Cinco leyes todavía en debate promovidas por el oficialismo tienen el alcance de hipotecar el presente y el futuro del país y su sociedad. Una que permite la venta irrestricta de tierras a manos extranjeras. Otra que congela por 30 años esa entrega con arbitraje fuera de la justicia argentina. Una tercera que permite a quienes compren operar sin que se sepa quién es el dueño real. La cuarta, que oculta los agoritmos que usan nuestra información. Y la quinta, que limita a la sociedad civil en su derecho a reclamar. Distintas organizaciones plantean debates y preguntas para entender con claridad el verdadero riesgo país de estos días. La semana próxima volverá a ser clave en el Congreso, y en la calle.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir entre otras, están coordinando acciones de difusión frente al tratamiento de proyectos de ley como el de Inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras y el llamado Súper RIGI. Lavaca tuvo acceso a tramos del documento que se está preparando, hasta ahora titulado: Senado de la Nación, lo que se pone en juego con los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.

Allí se plantea. “El 6 de agosto el Senado de la Nación tiene previsto tratar en el recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Expte. PE-13/2026, Mensaje 22/26). El día anterior, las comisiones del propio Senado abren el tratamiento del Súper RIGI. No son dos agendas separadas: son piezas de una misma operación legislativa”.

“Aunque se presentan como iniciativas independientes, ambas reformas modifican de forma complementaria el régimen jurídico aplicable a la tierra y las grandes inversiones. Mientras uno desintegra los límites existentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, la otra otorga una serie de privilegios extraordinarios para blindar esas inversiones. En su conjunto, estas iniciativas reconfiguran la capacidad regulatoria del Estado Nacional y las provincias en materia de bienes comunes estratégicos como la tierra, el agua, la energía y los minerales”. 

El segundo apartado del documento tiene un enorme poder descriptivo, que se sintetizó además con las placas con las que acompañamos este texto. El título de ese segmento que reproducimos por su valor informativo y didáctico: Un paquete de entrega: cómo encajan las piezas.

“Los diferentes proyectos (o anteproyectos) de Ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei deben ser leídos en su conjunto. Esa unidad revela una mecánica que ninguna ley, por separado, deja ver ni puede garantizar. Leído desde los territorios, el combo propone en secuencia  soluciones a los cuatro problemas que el capital extranjero enfrenta para apropiarse de tierras estratégicas en la Argentina.

1. La Inviolabilidad saca el techo: habilita quién puede comprar. Conviene tener presente qué protege hoy la Ley de Tierras Rurales (26.737), porque es exactamente lo que el paquete desarma: un tope del 15% a la titularidad extranjera del territorio —nacional, provincial y local—, un límite del 30% por nacionalidad, un máximo de superficie por titular, la prohibición de adquirir tierras con lagos y ríos, y el Registro Nacional de Tierras Rurales, que hace pública esa información.  Sin el límite del 15%, sin el tope por nacionalidad, sin el máximo por titular y sin la prohibición sobre lagos y ríos, un mismo actor extranjero puede adquirir tierra sin límite, incluidas las que contienen agua dulce, glaciares y nacientes.

2. La Ley de Sociedades borra el rastro: establece cómo se compra sin que se sepa quién es el dueño. Y este eslabón no es hipotético: ya ocurrió. En 2016, un decreto flexibilizó la extranjerización de tierra realizada a través de transferencias de acciones societarias, reemplazando el permiso previo por una simple comunicación sin sanción. La vía societaria tiene precedente empírico. La reforma de la Ley de Sociedades reabre y profundiza esa puerta: una corporación radicada en Delaware o en otro paraíso fiscal puede quedarse con territorio estratégico sin que el Estado sepa quién es el titular real.

3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: construye las bases y garantiza qué pasa después de comprar. Estabilidad normativa por 30 años, beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros extraordinarios, arbitraje internacional excluyente fuera de la jurisdicción argentina y desactivación del poder de policía estatal sobre el territorio adquirido. Quien adhiera obtiene un «derecho adquirido asimilable al de propiedad» (art. 24) que ninguna ley posterior puede alterar.

4. Se apaga la información: el Estado y la ciudadanía dejan de ver. La Ley de Tierras creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, la primera foto nacional de quién posee la tierra. Derogarla apaga ese registro y con él el acceso público a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización. En paralelo, el anteproyecto de reforma de la Ley de Datos Personales que el Ejecutivo ya puso a consideración de organizaciones: le prohíbe al propio Estado inspeccionar los algoritmos que operen sobre la información de la población, y declara el entrenamiento de inteligencia artificial «interés legítimo», habilitando el uso masivo de datos personales como insumo. El Súper RIGI, por su parte, no prevé mecanismo alguno de transparencia sobre los proyectos adheridos, y la regulación del lobby baja la voz de quienes podrían oponerse.

La imagen es precisa: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las tres instancias que deberían vigilar: el registro de tierras, el control de los algoritmos y la transparencia sobre las inversiones. No es un conjunto de reformas independientes que coinciden en el tiempo: es una arquitectura.

Por qué la Patagonia es el destino previsible: agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores hacen de la región el emplazamiento óptimo para la infraestructura de data centers e inteligencia artificial que el Súper RIGI viene a incentivar. Tierra sin límite (Inviolabilidad) + titularidad opaca (Sociedades) + blindaje de 30 años (Súper RIGI) + apagón informativo (fin del Registro + reforma de datos) es, exactamente, el traje a medida de un enclave”.

Otro capítulo se titula Lo que se pone en juego-El costo político, y abre la visión sobre los alcances de esta intentona oficialista. Allí se describe:

«La aprobación del paquete —Inviolabilidad y Súper RIGI leídos en conjunto— implica, en términos concretos riesgos sobre los siguientes ejes:

Soberanía jurisdiccional: el arbitraje internacional excluyente del Súper RIGI desarticula la división de poderes. El mayor ejemplo de quiénes se benefician de esta sinergia de iniciativas legislativas son las mega corporaciones extractivistas  extranjeras expuestas en el presente documento. 

Soberanía territorial: pérdida de control sobre quién accede a la tierra y a los bienes naturales estratégicos, con riesgo de concentración a gran escala y de apropiación de fuentes de agua y energía.

Información pública: apagón del Registro Nacional de Tierras Rurales y pérdida del acceso a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización.

Federalismo: la reforma se articula con el Súper RIGI para neutralizar la capacidad regulatoria y el poder de policía de las provincias y municipios  sobre su propio territorio. Buscan también condicionar las ordenanzas que establezcan límites.  Se reemplaza el ejercicio del federalismo de concertación por  un unitarismo autoritario avalado por el Congreso de la Nación. Reforma Constitucional, inconstitucional. 

Derechos: según el CELS, aceleración de desalojos sin garantías, mayor exposición de comunidades indígenas y familias campesinas —agravada por la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena— y regresión en el derecho a la vivienda, en tensión con los compromisos del PIDESC.

Ambiente: debilitamiento de la protección sobre tierras incendiadas, cuerpos de agua y humedales, en contradicción con la función social y ambiental de la propiedad y con el principio de progresividad y no regresión.

Cambio climático y resiliencia territorial: debilitar la capacidad estatal para ordenar el territorio limita la posibilidad de diseñar políticas públicas frente a la crisis climática. Sin el control del territorio, se dificulta gravemente la conservación de los sumideros naturales de carbono (bosques, humedales, etc), la protección de cuencas hídricas y la prevención y restauración de ecosistemas estratégicos degradados. 

Caja fiscal y previsional: las provincias que adhieran al Súper RIGI resignan Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y regalías por 30 años, y el sistema previsional absorbe la reducción de aportes patronales sin compensación».

El documento también incluye como tema Lo que se le exige al Senado. Allí se explica:

“En su carácter de cámara de origen de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de cámara revisora del Súper RIGI y de representante de las provincias, las organizaciones abajo firmantes instan al Senado de la Nación a:

Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y no convalidar por vía legislativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales que la Justicia ya declaró inconstitucional.

Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Súper RIGI que le llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, y no convalidar la doble delegación —de las provincias y del Congreso al Poder Ejecutivo— que el régimen consolida.

Ambos rechazos son una sola defensa: la de la soberanía sobre la tierra, el agua, la energía y los datos de la Argentina, frente a un paquete que abre los recursos y, en simultáneo, blinda a quienes los explotan contra todo control futuro. Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza del reclamo está en rechazar los dos”.

Las organizaciones que plantearon estos temas además en una Carta Abierta al Senado referida al Súper RIGI, el 28 de julio, son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, Centro de Estudios para la Ciudad, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Biodiversidad Argentina, Génerasj, Asuntos del Sur, LAIA (Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial), Greenpeace Argentina, Taller Ecologista, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir y The Common Initiative.