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Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia

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El acusado del femicidio de Julieta Riera (24) en Paraná fue beneficiado con prisión domiciliaria luego de pagar una caución de 500 mil pesos. Jorge Julián Christe, hasta ahora detenido en la Unidad Penal Nº1 de esa ciudad, esperará el juicio a resguardo en la casa de su madre, una ex jueza de Entre Ríos. Está imputado por golpear y por tirar a Julieta desde un octavo piso. La voz de la mamá de la joven. El contexto de violencia machista. Y la movilización social para que el caso no quede impune.

Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia
Julieta tenía 24 años y estaba terminando materias del secundario para empezar abogacía.

Por Lucrecia Raimondi

La prisión domiciliaria de Jorge Christe la dispuso esta semana la vocal de Juicios y Apelaciones Nº1 de Paraná, María Carolina Castro, en una audiencia que definió en qué condiciones de arresto Christe será juzgado por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género” por la muerte de la joven de 24 años que era su pareja.

Cuenta Ana Brugo, la mamá de Julieta, que vivían juntos hacía un año y medio en San Martín al 300, en una de las dos propiedades que tiene la ex funcionaria judicial en el octavo piso de ese edificio, a pocas cuadras de su casa, en pleno centro de Paraná. Ellos habitaban el que da a la calle peatonal, con balcón cubierto al frente; el femicidio ocurrió en el otro inmueble del mismo piso, que tiene un balcón sin protección que da a un pulmón de manzana. La investigación indica que la madrugada del 30 de abril Christe golpeó a Julieta y la arrojó al vacío.

Desde que empezó a salir con él, Ana notó que Julieta se aisló de sus amigos y al principio un poco de ellos. También que se puso más reservada con su vida en convivencia. Pero nunca pensó que Julieta podría sufrir violencia y menos que sería asesinada por su pareja. Ana todavía no sabe con certeza qué pasó esa noche, dice que está esperando los resultados de criminalística y que confía en el trabajo de su abogada y de la fiscalía.

La noticia de la prisión domiciliaria, Ana y su familia la tomaron con mucho dolor y tristeza. “Él tendrá sus derechos pero a mí no me cabe ninguna duda, porque soy su mamá, que no fue un accidente”, aseguró a lavaca. “Ella tenía sus proyectos, estaba terminando las materias del secundario porque quería estudiar abogacía el año que viene”.

El caso

El 2 de mayo, el juez Mauricio Mayer dictó la prisión preventiva de Christe por 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”. Ese plazo se venció el 28 de agosto y la jueza Castro finalmente dio lugar al pedido de la defensa y decidió que continuara detenido con prisión domiciliaria en la casa de su madre.

Jorge Julián Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar la primera vez frente al juez Mayer. Sus abogados defensores habían solicitado la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero esa primera vez el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe manejó su moto hasta la casa de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.

El fiscal Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer de un balcón a 19 metros de altura.

En la primera audiencia de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.

No están solas

María Elena, de la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, que sigue el caso de cerca, entiende que la domiciliaria de Christe responde a que la jueza consideró garantías procesales porque la querella no pudo demostrar que había peligro de fuga ni que el acusado podría entorpecer la investigación. Pero que pasados 120 días de prisión “la fiscalía debería tener suficientes pruebas al respecto”.

María Elena analizó con sus compañeras esta medida en comparación con otros casos. Lo que encontraron: “Nosotras señalamos que esas garantías deberían estar al alcance de cualquier persona acusada por un delito y no se aplican. Entonces parecería que se trata de que ciertos sectores de la sociedad pueden acceder a garantías y derechos que otras personas no. Por ejemplo no se hizo igual tratamiento al femicida de Fátima. Lo que se deja ver desde el Tribunal de Entre Ríos es la faz clasista que poseen algunas determinaciones”.

El posicionamiento de la Asamblea es claro en ese sentido: “No queremos un sistema punitivo en donde haya personas presas sin condenas. Pero deja mucho que pensar este caso, porque determinaron una caución de 500 mil pesos a alguien con mucho poder adquisitivo y dejaron en custodia del mismo a la ex jueza, madre del imputado, a quien él mismo fue a ver antes de llamar a la policía a horas de la madrugada cuando sucedió el femicidio de Julieta”.

Cuentan que las versiones de Christe cambiaron con las horas. Primero dijo que estaban jugando a las escondidas y que fue un accidente. Después dijo que ella se tiró sola. Y la primera versión de él fue que la mamá de Julieta es la que se había tirado. “Teniendo a su madre como ex jueza de la provincia, entendemos y sabemos por otras fuentes que ha tocado todos los contactos dentro del sistema judicial. De hecho buscó peritos en Buenos Aires y Concepción del Uruguay que le han dicho que no porque era muy evidente el femicidio”, revelan integrantes de la Asamblea y aseguran “Julieta está muerta, la mató Christe”.

Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia

Sin perspectiva

Andrea es trabajadora social.Junto a otras profesionales de la Asamblea, acompaña situaciones de abuso y violencia. Entiende que el sistema judicial de Entre Ríos “es misógino y hacen manejos con un grado de impunidad asqueroso”. Afirma que la Justicia entrerriana no tiene perspectiva machista porque ha visto cómo pasan situaciones en que la víctima pasa a ser victimaria y no se la reconoce como sujeta de derechos: “Las instituciones están viciadas, son súper machistas, lo vemos cuando acompañamos a las mujeres a hacer denuncias por violencias de género, les siguen haciendo las preguntas como ‘¿vos qué hiciste para que se enoje?’. Sentimos que hay un atraso total en ese sentido, falta la perspectiva de género en todas las dependencias y en todos los niveles. Así que estamos muy preocupadas y asustadas porque le puede pasar a cualquiera. Sabemos que en la pandemia aumentaron las situaciones de violencia con intentos de femicidio y está todo muy tapado”.

“Nadie se hizo cargo de lo que reclamamos cuando hicimos la acción directa de la vigilia en Tribunales el 8 de marzo. Ni el fiscal -Leandro- Dato que es el responsable de la Fiscalía de Género de Paraná ni ningún otro funcionario de Paraná ni provincial, tampoco la Policía. La Justicia no actúa con perspectiva de género, sigue beneficiando al ‘macho alfa’, como dice Rita Segato”, manifiesta Andrea sobre la vigilia que se hizo pidiendo justicia por Fátima Acevedo, caso emblemático que movilizó a toda la comunidad y sobre el que la Asamblea denuncia que desde la Justicia taparon pruebas e información respecto a ese femicidio, además de haberla desprotegido.

Andrea asegura que van a realizar acciones pese al riesgo, advierte, de caer detenidas: “Es un contexto bastante hostil pero queremos repudiar el accionar del sistema judicial entrerriano porque estamos muy preocupadas”.

Suma su mirada María Elena: “El poder judicial sigue sin tomar nota de la gravedad de los hechos. Nos vamos encontrando con situaciones que aparecen como desbordantes pero que connotan desde que perspectiva se está ejerciendo el rol de un poder que debiera ser el resguardo que tenemos las personas para garantizar justicia”.

La calle como escenario

Si la Justicia no actúa, en las calles se denuncia a los responsables. “Parecería ser que ante la exposición publica un poco se mueven las cosas, permite visibilizar lo que sucede. Por eso conlleva a que un poder con tantas oscuridades se sienta incomodo ante la mirada atenta de la sociedad”, entiende María Elena y cree que “lamentablemente muchas cosas no han cambiado en estos casi 40 años de democracia”.

Entonces propone una línea que une y potencia las batallas que históricamente se dan en la calle: “La lucha del feminismo por un mundo más justo incluye a todos los derechos humanos, incluye los derechos por la soberanía de nuestros propios cuerpos, de una vida libre de violencia, de ejercer con libertad los proyectos de vida que cada una de las personas decidamos encarnar, en donde la distribución de la riqueza deje de ser una consigna, en donde se replanteen otros modos de producción y reproducción de la vida y que no pongamos en vilo al planeta y el medio ambiente. Estamos luchando por, y armando junto a otres un mundo feminista con otra política, otra ciencia, otra economía, otras palabras, otros gestos para habitar nuestros cuerpos en otras relaciones. Porque como bien manifestamos en todas las marchas, nos mueve el deseo de cambiarlo todo”.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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