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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios

Publicada

hace 5 años

11/12/2019

Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios — Foto: Lina Etchesuri.

Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que puedan y deban trabajar para terminar con la violencia femicida. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán cada segundo miércoles de cada mes. El estado de las causas. La falta de apoyo estatal. Y el rol de la justicia. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad.

Son las once de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.

Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:

«Estado femicida nunca más».

Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.

Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Ahora estamos esperando la sentencia: va a ser el día 20 de diciembre, por la causa de abuso sexual agravado por acceso carnal. El fiscal pidió 6 años solamente. Estamos preocupados porque sabemos cómo se maneja la justicia. La verdad es que tenemos un miedo terrible. Sueño con el juez diciendo: ´Inocente´. Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen q escuchar”.

Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.

Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta el dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada?. Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.

Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así, nosotros nos volvemos detectives. Tengo fecha de juicio, empieza el 26 de mayo”.

Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Rosana, mamá de Carla Soggiu: “Acá estamos todos en la misma. Te dicen que tenes derecho a todo el expediente, a todo, pero no te dan nada. Necesitamos cambiar el enfoque de la justicia, parece que la condenada es nuestra hija”.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Es importante organizarnos para acompañarnos. Acá me siento con pares. Sabemos de lo que hablamos”.

Mónica, mamá de Araceli: “Tenes que bancar la casa, la familia. Duele. Por lo menos lo puedo hablar con ustedes, en mi casa no puedo llorar. Soy la fuerte: si me ven llorar se ponen mal. Vas perdiendo todo. Es muy doloroso”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “La familia nunca vuelve a ser la misma. Esa indiferencia que hubo del Estado la tenemos que cambiar”.

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:

Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yohurt hasta la psicóloga.
Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. Desde ahí se repetirá cada segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.

Las historias

Las familias prepararon un texto para compartir a quienes se acercaban a preguntar qué sucedía. Ese mismo fue entregado a Presidencia junto al petitorio. Un señor de traje preguntó por qué se ponía en la bandera ‘Estado femicida’. “Quiero interiorizarme”, dijo. Se llevó, como otrxs, las hojas que bajo el título “Nuestras historias, nuestras hijas” resume en qué estado están las causas.

El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Compartimos acá las historias para que sean replicadas:

Lucía Pérez, 16 años. El sábado 8 de octubre de 2016 Marta, mamá de Lucía, volvió a su casa después del trabajo y se encontró con la notebook abierta y encendida y el mate, pero no a su hija. Le mandó un mensaje de wassap para saber dónde estaba y vio que su última conexión había sido a las 10.30 de la mañana. Horas después le avisaron que Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, habían llevado a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Le dijeron que la causa fue una sobredosis. Lucía estaba vestida y su cuerpo había sido bañado. El domingo 9 apresaron a Farías y Offidani en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado por ayudar al lavado del cuerpo muerto (encubrimiento agravado). Meses después, en el juicio oral todos quedaron exculpados del femicidio, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.

Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, un delito menor y Maciel sobreseído. Todas las partes apelaron el fallo y tras la persistencia de los padres de Lucía -que viajaron todos los meses para realizar una sentada frente al tribunal de Casación de La Plata- fijaron fecha de la audiencia de apelación: será el próximo 26 de diciembre a las 11 horas.

En tanto, con el apoyo de legisladores de todos los bloques, la familia impulsó el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía. Hace dos semana se designó el jurado que tendrá a cargo esa tarea, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.

Jueves 26 de diciembre, 12 horas: Audiencia de apelación. Cámara de Casación Penal de La Plata, calle 55 entre 5 y 6. Los jueces escucharán argumentos de las partes. Luego decidirán si dejan libre a los detenidos o se realiza un nuevo juicio. El fiscal pidió cambio de fecha de la audiencia. Hasta el momento no llegó la notificación de que se haya otorgado ese cambio.

Araceli Funes, 22 años. El 1 de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que ponga la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. “En lugar de investigar, los protegieron. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado”, sintetiza Mónica.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel.

Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos “Popy” Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho. Acostumbrada a revisar las cámaras de seguridad durante los 27 días en que desapareció su hija, se dirigió al Centro de Monitoreo municipal a relevar las cámaras de la cuadra de la vecina amenazada. Ahí estaba registrada la amenaza de Cazals. Presentó esa prueba en el juzgado y fue detenido, ya que tenía otras condenas pendientes por otros delitos. Cazals quedó libre el pasado setiembre.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente.

El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.

Melina Romero, 18 años. Su femicidio ocurrido en 2014 es resumido así por Ana, su mamá: “Mi hija salió a festejar su cumpleaños y me la entregaron un mes después en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona.” Melody, amiga de Melina, fue testigo de lo que le pasó y declaró ante la justicia que un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) se turnaron para violarla y golpearla. La fiscal no acusó a ninguno de los implicados alegando falta de pruebas, pero Melody fue acusada por falso testimonio. Finalmente, en el juicio fue absuelta. Allí declaró ante los jueces que esa noche ella también había sido violada y no la escucharon: nunca se abrió una causa que investigue ese delito.

Ana logró que el juez acepté llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.

Carla Soggiu, 28 años, dos hijos y una ex pareja violenta: Sergio Fuentes, que el 26 de diciembre de 2018 la secuestró, ató, violó, golpeó y puso en riesgo su vida: Carla tenía hidrocefalia y una válvula que la golpiza destrozó. Veinte días después -el 15 de enero- y bajo los efectos de una desorientación, tocó tres veces el botón antipánico en un lapso de 90 minutos. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Según le dijeron a sus padres aquel día el GPS del botón antipánico estaba inoperante y solo había triangulación: al tocar el botón se comunicaba con el centro de asistencia y este llamaba al patrullero. El 31 de diciembre vencía el contrato de una empresa y el 1 de enero tomaba el servicio otra y en ese cambio algo pasó ya que el 6 de enero fue el último día que el GPS reportó con exactitud la localización de las víctimas. todo el sistema de protección a víctimas de violencia en CABA estaba caído por una demora en la renovación del contrato con la empresa que presta ese servicio.

Los dos hijos de Carla quedaron a cargo de los abuelos maternos. Nunca recibieron ni ayuda económica ni asistencia social de ningún tipo. A pesar de haberse sancionado una ley que debería otorgarles un subsidio, la reglamentación de esa norma hace imposible su práctica ya que ordena que hasta que no haya sentencia firme no se materialice, lo cual implica demorar décadas la efectivización de este derecho.

La familia recibió a principios de este año un llamado aterrador: solicitaban urgente hablar con su hija. La que hablaba era una empleada judicial del tribunal a cargo de acusar a quien la había secuestrado, violado y golpeado, y producido las secuelas que terminaron desencadenado su muerte. Esa oficina judicial no estaba al tanto de ese desenlace y llamaba para informale a Carla la fecha del juicio oral que juzgaría esos delitos. La familia también se enteró así que ya había vencido el plazo para que cumpla el rol de querellante.

Al juicio, entonces, la familia de Carla asistió como oyente. Consistió en dos audiencias. El fiscal pidió una pena mínima: 6 años. El próximo 20 de diciembre será el falló. Si Sergio Fuente queda impune los hijos de Carla estarán en manos de quien secuestró, violó, golpeó y mató a su madre.

Viernes 20 de diciembre, 10 horas: Darán a conocer el fallo de la causa por violación. Talcahuano 550 6° piso.

Agustina Fredes, 19 años fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria.
El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.

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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Publicada

hace 2 semanas

26/11/2024

Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.

Tamara

Vanesa

Sheila

Abril

Rocio

Elena

Ana

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.

Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.

La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.

Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.

Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

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No son cifras

Publicada

hace 2 semanas

25/11/2024

La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.

Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.

Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.

De los 277 femicidios y travesticidios:

25 habían realizado denuncias previamente.
70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
Tres de ellas estaban embarazadas.
30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
24 eran menores de edad.

Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.

Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo

Publicada

hace 3 semanas

19/11/2024

Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”

El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio“

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

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