Nota
El presidente Alberto Fernández recibió a las familias víctimas de femicidios

Después de 20 cartas reclamando una audiencia, en el séptimo aniversario del 3J, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Las madres y padres de mujeres asesinadas por la violencia machista describieron cada caso y lo que tienen en común: la falta de justicia, la complicidad policial, la trama narco, la justicia patriarcal y la desidia estatal. Entregaron un petitorio con reclamos concretos, como el efectivo cumplimiento de la Ley Brisa, la dificultad para pagar peritos y abogados. Se fueron con la sensación de haber sido escuchados: «Lo que sigue es pasar a la acción». La carta completa, las familias que participaron y los carteles que lo decían todo: «No estamos para la foto».
Las llamadas llegaron anoche, 2 de junio, entre las 19 y 20 horas: desde la Presidencia de la Nación convocaban así a familiares de víctimas de femicidios a una reunión con el presidente Alberto Fernández, en Casa Rosada, a las 11 de la mañana de este 3J.
Para muchas familias ese apuro implicaba viajar cientos de kilómetros durante la noche para llegar a tiempo. Lo hicieron. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, y Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; por ejemplo, llegaron en tren desde Mar del Plata. Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López, pidieron al municipio que les facilite un auto para viajar durante la madrugada y llegar desde Entre Ríos. César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso, subieron a un micro desde Monte Hermoso. Quienes viven en la ciudad o provincia de Buenos Aires llegaron en colectivo, tren, subtes, pidiendo el día en sus trabajos.
Valía ese esfuerzo especialmente para las Familias Sobrevivientes de Femicidios que, durante 2 años, venían pidiendo por carta (20 veces) una audiencia al presidente.
Llegó el día en el que fueron recibidos.

Qué pasó
En el Salón de las Mujeres, en Casa Rosada, cada familia le contó al Presidente lo que le pasó a su hija, no como un acto biográfico, sino como una forma de enlazar los relatos para construir la radiografía femicida.
Quien tomó primero la palabra fue Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, dijo citando al Observatorio Lucía Pérez : «138 femicidios y travesticidios. 14 de ellos son infancias”. Y siguió: “Hay 14 abogados en todo el país para defender a las familias. No hay presupuesto para peritos ni abogados y esto ya se habló con la ministra Gómez Alcorta. Le agradezco mucho señor presidente por habernos recibido después de las 20 cartas que le mandamos”
El encuentro duró más de dos horas.
“Nos escucharon y se hicieron cargo, que no es poco”, dijo a lavaca Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, después de salir de la Casa Rosada. “Quedaron en trabajar, por ejemplo, en poner abogados para las familias. Se habló de la Ley Brisa. Expliqué lo que pasa con los femicidios territoriales, y el vínculo de los asesinatos con los narcos; sobre este tema se quedó en seguir trabajando”.

Gabriela Monzón, mamá de Gisela López, agregó: “Estábamos todos con el mismo dolor. Y es importante que el Presidente nos pueda escuchar; hace cuánto esperábamos eso”. Gisela fue asesinada en Entre Ríos. En su caso, al igual que otros de distintas provincias del país, el Presidente se comprometió a articular con los gobernadores locales para que los femicidios no queden en impunidad. A algunas familias incluso les dio su número de teléfono personal. César, tío de Katherine Moscoso, sumó: “Llevamos 7 años de impunidad, en un pueblo de 8.000 personas, Monte Hermoso. Es todo política, estamos en plena lucha, y es importante que nos reciba, más lejos no podemos llegar”.
De la reunión participaron: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez; Mónica Ferreyra y Ricardo Fulles, padres de Araceli Fulles; Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu; Alberto Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa; Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso; Facundo Ortiz, papá de Luna Ortiz; Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López; Flavia Pastori, hermana de Sandra Pastori; María Elena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Beatriz Regal y Jorge Tadei, padres de Wanda Tadei; Analía Romero, mamá de Camila Flores; Luciana Orieta, familiar de Mariela Orieta; Néstor García y Andrea Lescano, familiares de Micaela García; y María Rosa Leonelli y Antonella Valdez, familiares de Cintia Cerrudo. Otras familias se sumaron luego, dado que por trabajo no podían asistir, como Yolanda, hermana de Luciana Sequeira.



Por parte del gobierno estaban: el presidente, Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
“Cuando llegué al Gobierno creé un ministerio, que antes no existía, y lo hice para visibilizar la dimensión del problema que llamamos patriarcado, y que en la realidad es una cultura en donde los hombres sentimos que estamos en una condición superior frente a la mujer. Eso es una vergüenza y no puede suceder más”, fueron algunas de las palabras del Presidente durante la reunión.
Los gritos
Las familias llevaron las caras, sonrisas, y nombres de sus hijas en carteles, remeras, banderas y pecheras. También llevaron carteles que escritos a mano funcionaban como las urgencias que el Estado debe escuchar, atender, y resolver. Decían:
- “Estado presente”
- “Infancias protegidas”
- “Justicia justa”
- “Ni una más”
- “Queremos justicia, no solo una foto”
- “Dónde está Tehuel?”
También llevaron un petitorio que sintetizaba tres exigencias concretas:
- el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa;
- que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género;
- el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. ”Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse, el Estado argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos”, escribieron.

A continuación la carta completa:
Buenos Aires, 3 de junio de 2022
Señor Presidente la Nación
Doctor Alberto Fernández
En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación que realizamos se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrarios.
Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.
Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.
Así, la puerta de acceso a la justicia y a nuestros derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.
Así, no podemos seguir ni un día más.
Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse el Estado argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.
Nuestras tres exigencias son las siguientes:
1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:
El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.
En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80, según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.
Reglamentación actual:
A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.
Reglamentación necesaria:
Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutención. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.
2) Exigimos que el Estado garantice el acceso a la justicia y, desde el primer día, la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.
En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaría para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.
Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territoriales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zonas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.
a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.
b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policías y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito jurisdiccional controlado por las redes que produjeron el delito.
b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.
c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.
d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.
f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.
g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.
h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.
h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:
1) Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral
2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos
3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.
4) Que en los establecimientos educativos cuyas alumnas sean víctimas de femicidios se decrete inmediatamente una jornada de reflexión sobre la violencia femicida de asistencia obligatoria para docentes, el alumnado y las autoridades de la intendencia y abierta a toda la comunidad.
3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.
La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.
Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.
En las actuales circunstancias y tal cómo ha organizado el Estado para las causas de femicidios, el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible porque es imposible afrontar este camino solos. Y el Estado debe estar desde el minuto uno, ya que no estuvo antes y porque es en las primeras horas donde se juega el destino de toda la causa judicial. Y es justamente ahí, cuando estamos aturdidos por el dolor, cuando el Poder Judicial desvía la investigación y cuando hasta los abogados sin ética se acercan para estafarnos.Luego tenemos que pelear años para anular los fallos y lograr un nuevo juicio, con una investigación ya estropeada. Algunas familias los logramos porque todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro y presente.
Exigimos:
1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.
2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivado de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas.
Nota
Cecilia Basaldúa: gracias a la lucha familiar designan un nuevo fiscal en la causa

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte llevó a Córdoba una carpeta con miles de firmas que reclamaban la designación de un nuevo fiscal. Lo lograron: después de la feria judicial tomará la causa Nelson Lingua. ¿Qué debe investigar? El rol de Mainardi y su círculo en el femicidio, la casa con manchas de sangre a pocos metros del lugar de hallazgo del cuerpo, la complicidad policial y el intento de la fiscal Paula Kelm de inculpar a un perejil. Todo lo que debe hacer una familia para conseguir justicia, cuando el Estado encubre.
Por Bernardina Rosini
desde Córdoba
Susana y Daniel Basaldúa entraron a la oficina del Fiscal General de Córdoba con una carpeta con miles de firmas de apoyo al pedido de designación de un fiscal para la investigación del femicidio de Cecilia de manera urgente. Lo lograron: fueron recibidos con la novedad de que después de un año y medio se hará cargo de la causa Nelson Lingua. Los padres de la joven asesinada en Capilla del Monte en 2020 estuvieron acompañados por decenas de personas, entre las que se encontraban sus abogadas, Daniela Pavón y Gisela Videla y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Gerardo Battistón.
La lucha por un fiscal
Desde que el entonces fiscal a cargo, Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, se jubiló, la instrucción quedó en punto muerto. Esta inacción motivó en junio pasado una primera reunión con el fiscal general Juan Manuel Salgado, sin resultados. Esta nueva reunión fue distinta, según Daniel Basaldúa expresó luego del encuentro: “Nosotros veníamos a exigir un fiscal que tome la investigación: por ese lado, saldo positivo. Venimos hace meses con una investigación que no tenía una persona a cargo y se la pasaban de mano cada 10 días. Vinimos con 3.000 firmas pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”.
El padre de Cecilia se muestra satisfecho con esta designación y con el compromiso que acompañó el Fiscal General de ocuparse personalmente que la investigación se mantenga activa y de informarse mensualmente de lo que vaya aconteciendo en la instrucción.


Lo que no se investiga
Desde el momento del hallazgo del cuerpo en abril de 2020 la familia de Cecilia sostiene que las líneas de investigación del crimen han sido deliberadamente manipuladas y material probatorio de contundencia, ignorado. Tal es es así que el juicio realizado en el año 2022 se sostenía únicamente en la confesión lograda a base de puños y amenazas por parte de personal policial a Lucas Bustos, un joven poblador rural sobre el cual no pesaba ninguna prueba siquiera que haya conocido a Cecilia.
Por el otro lado, las sospechas familiares recaen sobre Mario Mainardi, última persona que con certeza se sabe vió con vida a Cecilia y a quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa; entre otros aspectos que lo implican y que fueron descartados exhibiendo cuanto menos, intencionalidad de encubrimiento, jamás investigados.
Estas cuestiones fueron nuevamente expresadas por el matrimonio Basaldúa y sus representantes ayer en el Palacio de Tribunales, en la oficina del Fiscal General. “Existe un claro interés de no investigar lo que propone la familia” afirma Daniela Pavón. La abogada comparte su preocupación por el tiempo perdido: “Semanas atrás hubo un incendio en una casa de Capilla del Monte que había sido señalada como un posible escenario del crimen”.


La casa
En medio de la pandemia los dueños de esa casa de veraneo se acercaron a chequearla y se encontraron que en una de las habitaciones estaba manchada de sangre. Los propietarios realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. La ubicación de la casa es a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.
La fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado y, a unos pocos metros, un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre. Pero sin embargo no dió curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron. “Tememos que se haya perdido mucho material probatorio por falta de trabajo, de desidia de la fiscalía. Solicitamos hace mucho tiempo que se realicen las pericias y se tomen las muestras en ese lugar. Esperamos con ansias que haya un cambio de ritmo y de eficacia en la investigación con la incorporación y el liderazgo del doctor Lingua”, dice Pavón.

La corrupción
La construcción para intentar inculpar a un perejil realizada por la fiscal Paula Kelm y posteriormente el fiscal de Cámara Sergio Cuello en el juicio contra Lucas Bustos se deshizo por carecer de pruebas. Y si lo que se presenta claro y manifiesto es desestimado, la complicidad policial y judicial parece ya evidente.
¿Tomará el nuevo fiscal Lingua las líneas de investigación que señala la familia?
Mientras eso está por verse, Daniel y Susana participan hoy en la 17° Marcha de la Gorra en Córdoba capital y luego estarán en Capilla del Monte para seguir reclamando justicia en las calles.

Nota
Luna hace escuela: presentan una placa recordatoria de la joven asesinada, en reclamo de justicia

La joven de 19 años iba a la primaria n° 18 de Tigre, donde ayer se descubrió una placa para recordar su femicidio y reclamar justicia. El femicida Isaías Villarreal vive cerca de esa institución y de la casa de la familia Luna. El acompañamiento de las y los alumnos, de organizaciones sociales, del Ministerio de Mujeres bonaerense, y las palabras de sus padres.
«Es un momento importante: el Estado está reconociendo que es un femicidio. Falta que la justicia lo pueda ver”.
Marisa, mamá de Luna Ortiz, dice estas palabras frente a la escuela primaria n°18 de Tigre adónde iba su hija. Ahí, sobre la vereda y a metros de la puerta, se presentó ayer martes 6 de diciembre una señalización con la cara de Luna y una inscripción con una frase de la banda Callejeros que la recuerda: «Hoy desde el cielo me guian tus ojos a donde voy».


Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas de 6to grado armaron guirnaldas de carteles que en letra imprenta piden que frene la violencia: «Si me querés no me grites», «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio», «no más maltrato», «nos queremos vivas y libres».
«Es una reparación», dice Facundo, su papá, acompañado por otros familiares de víctimas de femicidios que viajaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por vecinas, amigas de Luna, y por autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense.
Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal.
Dos años después, el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” por lo que finalmente el femicida recibió una pena de 4 años y 11 meses.




Con el cambio de carátula, Villareal consiguió en 2022 la excarcelación. Desde entonces vive a pocas cuadras de la casa de donde vivía Luna, en el mismo barrio en donde ahora se la recuerda en la escuela.
Por eso Ailén, amiga de Luna, dice: «Para mí es plasmar que acá no está todo bien, que si él está en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y ojalá la justicia algún día revea el error que cometió».




Nota
Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar

Las Asambleas por un Mar Libre de petroleras que ya llegan a gran parte de las costas argentinas realizaron una nueva movilización (la número 24) como todos los 4 de cada mes. En Mar del Plata, donde nació esta movida, fueron desde la Municipalidad hasta la Playa Popular, para manifestarse entrando al mar contra la pretensión de explotar las profundidades marinas sin licencia social y sin que se conozcan las consecuencias ambientales que se generarán. Luego hicieron una fogata contra el extractivismo.
La fecha es heredera y homenaje a las marchas antimineras que se producen también los días 4, desde que Esquel inauguró ese hábito social y ambiental en 2002. Este lunes hubo marchas entonces no solo en Mar del Plata sino también todo Chubut. Son las últimas previas a la asunción de un nuevo gobierno. En Mar del Plata, todo estará luego dirigido al 4 de enero, plena temporada, cuando además se cumplirán dos años del primer Atlanticazo. Como lo reflejó esta página el mes pasado, distintas localidades costeras del país se sumaron también este 4 a toda esta movida socioambiental en defensa del mar. (La revista MU está preparando una producción especial sobre el tema para la edición de diciembre, tras haber viajado a Mar del Plata).
¿Qué es el bombardeo acústico?
La asamblea hizo llegar a lavaca el mapa que refleja el parcelamiento del mar que están obteniendo las petroleras para realizar sus actividades, con notable colaboración de la política oficial y la judicial (Corte Suprema) en contra del medio ambiente. Ya son 38 «bloques» destinados a esas empresas, cuenta Silvina Álvarez, integrante de la asamblea: «Esto implica a toda la franja costera y a territorios que van a estar impactados. En Mar del Plata tenemos un sector del puerto que se le concesionó gratuitamente a Equinor, una corporación que trabaja con YPF». Se desconoce aun si los anuncios de motosierra llegarán a este gasto público.

El mapa muestra que el Mar Argentino fue sometido a una suerte de fraccionamiento: la gran zona rosada que acompaña al 70% de las costas es la que corresponde a las llamadas “prospecciones” que en la práctica implican una búsqueda sísmica mediante violentos y permanentes bombardeos acústicos para detectar áreas petroleras, causando estragos en la fauna marina, especialmente las ballenas, “destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático” explica la asamblea. “Es como si fuera todo el estruendo de cohetes de un año nuevo, pero dentro del mar y durante tres meses seguidos” explicó Silvina Ávarez a lavaca.
Esa acción sísimica de las naves de las corporaciones fue iniciada casi sin conocimiento público durante el gobierno macrista.
El resto de las zonas coloridas que se observan representa las áreas de exploración tanto en el norte como en el sur del Mar Argentino, con el nombre de las corporaciones encargadas de cada parcela.

El no cambio climático
Sobre la marcha en Mar del Plata contó Jazmín Safi a lavaca: “Tuvo muy buena convocatoria, más tratándose de un lunes, y apuntando a la acción del mes que viene, cuando cumplamos los dos años del primer Atlanticazo”.
El documento marplatense plantea un panorama sobre el presente: “En 6 días asume la presidencia Javier Milei, con promesas de más ajuste, más entrega y más represión. Los planes de la ultraderecha son profundizar el camino ya trazado por los anteriores gobiernos. Por eso es tan importante que hoy estemos en las calles, demostrando que gobierne quien gobierne seguiremos peleando por nuestros derechos y que no abandonaremos la defensa de los territorios y la vida”.
Sobre la extraña COP 28 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se desarrolla en Dubai, capital de un enclave justamente petrolero como Emiratos Árabes, plantean los asambleístas: “Esta reunión donde gobiernos y empresas se deben comprometer con acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar así el colapso climático que pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies incluida la nuestra, paradójicamente se está desarrollando en Dubai, demostrando el poder de la industria petrolera mundial que sigue condicionando las políticas ambientales destinadas a frenar el aumento de la temperatura global”.

Dato sobre la representación argentina: “La delegación argentina está encabezada por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, quien es responsable de haber firmado cada una de las Declaraciones de Impacto Ambiental a los proyectos de exploración sísmica y pozo exploratorio presentados por las corporaciones petroleras, luego de realizar falsas Audiencias Públicas, incumpliendo así tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú”.
Contaminación, negacionismo y otros
¿Cuál es la situación actual? El documento marplatense informa: “Mientras tanto, el buque BGP Prospector sigue desplazándose a su antojo por las costas bonaerenses hasta las de Río Negro y Chubut, bombardeando el mar y destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático. Por su parte, el Estado nacional a través del Consejo Federal Pesquero y la Armada Argentina, rechazaron el pedido del Instituto de Conservación de Ballenas para relevar datos sobre los efectos de la sísmica en curso, porque podrían “entorpecer la prospección”. Así se demuestra nuevamente una profunda sumisión a los intereses de las corporaciones”.

La asamblea repasa otros conflictos del presente, como el caso de la Legislatura rionegrina, que votará esta semana tres leyes pro mineras con lo que se habilitaría la megaminería y el negocio inmobiliario en zonas resguardadas hasta ahora, “intensificando el saqueo y el despojo a las comunidades”.
Sobre el poder judicial: “Una justicia que sigue operando en favor de proyectos extractivistas como la Ley de Semillas avalada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación en el que se le reconocen derechos de patente sobre las semillas a la corporación Bayer Monsanto, y que a su vez se niega a admitir la causa contra la empresa contaminante Porta hermanos, presentada hace más de tres años por vecines de Córdoba Los mismos jueces que se expidieron contra el recurso de queja presentado por organizaciones y abogades, dando así luz verde al proyecto petrolero offshore”.

Dos lemas asamblearios cierran el documento: “Somos mares, somos naturaleza, somos comunidades costeras” y “No es no”. La próxima marcha será con un gobierno cuyos candidatos han planteado públicamente que contaminar el agua no es un problema ni un delito, que niegan el cambio climático y que agitan la amenaza de represión como su modo de entender la convivencia democrática.

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