Nota
El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios. Por Darío Aranda
El crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso qom fue una excepción, por la viralización de un video. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.
Por Darío Aranda
Periodista, autor de Argentina originaria (Lavaca editora).
Un allanamiento violento. Golpes, torturas y abuso a las mujeres.
Disparos por la espalda a un adolescente que queda al borde de la muerte. Ningún procesado.
Detienen a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y lo dejan, durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie.
Asesinato de un abuelo qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado.
Una decena de niños wichí mueren de hambre. Se inauguran “mesas contra el hambre”. Pasan las semanas. Nada estructural cambia.
Otro disparo por la espalda. Asesinato. Ningún detenido.
Los hechos sucedieron en Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.
Lo sufrieron integrantes de los pueblos Qom, Wichí y Mapuche.
Asesinatos impunes
El 10 de noviembre de 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de ruta de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Asesinó al abuelo qom Roberto López. A casi diez años del hecho, aún no hubo juicio. Y los únicos procesados son los propios qom. No se investigó a los efectivos policiales y mucho menos al poder político que ordenó la represión.

El 25 de noviembre de 2017, la Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimió a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (cercanías de Bariloche). Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la espalda. También fueron heridas otras cuatro personas. Se identificó quién disparó, el prefecto el cabo Francisco Javier Pintos. Está en libertad, a la espera de un juicio que no tiene fecha.

Dos nombres de una larga lista.
En los últimos años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé -beba de 10 meses- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco). Son sólo algunos de los nombres de una lista más extensa.
2020
1º de abril. Pampa del Indio, Chaco. La comunidad qom Campo Medina trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo y cosecha algodón. Los qom también hacen changas fuera de la comunidad, pero se terminaron por completo con la pandemia del coronavirus. El 1º de abril, el qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a “mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la estancia Don Panos, 96.000 hectáreas propiedad de Unitec Agro, empresa del Grupo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue trasladado de urgencia a la capital provincial y permaneció una semana en terapia intensiva. Los agresores, empleados de la estancia y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.
22 abril. La comunidad Mbya Guaraní de Perutí está ubicada en el municipio de El Alcázar (en Misiones, a 100 kilómetros de Posadas). Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones) y entregó tarjetas alimentarias e insumos al recientemente destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la comunidad (que exigían se reconozca al nuevo cacique, Hugo Cristian Cabrera, y pedían ayuda alimentaria para enfrentar la pandemia), efectivos policiales golpearon a hombres y mujeres. Dos adolescentes (de 13 y 16 años) fueron heridos.
29 de abril. A las 11.30 una patota ingresó a la comunidad mapuche Buenuleo en la ladera sur del Cerro Ventana (Bariloche, Río Negro). En el marco de una disputa territorial, golpearon a hombres y mujeres de la comunidad, realizaron destrozos en las viviendas. Hirieron con un arma blanca a uno de los referentes mapuches. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche había emitido un comunicado ante la represión del 29 de abril: “Lo que ocurrió es de una violencia institucional inusitada y una grave responsabilidad del secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, quien es jefe político de la policía de Río Negro y de los efectivos de la comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona para que se produzca la agresión”.
7 de mayo. A las 8 de la mañana, la policía de Santa Fe realizó un gran operativo policial en el barrio municipal Toba de Rosario, zona oeste de la ciudad. Los efectivos rompieron puertas y esposaron a una decena de habitantes, sin explicar qué buscaban ni mostrar orden judicial. La mayor parte de las personas del barrio pertenecen a los pueblos originarios Qom y Moqoit. Además de la rotura de puertas y otros elementos de las viviendas, también denunciaron el robo (por parte de los efectivos) de electrodomésticos y de dinero en efectivo.
13 de mayo. La organización “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” se movilizó en Sauzalito (Chaco) denunciando la complicidad policial con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y detuvo a uno de sus referentes (Carlos José Peñaloza). Fue liberado recién dos días después, el 15 de mayo a la noche. “Me maltrataron. A la noche me sacaron toda la ropa. Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”, relató Peñaloza. La Guardia Comunitaria denunció la detención arbitraria y las torturas. También señaló que la Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal. Los wichí denunciaron al Poder Judicial y al poder político de Chaco: “A muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a muchos les molesta que existamos”.

14 de mayo. A las 5.30 de la mañana, más de 130 efectivos de la policía de Salta llegaron hasta un predio ubicado en la vera de la ruta 34 (Tartagal), vecino a tres barrios de mayoría indígena. El campo, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150 familias que necesitaban construir sus viviendas. El desalojo fue violento, con el saldo de una decena de heridos. La policía ni siquiera permitió que las familias retiren sus pertenencias. Luego del desalojo, además, la policía inició una persecución por los barrios Nacional, Misión Cherenta y Misión Los Tobas.
21 de mayo. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (Bariloche, Rio Negro), la misma donde fue asesinado Rafael Nahuel, denunció que fue agredida por la policía local, con ataques de armas de fuego y alertaron que los efectivos también provocaron un incendio. «Hacemos responsable al Estado nacional, provincial y municipal ante cualquier suceso que les pase a nuestros peñi pu lagmien. Denunciamos los montajes y la persecución, quieren que nos vayamos de este territorio tan fértil para nosotros y tan valorado monetariamente para ellos. Nosotros somos mapuche y no nos vamos por más que tengamos otro caído en el territorio, vamos a seguir firmes luchando en este lugar. Por la memoria de Rafita Nahuel seguimos resistiendo y vamos a seguir estando acá en este territorio que nos pertenece como mapuche», advirtió en el comunicado el Lof Lafken Winkul Mapu.
31 de mayo. La policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda de una familia qom, en el el barrio Bandera Argentina, en la localidad de Fontana (el Gran Resistencia). El momento fue filmado con un teléfono desde adentro de la casa. Golpes de puño para hombres y mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las mujeres y torturas para todos.

“Indios infectados”, denunció la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco que les gritaban a los qom detenidos. También precisaron que les arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego.
En el contexto del asesinato George Floyd en Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana.
El domingo 31 de mayo en Fontana hubo una cámara que filmó la violencia policial. Una imagen puede más que mil palabras e incluso más que años de denuncias. El hecho llegó a medios provinciales, luego porteños. Quienes habitualmente no miran a los pueblos indígenas, esta vez sí dieron la noticia. Los funcionarios no pudieron mirar para otro lado.
La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco solicitó ser querellante en la causa. Pero el gobernador Jorge Capitanich no se refirió en ningún momento sobre el accionar de su policía.
El presidente Alberto Fernández emitió un twitt el 2 de junio: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.
Cinco días antes, el Presidente visitó la vecina Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, que en diciembre pasado asumió su séptimo mandato consecutivo. Insfrán acumula denuncias de todo tipo, desde corrupción hasta despotismo y vulneración de los derechos humanos. En particular quedó al descubierto su accionar desde 2010, por la violencia oficial sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Amnistía Internacional, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Nora Cortiñas, entre otros, denunciaron en reiterados momentos el accionar de Insfrán.
El presidente Alberto Fernández lo abrazó en público y no dejó dudas de su evaluación sobre Insfrán: «La mayor obsesión de Gildo es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana».

Genocidio sin Nunca Más
Desaparecidos. Torturas. Robos de niños. Campos de concentración. Asesinatos. Son acciones que ejecutó la última dictadura cívico militar en Argentina.
Un siglo antes, el Estado argentino cometió las mismas atrocidades sobre los pueblos indígenas, pero aún hoy amplios sectores de la población (y de la casta dirigente) niegan que se trate de un genocidio.
El Ejército ejecutó campañas militares hacia el Sur (quizá la más conocida, la mal llamada “Conquista del Desierto”), al Oeste y al Norte. “La Argentina se fundó sobre un genocidio”, gritan desde hace décadas los pueblos indígenas. Diana Lenton, referente de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo explicó ya en 2010 con destreza docente: “No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios”.
¿Cuál podría ser la reparación para el genocidio indígena? Lo debieran decidir las propias comunidades originarias. Pero sin dudas incluirían algo elemental para la vida: el territorio.
Justamente el territorio es lo que los gobiernos no quieren ceder a los pueblos originarios. Si hay una política de Estado en Argentina es el extractivismo (minero, petrolero, de agronegocio, forestal). Las leyes extractivas las sancionó el menemismo y se aplicaron a rajatabla durante los últimos gobiernos. Alberto Fernández en plena campaña anunció que el agro transgénico, la megaminería (de oro, cobre, plata, litio) y Vaca Muerta serían su prioridad. Y está cumpliendo esa palabra.
“Blanquitos y europeos”
“Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015.
“Soy hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos».
Alberto Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho: «No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa».
Ante la violencia en Chaco, el Colegio de Graduados en Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas. “La matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina ‘que bajó de los barcos’ no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país, y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios”, afirmó el Colegio de Antropogía.
La abuela huerpe Paz Argentina Quiroga, de San Juan, ya lo había alertado en 2012: “Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos”.
Nota
Lucía Pérez: dos responsables del femicidio y una perpetua

El segundo juicio por el caso de Lucía Pérez confirmó que la menor (16 años) fue víctima de un femicidio en octubre de 2016. El fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Roberto Falcone Alexis Semaz, y Gustavo Fissore, leído por este último lo decribe así: “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio” por lo que dictaminó la perpetua para Matías Farías.
La sentencia llegó 44 días después de iniciado este nuevo proceso. Los padres de Lucía, al salir, plantearon que seguirán impulsando la perpetua para Juan Pablo Offidani. En su caso, estos 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo” le significan 15 años de prisión.
Marta Montero, la madre de Lucía, dijo en la calle, rodeada de mujeres: “Yo les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos todo cambió”. Sus referencia a los narcos, las fake news y lo que llamó “perversión” en sectores académicos y mediáticos.

(Desde Mar del Plata)
Miles de mujeres en la calle miraban con ansiedad en sus celulares el streaming de la sentencia, y escucharon en silencio cuando el juez Gustavo Fissori leyó: “Se resuelve condenar a Matías Gabriel Farías por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexcual con acceso carnal agravado, con el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio (…) ocurrido el 8 de octubre del 2016 en la ciudad de Mar del Plata, del que resultó víctima Lucía Pérez Montero, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso”. La calle fue una ovación, un desahogo hecho de lágrimas y abrazos, y la confirmación de la legitimidad de un recamo de justicia.
Un día antes del 24 de marzo empezó a escucharse la consigna que armoniza también con las luchas de las mujeres: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
La sentencia consideró luego a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del mismo delito, por lo cual se le impusieron 8 años de prisión. El juez Fissori aclaró que por lo tanto se impone a Offidani la pena de 15 años, al unificarse la presente condena con la del juicio anterior (2018) en el que junto con Farías había sido condenado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”.
Pocos minutos después, al culminar la lectura del fallo, bajó de la sala Guillermo Pérez, el padre de Lucía y dijo en medio de la multitud: “Es injusta la pena de Offidani. Vamos a apelar para que tenga perpetua, lo que le corresponde. Pueden comprar voluntades donde quieran, pero a nosotros no nos va a comprar nadie: van a tener que pagar lo que tengan que pagar. Son cul-pa-bles. Y no pueden tener ningún privilegio. Ahora vamos por Offidani”.

La voz de Marta
Cuando llegó Marta desde la sala las lágrimas y los abrazos se multiplicaron al infinito.
Dijo Marta:
“Yo no les puedo decir lo que les agradezco a todos por habernos acompañado, aguantado, bajo el agua, el viento, lo que miércoles fuese. Pero estábamos juntos. A veces menos, a veces más, pero es importante estar unidos y seguir una lucha. Si estamos solos, separados, como cuando nos dicen muchas veces ‘no hagan eso, no hagan lo otro’…. No. Decimos que hay que hacer estrategias como lo hemos hecho. Porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos hoy Lucía no tendría justicia”.
“Y les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías hoy todo cambió. Porque hasta ayer no sabíamos si hoy se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar”.
Luego, conmovida, agregó:
“Pero ¿Por qué cambió para nosotros? Porque ahora ningún narco, ningún dealer, le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía”.
“A Lucía la destrozaron, a Lucía la destruyeron internamente, la violaron hasta 15 minutos antes de su muerte. La violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose. ¿Por qué lo decimos? Hay internamente nódulos, células que se rompen y hematomas que quedan ahí. Pero tenías que escuchar una defensa que decía “todas las mujeres somos violadas”. Yo estoy casada, estuve siempre con el mismo hombre, nadie me violó ni fui lastimada”.
“¿De donde sale esa perversión, que nos quiere hacer creer también un grupo de gente que se creen que porque le pagan a unas antropólogas y vienen a hablar pelotudeces, y sacan en una revista Fem disparates? ¿Nosotros tenemos que creer esos disparates?

Las fake news del caso Lucía
Marta continuó profundizando su mirada sobre estos días.
“Mujeres: estuve todos los días del juicio, el que lo pudo ver sabe de qué hablamos, qué es lo que le hicieron a Lucía. Ahora esta gente, estas feministas, estas antropólogas que dicen ser, académicas… Claro, nosotras somos las brutas, las de la calle. Por intuición vamos viendo lo que hicieron y lo que no hicieron, y también vamos deduciendo. Pero no somos ningunas ignorantes, ni van a venir a vendernos pescado podrido como esta gente quiso hacerlo”.
“Vieron las fake news que están tan de moda? Algunos no sabemos ni qué diablos es eso. Yo ni sabía ni me importaba cuando escuchaba esa palabra. Pero esa palabra es eso: armar un discurso, venderlo, que la gente compre ese discurso, y que la gente crea que a Lucía no le pasó nada”.
“Y que fue Lucía con su consentimiento y les dijo ‘cójanme hasta matarme’. Eso nos quisieron hacer creer esas dos mujeres, perversas como si las hay, eso es una perversión. Lucía era una criatura de 16 años, jamás hubiese dado un consentimiento. Un menor, con lo que significa un adulto, ¿hasta donde tiene el dominio ese adulto de ese menor? Y todo el fin de semana se ocuparon de mandar a los medios que Lucía había consentido su propia muerte. A Lucía no la mató nadie. Cuando escuchábamos eso, cuando leíamos eso, no podíamos creer que mujeres llamada feministas actúen de esa manera. Todas tenemos que decir y saber quiénes son. Porque si no parece que una está loca y habla cualquier pelotudez que se le ocurre”.
“Y lo que le pasó a Lucía es lo que hacen con todas las pibas. Estos jueces gracias a Dios tuvieron esa certeza de poder leer todo, ver todo lo que le hicieron a Lucía, lo que tanto la querella como el fiscal mostraron, la cantidad de pruebas… Que hayan podido ver eso, y darse cuenta de la realidad que quisieron ocultar en el juicio anterior: que esto era un femicidio”.

Un día de justicia
Dijo también Marta: “Cuando hablamos de Farías, hablamos de Offidani. La diferencia es que uno tiene el poder. Los dos son culpables. Offidani no tiene derecho a tener esa condena. Lo vamos a apelar y vamos a llevarlo a la perpetua que tiene que ir”.
A la salida habló también Eduardo Carnicero, que siguió el juicio en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: “Por un lado entendemos que es un antes y un después. Está bueno que se aplica la figura que solicitó la acusación. No pudimos ver los fundamentos todavía, pero sí tenemos la confirmación del delito. Sabemos que hay una pequeña disidencia entre los jueces en cuanto a la calificación, pero de hecho la pena es la misma. La condena se hace por mayoría por las dos figuras, eso es bueno”.
“Con respecto a Offidani se da esta situación de que el fiscal (Arévalo) pide la pena de 20 años porque es una participación secundaria. La querella se apartó de eso. Los jueces receptan lo que pide la fiscalía aplicando en la escala una pena inferior, para saber el por qué hay que ver los fundamentos”.
Entre los familares de otras víctimas se encontraba Gerardo Mellman, el papá de Natalia: “Es una lucha por la familia y por el movimiento feminista. En este nuevo juicio se ha mostrado la verdad. Lo importante: han tomado esta sentencia como una sentencia de femicidio. Está creando un precedente para miles de casos, sin ninguna duda”.
Cristina, la mamá de Eliana Gómez analizó así lo ocurrido: “Fue muy importante haber conseguido una perpetua. Deberíamos haber conseguido las dos, pero habrá que seguir luchando. Sin embargo, repito, lo de hoy fue muy importante, un alivio para la familia, por haber luchado tanto. También es una puerta para el jury también. El fallo sirve para lo que viene, todo lo que hacemos sirve, sea poquito o mucho lo que se logre, todo sirve. Juntarnos, marchar, acompañar a las familias. Y vamos a seguir por todas las familias que aún no tienen justicia”. Tal cual lo que dice Cristina, aun está pendiente el jury o juicio político a los jueces que llevaron adelante el primer proceso por este femicidio, con un fallo que tuvo que ser anulado por la Cámara de Casación por su parcialidad, prejuicio y misoginia, lo cual dio lugar a este segundo proceso.
Daniel, el papá de Cecilia Basaldúa: “Estamos luchando por lo mismo: que se castigue a los culpables y que no se tape nada. Que la justicia se dé cuenta que no estamos solos y que vamos a luchar siempre. La gente no está sola”.
Susana, la madre de Cecilia Basaldúa fue otra muestra de cómo sintieron el fallo las familias de otras víctimas: «Todos los casos de la muertes de nuestras hijas son de la misma manera. Están la policía, la fiscalía, los jueces. Nos alegra mucho ver en el caso de Lucía Pérez que hay dos jueces en el banquillo. Y además, con esta perpetua que se obtuvo, ahora vamos a seguir por Offidani. Sabemos que todos juntos somos la fuerza y vamos a seguir acompañando, como también nos acompañan con el caso de nuestra hija. Muchos años pasaron, parece eterno esto. Nos ponemos al lado de Marta y Guillermo y es una cruz bastante pesada la que tuvieron que cargar todos estos años. Queremos festejar con ellos este fallo. Y con esto, queremos que vayan saliendo todas las perpetuas, que el poder judicial vea que estamos todos unidos y que vamos a luchar siempre. Y que no le tenemos miedo».
Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Primero es importante para que Lucia pueda descansar en paz, y para que los padres sientan fuerza para seguir porque todavía falta. Y a nosotros nos marca un precedente para que la justicia no pueda defender más a los narcos, a los que tienen poder, a la misma justicia, a la policía, a los políticos… es importantísimo. Aparte Marta y Guillermo son un faro para nosotros. Marta tiene la fuerza de todos los mares juntos, nos la transmite a todos los demás. Nuestras hijas merecen justicia y descansar en paz”.
Marisa, la mamá de Luna Ortiz, sumó su sensación este jueves: “Hoy se pudo marcar un precedente, hoy es un día de felicidad para nosotros porque para estos femicidios en los que está entrelazado el narcotrafico nunca podíamos llegar a hacer justicia”.
En pocas palabras Marisa expresó lo que la calle estaba sintiendo: “Hoy llegó el día compañeras. Hoy llegó el día de justicia para Lucia”.


Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
-
NotaHace 1 semana
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía
-
#NiUnaMásHace 3 semanas
El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo
-
MU180Hace 2 semanas
El juicio del Nunca Más: Qué se juega en el fallo por el femicidio de Lucía Pérez
-
NotaHace 7 días
Mía: Cuando el arte abraza
-
NotaHace 2 semanas
Quién es Garello, el jefe de los fiscales de Mar del Plata, juzgado por crímenes de lesa humanidad
-
MU180Hace 2 semanas
La salida autogestiva: Ley de Recuperación de Unidades Productivas
-
#NiUnaMásHace 3 días
Las claves de la causa Lucía Pérez: un análisis del expediente y los dos juicios orales
-
NotaHace 2 semanas
8M: la acción de Familias Víctimas de Femicidios frente al Congreso