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El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda

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El crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso qom fue una excepción, por la viralización de un video. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.

Por Darío Aranda

Periodista, autor de Argentina originaria (Lavaca editora).

  

Un allanamiento violento. Golpes, torturas y abuso a las mujeres.

Disparos por la espalda a un adolescente que queda al borde de la muerte. Ningún procesado.

Detienen a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y lo dejan, durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie.

Asesinato de un abuelo qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado.

Una decena de niños wichí mueren de hambre. Se inauguran “mesas contra el hambre”. Pasan las semanas. Nada estructural cambia.

Otro disparo por la espalda. Asesinato. Ningún detenido.

Los hechos sucedieron en Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.

Lo sufrieron integrantes de los pueblos Qom, Wichí y Mapuche.

   Asesinatos impunes

El 10 de noviembre de 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de ruta de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Asesinó al abuelo qom Roberto López. A casi diez años del hecho, aún no hubo juicio. Y los únicos procesados son los propios qom. No se investigó a los efectivos policiales y mucho menos al poder político que ordenó la represión.

Niños de la comunidad qom La Primvera, donde fue asesinado Roberto López.

El 25 de noviembre de 2017, la Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimió a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (cercanías de Bariloche). Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la espalda. También fueron heridas otras cuatro personas. Se identificó quién disparó, el prefecto el cabo Francisco Javier Pintos. Está en libertad, a la espera de un juicio que no tiene fecha.

Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por el Estado, a través de la Prefectura, en Villa Mascardi (Bariloche).

Dos nombres de una larga lista.

En los últimos años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé -beba de 10 meses- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco). Son sólo algunos de los nombres de una lista más extensa.

   2020

1º de abril. Pampa del Indio, Chaco. La comunidad qom Campo Medina trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo y cosecha algodón. Los qom también hacen changas fuera de la comunidad, pero se terminaron por completo con la pandemia del coronavirus. El 1º de abril, el qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a “mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la estancia Don Panos, 96.000 hectáreas propiedad de Unitec Agro, empresa del Grupo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue trasladado de urgencia a la capital provincial y permaneció una semana en terapia intensiva. Los agresores, empleados de la estancia y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.

22 abril. La comunidad Mbya Guaraní de Perutí está ubicada en el municipio de El Alcázar (en Misiones, a 100 kilómetros de Posadas). Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones) y entregó tarjetas alimentarias e insumos al recientemente destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la comunidad (que exigían se reconozca al nuevo cacique, Hugo Cristian Cabrera, y pedían ayuda alimentaria para enfrentar la pandemia), efectivos policiales golpearon a hombres y mujeres. Dos adolescentes (de 13 y 16 años) fueron heridos.

29 de abril. A las 11.30 una patota ingresó a la comunidad mapuche Buenuleo en la ladera sur del Cerro Ventana (Bariloche, Río Negro). En el marco de una disputa territorial, golpearon a hombres y mujeres de la comunidad, realizaron destrozos en las viviendas. Hirieron con un arma blanca a uno de los referentes mapuches. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche había emitido un comunicado ante la represión del 29 de abril: “Lo que ocurrió es de una violencia institucional inusitada y una grave responsabilidad del secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, quien es jefe político de la policía de Río Negro y de los efectivos de la comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona para que se produzca la agresión”.

7 de mayo. A las 8 de la mañana, la policía de Santa Fe realizó un gran operativo policial en el barrio municipal Toba de Rosario, zona oeste de la ciudad. Los efectivos rompieron puertas y esposaron a una decena de habitantes, sin explicar qué buscaban ni mostrar orden judicial. La mayor parte de las personas del barrio pertenecen a los pueblos originarios Qom y Moqoit. Además de la rotura de puertas y otros elementos de las viviendas, también denunciaron el robo (por parte de los efectivos) de electrodomésticos y de dinero en efectivo.

13 de mayo. La organización “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” se movilizó en Sauzalito (Chaco) denunciando la complicidad policial con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y detuvo a uno de sus referentes (Carlos José Peñaloza). Fue liberado recién dos días después, el 15 de mayo a la noche. “Me maltrataron. A la noche me sacaron toda la ropa. Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”, relató Peñaloza. La Guardia Comunitaria denunció la detención arbitraria y las torturas. También señaló que la Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal. Los wichí denunciaron al Poder Judicial y al poder político de Chaco: “A muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a muchos les molesta que existamos”.  

Miembros de una de las comunidades wichi.

14 de mayo. A las 5.30 de la mañana, más de 130 efectivos de la policía de Salta llegaron hasta un predio ubicado en la vera de la ruta 34 (Tartagal), vecino a tres barrios de mayoría indígena. El campo, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150 familias que necesitaban construir sus viviendas. El desalojo fue violento, con el saldo de una decena de heridos. La policía ni siquiera permitió que las familias retiren sus pertenencias. Luego del desalojo, además,  la policía inició una persecución por los barrios Nacional, Misión Cherenta y Misión Los Tobas.

21 de mayo. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (Bariloche, Rio Negro), la misma donde fue asesinado Rafael Nahuel, denunció que fue agredida por la policía local, con ataques de armas de fuego y alertaron que los efectivos también provocaron un incendio. «Hacemos responsable al Estado nacional, provincial y municipal ante cualquier suceso que les pase a nuestros peñi pu lagmien. Denunciamos los montajes y la persecución, quieren que nos vayamos de este territorio tan fértil para nosotros y tan valorado monetariamente para ellos. Nosotros somos mapuche y no nos vamos por más que tengamos otro caído en el territorio, vamos a seguir firmes luchando en este lugar. Por la memoria de Rafita Nahuel seguimos resistiendo y vamos a seguir estando acá en este territorio que nos pertenece como mapuche», advirtió en el comunicado el Lof Lafken Winkul Mapu.

31 de mayo. La policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda de una familia qom, en el el barrio Bandera Argentina, en la localidad de Fontana (el Gran Resistencia). El momento fue filmado con un teléfono desde adentro de la casa. Golpes de puño para hombres y mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las mujeres y torturas para todos.

Los jóvenes qom atacados, golpeados e insultados este 31 de mao. Les dierron «infectados» y les tiraron alcohol amenazándolos con prenderles fuego.

“Indios infectados”, denunció la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco que les gritaban a los qom detenidos. También precisaron que les arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego.

En el contexto del asesinato George Floyd en Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana.

El domingo 31 de mayo en Fontana hubo una cámara que filmó la violencia policial. Una imagen puede más que mil palabras e incluso más que años de denuncias. El hecho llegó a medios provinciales, luego porteños. Quienes habitualmente no miran a los pueblos indígenas, esta vez sí dieron la noticia. Los funcionarios no pudieron mirar para otro lado.

La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco solicitó ser querellante en la causa. Pero el gobernador Jorge Capitanich no se refirió en ningún momento sobre el accionar de su policía.

El presidente Alberto Fernández emitió un twitt el 2 de junio: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Cinco días antes, el Presidente visitó la vecina Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, que en diciembre pasado asumió su séptimo mandato consecutivo. Insfrán acumula denuncias de todo tipo, desde corrupción hasta despotismo y vulneración de los derechos humanos. En particular quedó al descubierto su accionar desde 2010, por la violencia oficial sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Amnistía Internacional, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Nora Cortiñas, entre otros, denunciaron en reiterados momentos el accionar de Insfrán.

El presidente Alberto Fernández lo abrazó en público y no dejó dudas de su evaluación sobre Insfrán: «La mayor obsesión de Gildo es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana».

   Genocidio sin Nunca Más

Desaparecidos. Torturas. Robos de niños. Campos de concentración. Asesinatos. Son acciones que ejecutó la última dictadura cívico militar en Argentina.

Un siglo antes, el Estado argentino cometió las mismas atrocidades sobre los pueblos indígenas, pero aún hoy amplios sectores de la población (y de la casta dirigente) niegan que se trate de un genocidio.

El Ejército ejecutó campañas militares hacia el Sur (quizá la más conocida, la mal llamada “Conquista del Desierto”), al Oeste y al Norte. “La Argentina se fundó sobre un genocidio”, gritan desde hace décadas los pueblos indígenas. Diana Lenton, referente de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo explicó ya en 2010 con destreza docente: “No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios”.

¿Cuál podría ser la reparación para el genocidio indígena? Lo debieran decidir las propias comunidades originarias. Pero sin dudas incluirían algo elemental para la vida: el territorio.

Justamente el territorio es lo que los gobiernos no quieren ceder a los pueblos originarios. Si hay una política de Estado en Argentina es el extractivismo (minero, petrolero, de agronegocio, forestal). Las leyes extractivas las sancionó el menemismo y se aplicaron a rajatabla durante los últimos gobiernos. Alberto Fernández en plena campaña anunció que el agro transgénico, la megaminería (de oro, cobre, plata, litio) y Vaca Muerta serían su prioridad. Y está cumpliendo esa palabra.

   “Blanquitos y europeos”

“Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015.

“Soy hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos».

Alberto Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho: «No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa».

Ante la violencia en Chaco, el Colegio de Graduados en Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas. “La matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina ‘que bajó de los barcos’ no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país, y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios”, afirmó el Colegio de Antropogía.

La abuela huerpe Paz Argentina Quiroga, de San Juan, ya lo había alertado en 2012: “Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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