#NiUnaMás
5° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 192 femicidios en los primeros 8 meses del año
Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Informe agosto 2020
Desde que comenzó el año 2020 hasta hoy 31 de agosto, registramos en nuestro padrón público y de libre acceso que puede consultarse en www.niunamenos.lavaca.org estas dramáticas cifras:
- 192 femicidios
- 62 travesticidios y trasnfemicidios
- 221 huerfanxs
- 102 intentos de femicidios, desde el inicio de la cuarentena
- 3 muertes por aborto clandestino
- 50 mujeres desaparecidas
- 10 crímenes en investigación sospechados de femicidios
- 22 femicidias se suicidaron luego de asesinar

También hemos registrado que durante este mes de agosto se realizaron al menos 14 marchas en diferentes ciudades del país para reclamar justicia por femicidios. Estas marchas exponen la demanda social de medidas concretas para frenar y prevenir la violencia patriarcal, pero también deja en claro que cada femicidio implica que esa violencia también la sufre el tejido social. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún protocolo de intervención en la comunidad para elaborar colectivamente el trauma. El Estado debe disponer de equipos especializados y recursos concretos para que en colegios, barrios y organizaciones sociales afectados por un femicidio se transformen en la sede de debate de qué pasó y por qué, como forma de curar heridas y prevenir violencias.
Señalamos además y muy especialmente este mes en el que el Parlamento está debatiendo la reforma del Poder Judicial que es necesario que esa agenda incluya el tema de femicidios para contar, al fin y en todo el país con fiscalías especializadas y una justicia con perspectiva de género, tal cual obliga al Estado argentino los tratados y leyes nacionales en vigencia.
PODER JUDICIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO: dos triunfos sociales*
En el contexto de debates y cruces por la propuesta oficial de reformar el Poder Judicial se han producido dos novedades relevantes en materia de justicia y violencia de género. Una ha sido la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en el caso del femicidio de Lucía Pérez, y otra ha sido la publicación en el Boletin Oficial del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprobó el acuerdo de solución amistosa en el caso llevado al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer
de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) contra la República Argentina por la Sra. Olga del Rosario Díaz.
En el caso del femicidio de Lucía Pérez el Tribunal de Casación provincial ha sido enérgico en darle luz, desde la Justicia misma, a una de sus realidades más oscuras: la falta de perspectiva de género.
OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ
El Tribunal puso el acento en la poca seriedad que tuvo la fiscal y de la que se hicieron eco y con énfasis los jueces de primera instancia, al aplicarse en forma indebida al análisis de la vida íntima de la víctima con anterioridad al hecho y sin contextualizarlos desde una perspectiva de género. Esto es, decidieron en base a la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Es la primera vez en la historia judicial argentina que un Tribunal de Casación desnuda el credo patriarcal de un Poder Judicial machista al calificar la labor judicial de primera instancia y su producto, la sentencia, como: «…resulta ser una sentencia que sigue perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias (aun considerando que las mismas sean deficientes), y sin una perspectiva de género…».
El extenso y jugoso fallo del Tribunal no solo castiga la visión machista de los actores judiciales que intervinieron en el caso de Lucía Pérez, sino que constituye un valiente desafío que se proyecta a la casi totalidad a un Poder Judicial corporativo y patriarcal, que lejos está de satisfacer adecuadamente los compromisos jurídicos internacionales que asumió la Argentina en materia de violencia de género.
La segunda novedad es la aprobación del acuerdo en el caso de Olga del Rosario Díaz, quien siendo sobreviviente de tentativa de femicidio por apuñalamiento por parte de su ex pareja había denunciado a la República Argentina ante el Comité CEDAW por:
1) Haber promocionado conciliaciones entre víctima y agresor;
2) No adoptar medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas;
3) Afectarse el derecho a ser oída en el proceso y que su opinión sea tenida en cuenta;
4) Colocar en cabeza de la víctima la responsabilidad de protegerse (vaya coincidencia con las manifestaciones públicas del fiscal Teran, de Cutral Có que imponía a una periodista que las víctimas disparasen a sus agresores);
5) Presencia de estereotipos en las actuaciones judiciales;
6) Ineficacia del aparato penal por falta de investigación de hechos de violencia previos;
7) Abordaje judicial fragmentado (1 causa civil, 3 penales) cuando el caso exigía un abordaje integral y coordinado.
La República Argentina finalmente reconoció su responsabilidad internacional ya que el actuar de los funcionarios judiciales intervinientes violaron las normas de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y sus Recomendaciones n° 19, 33 y 35.
En virtud de ello se dispusieron las siguientes medidas de reparación:
1. Ofrecimiento de disculpas públicas a Olga del Rosario Díaz a través de un acto presenciado por altos funcionarios;
2. Constitución de un tribunal para determinar la reparación económica de los daños;
3. La atención integral de la víctima para abarcar las distintas esferas que se encuentran vulneradas en el caso;
4. Elaboración y publicación de un documento de «Principios Generales de Actuación» en materia de violencia de género por parte de organismos nacionales y de CABA que deberá contener al menos nueve estándares directrices especificados en el acuerdo;
5. La exigencia por parte del Consejo de la Magistratura de capacitación en materia de perspectiva de género y un registro público de funcionarios denunciados por esta cuestión; 6. El compromiso de continuar capacitando conforme las previsiones de la Ley Micaela.
Es de esperar que en ese Registro Público que se comprometió el Estado argentino a elaborar figuren en primer lugar los jueces que firmaron la sentencia ahora abolida por Casación y que había dejado impune el femicidio de Lucía Pérez.
OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ
Estos dos hitos son apreciados desde este Observatorio como avances positivos de la sociedad argentina, ya que nos indican que no se tratan de casos puntuales y aislados sino de una constante en los poderes judiciales, nacionales y de las distintas jurisdicciones del país. Por lo que entendemos que la reforma judicial debería abarcar también una modificación de patrones culturales que introduzcan una real, y no declamativa, perspectiva de género que no puede quedar circunscripta a la mera paridad de cargos.
En el caso de Lucía Pérez, la parte acusadora sin perspectiva de género fue una fiscal (mujer), por lo que la mera paridad no es suficiente para asegurar la perspectiva de género y por ello desde aquí reclamamos que la reforma judicial incluya una urgente profundización en estos aspectos para deconstruir una justicia a todas luces conservadora, jurídicamente anacrónica, estereotipizante y patriarcal.
*Por Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans.
#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón

Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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