Este 24 de septiembre fueron liberados los inquilinos que habían sido detenidos a comienzos de agosto por reclamar contra los aumentos desproporcionados del inquilinato de San Telmo en que vivían. La medida confirma la aberración que representó el mes y medio que estuvieron en la cárcel, víctimas de una causa armada, parte del proceso de expulsión de vecinos y reconversión de San Telmo en supuesto polo turístico. Manifestaciones, y hasta un “sementazo” jalonaron estas semanas hasta la excarcelación.
Ayer lavaca anunció la pronta resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la injusta prisión de 23 vecinos de San Telmo, y la misma se dio por la tarde. El título era: “Justicia o aberración jurídica”. Fue justicia, si por tal se entiende que estas personas pudieron salir de la cárcel luego de un mes y medio de prisión que nadie les devolverá, y de haberse quedado además sin vivienda y sin sus pertenencias, todo por reclamar contra los aumentos prohibitivos (de 380 pesos a 1.200) que les exigieron a comienzos de agosto para poder seguir habitando, hacinados, pequeñas habitaciones de un inquilinato llamado pomposamente “Hotel Carlos V”. Esa situación marca la diferencia que cada lector sabrá apreciar, entre “excarcelación” y “libertad”.
Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, dijo a lavaca con respecto a las excarcelaciones: “Salieron 19 personas de las 23 detenidas, y se espera la salida mañana de tres más que tienen caución real (una fianza judicial). Esta cifra llega a los 2500 pesos sumando a todos, que no pudimos pagar hoy porque este trámite se hace en horario bancario. Esas tres personas son Carlos Pourrain, Mariela Aguirre y Pedro Navalle que deben pagar 500, 1000 y 1000 en ese orden”.
Saboulard no sabe por qué deben pagar tal fianza. “Ni siquiera sabemos cómo ha quedado la carátula de la causa. Obviamente no quedaron todos sobreseídos, algunos han quedado imputados de algunos delitos”. Los integrantes de la Asamblea de San Telmo, que se vieron involucrados al intentar mediar en el conflicto de los inquilinos, consideran que el juzgado que había enviado presos a estos 15 hombres y 8 mujeres recibió un cachetazo. “Fue un cachetazo porque la apelación se hizo el 23 y la cámara no usó los cinco días que tenía para expedirse sino que velozmente, en tiempo record, resolvió la situación. No estamos hablando de una sala progresista ni muchísimo menos, pero decidieron voltear la causa, cosa que para el juzgado fue un golpe duro”, dice Saboulard.
Todavía no se conoce la calificación de los delitos y se supo que el caso que queda en prisión es León Fernández.. “En realidad fue sobreseído en esta causa, pero fue dirigente del Partido Comunista de Perú, perteneció a Sendero Luminoso y estuvo preso 12 años en su país. Al comenzar a tener permiso para salir, huyó a la Argentina y se presentó como refugiado político. Al darse este caso se supo que tenía un pedido de Interpol, pese a que tenía el estatus de fugado político” explica Saboulard.
De todos modos, en la causa por el desalojo, nadie quedó preso. “Hay procesados, pero habrá que ver por qué razón, porque ni siquiera les avisaron a los abogados”.
El problema de vivienda de quienes fueron detenidos también quedará provisoriamente a cargo de la Asamblea de San Telmo.
Los “crímenes”
“Coacción agravada”, “robo”, “resistencia a la autoridad”, son algunas de las figuras penales que mantuvieron a ocho mujeres en el penal de Ezeiza y a quince hombres en la cárcel de Devoto. Desde hace un mes y medio esperaban definir su situación procesal para volver a encontrarse con sus familias. La decisión estuvo en manos de los doctores Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Tenían cuatro días hábiles para responder al pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor Norberto Soares, pero lo hicieron en tiempo record.
El letrado, antes de conocerse la excarcelación, había explicado a lavaca que el tribunal debía resolver “si sobreseen o dictan la falta de mérito por los seis delitos que se les imputa. Cabe la posibilidad que mantenga la acusación por alguno de esos delitos. En este caso, deberá decidir si corresponde la excarcelación. Pero si los sobreseen por todas las imputaciones tienen ser puestos en libertad en forma inmediata porque no hay acusación”.
Soares ya intuía que gran parte de los cargos que les adjudicó el Juzgado de Instrucción Nº5 “van a quedar sin efecto, se van a caer porque se trata de una aberración jurídica”. Unas horas más tarde se confirmaría su acierto.
Discriminación y silencio oficial
Cuando los dueños del inquilinato, llamado casi sarcásticamente Hotel Carlos V, decidieron subir el precio del alquiler de 380 pesos a 1200, dejaron en claro que no iban a negociar con las 20 familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Frente al nuevo precio, sólo cabía pagar, o irse. Durante las discusiones, agregaron que tenían “arreglos” con la policía de la Comisaría 26º. Soares cuenta que todo esto fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) pero la entidad no brindó respuesta alguna. Además, ocho días antes de las detenciones, en la Fiscalía 27 del fuero Contravencional, dos de las mujeres ahora detenidas habían realizado una denuncia contra la encargada del hotel. En aquel momento plantearon que para evitar que se realizara una reunión de inquilinos, esta persona empujó por las escaleras a una de las arrendatarias, cuyas lesiones comprobó el médico del SAME que tuvo que asistirla en el lugar.
¿Garantías?
El 8 de agosto los inquilinos quisieron hablar con los dueños, solicitaron ayuda a la Asamblea de San Telmo, terminaron encerrados con candado por la propietaria y allí llegaron unos 100 integrantes de las brigadas de la Policía Federal, que desencadenaron una represión de la que no se salvaron ni los chicos. Soares agrega que en esas detenciones hubo también serias irregularidades. “Se los puso a todos contra la pared y el ‘reconocimiento’ se hizo sin ningún resguardo constitucional, ni procesal”. Sin embargo, al Juzgado Nº5 le alcanzó con que los dueños señalaran a “los delincuentes” con el dedo, en una suerte de inversión de la carga de la prueba: culpables, hasta que demuestraran lo contrario.
Soares recuerda que este procedimiento tiene sus códigos: “La persona que está imputada de un delito debe ser reconocida entre otras tres personas con fisonomía similar. Además en el momento de la detención las autoridades deben leer los derechos del demorado”. En este caso no se cumplieron ni con esas mínimas garantías.
Las víctimas, robadas
Como si todos estos atropellos fueran poco, los familiares de los detenidos denunciaron que los dueños del Hotel Carlos V se quedaron con todas sus pertenencias: ropa, dinero, electrodomésticos, todo lo que había a mano. Esto ocurrió con el aval de la policía y del juzgado. Indica Soares: “Los uniformados no resguardaron la escena del hecho (que se supone delictivo) como se hace en todos los procedimientos. Se debió haber clausurado el hotel, se debió haber hecho pericias para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay dentro del lugar, pericias inclusive contables para saber en qué condiciones estaba el hotel”.
Ocurrió algo muy diferente: apenas los inquilinos fueron castigados con la cárcel y sus familiares desalojados con lo puesto, comenzaron las obras de remodelación que convertirán al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico.
Mafias inmobiliarias
Rubén Saboulard ya había bautizado a esta situación como la “causa escarmiento”: un modo de enviar un mensaje a los vecinos sobre las consecuencias de resistir la “reconversión” de San Telmo. Denunció que todo el “corredor turístico” que incluye barrios como San Telmo, Monserrat y Constitución, es escenario de una guerra contra los inquilinos y luchas de mafias inmobiliarias “donde los que aparecen como supuestos dueños de los inquilinatos, tampoco tienen títulos de propiedad, y por eso buscan el apoyo de la policía y los jueces para conseguir los desalojos”. Allí está la clave para comprender por qué estas familias fueron reprimidas, privadas de vivienda, y de su libertad.
En el marco de las acciones para intentar la liberación de los detenidos se produjo incluso el llamado “sementazo”, baldes de cal derramados frente a la Cámara Federal como denuncia de una paradoja: algunas de las detenidas eran mujeres dominicanas en estado de prostitución, cuya situación debía ser definida, por ejemplo, por el juez Mario Filozof, descubierto por una cámara oculta como prostituyente de dominicanas. Ahora la cuestión se centrará en saber qué delitos quedaron en pie y, acaso más importante aún, descubrir de qué modo el caso del Carlos V no se transforma en un símbolo de desalojos futuros, sino de la posibilidad de que las personas puedan tener derecho a la vivienda.