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Entrevista a la madre de María Julieta Riera: las pruebas de un femicidio y los beneficios a un hijo del poder
María Julieta Riera murió tras caer de un octavo piso en Paraná, Entre Ríos. La familia sospecha de su pareja, hijo de una funcionaria judicial de Entre Ríos, y según la reconstrucción del fiscal ella tenía marcas de haberse defendido. Tras estar 4 meses preso, el joven fue beneficiado con la prisión domiciliaria. «Por más dolorosa que sea, necesitamos saber la verdad», asegura la madre de Julieta, Ana, en esta entrevista en la que recuerda a su hija y analiza cómo lograr justicia desde la calle en una ciudad que clama justicia también por Fátima Acevedo: «Julieta iba a las marchas por Fátima: uno escucha los casos y nunca te imaginás que te vaya a tocar a vos».
Por Lucrecia Raimondi
“Te amamos. No te olvidamos ni te vamos a olvidar nunca. Estás siempre presente con nosotros. Y donde estés ilumina con tu luz”.
Esas palabras le dedicó Ana Brugo a su hija María Julieta Riera.
El domingo 6 de septiembre hubiera cumplido 25 años. Ana cuenta que se juntaron en familia para recordarla con mucho amor: “Le preparamos una torta y le cantamos al cielo su feliz cumple”.
La violencia machista le arrebató la vida. Según la reconstrucción del fiscal, María Julieta fue empujada desde un octavo piso por su ex pareja, José Julián Crhiste, en la madrugada del 30 de abril. El hombre intentó hacer pasar el hecho como producto de un accidente.
Christe estuvo cuatro meses detenido. Hasta la semana pasada cuando la Justicia aceptó el beneficio de la prisión domiciliaria, a cumplir por 60 días con una tobillera electrónica en la casa de su madre, una ex camarista de Entre Ríos. La familia recibió esta noticia con dolor y tristeza: “Él tendrá su derecho, pero a mí no me cabe la menor duda, porque soy su mamá, que no fue un accidente. Ella tenía muchos proyectos”.
El beneficio procesal dispuesto por la vocal de Apelaciones Carolina Castagno abrió la puerta para que la defensa del femicida de Fátima Acevedo, encontrada en Paraná el 8 de marzo después de estar una semana desaparecida, también solicite la prisión domiciliaria. El defensor oficial de Jorge Martínez analiza el fallo de Christe como precedente para su representado. El acusado de asesinar a Fátima cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, la misma donde estuvo detenido Christe. “Hemos planteado los mismos argumentos, el argumento principal es que todavía no ha sido condenado y estamos hablando de una persona inocente, a veces, cuesta pensarlo pero, técnicamente, es así”, aseveró el defensor de Martínez, Jorge Sueldo, al medio local La Calle sobre pedir la morigeración de la prisión a partir de la resolución de Castagno en relación a Julián Christe.

¿Quién es Julieta Riera?
Sus familiares cuentan que Julieta era “sensible, solidaria, buena persona”. Iba a la casa de su mamá y con sus dos hermanos menores hacían las tareas de la casa. Todos los días iba a la casa de su abuela, enferma de diabetes, para ayudarla a bañarse, cambiarse y a mantener la casa. Quería terminar las materias del secundario para el año que viene empezar la carrera de abogacía. Cuenta su mamá: “El año pasado había empezado de nuevo el secundario, estaba terminando sus materias del colegio para continuar con abogacía. Tenía un proyecto armado para su vida: hacer a full las materias que le quedaban y ponerle onda con todo para el año que viene empezar la carrera. Ella quería luchar por los derechos de las personas y de los niños. Era muy justiciera. Le gusta mucho la abogacía en ese sentido”.
Su madre habla en presente. Y remarca que Julieta tenía proyectos, planes, sueños a largo plazo. “Le encantaban los elefantes, amaba los animales, los rescataba”, sigue. Ahora Ana cuida a Mía, la gatita que Julieta rescató de la calle y con la que sale en las fotos con las que se pide justicia. “Mirá como son los animales que cuando falleció Juli la gatita se vino a los pies de mi cama y estuvo tres días sin comer, ni levantarse, ni nada”. Ana cuenta la anécdota de que les habían regalado un pajarito que estaba en una jaula y Julieta no podía verlo así, encerrado: “Ella decía que los animales tenían que estar en libertad. Abrió la jaula y el pajarito voló”.
Ana es maestra de primer grado. Al proceso pandémico de adaptarse al teletrabajo y la educación a distancia, se sumó el duelo de perder a una hija por femicidio. “Mi hija participó de las marchas pidiendo justicia por Fátima, la chica que mataron en Paraná antes que a Julieta. Uno escucha los casos y nunca te imaginás que te vaya a tocar a vos, es tremendo – relata Ana – Siempre digo que la vida nos prepara primero para que se vayan nuestros abuelos, después nuestros padres. Nunca para que se te vaya un hijo antes que vos y menos en un caso de violencia tan terrible como le pasó Juli. Creo que como madre, es inexplicable. Hay días que yo me despierto y no puedo entender que nos pasó esto”.
Por gestión de la fiscalía a cargo de Ignacio Aramberry, Ana y su familia están con tratamiento psicológico. Se siente acompañada por sus compañeras de trabajo y sus amistades, de quienes recibe apoyo constante. Son una familia católica muy creyente y Ana cuenta que rezar le da fuerzas: “Ponerme en manos de Dios me ayuda muchísimo en todo momento, cuando estoy mal prendo una velita y rezo, enseguida como que aparece la fuerza. También cuando me siento muy triste llamo a mis nietos, miro a mis hijos que están acá. Y por supuesto mis amigos y familia que me llaman, están cerca siempre”.
¿Qué pedís cuando rezas por Julieta?
Pido por su alma, que esté en paz, que sane su almita. Que vaya con los seres de luz, que se deje cuidar por los ángeles. Que nosotros acá vamos a estar bien, que vamos a hacer justicia por ella. Que la ame, la amo y la amaré toda mi vida. Que algún día nos volveremos a ver pero que esté ahora en paz, que vaya con los ángeles. Y le pido protección a la Virgen para que nos cuide, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y mis sobrinos, porque esto nos descolocó, nos afectó a todos.
¿Qué cambió como familia?
Sentimos dolor, tristeza y angustia. Pero cuando hablamos con mis hijos sentimos que tenemos que aprender de los errores, tenemos nosotros ahora la posibilidad de revertir que si les pasa algo poder hablarlo. Juli callaba mucho, era muy introvertida, muy tímida. Aprender de los errores en ese sentido de tener más diálogo, hablar las cosas, de qué gusta, que no gusta, si les pasa o no algo. No cometer el error de callarse.
La pandemia invisible
Julieta conoció a Christe por amigos en común, y convivían hacía un año y medio. A su familia le contaba muy poco de su vida privada; casi siempre era sobre qué comían o a dónde salían a pasear. Ana percibió que su hija cambió: “Ella tenía muchos amigos, era muy amiguera. Pero se juntó con este chico y como que se aisló de sus amigos. Al principio de nosotros también nos comunicábamos solo por mensajes”.
¿Qué decía Julieta de Christe?
Que él estaba muy solo, que ella era lo único que él tenía. Obviamente ella lo quería muchísimo. Pero yo como madre, por lo que hablábamos, veía que estaba queriendo poner fin a la relación.
¿Qué actitud tenía Christe?
Él la dejaba en casa y después la venía a buscar. Yo lo saludaba en la puerta. Ella lo invitó varias veces pero nunca entró. Al departamento de ellos nunca fui, ella venía a comer a mi casa sola, sin él. Y a la casa de la mamá de él a ella no le gustaba ir porque era diferente, decía que no era su casa, no eran sus cosas, que se sentía encerrada. Acá tenía más libertad si quería comer algo o tomar un mate lo agarraba.
¿Julieta cambió su actitud cuando empezó a salir con Christe?
Si, empezó a aislarse, retrotraerse. O por ejemplo tenia marcas. Es cierto que ella no veía muy bien, tenía mucho aumento en los anteojos. Pero una vez le pregunté porque tenía unas marcas en las muñecas y dijo que se había caído de la moto en el campo. Mi mamá le preguntaba y ella decía que no veía bien, que se chocaba con las cosas. Y como no veía bien yo lo entendí así.
¿Notaste que podía sufrir violencia?
Ella hablaba muy poquito de su relación con él. Era muy tímida y como dice mi psicóloga no debe haber sido fácil para ella poder decir lo que le pasaba, que la maltrataba. Y yo no la veía triste o mal como para decir que le estaba pasando algo porque estaba siempre bien, con una sonrisa, contenta, positiva. Creo que ella pensaría que la situación que estaba viviendo iba a cambiar.
¿Porque pensás que no fue un accidente?
Ella tenía muchas ilusiones y expectativas puestas en el año que viene. Este año estaba poniendo todo para terminar el colegio. Estaba con tantas expectativas y tantas ganas de revertir cuestiones. Ella sentía que había perdido mucho tiempo por no terminar las materias, estaba a full con todo, contenta porque le iba bien. Una persona con esas ganas de vivir no piensa en esas cosas.
¿Crees que él la mató intencionalmente?
Sinceramente, no sabría qué pasó por su cabeza. Tampoco sé qué pasó esa noche. Obviamente me gustaría saberlo como madre, y lo voy a saber en algún momento. Pero no me parece normal que si fue un accidente no pidió ayuda, se fue a la casa de su mamá que vive en el centro y en el camino está lleno de policías. Cualquier persona se desespera, pide auxilio a los gritos, sale corriendo a pedir ayuda. Actuó de una manera muy fría, con poca empatía, desinteresado con la situación.
La investigación
El fiscal Aramberry presentó al juez de garantías Mauricio Mayer los resultados de la autopsia: según la reconstrucción Julieta sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer de un balcón a 19 metros de altura. En la primera audiencia de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”. Christe será juzgado por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”.
¿Cómo pensas que está avanzando la investigación?
Yo creo que están haciendo todo lo humanamente lo más rápido que pueden. Calcular la trayectoria que el cuerpo hace al ser arrojado y la caída desde el balcón lleva su tiempo. Estudian para decir milimétricamente lo que pasó según cómo cayo el cuerpo y eso es prueba para el juicio. Todavía investigan la criminalística, están haciendo todo para informar con precisión lo que sucedió. Lo que piensan es según lo que encontraron. Y el forense dijo que ella tenía marcas en su cuerpo como que se había defendido. Pero hasta que no tengan todo no me informan nada.
Que la madre de Christe haya sido funcionaria judicial, ¿influye en su situación procesal?
No me preocupa eso porque confío en que se va a hacer justicia. Si ella tiene influencias, allá ella. Pero no creo que tenga tanto poder para con un caso como este revertir la situación. Y como siempre digo, tengo un excelente fiscal, una excelente abogada que están atentos, firmes al lado mío en todo momento, siempre cuidándonos. Confío en que esto va a ser un juicio justo y se va a saber, él va a tener su merecido. Si tiene ahora la prisión preventiva la jueza sabrá porque lo hizo. Pero le ponemos énfasis a que se resuelva en el juicio.
¿Cómo están encarando la lucha por justicia para Julieta?
Si hay que hacer marchas las haremos respetando los protocolos, porque entendemos que estamos en pandemia. Así nos manejamos nosotros, con honestidad y respeto, sin violencia. Queremos que se haga un juicio justo, equitativo, y que sepa la verdad: por más dolorosa que sea, merecemos saber la verdad.
Violencia machista
En las últimas semanas, Entre Ríos hizo gala de dos medidas judiciales polémicas. El Tribunal Superior de Justicia excarceló a Néstor Pavón, uno de los implicados en el femicidio de Micaela García. Y el juez de Garantías Mauricio Meyer, el mismo de la causa de Julieta, refrendó hace pocos días el pedido de juicio abreviado a Rubén Retamar, ex funcionario del Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes que reconoció haber abusado sexualmente de una niña en la sede central del organismo: La fiscalía, la defensa oficial y el juez acordaron condenar a 8 meses de prisión condicional más dos años de tareas que prueben su conducta.
En la provincia tampoco olvidan el caso de Fátima Acevedo, que ha sido emblemático porque denuncian las activistas que desde la Justicia taparon pruebas e información respecto a ese femicidio, además de haberla desprotegido.
¿Qué analizás sobre la situación de los femicidios en la provincia?
Me da mucha angustia. Desearía que haya un cambio de mentalidad, que empecemos a cambiar la educación. Creo en cambiar estas cuestiones muy machistas que están generadas en el pueblo. No solo en Paraná, sino que en muchos lados están y son muy difíciles de sacárselas. Pero con educación es posible, dialogando, escuchándolos. Por ahí es una utopía pero desearía que todo esto cambie para que no haya más chicas muertas, niñas violadas y violentadas.
¿Cómo se puede trabajar esto?
El año pasado que tuve un sexto grado estuvimos trabajando en educación sexual hablando, escuchando, porque dialogar no es solamente hablar uno sino escuchar el otro, comprenderlo, entenderlo y ponerse en el lugar, tratar de ayudarlo, ver lo que no entiende, buscar la forma de cómo hacer para revertir.
¿Cómo abordás el tema en tu familia?
Tengo un hijo varón, el más chico, criado entre cuatro mujeres y nunca se le dijo que levantara la mano a una mujer. Y mis nietos son varones. Les enseñé que todo se resuelve por medio del diálogo, hablando las cosas con la verdad, escuchándolos, con cero violencias. Yo pienso que los chicos de la edad que tienen mis nietos, todos varones, de 4, 5, 7 años, van a revertir muchas cosas en esta sociedad.
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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.
Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.
En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.
Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.
Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una comunicadora social que utilizaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quienes no la tenían. Su asesinato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la libertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmente para el libre ejercicio del periodismo”.

Fotos Sebastián Smok para lavaca.
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La tesis del gran bonete

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.
Por Claudia Acuña
Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.
Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.
Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.
La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.
Las raíces de la información
¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).
Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.
Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.
¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.
Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.
Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.
Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.
¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.
En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.
Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.
¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.
¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.
También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.
Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.
Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.
Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.
Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:
- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.