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El presidente Alberto Fernández recibió a las familias víctimas de femicidios

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Después de 20 cartas reclamando una audiencia, en el séptimo aniversario del 3J, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Las madres y padres de mujeres asesinadas por la violencia machista describieron cada caso y lo que tienen en común: la falta de justicia, la complicidad policial, la trama narco, la justicia patriarcal y la desidia estatal. Entregaron un petitorio con reclamos concretos, como el efectivo cumplimiento de la Ley Brisa, la dificultad para pagar peritos y abogados. Se fueron con la sensación de haber sido escuchados: «Lo que sigue es pasar a la acción». La carta completa, las familias que participaron y los carteles que lo decían todo: «No estamos para la foto».

Las llamadas llegaron anoche, 2 de junio, entre las 19 y 20 horas: desde la Presidencia de la Nación convocaban así a familiares de víctimas de femicidios a una reunión con el presidente Alberto Fernández, en Casa Rosada, a las 11 de la mañana de este 3J.

Para muchas familias ese apuro implicaba viajar cientos de kilómetros durante la noche para llegar a tiempo. Lo hicieron. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, y Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; por ejemplo, llegaron en tren desde Mar del Plata. Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López, pidieron al municipio que les facilite un auto para viajar durante la madrugada y llegar desde Entre Ríos. César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso, subieron a un micro desde Monte Hermoso. Quienes viven en la ciudad o provincia de Buenos Aires llegaron en colectivo, tren, subtes, pidiendo el día en sus trabajos. 

Valía ese esfuerzo especialmente para las Familias Sobrevivientes de Femicidios que, durante 2 años, venían pidiendo por carta (20 veces) una audiencia al presidente. 

Llegó el día en el que fueron recibidos. 

El presidente Alberto Fernández recibió a las familias víctimas de femicidios
Foto Sebastián Smok

Qué pasó

En el Salón de las Mujeres, en Casa Rosada, cada familia le contó al Presidente lo que le pasó a su hija, no como un acto biográfico, sino como una forma de enlazar los relatos para construir la radiografía femicida.

Quien tomó primero la palabra fue Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, dijo citando al Observatorio Lucía Pérez : «138 femicidios y travesticidios. 14 de ellos son infancias”. Y siguió: “Hay 14 abogados en todo el país para defender a las familias. No hay presupuesto para peritos ni abogados y esto ya se habló con la ministra Gómez Alcorta. Le agradezco mucho señor presidente por habernos recibido después de las 20 cartas que le mandamos”

El encuentro duró más de dos horas.

“Nos escucharon y se hicieron cargo, que no es poco”, dijo a lavaca Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, después de salir de la Casa Rosada. “Quedaron en trabajar, por ejemplo, en poner abogados para las familias. Se habló de la Ley Brisa. Expliqué lo que pasa con los femicidios territoriales, y el vínculo de los asesinatos con los narcos; sobre este tema se quedó en seguir trabajando”. 

El presidente Alberto Fernández recibió a las familias víctimas de femicidios
Marta Montero le describe al Presidente cómo fue el femicidio de su hija: complicidad narco, impunidad judicial y la espera de un nuevo juicio por justicia. Foto Casa Rosada

Gabriela Monzón, mamá de Gisela López, agregó: “Estábamos todos con el mismo dolor. Y es importante que el Presidente nos pueda escuchar; hace cuánto esperábamos eso”. Gisela fue asesinada en Entre Ríos. En su caso, al igual que otros de distintas provincias del país, el Presidente se comprometió a articular con los gobernadores locales para que los femicidios no queden en impunidad. A algunas familias incluso les dio su número de teléfono personal. César, tío de Katherine Moscoso, sumó: “Llevamos 7 años de impunidad, en un pueblo de 8.000 personas, Monte Hermoso. Es todo política, estamos en plena lucha, y es importante que nos reciba, más lejos no podemos llegar”. 

De la reunión participaron: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez; Mónica Ferreyra y Ricardo Fulles, padres de Araceli Fulles; Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu; Alberto Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa; Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso; Facundo Ortiz, papá de Luna Ortiz; Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López; Flavia Pastori, hermana de Sandra Pastori; María Elena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Beatriz Regal y Jorge Tadei, padres de Wanda Tadei; Analía Romero, mamá de Camila Flores; Luciana Orieta, familiar de Mariela Orieta; Néstor García y Andrea Lescano, familiares de Micaela García; y María Rosa Leonelli y Antonella Valdez, familiares de Cintia Cerrudo. Otras familias se sumaron luego, dado que por trabajo no podían asistir, como Yolanda, hermana de Luciana Sequeira. 

Por parte del gobierno estaban: el presidente, Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

“Cuando llegué al Gobierno creé un ministerio, que antes no existía, y lo hice para visibilizar la dimensión del problema que llamamos patriarcado, y que en la realidad es una cultura en donde los hombres sentimos que estamos en una condición superior frente a la mujer. Eso es una vergüenza y no puede suceder más”, fueron algunas de las palabras del Presidente durante la reunión. 

Los gritos

Las familias llevaron las caras, sonrisas, y nombres de sus hijas en carteles, remeras, banderas y pecheras. También llevaron carteles que escritos a mano funcionaban como las urgencias que el Estado debe escuchar, atender, y resolver. Decían: 

  • “Estado presente”
  • “Infancias protegidas”
  • “Justicia justa”
  • “Ni una más”
  • “Queremos justicia, no solo una foto”
  • “Dónde está Tehuel?”

También llevaron un petitorio que sintetizaba tres exigencias concretas:

  1. el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa;
  2. que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género;
  3. el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. ”Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse, el Estado argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos”, escribieron. 
El presidente Alberto Fernández recibió a las familias víctimas de femicidios
Foto Sebastián Smok

A continuación la carta completa: 

Buenos Aires, 3 de junio de 2022

Señor Presidente la Nación

Doctor Alberto Fernández

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación que realizamos se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrarios.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a la justicia y a nuestros derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse el Estado argentino estará dando  un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80,  según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:

a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.

b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutención. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice el acceso  a la justicia y, desde el primer día, la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaría para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territoriales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zonas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policías y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito jurisdiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1)  Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral

2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos

3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

4) Que en los establecimientos educativos cuyas alumnas sean víctimas de femicidios se decrete inmediatamente una jornada de reflexión sobre la violencia femicida de asistencia obligatoria para docentes, el alumnado y las autoridades de la intendencia y abierta a toda la comunidad.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circunstancias y tal cómo ha organizado el Estado para las causas de femicidios, el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible porque es imposible afrontar este camino solos. Y el Estado debe estar desde el minuto uno, ya que no estuvo antes y porque es en las primeras horas donde se juega el destino de toda la causa judicial. Y es justamente ahí, cuando estamos aturdidos por el dolor, cuando el Poder Judicial desvía la investigación y cuando hasta los abogados sin ética se acercan para estafarnos.Luego tenemos que pelear años para anular los fallos y lograr un nuevo juicio, con una investigación ya estropeada. Algunas familias los logramos porque todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro  y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivado de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas.

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Histórico: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación ya está reglamentada

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A 2 años de su sanción el Estado convocó a sellar la reglamentación de la Ley que plantea la equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, obligatoria para el Estado y con incentivos para los privados que la adopten, a nivel federal y con participación de instituciones educativas y gremios. La subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, entre otras funcionarias, aprobaron hoy la conformación de una mesa de trabajo que dará curso a la aplicación de la norma a través de foros participativos en las tres regiones del país. Los detalles de una reunión histórica y por qué hoy cambió el futuro de la profesión.

El Estado saldó una deuda con el oficio: reglamentó la Ley de Equidad en Medios de Comunicación que llevaba casi dos años de espera, luego de la sanción, en 10 de junio de 2021. La reglamentación fue publicada hoy jueves 8 de junio en el Boletín Oficial bajo el decreto 304/2023 con la firma del presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Agustin Rossi; y la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Raquel Cecilia «Kelly» Kismer de Olmos.

Así se avanzó hacia el segundo paso clave que sucedió apenas once horas después de estar publicada: se conformó una mesa de trabajo encargada de avanzar en su aplicación. La reunión fue en el salón del último piso del Ministerio de Trabajo: en la antesala está el escritorio donde trabajaba Eva Duarte de Perón. 

Convocada por la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, participaron las organizaciones fundadoras de la Red Federal  y las funcionarias Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos​ en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Antonia Portaneri, Subsecretaria de Coordinación Política e Institucional; y Miriam Lewin a cargo de la Defensoría del Público de Argentina.

Histórico: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación ya está reglamentada

Voces de la reunión

La convocatoria fue urgente, y así lo expresó Cecilia Cross cuando sostuvo que la principal deuda que se tuvo desde el Poder Ejecutivo fue la demora de la reglamentación. Además, dejó claro que la intención del Ministerio es generar espacios de intercambio para escuchar todas las dema das dela implementación, “que el decreto de reglamentación no sea una excusa para cerrar el debate sino para mantenerlo abierto”, sostuvo. El objetivo es que de acá a 90 días se generen foros en tres regiones del país (norte, centro y sur) donde se establezca la hoja de ruta de acción. También, como la ley es obligatoria para los medios públicos, la mesa analizará en particular los medios de RtA, Telam y Contenidos.

Periodistas Argentinas señaló que el compromiso el impacto  federal: «Nuestra prioridad es que se cumpla en todo el país, empezando por las provincias más alejadas de los centros de decisión. Los procesos que hemos conquistado los impulsa la necesidad social. Esta ley es hija de la lágrima: su raíz es contra las violencias y su objetivo, fortalecer nuestras herramientas de defensa”. 

Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, explicitó el papel formativo en el que pueden aportar las universidades, pero también el de producción de conocimiento y dato duro que permita el despliegue de políticas públicas. 

Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos​ en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, definió a la reglamentación y a la conformación de la mesa de trabajo como el “inicio de un camino” en el que se va a tener que trabajar en desafíos tales como abordar las diversidades de las distintas provincias del país.

Finalmente, la directora Cecilia Cross sintetizó la propuesta del plan de trabajo. «¿Estamos de acuerdo con la moción?», resumió. La respuesta fueron aplausos.

El compromiso: que el proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil no se extienda más allá del 31 de agosto. Se hará mediante foros que contemplen distintos mecanismos de participación, en distintas regiones del país, bajo tópicos de trabajo específicos:  inclusión, formación, violencias, políticas pública y futuro del trabajo.

Sobre la base de las opiniones y reclamos escuchados se redactarán los puntos pendientes de la implementación.

La ley

La ley tiene por objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. A su vez, consagra un régimen obligatorio para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y un régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada con y sin fines de lucro.

En el texto del Boletìn Oficial la reglamentación se fundamenta en: 

  • La Constitución Nacional que establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y que destaca la importancia de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos.
  • Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y aprobados por nuestro país: el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración; el Convenio 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; y el Convenio 190 sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

Más información sobre la Ley de Equidad en Medios se Comunicación:

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Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

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“Este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dice Eugenia, la madre de Kili. «Es una sentencia de terror, totalmente injusta” plantea el abogado Hermindo González. Este jueves se conoció el fallo por el crimen de José «Kili» Rivero, un chico que tenía cuatro años de edad cuando falleció en 2012 víctima de agrotóxicos fumigados a 15 metros de su vivienda por el productor tomatero Oscar Antonio Candussi.

La sentencia del Tribunal Oral de Goya condenó al acusado a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo. Traducción: no irá a la cárcel, y se omitieron las pruebas que muestran que Candussi conocía la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podían provocar en las personas. Sin embargo llevó adelante esta conducta sin interesarse en esos efectos en la salud y la vida humana. El rol sinuoso del fiscal Guillermo Barry. El antecedente casi idéntico de Nicolás Arévalo (también muerto a los 4 años, por envenenamiento fumigador): la tendencia a la impunidad. La investigación en la revista MU, y un video con el ambiente, el paisaje, el abogado y la madre de Kil. La nota y el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación de contaminación y enfermedades que el organismo corroboró durante su investigación en Lavalle, Corrientes.

Diciembre de 2020. “Corrientes: condenan a productor por la muerte de un chico por agrotóxicos, pero no irá a la cárcel”.

El título de esa nota informó sobre el juicio que acababa de terminar para determinar la responsabilidad del productor tomatero Ricardo Prieto. En aquella sentencia, el Tribunal Oral de Goya dictaminó la pena de tres años de prisión condicional por el “homicidio culposo” de Nicolás Arévalo, un chico de cuatro años de edad, ocurrido en 2011.

8 de junio de 2023. Se puede copiar y pegar el párrafo anterior. Se reemplaza Ricardo Prieto por Oscar Antonio Candussi.

Nicolás Arévalo por José “Kili” Rivero.

Y 2011 por 2012.

Lo que no se reemplaza es la impunidad. 

Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

El contexto de la casa familiar en el Paraje Puerto Viejo en Lavalle, Corrientes: quintas de producción tomatera, donde se fumiga con venenos junto a casas y escuelas. (Fotos: lavaca/MU/ Sebastián Smok).

El leve arte de matar

Este jueves el Tribunal Oral de Goya condenó a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo al productor tomatero Oscar Antonio Candussi, por la muerte del nene de 4 años José “Kili” Rivero, en la localidad correntina de Lavalle. El crimen ocurrió en mayo de 2012. Los fundamentos serán leídos el 15 de junio de 2023.

Se encontró culpable a Candussi de fumigar con pesticidas organosfosforados en su plantación de tomates distante a 15 metros de donde vivía Kili Rivero.

Sin embargo, el productor condenado no irá a prisión por tratarse de una pena en suspenso, que establece que no deberá cumplir privado de la libertad.

«La verdad es que siento que no fue el resultado que nos hubiera gustado porque este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dijo a lavaca Eugenia Sánchez, la madre de Kili, tras conocer el fallo.

“Es una sentencia injusta, una sentencia de terror. Vamos a esperar los fundamentos y a presentar el recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia provincial revoque el fallo”, planteó el abogado querellante Hermindo González ante la consulta de esta agencia.

Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

Kili y su hermana murieron por enfermedades asociadas a los agrotóxicos. En la foto, su madre, Eugenia, en la huerta familiar donde cultivan diversidad, sin venenos: allí cuelga una parra sembrada por Kili: “Él era mi ayudante; cultivaba, tenía las manos del papá, la mano de las plantas”, cuenta en la entrevista concedida a MU. (Fotos: Lavaca/ MU/ Sebastián Smok).

El (in)cumplimiento efectivo

¿Por qué considera que Candussi debió ser juzgado por homicidio simple? Responde el abogado: “Porque la acción encuadra dentro de la figura de dolo eventual. Quiere decir que conociendo la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podía provocar en las personas, llevó adelante esta conducta sin interesarse en la salud y la vida humana. Sin dudas, merece una pena de cumplimiento efectivo”.

El fiscal del juicio se llama Guillermo Barry y en sus alegatos sostuvo que el imputado tuvo la culpa por estar acreditada la existencia del hecho y porque si tomaba los recaudos necesarios para realizar esa actividad, no hubiera provocado el daño. Sin embargo, pese a que su actividad provocó la muerte de Kili Rivero Guillermo Barry solicitó que se lo condene por el delito de homicidio culposo, con una pena de tres años en suspenso.

“El fiscal acreditó casi lo mismo que yo, sin embargo pidió sólo tres años y en suspenso. Habría que preguntarle a Barry cuál es su criterio para sostener ese pedido, porque no se entiende cómo si hizo una construcción muy similar a la mía, pida eso; es algo increíble” dice el abogado.

En el último número de la revista MU publicamos una investigación sobre el estado de las cosas en Lavalle, Corrientes.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con el fiscal Barry pero no respondió los reiterados llamados.

Asesinato x 2

Hermindo González expresó así su indignación ante el fallo: “No es una condena, es casi un beneficio, un privilegio. Y para toda la comunidad una burla; es ratificar que hay sectores protegidos para cometer este tipo de hechos y abre la puerta a que se continúe de la misma manera, sin que importe la vida de los pibes de Corrientes”.

El abogado traza una distinción: “Desde el punto de vista objetivo y profesional me sorprende el fallo porque los elementos probatorios marcan otra cosa; ahora, desde el punto de vista subjetivo y de comprender el funcionamiento del poder judicial y el modo en que ayuda a estos sectores, no me sorprende para nada”.

La sensación: “Es muy mala, no es la sensación de haber obtenido justicia. La familia está muy mal, el padre se descompuso dos veces; vinieron con la esperanza de que pudieran tener algo de esa justicia tan anhelada durante 11 años, pero se van con lo mismo o peor, porque vinieron con su hijo asesinado y se van con su hijo asesinado por segunda vez. Esta sentencia lo vuelve a matar a Kili”.

Aquí acompañamos la nota de lavaca, publicada por la periodista Anabel Pomar, que incluye el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación en Lavalle, Corrientes.

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Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

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Cinematique Abasto es una expresión que combina teatro, música y cine, y forma parte de Abasto in situ, un ciclo de obras realizadas en el espacio público que busca fortalecer los vínculos entre las artes escénicas y el barrio. La obra es un intento por frenar en público el curso de los acontecimientos. Un grupo de chicas vestidas de rojo, nos invitan a transitar un momento “fuera del tiempo”: con la actuación, las melodías, las imágenes y con nuestra complicidad, es altamente probable que se logre el objetivo.

¡Hola mundo! ¿Cómo estás? Saluda desde la ventana. Y ese mundo abarca al grupo de chicos que cruzan por Gallo en dirección a Tucumán, a la señora que pasa con su changuito semilleno, a la pareja que camina de la mano, al papá con su pequeña hija y también a quienes estamos sentadxs en cuatro filas de sillas que dejan libre la vereda de la fachada de Roseti Espacio y arrancan justo detrás del cordón amarillo.  Y ese mundo no solo saluda a las personas, sino a un entramado de vivencias, gestos, recuerdos, a eso que somos más allá de nuestras ropas, a lo que no podemos dejar en casa sino que siempre viene con nosotrxs. Cuando arranca Cinematique Abasto, el presente adquiere el peso contundente de la atención puesta delante de los ojos y la liviandad de los momentos en que ruedan sobre las espaldas los pensamientos inútiles.  Los sábados a las cuatro de la tarde, en el barrio del Abasto, sucede lo extraordinario: el tiempo se detiene.

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Teatro filma barrio para hacer cine (foto gentileza Festival Abasto in Situ).

El arte del recreo

Dos chicas se asoman por las ventanas, una por la puerta. Otra toca el piano dentro de la casona pero no la vemos, todavía. Todas visten de rojo. Nos dan la bienvenida y entonan ese tipo de canciones que son producto de un momento determinado, de algo que sucedió, nos sacudió y la euforia nos lleva a expresarlo en una frase contenida en una melodía. Cantan y también hablan con la gente que pasa por allí. Entonces aparece lo inesperado. Las personas abordadas responden las preguntas, sonríen, saludan. Algunas continúan su marcha, otras se quedan. Una es recibida con una historia surgida de la imaginación de una de las chicas de rojo. Quizás algo de lo que cuenta sea cierto o quizás no, pero eso nunca lo sabremos. La mujer ríe y sigue camino.

Cinematique Abasto es un recreo, una manera de mirar el mundo, un método para celebrar el juego. El cine también tiene su lugar dentro de la casona. Y lo que vemos no es una película ya filmada sino la filmación de una película. Una forma de intuir que cada vida puede ser tomada como un film en constante “Rec”, con un director/a/e que tendrá que tener en cuenta la magia de lo imprevisible. En esta ocasión, una hora y media después, nos espera un final. “Si este fuera el final ¿con quién te gustaría estar?”. Queda flotando en el aire la pregunta que nos hace la chica que antes tocó el piano y ahora toca la guitarra, a un par de cuadras de Roseti Espacio, porque la vida no es quedarse quietx, entonces a esta altura ya estamos en otro lugar.

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Foto gentileza Festival Abasto in Situ.

Fundirse con la calle

Las actrices son Dana Crosa, Denisse Van der Ploeg, Micaela Tapia y Delfina Oyuela, dirigidas por Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, con dramaturgia de todes, sumadxs Milva Leonardi y Gonzalo Bao.  Dana cuenta: “El objetivo desde el principio fue que el teatro se mezcle y se funda con la calle. Todo lo que sucede con la gente es lo más rico y más vivo de la obra, porque es lo que está pasando en el barrio en ese momento y es el gesto que también tiene la obra hacia el afuera, que es transformar la realidad. Es un intento de detener el mundo y el mundo se suele detener, aunque sea breve, fugaz pero se detiene y cuando pasa es espectacular”.  

Delfina, quien se dedica a la música y en esta obra se descubrió pianista, aporta: “En algún punto es una historia que podrÍa no ser contada. Habla de un montón de cosas y de nada a la vez. No se ocupa de algo grandioso, intenta agarrar lo pequeño y que a la vez es lo más grande de la vida. La obra no está hablando de ninguna gran hazaña, ni drama, no se ocupa de grandes tareas, es una especie de gran celebración, de reflexión, de juego. No sabemos quiénes son las chicas, si existen, si son seres fantásticos que logran entrar en algo del interior del ser humano”.

Roseti Espacio

Gallo 760, CABA

Sábados, 16 hs, hasta el 15 de julio

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Las actrices de de Cinematique Abasto (foto, y foto de portada: Francisco Castro Pizzo).

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LA NUEVA MU. Verdad o consecuencia

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