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Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia

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El acusado del femicidio de Julieta Riera (24) en Paraná fue beneficiado con prisión domiciliaria luego de pagar una caución de 500 mil pesos. Jorge Julián Christe, hasta ahora detenido en la Unidad Penal Nº1 de esa ciudad, esperará el juicio a resguardo en la casa de su madre, una ex jueza de Entre Ríos. Está imputado por golpear y por tirar a Julieta desde un octavo piso. La voz de la mamá de la joven. El contexto de violencia machista. Y la movilización social para que el caso no quede impune.

Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia
Julieta tenía 24 años y estaba terminando materias del secundario para empezar abogacía.

Por Lucrecia Raimondi

La prisión domiciliaria de Jorge Christe la dispuso esta semana la vocal de Juicios y Apelaciones Nº1 de Paraná, María Carolina Castro, en una audiencia que definió en qué condiciones de arresto Christe será juzgado por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género” por la muerte de la joven de 24 años que era su pareja.

Cuenta Ana Brugo, la mamá de Julieta, que vivían juntos hacía un año y medio en San Martín al 300, en una de las dos propiedades que tiene la ex funcionaria judicial en el octavo piso de ese edificio, a pocas cuadras de su casa, en pleno centro de Paraná. Ellos habitaban el que da a la calle peatonal, con balcón cubierto al frente; el femicidio ocurrió en el otro inmueble del mismo piso, que tiene un balcón sin protección que da a un pulmón de manzana. La investigación indica que la madrugada del 30 de abril Christe golpeó a Julieta y la arrojó al vacío.

Desde que empezó a salir con él, Ana notó que Julieta se aisló de sus amigos y al principio un poco de ellos. También que se puso más reservada con su vida en convivencia. Pero nunca pensó que Julieta podría sufrir violencia y menos que sería asesinada por su pareja. Ana todavía no sabe con certeza qué pasó esa noche, dice que está esperando los resultados de criminalística y que confía en el trabajo de su abogada y de la fiscalía.

La noticia de la prisión domiciliaria, Ana y su familia la tomaron con mucho dolor y tristeza. “Él tendrá sus derechos pero a mí no me cabe ninguna duda, porque soy su mamá, que no fue un accidente”, aseguró a lavaca. “Ella tenía sus proyectos, estaba terminando las materias del secundario porque quería estudiar abogacía el año que viene”.

El caso

El 2 de mayo, el juez Mauricio Mayer dictó la prisión preventiva de Christe por 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”. Ese plazo se venció el 28 de agosto y la jueza Castro finalmente dio lugar al pedido de la defensa y decidió que continuara detenido con prisión domiciliaria en la casa de su madre.

Jorge Julián Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar la primera vez frente al juez Mayer. Sus abogados defensores habían solicitado la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero esa primera vez el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe manejó su moto hasta la casa de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.

El fiscal Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer de un balcón a 19 metros de altura.

En la primera audiencia de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.

No están solas

María Elena, de la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, que sigue el caso de cerca, entiende que la domiciliaria de Christe responde a que la jueza consideró garantías procesales porque la querella no pudo demostrar que había peligro de fuga ni que el acusado podría entorpecer la investigación. Pero que pasados 120 días de prisión “la fiscalía debería tener suficientes pruebas al respecto”.

María Elena analizó con sus compañeras esta medida en comparación con otros casos. Lo que encontraron: “Nosotras señalamos que esas garantías deberían estar al alcance de cualquier persona acusada por un delito y no se aplican. Entonces parecería que se trata de que ciertos sectores de la sociedad pueden acceder a garantías y derechos que otras personas no. Por ejemplo no se hizo igual tratamiento al femicida de Fátima. Lo que se deja ver desde el Tribunal de Entre Ríos es la faz clasista que poseen algunas determinaciones”.

El posicionamiento de la Asamblea es claro en ese sentido: “No queremos un sistema punitivo en donde haya personas presas sin condenas. Pero deja mucho que pensar este caso, porque determinaron una caución de 500 mil pesos a alguien con mucho poder adquisitivo y dejaron en custodia del mismo a la ex jueza, madre del imputado, a quien él mismo fue a ver antes de llamar a la policía a horas de la madrugada cuando sucedió el femicidio de Julieta”.

Cuentan que las versiones de Christe cambiaron con las horas. Primero dijo que estaban jugando a las escondidas y que fue un accidente. Después dijo que ella se tiró sola. Y la primera versión de él fue que la mamá de Julieta es la que se había tirado. “Teniendo a su madre como ex jueza de la provincia, entendemos y sabemos por otras fuentes que ha tocado todos los contactos dentro del sistema judicial. De hecho buscó peritos en Buenos Aires y Concepción del Uruguay que le han dicho que no porque era muy evidente el femicidio”, revelan integrantes de la Asamblea y aseguran “Julieta está muerta, la mató Christe”.

Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia

Sin perspectiva

Andrea es trabajadora social.Junto a otras profesionales de la Asamblea, acompaña situaciones de abuso y violencia. Entiende que el sistema judicial de Entre Ríos “es misógino y hacen manejos con un grado de impunidad asqueroso”. Afirma que la Justicia entrerriana no tiene perspectiva machista porque ha visto cómo pasan situaciones en que la víctima pasa a ser victimaria y no se la reconoce como sujeta de derechos: “Las instituciones están viciadas, son súper machistas, lo vemos cuando acompañamos a las mujeres a hacer denuncias por violencias de género, les siguen haciendo las preguntas como ‘¿vos qué hiciste para que se enoje?’. Sentimos que hay un atraso total en ese sentido, falta la perspectiva de género en todas las dependencias y en todos los niveles. Así que estamos muy preocupadas y asustadas porque le puede pasar a cualquiera. Sabemos que en la pandemia aumentaron las situaciones de violencia con intentos de femicidio y está todo muy tapado”.

“Nadie se hizo cargo de lo que reclamamos cuando hicimos la acción directa de la vigilia en Tribunales el 8 de marzo. Ni el fiscal -Leandro- Dato que es el responsable de la Fiscalía de Género de Paraná ni ningún otro funcionario de Paraná ni provincial, tampoco la Policía. La Justicia no actúa con perspectiva de género, sigue beneficiando al ‘macho alfa’, como dice Rita Segato”, manifiesta Andrea sobre la vigilia que se hizo pidiendo justicia por Fátima Acevedo, caso emblemático que movilizó a toda la comunidad y sobre el que la Asamblea denuncia que desde la Justicia taparon pruebas e información respecto a ese femicidio, además de haberla desprotegido.

Andrea asegura que van a realizar acciones pese al riesgo, advierte, de caer detenidas: “Es un contexto bastante hostil pero queremos repudiar el accionar del sistema judicial entrerriano porque estamos muy preocupadas”.

Suma su mirada María Elena: “El poder judicial sigue sin tomar nota de la gravedad de los hechos. Nos vamos encontrando con situaciones que aparecen como desbordantes pero que connotan desde que perspectiva se está ejerciendo el rol de un poder que debiera ser el resguardo que tenemos las personas para garantizar justicia”.

La calle como escenario

Si la Justicia no actúa, en las calles se denuncia a los responsables. “Parecería ser que ante la exposición publica un poco se mueven las cosas, permite visibilizar lo que sucede. Por eso conlleva a que un poder con tantas oscuridades se sienta incomodo ante la mirada atenta de la sociedad”, entiende María Elena y cree que “lamentablemente muchas cosas no han cambiado en estos casi 40 años de democracia”.

Entonces propone una línea que une y potencia las batallas que históricamente se dan en la calle: “La lucha del feminismo por un mundo más justo incluye a todos los derechos humanos, incluye los derechos por la soberanía de nuestros propios cuerpos, de una vida libre de violencia, de ejercer con libertad los proyectos de vida que cada una de las personas decidamos encarnar, en donde la distribución de la riqueza deje de ser una consigna, en donde se replanteen otros modos de producción y reproducción de la vida y que no pongamos en vilo al planeta y el medio ambiente. Estamos luchando por, y armando junto a otres un mundo feminista con otra política, otra ciencia, otra economía, otras palabras, otros gestos para habitar nuestros cuerpos en otras relaciones. Porque como bien manifestamos en todas las marchas, nos mueve el deseo de cambiarlo todo”.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

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«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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