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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios

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Foto: Lina Etchesuri.

Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que puedan y deban trabajar para terminar con la violencia femicida. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán cada segundo miércoles de cada mes. El estado de las causas. La falta de apoyo estatal. Y el rol de la justicia. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad.

Son las once de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.

Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:

  • «Estado femicida nunca más».

Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.

Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

Ana María Martínez y Marta Montero, mamás de Melina Romero y Lucía Pérez. Foto: Lina Etchesuri.

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Ahora estamos esperando la sentencia: va a ser el día 20 de diciembre, por la causa de abuso sexual agravado por acceso carnal. El fiscal pidió 6 años solamente. Estamos preocupados porque sabemos cómo se maneja la justicia. La verdad es que tenemos un miedo terrible. Sueño con el juez diciendo: ´Inocente´. Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen q escuchar”.

Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu. Foto: Lina Etchesuri.

Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.

Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta el dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada?. Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.

Blanca, mamá de Agustina Fredes. Foto: Lina Etchesuri.

Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así, nosotros nos volvemos detectives. Tengo fecha de juicio, empieza el 26 de mayo”.

Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.

Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero. Foto: Lina Etchesuri.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Rosana, mamá de Carla Soggiu: “Acá estamos todos en la misma. Te dicen que tenes derecho a todo el expediente, a todo, pero no te dan nada. Necesitamos cambiar el enfoque de la justicia, parece que la condenada es nuestra hija”.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Es importante organizarnos para acompañarnos. Acá me siento con pares. Sabemos de lo que hablamos”.

Mónica, mamá de Araceli: “Tenes que bancar la casa, la familia. Duele. Por lo menos lo puedo hablar con ustedes, en mi casa no puedo llorar. Soy la fuerte: si me ven llorar se ponen mal. Vas perdiendo todo. Es muy doloroso”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “La familia nunca vuelve a ser la misma. Esa indiferencia que hubo del Estado la tenemos que cambiar”.

Mónica Ferreyra, mamá de Aracelli Fulles. Foto: Lina Etchesuri.

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:

  1. Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
  2. Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yohurt hasta la psicóloga.
  3. Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
  4. La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
  5. El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. Desde ahí se repetirá cada segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.

Foto: Lina Etchesuri.

Las historias

Las familias prepararon un texto para compartir a quienes se acercaban a preguntar qué sucedía. Ese mismo fue entregado a Presidencia junto al petitorio. Un señor de traje preguntó por qué se ponía en la bandera ‘Estado femicida’. “Quiero interiorizarme”, dijo. Se llevó, como otrxs, las hojas que bajo el título “Nuestras historias, nuestras hijas” resume en qué estado están las causas.

El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Compartimos acá las historias para que sean replicadas:

Lucía Pérez, 16 años. El sábado 8 de octubre de 2016 Marta, mamá de Lucía, volvió a su casa después del trabajo y se encontró con la notebook abierta y encendida y el mate, pero no a su hija. Le mandó un mensaje de wassap para saber dónde estaba y vio que su última conexión había sido a las 10.30 de la mañana. Horas después le avisaron que Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, habían llevado a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Le dijeron que la causa fue una sobredosis. Lucía estaba vestida y su cuerpo había sido bañado. El domingo 9 apresaron a Farías y Offidani en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado por ayudar al lavado del cuerpo muerto (encubrimiento agravado). Meses después, en el juicio oral todos quedaron exculpados del femicidio, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.

Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, un delito menor y Maciel sobreseído. Todas las partes apelaron el fallo y tras la persistencia de los padres de Lucía -que viajaron todos los meses para realizar una sentada frente al tribunal de Casación de La Plata- fijaron fecha de la audiencia de apelación: será el próximo 26 de diciembre a las 11 horas.

En tanto, con el apoyo de legisladores de todos los bloques, la familia impulsó el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía. Hace dos semana se designó el jurado que tendrá a cargo esa tarea, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.

Jueves 26 de diciembre, 12 horas: Audiencia de apelación. Cámara de Casación Penal de La Plata, calle 55 entre 5 y 6. Los jueces escucharán argumentos de las partes. Luego decidirán si dejan libre a los detenidos o se realiza un nuevo juicio. El fiscal pidió cambio de fecha de la audiencia. Hasta el momento no llegó la notificación de que se haya otorgado ese cambio.

Araceli Funes, 22 años. El 1 de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que ponga la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. “En lugar de investigar, los protegieron. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado”, sintetiza Mónica.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel.

Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos “Popy” Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho. Acostumbrada a revisar las cámaras de seguridad durante los 27 días en que desapareció su hija, se dirigió al Centro de Monitoreo municipal a relevar las cámaras de la cuadra de la vecina amenazada. Ahí estaba registrada la amenaza de Cazals. Presentó esa prueba en el juzgado y fue detenido, ya que tenía otras condenas pendientes por otros delitos. Cazals quedó libre el pasado setiembre.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente.

El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.

Melina Romero, 18 años. Su femicidio ocurrido en 2014 es resumido así por Ana, su mamá: “Mi hija salió a festejar su cumpleaños y me la entregaron un mes después en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona.” Melody, amiga de Melina, fue testigo de lo que le pasó y declaró ante la justicia que un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) se turnaron para violarla y golpearla. La fiscal no acusó a ninguno de los implicados alegando falta de pruebas, pero Melody fue acusada por falso testimonio. Finalmente, en el juicio fue absuelta. Allí declaró ante los jueces que esa noche ella también había sido violada y no la escucharon: nunca se abrió una causa que investigue ese delito.

Ana logró que el juez acepté llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.

Carla Soggiu, 28 años, dos hijos y una ex pareja violenta: Sergio Fuentes, que el 26 de diciembre de 2018 la secuestró, ató, violó, golpeó y puso en riesgo su vida: Carla tenía hidrocefalia y una válvula que la golpiza destrozó. Veinte días después -el 15 de enero- y bajo los efectos de una desorientación, tocó tres veces el botón antipánico en un lapso de 90 minutos. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Según le dijeron a sus padres aquel día el GPS del botón antipánico estaba inoperante y solo había triangulación: al tocar el botón se comunicaba con el centro de asistencia y este llamaba al patrullero. El 31 de diciembre vencía el contrato de una empresa y el 1 de enero tomaba el servicio otra y en ese cambio algo pasó ya que el 6 de enero fue el último día que el GPS reportó con exactitud la localización de las víctimas. todo el sistema de protección a víctimas de violencia en CABA estaba caído por una demora en la renovación del contrato con la empresa que presta ese servicio.

Los dos hijos de Carla quedaron a cargo de los abuelos maternos. Nunca recibieron ni ayuda económica ni asistencia social de ningún tipo. A pesar de haberse sancionado una ley que debería otorgarles un subsidio, la reglamentación de esa norma hace imposible su práctica ya que ordena que hasta que no haya sentencia firme no se materialice, lo cual implica demorar décadas la efectivización de este derecho.

La familia recibió a principios de este año un llamado aterrador: solicitaban urgente hablar con su hija. La que hablaba era una empleada judicial del tribunal a cargo de acusar a quien la había secuestrado, violado y golpeado, y producido las secuelas que terminaron desencadenado su muerte. Esa oficina judicial no estaba al tanto de ese desenlace y llamaba para informale a Carla la fecha del juicio oral que juzgaría esos delitos. La familia también se enteró así que ya había vencido el plazo para que cumpla el rol de querellante.

Al juicio, entonces, la familia de Carla asistió como oyente. Consistió en dos audiencias. El fiscal pidió una pena mínima: 6 años. El próximo 20 de diciembre será el falló. Si Sergio Fuente queda impune los hijos de Carla estarán en manos de quien secuestró, violó, golpeó y mató a su madre.

Viernes 20 de diciembre, 10 horas: Darán a conocer el fallo de la causa por violación. Talcahuano 550 6° piso.

Agustina Fredes, 19 años fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria.
El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.

Foto: Lina Etchesuri.

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

Podés descargar el documento aquí.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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La socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso mantuvo un encuentro con Familias Sobrevivientes de Femicidios. Monárrez, creadora del término “femicidio”, es de las más prestigiosas especialistas en violencia contra las mujeres. Compartimos acá sus principales aportes durante el histórico encuentro, de Ciudad Juárez a Buenos Aires. 

Familias Sobrevivientes de Femicidios en MU. Lo que surgió de un contacto histórico. Fotos: Lina Etchesuri
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