Nota
El reclamo indígena llega cada vez más alto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lugar, el pasado 23 de marzo, a la audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina solicitada por comunidades y organizaciones de derechos humanos. Los representantes del Estado argentino se limitaron a “tomar nota” de las preguntas de la Corte y las denuncias que dieron a conocer distintas autoridades indígenas sobre el incumplimiento de sus derechos. Estuvieron presentes la Confederación Mapuche, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y el pueblo Qom del noroeste. Qué preguntas quedaron sin respuestas, cuál es el balance que hacen las comunidades y cómo repercutió en la audiencia que este jueves tuvieron 33 comunidades de Jujuy y Salta en la Corte Suprema criolla.
Preguntas pendientes
Con el propósito de generar “un espacio de diálogo con el Estado argentino”, la audiencia significaba una instancia informativa y de denuncia a la Corte Interamericana, que escucha a las partes, pregunta, y puede emitir recomendaciones. Sin embargo, la ceremonia del 23 se trató de dos monólogos paralelos que dejaron resultados inciertos.
Las siguientes son las preguntas de la Corte que el Estado dejó sin respuesta:
- ¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
- ¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
- ¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
- ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
- ¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
- ¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
- ¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
Dos relatos
La propia solicitud que habían emitido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) en pedido de la audiencia enumeraba los puntos que ampliarían las autoridades indígenas ante los miembros de la Corte: la actualidad del derecho indígena, los últimos sucesos de represión y criminalización, las diferencias entre la legislación nacional y las normativas y recomendaciones internacionales. La primera en hablar fue Silvina Ziberman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien primero denunció el incumplimiento de la Ley 26160 que llama a un relevamiento territorial y la delimitación de los territorios de las comunidades -de 23 provincias, siete de los convenios por relevamientos están vencidos y tres provincias se negaron a hacerlo-.
El reclamo por la propiedad de las tierras empieza así un paso atrás: “Muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”, planteó Ziberman. Y sentenció: “Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”. Recordó los 300 mapuches de Neuquén y Río negro imputados por defender el territorio. Llamó la atención sobre la ausencia en la audiencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Todavía quedaban más de diez minutos de los veinte que dieron para exponer a los solicitantes. El siguiente orador fue Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom La Primavera, una de las más afectadas últimamente por decisiones estatales: el propio gobernador formoseño Gildo Insfrán se puso al frente del tironeo de tierras, una violenta represión terminó con dos muertos de la comunidad y hasta hoy los únicos imputados en la causa son los indígenas. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, expresó Félix.
La última en tomar la palabra fue Verónica Huilipan, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que comenzó hablando en mapuche. Acusó al Estado de encuadrar la realidad de las comunidades indígenas como situación de “pobreza” y no de “derechos”, y en ese sentido acusó al INAI de “dejar desprotegidas a las comunidades”. Por último, llamó a conformar una mesa de diálogo político que permita superar estas situaciones, explicando que el movimiento indígena, además de las denuncias, tiene “propuestas concretas de políticas públicas”.
Los veinte minutos de exposición para el Estado argentino, representado por Javier Salgado, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, y Andrea Gualde, de la secretaría de Derechos Humanos de La Nación, comenzaron con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Las breves palabras de Salgado estuvieron centradas en los logros jurídicos y en materia de derechos que diferencia la etapa 2003-2011 a la anterior década de políticas neoliberales. Gualde detalló sobre estas “acciones positivas” que llevaba escrita en un paquete de hojas A4:
- “El actual gobierno sancionó leyes fundamentales para los pueblos indígenas: la Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe” y la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual).
- Impulsó “la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”
- “El INAI realizó un esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado 26 proyectos que benefician a 429 comunidades.
- “Incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”.
La funcionaria cerró remarcando la importancia en “relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”, lo contrario a lo que habían expuesto los tres oradores solicitantes de la audiencia: vacíos jurídicos, arbitrariedad política, represión, criminalización y muertes.
Tras las exposiciones, entonces surgieron las siete preguntas sin respuesta, básicamente condensadas en una: ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven?
Los organismos de derechos humanos tomaron ahora la palabra. Huilipan volvió a la carga: “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Y Zimerman fue más directa en la respuesta: reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes, pero que no las cumple. Para el CELS, las políticas públicas se dan “para modificar algo, pero no cambiar nada”.
Una mirada
Juan Manuel Salgado es especialista en materia de derecho indígena y miembro del Observatoriode Derechos humanos de Pueblos Indígneas, uno de los organismos solicitantes de la audiencia. En diálogo con lavaca, hizo un balance la reunión en Washington:“Quedó demostrado que el estado argentino no tiene interés en tratar el tema. Nuestra idea era que surgiera alguna instancia del estado que tomara en serio la cuestión. Porque el organismo que está establecido para eso (el INAI) es completamente inoperante y está dedicado a la poliquitería interna, a mantenerse bien con los gobiernos provinciales. Pensamos que se podía generar otra instancia pero realmente la postura del gobierno fue un papelón: los miembros de la Comisión hacen preguntas y el estado no contesta”.
La contestación de los funcionarios de girar los reclamos “a las autoridades competentes” fue tomado como una desestimación de lo que había pasado en la audiencia. “Ele estado dijo que iba a contestar pero el problema es que si va a hacerlo fuera de la audiencia no tiene sentido. La idea era justamente verlo ahí”, explica Salgado. Por otro lado, Salgado intenta explicar la participación del estado a través de la delegación que hacen de estos temas a los gobiernos provinciales: “En realidad lo q sucede es que el estado nacional no tiene una responsabilidad directa porque suceden en territorios provinciales. Lo que hace ele estado es dejar hacer a los gobiernos provinciales que en materia son prácticamente colonizadores pero en general tienen la actitud de l saqueo de mantener desde la campaña del desierto de apropiarse de los recursos indígenas”.
En ese sentido, responsabilizó al gobierno nacional de no acatar las recomendaciones internacionales de distintos organismos sobre los derechos de los pueblos indígenas: “Las provincias no están sujetas a cortes internacionales, el que debe responder es el estado argentino. No sólo ante la Comisión Intermericana sino también ante los comités de los tratados de Naciones Unidas (Comité de la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos). Cuando Argentina ha ratificado tratados de los Derechos Humanos no es solamente una declaración de derechos, eso viene con órganos internacionales que tienen derecho a revisar las situaciones y recomendar. Hay un cúmulo de organismos que han alertado a la Argentina sobre la gravísima situación de incumplimiento de derechos, y esta es un paso más”.
Salgado entonces encuentra el lado positivo: la audiencia que dejó sin palabras a los funcionarios argentinos. Sus conclusiones:
- “Este tipo de audiencias a lo que apunta y fue logrado es a transparentar esta situación. Si la CIDH decide que va a haber una audiencia temática sobre este tema es porque reconoce que hay una cuestión pendiente, que no es un problema menor, una cuestión individual…”
- “Todos estas recomendaciones que ha hecho los distintos organismos tendrán algún efecto, mañana puede aparecer como fundamento de decisiones judiciales”.
- “Hoy mismo (28 de marzo) en la audiencia que 33 comunidades de Salta y Jujuy tuvieron en la Corte Suprema para reclamar sus derechos, al representante del Estado jujeño se le leyó el dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Quiere decir que esas cosas, a la larga se tienen en cuenta. Es cierto que por ahora de un modo difuso, porque no es una sentencia judicial, pero van creando una conciencia genérica en el mundo jurídico. Lo que está quedando claro a ese nivel es que acá se están cometiendo graves violaciones a los derechos indígenas”.
Nota
Cien
Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.
En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.
En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.
Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.
Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.
¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.
La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.
La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!
“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.
Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.
La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.
Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.
En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Imágenes de la marcha a Plaza de Mayo: los jubilados siguen haciendo lío
Jubilados y jubiladas se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en una nueva jornada de reclamos y denuncia por los ingresos de pobreza que perciben y el fin de la moratoria previsional, cuya prórroga sigue durmiendo en Diputados. Como siempre, los carteles manuscritos fueron una forma de expresión y creatividad. En uno se leía: «Francisco está feliz. Jubilados haciendo lío!!!»
La marcha comenzó nuevamente con un operativo desproporcionado con las cuatro fuerzas federales -PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA- que reprimió la protesta pacífica: la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó una persona detenida y 13 heridos por efectos de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.
Frente a la Rosada, realizaron un acto donde distintas agrupaciones de jubilados se manifestaron contra el acuerdo con el FMI y cantaron por la salud de Pablo Grillo.
«Hasta el próximo miércoles», saludaron los jubilados y jubiladas.
La próxima semana, la marcha contará con la participación de los gremios de la CGT como previa al Día del Trabajador y la Trabajadora del 1 de mayo.
Foto: Juan Valeiro para lavaca
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.
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