Nota
El Salvador: prohíben la minería con cianuro y otros químicos
El parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad. “Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó uno de los especialistas que redactó el proyecto al que pudo acceder Brecha. El rol de la iglesia y el cuidado del agua como claves para cambiar la historia.
Por Marcelo Aguilar para Brecha
Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.
“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.
Trasnacionales
El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.
Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.
Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.
Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.
Lucha sangrienta
No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.
De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.
De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.
Tiro por la culata
Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.
En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace “alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.
Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.
Iglesia antiminera
La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.
Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.
Visita filipina
En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y “enfermedades pulmonares entre los residentes”.
Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.
Desafíos
«Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.
La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.
Una oportunidad
Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.
McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.
El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.
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Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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