mil dólares por hora; y cerca de 3.800 dólares por minuto. En otras palabras, durante la década pasada, este núcleo selecto de grandes firmas obtuvo, por minuto, el equivalente a casi diez salarios medios de la economía argentina.
Por las propias características de muchos de esos servicios (mono u oligopólicos, baja elasticidad de la demanda, la justicia y razonabilidad de las tarifas y de los beneficios que las mismas llevan aparejadas), y tal como lo demuestra la experiencia internacional, las tasas de ganancias -lejos de alcanzar la exorbitancia que lograron- deberían haber sido inferiores a las predominantes en la mayor parte de los restantes sectores de la economía.
Durante la década de los años noventa, la rentabilidad media del conjunto de las empresas privatizadas fue entre siete u ocho veces superior a las de, incluso, el resto de las mayores firmas del país.
Las empresas privatizadas se han apropiado de beneficios extraordinarios que han superado, hasta fines de 2000, los 9.000 millones de dólares.
Su exitoso desempeño económico funcionó de manera disociada del ciclo económico interno (es decir, se trata de firmas que han crecido tanto en las fases expansivas como en las recesivas). Como resultado de estos patrones de comportamiento se puede inferir un significativo incremento en la concentración económica del conjunto de la economía argentina en torno a este reducido -pero privilegiado- número de grandes empresas prestatarias de servicios públicos. Las empresas privatizadas las que han venido internalizando -sistemáticamente- los mayores márgenes de beneficio, fuera de toda razonabilidad vinculada al riesgo empresario implícito.
La cuantiosa masa beneficios que internalizaron las firmas privatizadas durante los años noventa no sólo le permitió a estos actores registrar exorbitantes tasas de ganancia, sino que también le brindó a los propietarios de las mismas la posibilidad de recuperar los montos invertidos originalmente en un lapso de tiempo sumamente breve. Algunas de las empresas tardaron menos de cuatro años en recuperar el monto de inversión. Son plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos, muy difíciles de encontrar en otras actividades económicas de carácter no especulativo.
La licuación de sus pasivos con el sistema financiero local. Entre los 50 mayores deudores que recientemente vieron licuados sus pasivos, pueden reconocerse 25 empresas privatizadas que, por ese medio, obtuvieron un beneficio -2.000 millones de pesos- equivalente al de las ganancias internalizadas por las mismas en el año 2000)
El Estado se hizo cargo de una parte importante del endeudamiento de las empresas que vendió (alrededor de 20 mil millones de dólares)
La suspensión y/o la reducción de los ya poco exigentes compromisos de inversión y de expansión y universalización de los servicios, al igual que con respecto a los índices de calidad comprometidos contractualmente. Según ciertas estimaciones, la inversión agregada de las privatizadas equivaldría a poco más del 2% del PBI hasta mediados del decenio de los noventa, para luego estabilizarse en torno del 1,5% hasta fines de la década. Tales montos de inversión representan sólo las dos terceras partes de la formación de capital realizada por las empresas públicas a principios de los años ochenta y poco más de la mitad de la correspondiente al trienio 1986-1988.
La prórroga de los plazos de concesión;
El otorgamiento de un seguro de cambio para las deudas empresarias con el exterior
La instrumentación de mecanismos de subsidio estatal a la creciente cartera de morosos de las empresas (como podría ser una tarifa de interés social pero costeada con recursos fiscales).
Una parte importante de las compras en el exterior de insumos y/o maquinarias y equipos de las privatizadas se vinculó con transacciones con empresas relacionadas societariamente (lo cual no sólo trajo aparejado el desmantelamiento del entramado local de proveedores, en el marco de una absoluta despreocupación oficial por hacer cumplir las leyes de «compre argentino» y de «contrate nacional», sino que también conllevó la recurrencia a precios de transferencia y a la sobrefacturación de sus importaciones intracorporativas);
El no cumplimiento de las metas de expansión o de universalización de los servicios que, naturalmente, afectó a los hogares y a las regiones del país de menores ingresos.
El no cobro del canon, establecido por contrato, por el «uso» privado de servicios públicos.
Triple Alianza. Casi todos los consorcios empresarios adjudicatarios de estos beneficiosos contratos de concesión están conformados como una suerte de «triple alianza», al decir de los investigadores de Flacso:
Aportaron capacidad gerencial, administrativa y, fundamentalmente, de lobbying doméstico, así como su conocimiento de la infraestructura nacional.
Muchos de ellos integraron la famosa «patria contratista»: beneficiarios de los cuantiosos sobreprecios pagados por el Estado al adquirir sus bienes y servicios. -Justamente por resultar proveedores del Estado, fueron, en una proporción no despreciable, responsables del creciente desfinanciamiento que aquejó a las firmas de servicios públicos durante la década de los ochenta, deterioro utilizado luego como uno de los argumentos centrales en favor de su privatización.
Aportaron buena parte de los títulos de la deuda pública argentina -externa y/o interna- que serían capitalizados
Aportaron capacidad y experiencia tecnológica y de gestión (se trata, por lo general, de operadoras internacionales de los servicios públicos privatizados)
Son justamente en nombre de las cuales llegó la misión del FMI
Ilegal. Los investigadores no tienen dudas: el aumento de las tarifas de los servicios privatizados es ilegal. La afirmación no es arbitraria; se apoya en diversos fallos judiciales, en las consideraciones de la Procuración del Tesoro, enlas cláusulas contractuales y en la propia Ley de Convertibilidad, que pohibe explícitamente la aplicación de ajustes periódicos de precios.
Todos los usuarios saben que las modificaciones tarifarias no tienen nada de novedosas. De hecho durante toda la década del 90, las empresas aumentaron el precio de los servicios, con argumentos de todo calibre:
Como privilegio adicional, los precios estadounidenses han crecido muy por encima de sus similares en el ámbito local. En efecto, por ejemplo, entre el mes de enero de 1995 y junio de 2001, en la Argentina, el Indice de Precios al Consumidor registró una disminución acumulada de 1,1%, al tiempo que los precios mayoristas se incrementaron apenas el 1,6%. En idéntico período, el índice de precios al consumidor (CPI) de los EE.UU. registró un incremento acumulado del 18,4%, al tiempo que los precios mayoristas (PPI) lo hicieron en un 9,8%.
Pero, incluso antes de las privatizaciones, el gobierno menemista había tomado a su cargo el «trabajo sucio» de dejar la cancha «limpia». Tal como enumeran los autores del trabajo:
A lo largo de los diez meses previos a la venta de Entel, el valor del pulso telefónico aumentó, medido en dólares estadounidenses, más de siete veces.
Mientras la demanda de gas natural por redes aumentó, entre 1992 y 1993, un 5%, la facturación agregada de las ocho distribuidoras creció, en 1993, un 23% respecto a la correspondiente a Gas del Estado en el año anterior, al tiempo que el precio promedio se incrementó un 17%,
En febrero de 1991 Obras Sanitarias dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la Ley de Convertibilidad) se aprobó otro aumento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y, finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa se subió otro 8%.
Es evidente que, de este modo, los beneficios estaban asegurados desde primer momento. La política era clara. Como en otras áreas de la economía también aquí hubo un corrimiento de los beneficios: de los usuarios residenciales a los no residenciales y de los pequeños y medianos usuarios hacia los grandes consumidores industriales. «En otras palabras -sugieren los autores-, parecería reflejar lo acontecido en la Argentina de los noventa desde una perspectiva más general: la transferencia de recursos, en primer lugar, desde los sectores asalariados y de bajos ingresos a los sectores empresarios, y, en segundo lugar, dentro de estos últimos, de las pequeñas y medianas empresas hacia las grandes».
De ahí la pulseada: las tarifas son parte de la agenda del mundo.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
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El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
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De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
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