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Femicidio de Estado: Nunca Más

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¿Cuántas y cuáles son las mujeres asesinadas el primer mes de 2020? ¿Qué significa Femicidio de Estado? ¿Cuáles son las historias de violencia e impunidad detrás de cada familia destruida? Familias Sobrevivientes de Femicidios es una nueva organización que generó un encuentro conmocionante y conmovedor en plena Plaza de Mayo este miércoles. Las voces que describen el rol de la violencia, de la policía, del poder judicial apostando, pese a todo, a crear un futuro más allá de la impunidad y la muerte.

A las dos de la mañana en la puerta de la Catedral de Mar del Plata cincuenta y cuatro personas se reúnen para esperar un micro que pagaron con lo recaudado en un festival artístico y vendiendo mermeladas caseras que preparó Marta, la mamá de Lucía Pérez.

Lo primero que enseñan así es que a esta lucha la sostiene la autogestión.

Viajarán durante toda la madrugada para estar a las once de la mañana en Plaza de Mayo donde los segundos miércoles de cada mes se reúne el colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios. El encuentro consiste en dos acciones:

  • que las familias puedan hablar sobre sus historias, sus experiencias en la justicia, las estrategias que tuvieron que desarrollar, lo que necesitan, lo que falta, lo que duele;
  • y que todo el resto de los presentes escuchen, escuchemos.

Los espacios diagramados para la voz y la escucha son claros: las familias están sentadas en semicírculo, en bancos rojos. A sus espaldas una bandera dice “Estado femicida nunca más”, atrás la Casa Rosada; alrededor de ellxs, con banderas, las personas que escuchamos.

Están sentadxs: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Rosana, mamá de Carla Soggiu, Mónica, mamá de Araceli Fulles; Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analia Aros; Blanca, mamá de Agustina Fredes; y Jesica, hermana de Nancy Segura.

Tienen algo en común: sus hijas o hermanas fueron víctimas de femicidios. Saben que el femicidio es un tipo de violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, a una familia. Saben también que esa violencia afecta a toda la trama social: el colegio, el barrio, la opinión pública.

Conocen qué rol cumplen el aparato policial y judicial para dejar a estos crímenes impunes, sin condenas justas. Y también saben que no hay políticas completas y concretas para contener, acompañar y facilitar el acceso a la justicia ni a programas de asistencia social, psicológica y legal, entre otros derechos negados.

Construyeron ese saber desde sus propios dolores y con su propio cuerpo. Desde ahí hablan, eso escuchamos.

Lo que cuentan

Lucía Pérez, 16 años. El 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Los apresaron un día después en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, y Maciel sobreseído.

Nadie fue condenado por el femicidio, los jueces consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida. Todas las partes apelaron el fallo y la audiencia será el próximo 5 de marzo a las 10 horas en La Plata. En paralelo, la familia de Lucía impulsó junto a legisladores de distintos bloques el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que Carnevale pidió la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El Estado y los extraterrestres

Quien habla en la ronda de Plaza de Mayo es Marta Montero, su mamá, enfermera del Hospital Interzonal de Mar del Plata: “De nuevo estamos juntas visibilizando cosas que no ven o no pueden ver. Queremos que nos vean la cara. Después del femicidio de nuestras hijas, esto es como quedamos: familias desmembradas, destruidas. Esto es lo que podemos juntar. ¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia. ¿Qué es lo que está pasando que el Estado no está presente? No está con las familias. Es como si fuésemos extraterrestres. Y a todas nos pasa lo mismo. No es casual que a todas nos traten igual. No es casualidad: es causalidad, de no hacerse cargo. Venimos acá para que haya política social. Porque esto nos atraviesa a todos, acá se destruye todo el tejido social. Nos matan en vida a nosotras mismas, porque después de la muerte de una hija quedamos como podemos, quedamos en hilachas. La que puede trabajar, trabaja, la que no, no consigue. Porque hasta eso tenés: la discriminación de ser la hermana de, la madre de, el padre de. Queremos que este Estado ausente empiece a visualizar esto. No sé de qué manera tenemos que hacerlo: si tenemos que traer el cadáver de nuestras hijas o el cadáver nuestro acá a la Plaza. Para todas las que estamos acá es un gran sacrificio: desde las 2 de la mañana estamos levantadas para venir desde Mar del Plata”.

Natalia y los policías

Natalia Melmann, 15 años. Desapareció el 4 de febrero de 2001, cuatro días después se encontró su cuerpo en las afueras de Miramar. Fue violada, torturada y luego asesinada. La autopsia reveló presencia de cinco perfiles genéticos distintos en el cuerpo. Los policías bonaerenses Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini fueron condenados por “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas” y el policía Gustavo Fernández como entregador. Diecisiete años después fue juzgado y absuelto el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, pero a fines del año pasado Casación resolvió revocar la absolución.

Habla en Plaza de Mayo Gustavo, su papá: “Estamos presentes porque queremos impulsar un cambio en la sociedad. Un cambio cultural y un cambio en la justicia. Cada uno de nosotros venimos de marcha en marcha, y principalmente venimos a pedir un freno a los casi 30 femicidios mensuales que tiene la Argentina. Venimos a pedir Ni Una Menos, políticas de Estado que protejan a la mujer. Queremos respuesta rápida e inmediata”.

Nancy Segura, 27 años. Fue asesinada el 19 de junio de 2017 por su ex pareja Rafael Inglera a puñaladas. Su hija de 3 años estaba presente. Nancy tenía también un hijo de 11 años. Ambos están al cuidado de su tía. En agosto del año pasado un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata encontró culpable a Inglera por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”. La jueza Mariana Irianni estableció 20 años de prisión.

Habla Jesica, su hermana: “A Nancy la mató el exmarido el 19 de junio de 2017. Tuvimos el juicio, le tiraron 20 años. Nada. Estoy criando a mis dos sobrinos. Me hice cargo. Ahora con la nena estoy peleándola porque tiene el apellido de él: él la mató y yo tengo que seguirla peleando para tenerla definitivamente. Para que se queden conmigo. Es lo único que me deja mi hermana. Ellos me dan fuerza para seguir peleando y que lo de mi hermana ni lo de ninguna de las chicas quede en la nada. Muchas gracias”.

Agustina, Analia, Araceli

Agustina Fredes, 19 años. Fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de 2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria. Ocho días después del primer encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios en el diciembre pasado fue detenido Acevedo.

Habla en Plaza de Mayo Blanca, su mamá: “Cuando estuvimos acá en diciembre, a los ocho días, recién ahí, detuvieron al asesino de mi hija. En abril ella cumple tres años de fallecida. Está detenido con la preventiva, recién el lunes me van a detallar cómo sigue. Espero que sea todo para bien, que sea una condena sin beneficios. Porque van a ser tres años que mi hija está bajo tierra, y ella no tiene beneficios. Quiero y exijo que sea lo mismo para él. Porque nosotros nos quedamos sin las chicas, ellos la siguen disfrutando, se burlan de la familia, porque la Justicia los ampara a ellos. Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste. Gracias”.

Analía Aros, 36 años. El 21 de marzo de 2017 su ex pareja Hugo Orlando Gutiérrez la golpeó en la cabeza y estranguló con un cable de luz. En octubre de 2018 fue condenado a prisión perpetua en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.

Quien habla en Plaza de Mayo es Ana, su mamá: “Yo siempre no puedo hablar, pero trataré. Mi hija Analía fue asesinada por su pareja. Ahora en marzo se van a cumplir tres años. Tiene perpetua, según dicen son 35 años. La perpetua también es para nosotras las madres y para las hijas que quedaron. Él está vivo, y dentro de la cárcel se burla de nosotras. Tiene un celular donde lo vemos. Se casó dentro de la cárcel, tiene un bebé ahora y se saca fotos con los deditos con la V de victoria en Facebook. Lo vemos. Son tres años de sufrimiento. Seguimos sufriendo al ver esas fotos. Mi sufrimiento es perpetuo, mi hija nunca más volverá. Estoy a cargo de su hija más chica, 13 años, que es una preadolescente que estamos con todos los tratamientos habidos y por haber. Y yo con 70 años tengo que volver a empezar de nuevo. Y me está costando muchísimo. Muchísimo. Me está costando pensar que mi hija está muerta. Y esto de llorar es todos los días, porque así nos dejan: emocionalmente destrozadas. Nos dejan hechas pedazos a todas las hermanas, las hijitas. No sé cuánto estaré yo criando una nena de 13 años. Y ese es mi miedo: llegar a que esa nena pueda ser criada lo mejor posible. Trato de hacer lo mejor posible con la fuerza que puedo sacar de mi dolor”.

Araceli Fulles, 22 años. El 1º de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que pusiera la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal. Al día siguiente del hallazgo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. El cuerpo de la joven fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel. Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho; quedó libre el pasado setiembre. La familia está amenazada y con custodia policial permanente. El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020

Habla Plaza de Mayo Mónica, su mamá: “Ella desapareció un 2 de abril. La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. Esa carita que ven acá no se veía. Fui a reconocer el cuerpo de mi hija, nada más estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también estuve donde está la gente afuera, nunca me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí. Lo de mi nena fue hace 3 años ya. Fue una herida mortal para nosotros. Esa herida es como que se engangrenó. Cada día duele más. Estamos muertos en vida. No hay un día en que una no piense en su hija. Cada vez duele más y más y más, y yo sé que en algún momento nos va a llevar a la muerte. Estamos muertas en vida. Destruyeron a toda una familia. Tengo dos hijos. Mi hija tenía 22 años, hoy mis hijos tienen 23 años, y tengo que seguir luchando por ellos dos. El que encontró el cuerpo de su hermana no hay un día que no se levante y me diga: ´Ma, me duele acá´. Hicimos tratamiento, todo, y no tiene nada. Me dijeron que es psicológico. Y tiene miedo de quedar como quedó su hermana. Él, cuando vio el piecito, pensó que era un chancho, pero era el pie de su hermana: todo comido. El más chico intentó dos veces matarse. Una vez me lo trajeron porque se había tirado a las vías del tren y dijo que no quería vivir, que quería volver con su hermana. Un día llegamos y estaba ahorcado. Ya estaba morado. Le hicimos primeros auxilios y gracias a Dios reaccionó. Y yo lamentablemente estoy sola, porque mi marido cayó en una depresión. No quiere vivir. No hace mucho le preguntaron si se le aparecía la imagen de su hija, qué le diría, él dijo: `Que me lleve con ella. Que no quiero vivir más´. Entonces yo les pregunto a todos: ¿por qué tenemos que estar acá a pesar de nuestro sufrimiento?  ¿Por qué no hacen nada? En enero hubo 35 femicidios. Hacen oídos sordos o se hacen los ciegos. No estamos acá porque queremos estar: queremos que haya justicia, que se termine toda esta impunidad, que nos ayuden y que la gente que pasa no ignore nuestro dolor. Estamos acá luchando por nuestras hijas y por los hijos de ustedes. Ayuden a que tengamos justicia”.

Concluyó con una frase que sonó amable, y extraña: “Que tengan buen día. Gracias”.

Almas rotas

Carla Soggiu, 28 años. El 26 de diciembre de 2018, Sergio Nicolás Fuentes, su ex marido, la secuestró, ató, violó y golpeó. Ella tenía hidrocefalia, y los golpes destrozaron la válvula. Hizo la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica: completarla le llevó horas. Le dieron un botón antipánico y una orden de restricción y se abrió una causa por la que en diciembre del año pasado se lo condenó a seis años de prisión. Veinte días después de la violación, el 20 de enero de 2019, Carla activó tres veces en un lapso de noventa minutos el botón antipánico para avisarle a la Policía que estaba perdida y necesitaba ayuda. La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación tiempo-espacio. La ayuda no llegó. Los padres de Carla aseguran tener el dato de que, justo por esos días, el GPS del botón antipánico no funcionaba. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Tenía dos hijos que quedaron a cargo de sus abuelos maternos. La familia pide que, dada la condena por violación que lograron en la causa que precedió a su crimen, se cambie la carátula de la que investiga su muerte por “femicidio”.

Habla en Plaza de Mayo Rosana, su mamá: “Sigo pidiendo justicia por mi hija. Toda mi familia con el alma rota. Ya hay una condena al asesino. Están comprobados los golpes que le dieron en la cabeza, en la válvula. Ahora seguimos por el femicidio, porque a raíz de los golpes que le ocasionó es que está muerta. Vamos a seguir luchando hasta el final, para que paguen los que tengan que pagar. El asesino y el Gobierno de la Ciudad también, ya que no ayudó a Carla”.

La carta

Luego de la ronda Marta, mamá de Lucía, leyó la carta que el colectivo redactó para presentar en Casa Rosada. Luego, todos los familiares presentes la firmaron y quien entró a entregarla fue Mónica, mamá de Araceli. Lo hizo con la remera y la bandera con la foto de su hija.

En la carta, la segunda que entregan tras la que redactaron en diciembre, las Familias Sobrevivientes de Femicidios exigieron “que se reconozca el estado de dolor e indefensión en el que nos deja el asesinato de nuestras hijas, y esa forma de reconocimiento es concreta” y detallaron a continuación lo que necesitan.

Reproducimos el texto:

  1. Contener y reparar el daño que la violencia produjo en nuestras familias, afectando vital, psicológica y económicamente a huérfánxs, hermanxs, padres. Estamos padeciendo depresiones, intentos de suicidio y exclusiones del mercado laboral por ser “el hermano o hermana de” o “el padre o la madre de”, estigma que muchas veces ayudan a construir la impunidad que produce el Poder Judicial al dejar sin condena ejemplar estos crímenes.
  2. Hacer justicia en un sistema que favorece la impunidad de los femicidios, lo cual implica para las familias dedicar mucho tiempo, recursos y energía, además de tener que trasladarse cientos de kilómetros para las audiencias de apelaciones, por lo cual debemos  abonar pasajes, estadía y comidas; además de hacernos cargo de los honorarios de abogados penales, que como es tradición en ese fuero, deben pagarse antes de iniciarse el trámite judicial, es decir, en plena conmoción familiar y cuando tenemos que pagar hasta el sepelio de nuestras hijas masacradas.
  3. Reparar el daño en el tejido social que estos femicidios producen, dejando secuelas de las que ninguna autoridad se hace cargo, ya que en ningún barrio o escuela del territorio donde se produjo el femicidio de nuestras hijas se implementó ningún programa ni se aplicó ningún protocolo para elaborar comunitariamente el trauma de estas violencias y, por lo tanto, intentar así prevenirlas.

Agrega el texto: “Son muchos más los factores que podemos enumerar, pero en esta oportunidad nos centramos en estos tres aspectos para reclamar tres medidas:

  1. Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y de ser necesario, recursos económicos, hasta que ese núcleo familiar este nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral.
  2. Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia.
  3. Que se implemente un protocolo de actuación territorial y especialmente en el ámbito de la educación para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios”.

Crímenes 2020

Las familias habían llegado a Plaza de Mayo con una bandera de tela negra en la que se leía: “enero” y 34 carteles con un dato en cada caso: “una menos”.

Cada cartel llevaba un nombre. Son las mujeres asesinadas durante el primer mes de 2020: Inés, 56 años; Sabrina, 35 años; Valentina, 19 años; Analía, 27 años; Florencia, 27 años; Luciana, 24 años; María, 25 años; Claudia, 44 años; Gabriela, 33 años; Silvia, 32 años; Marisa, 44 años; Noelia, 42 años; Alejandra, 28 años; María Mercedes, 46 años; Mariela, 40 años; Bárbara, 20 años; Florencia, 21 años; Ana Beatriz, 52 años; Isabel, 25 años; Francisca, 44 años; Bárbara, 29 años; Natalia, 16 años; Dámaris, 23 años; Romina, 17 años; Olga, 30 años; Natasha, 24 años; Deborah, 26 años; Rita, 27 años; Valeria, 28 años; Ayelén, 15 años; Antonela, 22 años; Gladys, 37 años; Antonella, 30 años y Maria Laura, 35 años.

Marta y Mónica leyeron la lista en voz alta, mientras la bandera giraba en torno a ellas, y sonaba la percusión aportada por artistas que llegaron desde Mar del Plata.

Después se hizo la performance del colectivo chileno Las Tesis que recorre el mundo y grita: “El Estado opresor es un macho violador”. Desde el Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios plantean “Estado femicida nunca más” llamando Femicidios de Estado a “aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer”.

El próximo encuentro será el segundo miércoles de marzo, a las 11 horas, en Plaza de Mayo.

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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