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Los medios del poder

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Los medios más influyentes del mundo dejan expuestos los intereses que defienden: los de los poderes económicos y políticos que los sostienen. Los casos de El País y The New York Times y la relación con del Estado con los monopolios. «Hay alternativas», dice Raúl Zibechi en este artículo para Brecha, en el que cita el censo de las Revistas Culturales Independientes de Argentina.

“Determinados medios progresistas, como El País, me han dicho que si hubiera habido un acuerdo entre el Psoe y Podemos, lo criticarían e irían en contra.” Cuando Pedro Sánchez, ex secretario general de los socialistas españoles, acusó directamente al diario El País y al ex presidente de Telefónica César Alierta de haber evitado un gobierno de izquierdas, estaba apuntando a uno de los centros de poder intocables en el Estado español. Entrevistado para el programa televisivo Salvados, Sánchez reveló que desde el diario de Juan Luis Cebrián se le hizo llegar que no le iban a dar su respaldo si no llegaba a un acuerdo para que el Partido Popular siguiera siendo gobierno (Público.es, 30-X-16).

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Protesta del sindicato de periodistas de Madrid contra el grupo Prisa en 2011, con máscaras de Juan Luis Cebrián / Foto: Diagonal


En la entrevista añadió que “el Psoe y Podemos están condenados a entenderse. Y el Psoe debe reconciliarse con el votante de izquierdas”, una afirmación temeraria para los capitostes del poder. Sánchez sostuvo que fue traicionado por el portavoz del Psoe en el Congreso, Antonio Hernando, y atacó a Felipe González, de quien dijo que ya se reconoce en él.
Apenas dos días después El País dedicó su editorial a lanzar un duro ataque contra Sánchez. Recordó que el líder socialista visitó al presidente de Telefónica para pedirle que presionara a su favor en la línea editorial de El País, ya que la empresa de telecomunicaciones posee 13 por ciento de las acciones del matutino. El diario asegura que “confundir el derecho de los medios de comunicación a tener una línea editorial y expresarla libremente, con el ejercicio de una presión inmoral e ilegítima sobre los partidos políticos sólo puede deberse a la ignorancia acerca del papel de los medios de comunicación en una democracia” (El País, 2-XI-16). El editorial concluye que “la única presión visible en esto es la que se deriva de nuestro ejercicio de la libre expresión”.

Factor de poder

El periodista Roberto Montoya analiza en una serie de artículos las relaciones entre El País y el Psoe, centradas en el vínculo personal entre Juan Luis Cebrián y Felipe González.
Recuerda que El País fue fundando en 1976 por Jesús de Polanco, “un hombre que había militado en el Frente de Juventudes del (franquista)Movimiento Nacional y que luego trabajaría para la editorial Escelicer, vinculada a la secretaría del movimiento falangista”, que “llegó a convertirse en la tercera fortuna de España, y apostó por montar un imperio mediático” (Viento Sur, 5-XI-16).
El director de El País desde su fundación fue Juan Luis Cebrián, quien “de joven fue redactor jefe de Pueblo, el diario vespertino del Movimiento Nacional, y terminó siendo nombrado por el último gobierno de la dictadura franquista en 1974 como jefe de los servicios informativos de Radio y Televisión Española (Rtve)”. Según Montoya, ambos siguieron los pasos de muchos franquistas que al estrenarse la democracia de-
sembarcaron en partidos como el Centro Democrático, del ex presidente Adolfo Suárez, y en un Psoe que había estado ausente en la resistencia al franquismo y renació en 1976 con fuerte apoyo de la socialdemocracia alemana, que “se volcaba de lleno económica y políticamente –con la bendición de Washington– para catapultar a los socialistas españoles al poder”. El objetivo era bloquear al poderoso Partido Comunista, sobre el que había recaído la resistencia a la dictadura.
En los 14 años que Felipe González estuvo en La Moncloa, tanto el partido como el diario se convirtieron, de forma ya abierta, en defensores acérrimos de las elites. La composición accionaria del grupo Prisa, propietario de El País, así lo revela: el fondo buitre Amber Capital detenta el 18,3 por ciento, la familia Polanco el 17,5, Telefónica el 13 por ciento del capital del grupo, seguidos por el millonario qatarí Ghanim al Hodaifi al Kuwari, el Hsbc, el grupo Iamsa, Caixabank y el Banco Santander.
Las áreas de negocios del millonario de Qatar, que tiene derecho a dos asientos de los 13 del consejo de administración que preside Cebrián, incluyen empresas de la construcción, petróleo y gas, comercio, ingeniería eléctrica y mecánica, industria, alimentación, agricultura, los sectores de tecnología de la información y la consultoría de proyectos (El Confidencial, 15-XI-16). Es la más reciente incorporación al grupo Prisa, luego de que el balance de 2014 revelara 2.000 millones de euros de pérdidas. Pero muestra también el tipo de alianzas de la prensa “progresista” española.
El grupo Prisa, fundado en 1972 por Polanco, es propietario no sólo de El País sino del diario deportivo AS, Cinco Días y Hu-ffington Post, posee la española Cadena Ser y alrededor de 1.250 emisoras entre propias y asociadas en diversos países de América Latina. Cuenta con canales de televisión, con la editorial Santillana (una red de editoriales en realidad) y con empresas de publicidad. Tiene parte del capital de Le Monde y en Argentina es socio de Papel Prensa junto a Clarín y La Nación, ha hecho inversiones en el grupo Televisa, de México, es propietario de la colombiana Caracol Radio y de Ibero Americana Radio Chile, un consorcio de 11 cadenas que concentran más de la mitad de la programación y que está presente en la mayor parte de los países de la región, incluyendo Estados Unidos.
Cebrián se ha convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo. Es miembro del Club de Bilderberg, el grupo de las 130 personas más influyentes del planeta que se reúnen todos los años y en el que participan banqueros, políticos, militares y propietarios de grandes medios de comunicación. En ese selecto grupo figuran junto a Cebrián el estadounidense Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa; Peter Sutherland, presidente de Goldman Sachs y British Petroleum; Paul Wolfowitz, ex presidente del Banco Mundial; David Rockefeller y miembros de la familia Ford, entre otros.
Por todo lo anterior, suena a risa cuando el editorial de El País asegura que “la única presión” que realiza el medio “se deriva de nuestro ejercicio de la libre expresión”. Montoya recuerda que “el diario El País tapó todo lo posible los asesinatos de los Gal durante la posdictadura; protegió a ultranza al ‘Señor X’ y a toda la cúpula de Interior implicada mientras otros medios destapaban todos los días detalles del terrorismo de Estado; intentó minimizar sonados casos de corrupción del gonzalismo, como el de Filesa y otros, y fue cómplice fiel de la neoliberalización acelerada que iba experimentando el aparato del Psoe”.

Periodismo o propaganda

“El Times se ha convertido en un apologista de los poderosos”, escribe Robert Parry, quien destapó el escándalo Irán-Contras (Consortiumnews.com, 7-XI-16). En un extenso informe, el periodista de investigación repasa varias situaciones en las cuales el célebre The New York Times “ha extraviado su camino periodístico, convirtiéndose en una plataforma de propaganda”, al aceptar siempre los argumentos del poder.
Rememora la invasión a Irak en 2002, cuando el Times avaló las mentiras de la Casa Blanca sobre las inexistentes armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein, hasta la guerra en Siria. Un caso ejemplar sucedió el 21 de agosto de 2013, cuando un ataque con gas sarín en las afueras de Damasco mató a varios cientos de personas. Nuevamente “el Times se alineó detrás del gobierno de Estados Unidos para culpar al gobierno del presidente sirio Bashar al Asad”. Según Parry, había razones para dudar de la versión oficial, y poco después quedó demostrado que se trató de una provocación de los yihadistas, aunque el periódico no se disculpó ante sus lectores.
“Eso no es periodismo –enfatiza Parry–, es la sumisión sin sentido a la autoridad.” Los viejos criterios de objetividad e imparcialidad que “se supone deben estar en el centro del periodismo” han desaparecido en aras de la propaganda.
Quien se asome estos días a las páginas del Times observará una virulenta ofensiva contra el presidente electo Donald Trump y una sobreexposición de las manifestaciones en su contra, algo inusual en el diario de la Gran Manzana. Este hecho ha llevado a otros analistas a asegurar que las protestas contra Trump son convocadas y apoyadas por páginas adictas al megaespeculador George Soros, inventor de las “revoluciones de color” que propician “cambios de régimen”.
Más allá de la opinión de cada quien sobre Trump, no parece lícito que los medios se sumen a conspiraciones amparados en la “libertad de expresión”. Algo similar ocurrió cuando diarios como The Washington Post, el Times, El País y The Guardian repitieron el aserto de Hillary Clinton de que Trump es “un títere de Vladimir Putin”. ¿Demasiado? Estos días El País asegura, sin pudor, que Europa “está amenazada” por la victoria de Trump, ataca “la estupidez” de sus votantes y dice que su triunfo fue “una rebelión contra la razón y la decencia”. ¿Acaso la invasión y destrucción de Libia y el obsceno asesinato de Gaddafi, que nunca condenaron, fueron racionales y decentes?
“En los tiempos actuales ya no es el valiente periódico que publicó los papeles del Pentágono y la historia secreta de la guerra de Vietnam”, escribe Parry, en relación con The New York Times. La mutación de los grandes medios en apologistas del poder está íntimamente relacionada con su conversión en grandes empresas monopólicas que engordaron gracias a sus relaciones con el poder político.

¿Alternativas?

Es tan grande el poder del grupo Prisa que consiguió que a la reunión del Club del Bilderberg de 2015 no fuera invitado ningún representante del gobierno español. Ese año el grupo de los “amos del mundo” debía tratar “asuntos como la situación política europea, la deriva de la crisis griega y las relaciones de Occidente con Rusia a propósito del conflicto de Ucrania” (El Confidencial, 10-VI-15). El club apoyaba a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para sustituir a un desgastado Mariano Rajoy. Desde el gobierno no ahorraron críticas a Cebrián, que “ha sido uno de los principales impulsores de la supuesta candidatura de la vicepresidenta”.
El último tic del grupo Prisa consiste en poner en una misma bolsa a Trump y a Podemos, un libreto en el que insisten en cada edición desde que se abrieron las urnas en Estados Unidos. Acusando de “populistas” a todos los que cuestionan el neoliberalismo, pretenden igualar el fascismo de Marine Le Pen con el izquierdismo de Pablo Iglesias. Víctimas y victimarios, opresores y oprimidos, equiparados por el rodillo mediático de la prensa del poder.
Como señalaba Fernand Braudel, lo que caracteriza al capitalismo no es la competencia sino los monopolios. No es posible desmontar o regular los monopolios mediáticos como si fueran algo aislado del resto del sistema. Los escasos intentos han fracasado, y todo indica que seguirán fracasando, porque el capital que los controla está tan diversificado que cuando se le corta una cabeza, como a la hidra mitológica, se reproducen varias más.
Tal vez la política para constreñir a los monopolios mediáticos deba ser complementada por otra, que es tan interesante como poco atendida. El último censo de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina revela que en ese país existen casi 200 publicaciones autogestionadas, donde trabajan más de mil personas. Las ediciones en papel tienen un millón de lectores y, si se suman las plataformas digitales, llegan en total a cinco millones, un 15 por ciento de la población del país y un porcentaje mucho mayor de los lectores de medios.
Pese a la crisis económica y al escasísimo aporte estatal, el apoyo a los medios no monopólicos parece ser un camino fértil que, sin embargo, las autoridades uruguayas prácticamente ignoran.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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