#NiUnaMás
5° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 192 femicidios en los primeros 8 meses del año
Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Informe agosto 2020
Desde que comenzó el año 2020 hasta hoy 31 de agosto, registramos en nuestro padrón público y de libre acceso que puede consultarse en www.niunamenos.lavaca.org estas dramáticas cifras:
- 192 femicidios
- 62 travesticidios y trasnfemicidios
- 221 huerfanxs
- 102 intentos de femicidios, desde el inicio de la cuarentena
- 3 muertes por aborto clandestino
- 50 mujeres desaparecidas
- 10 crímenes en investigación sospechados de femicidios
- 22 femicidias se suicidaron luego de asesinar
También hemos registrado que durante este mes de agosto se realizaron al menos 14 marchas en diferentes ciudades del país para reclamar justicia por femicidios. Estas marchas exponen la demanda social de medidas concretas para frenar y prevenir la violencia patriarcal, pero también deja en claro que cada femicidio implica que esa violencia también la sufre el tejido social. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún protocolo de intervención en la comunidad para elaborar colectivamente el trauma. El Estado debe disponer de equipos especializados y recursos concretos para que en colegios, barrios y organizaciones sociales afectados por un femicidio se transformen en la sede de debate de qué pasó y por qué, como forma de curar heridas y prevenir violencias.
Señalamos además y muy especialmente este mes en el que el Parlamento está debatiendo la reforma del Poder Judicial que es necesario que esa agenda incluya el tema de femicidios para contar, al fin y en todo el país con fiscalías especializadas y una justicia con perspectiva de género, tal cual obliga al Estado argentino los tratados y leyes nacionales en vigencia.
PODER JUDICIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO: dos triunfos sociales*
En el contexto de debates y cruces por la propuesta oficial de reformar el Poder Judicial se han producido dos novedades relevantes en materia de justicia y violencia de género. Una ha sido la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en el caso del femicidio de Lucía Pérez, y otra ha sido la publicación en el Boletin Oficial del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprobó el acuerdo de solución amistosa en el caso llevado al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer
de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) contra la República Argentina por la Sra. Olga del Rosario Díaz.
En el caso del femicidio de Lucía Pérez el Tribunal de Casación provincial ha sido enérgico en darle luz, desde la Justicia misma, a una de sus realidades más oscuras: la falta de perspectiva de género.
OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ
El Tribunal puso el acento en la poca seriedad que tuvo la fiscal y de la que se hicieron eco y con énfasis los jueces de primera instancia, al aplicarse en forma indebida al análisis de la vida íntima de la víctima con anterioridad al hecho y sin contextualizarlos desde una perspectiva de género. Esto es, decidieron en base a la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Es la primera vez en la historia judicial argentina que un Tribunal de Casación desnuda el credo patriarcal de un Poder Judicial machista al calificar la labor judicial de primera instancia y su producto, la sentencia, como: “…resulta ser una sentencia que sigue perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias (aun considerando que las mismas sean deficientes), y sin una perspectiva de género…”.
El extenso y jugoso fallo del Tribunal no solo castiga la visión machista de los actores judiciales que intervinieron en el caso de Lucía Pérez, sino que constituye un valiente desafío que se proyecta a la casi totalidad a un Poder Judicial corporativo y patriarcal, que lejos está de satisfacer adecuadamente los compromisos jurídicos internacionales que asumió la Argentina en materia de violencia de género.
La segunda novedad es la aprobación del acuerdo en el caso de Olga del Rosario Díaz, quien siendo sobreviviente de tentativa de femicidio por apuñalamiento por parte de su ex pareja había denunciado a la República Argentina ante el Comité CEDAW por:
1) Haber promocionado conciliaciones entre víctima y agresor;
2) No adoptar medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas;
3) Afectarse el derecho a ser oída en el proceso y que su opinión sea tenida en cuenta;
4) Colocar en cabeza de la víctima la responsabilidad de protegerse (vaya coincidencia con las manifestaciones públicas del fiscal Teran, de Cutral Có que imponía a una periodista que las víctimas disparasen a sus agresores);
5) Presencia de estereotipos en las actuaciones judiciales;
6) Ineficacia del aparato penal por falta de investigación de hechos de violencia previos;
7) Abordaje judicial fragmentado (1 causa civil, 3 penales) cuando el caso exigía un abordaje integral y coordinado.
La República Argentina finalmente reconoció su responsabilidad internacional ya que el actuar de los funcionarios judiciales intervinientes violaron las normas de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y sus Recomendaciones n° 19, 33 y 35.
En virtud de ello se dispusieron las siguientes medidas de reparación:
1. Ofrecimiento de disculpas públicas a Olga del Rosario Díaz a través de un acto presenciado por altos funcionarios;
2. Constitución de un tribunal para determinar la reparación económica de los daños;
3. La atención integral de la víctima para abarcar las distintas esferas que se encuentran vulneradas en el caso;
4. Elaboración y publicación de un documento de “Principios Generales de Actuación” en materia de violencia de género por parte de organismos nacionales y de CABA que deberá contener al menos nueve estándares directrices especificados en el acuerdo;
5. La exigencia por parte del Consejo de la Magistratura de capacitación en materia de perspectiva de género y un registro público de funcionarios denunciados por esta cuestión; 6. El compromiso de continuar capacitando conforme las previsiones de la Ley Micaela.
Es de esperar que en ese Registro Público que se comprometió el Estado argentino a elaborar figuren en primer lugar los jueces que firmaron la sentencia ahora abolida por Casación y que había dejado impune el femicidio de Lucía Pérez.
OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ
Estos dos hitos son apreciados desde este Observatorio como avances positivos de la sociedad argentina, ya que nos indican que no se tratan de casos puntuales y aislados sino de una constante en los poderes judiciales, nacionales y de las distintas jurisdicciones del país. Por lo que entendemos que la reforma judicial debería abarcar también una modificación de patrones culturales que introduzcan una real, y no declamativa, perspectiva de género que no puede quedar circunscripta a la mera paridad de cargos.
En el caso de Lucía Pérez, la parte acusadora sin perspectiva de género fue una fiscal (mujer), por lo que la mera paridad no es suficiente para asegurar la perspectiva de género y por ello desde aquí reclamamos que la reforma judicial incluya una urgente profundización en estos aspectos para deconstruir una justicia a todas luces conservadora, jurídicamente anacrónica, estereotipizante y patriarcal.
*Por Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans.
#NiUnaMás
Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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