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Femicidio de Julieta Riera: una prisión domiciliaria que renueva el pedido de justicia
El acusado del femicidio de Julieta Riera (24) en Paraná fue beneficiado con prisión domiciliaria luego de pagar una caución de 500 mil pesos. Jorge Julián Christe, hasta ahora detenido en la Unidad Penal Nº1 de esa ciudad, esperará el juicio a resguardo en la casa de su madre, una ex jueza de Entre Ríos. Está imputado por golpear y por tirar a Julieta desde un octavo piso. La voz de la mamá de la joven. El contexto de violencia machista. Y la movilización social para que el caso no quede impune.

Por Lucrecia Raimondi
La prisión domiciliaria de Jorge Christe la dispuso esta semana la vocal de Juicios y Apelaciones Nº1 de Paraná, María Carolina Castro, en una audiencia que definió en qué condiciones de arresto Christe será juzgado por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género” por la muerte de la joven de 24 años que era su pareja.
Cuenta Ana Brugo, la mamá de Julieta, que vivían juntos hacía un año y medio en San Martín al 300, en una de las dos propiedades que tiene la ex funcionaria judicial en el octavo piso de ese edificio, a pocas cuadras de su casa, en pleno centro de Paraná. Ellos habitaban el que da a la calle peatonal, con balcón cubierto al frente; el femicidio ocurrió en el otro inmueble del mismo piso, que tiene un balcón sin protección que da a un pulmón de manzana. La investigación indica que la madrugada del 30 de abril Christe golpeó a Julieta y la arrojó al vacío.
Desde que empezó a salir con él, Ana notó que Julieta se aisló de sus amigos y al principio un poco de ellos. También que se puso más reservada con su vida en convivencia. Pero nunca pensó que Julieta podría sufrir violencia y menos que sería asesinada por su pareja. Ana todavía no sabe con certeza qué pasó esa noche, dice que está esperando los resultados de criminalística y que confía en el trabajo de su abogada y de la fiscalía.
La noticia de la prisión domiciliaria, Ana y su familia la tomaron con mucho dolor y tristeza. “Él tendrá sus derechos pero a mí no me cabe ninguna duda, porque soy su mamá, que no fue un accidente”, aseguró a lavaca. “Ella tenía sus proyectos, estaba terminando las materias del secundario porque quería estudiar abogacía el año que viene”.
El caso
El 2 de mayo, el juez Mauricio Mayer dictó la prisión preventiva de Christe por 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”. Ese plazo se venció el 28 de agosto y la jueza Castro finalmente dio lugar al pedido de la defensa y decidió que continuara detenido con prisión domiciliaria en la casa de su madre.
Jorge Julián Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar la primera vez frente al juez Mayer. Sus abogados defensores habían solicitado la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero esa primera vez el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe manejó su moto hasta la casa de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.
El fiscal Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer de un balcón a 19 metros de altura.
En la primera audiencia de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.
No están solas
María Elena, de la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, que sigue el caso de cerca, entiende que la domiciliaria de Christe responde a que la jueza consideró garantías procesales porque la querella no pudo demostrar que había peligro de fuga ni que el acusado podría entorpecer la investigación. Pero que pasados 120 días de prisión “la fiscalía debería tener suficientes pruebas al respecto”.
María Elena analizó con sus compañeras esta medida en comparación con otros casos. Lo que encontraron: “Nosotras señalamos que esas garantías deberían estar al alcance de cualquier persona acusada por un delito y no se aplican. Entonces parecería que se trata de que ciertos sectores de la sociedad pueden acceder a garantías y derechos que otras personas no. Por ejemplo no se hizo igual tratamiento al femicida de Fátima. Lo que se deja ver desde el Tribunal de Entre Ríos es la faz clasista que poseen algunas determinaciones”.
El posicionamiento de la Asamblea es claro en ese sentido: “No queremos un sistema punitivo en donde haya personas presas sin condenas. Pero deja mucho que pensar este caso, porque determinaron una caución de 500 mil pesos a alguien con mucho poder adquisitivo y dejaron en custodia del mismo a la ex jueza, madre del imputado, a quien él mismo fue a ver antes de llamar a la policía a horas de la madrugada cuando sucedió el femicidio de Julieta”.
Cuentan que las versiones de Christe cambiaron con las horas. Primero dijo que estaban jugando a las escondidas y que fue un accidente. Después dijo que ella se tiró sola. Y la primera versión de él fue que la mamá de Julieta es la que se había tirado. “Teniendo a su madre como ex jueza de la provincia, entendemos y sabemos por otras fuentes que ha tocado todos los contactos dentro del sistema judicial. De hecho buscó peritos en Buenos Aires y Concepción del Uruguay que le han dicho que no porque era muy evidente el femicidio”, revelan integrantes de la Asamblea y aseguran “Julieta está muerta, la mató Christe”.

Sin perspectiva
Andrea es trabajadora social.Junto a otras profesionales de la Asamblea, acompaña situaciones de abuso y violencia. Entiende que el sistema judicial de Entre Ríos “es misógino y hacen manejos con un grado de impunidad asqueroso”. Afirma que la Justicia entrerriana no tiene perspectiva machista porque ha visto cómo pasan situaciones en que la víctima pasa a ser victimaria y no se la reconoce como sujeta de derechos: “Las instituciones están viciadas, son súper machistas, lo vemos cuando acompañamos a las mujeres a hacer denuncias por violencias de género, les siguen haciendo las preguntas como ‘¿vos qué hiciste para que se enoje?’. Sentimos que hay un atraso total en ese sentido, falta la perspectiva de género en todas las dependencias y en todos los niveles. Así que estamos muy preocupadas y asustadas porque le puede pasar a cualquiera. Sabemos que en la pandemia aumentaron las situaciones de violencia con intentos de femicidio y está todo muy tapado”.
“Nadie se hizo cargo de lo que reclamamos cuando hicimos la acción directa de la vigilia en Tribunales el 8 de marzo. Ni el fiscal -Leandro- Dato que es el responsable de la Fiscalía de Género de Paraná ni ningún otro funcionario de Paraná ni provincial, tampoco la Policía. La Justicia no actúa con perspectiva de género, sigue beneficiando al ‘macho alfa’, como dice Rita Segato”, manifiesta Andrea sobre la vigilia que se hizo pidiendo justicia por Fátima Acevedo, caso emblemático que movilizó a toda la comunidad y sobre el que la Asamblea denuncia que desde la Justicia taparon pruebas e información respecto a ese femicidio, además de haberla desprotegido.
Andrea asegura que van a realizar acciones pese al riesgo, advierte, de caer detenidas: “Es un contexto bastante hostil pero queremos repudiar el accionar del sistema judicial entrerriano porque estamos muy preocupadas”.
Suma su mirada María Elena: “El poder judicial sigue sin tomar nota de la gravedad de los hechos. Nos vamos encontrando con situaciones que aparecen como desbordantes pero que connotan desde que perspectiva se está ejerciendo el rol de un poder que debiera ser el resguardo que tenemos las personas para garantizar justicia”.
La calle como escenario
Si la Justicia no actúa, en las calles se denuncia a los responsables. “Parecería ser que ante la exposición publica un poco se mueven las cosas, permite visibilizar lo que sucede. Por eso conlleva a que un poder con tantas oscuridades se sienta incomodo ante la mirada atenta de la sociedad”, entiende María Elena y cree que “lamentablemente muchas cosas no han cambiado en estos casi 40 años de democracia”.
Entonces propone una línea que une y potencia las batallas que históricamente se dan en la calle: “La lucha del feminismo por un mundo más justo incluye a todos los derechos humanos, incluye los derechos por la soberanía de nuestros propios cuerpos, de una vida libre de violencia, de ejercer con libertad los proyectos de vida que cada una de las personas decidamos encarnar, en donde la distribución de la riqueza deje de ser una consigna, en donde se replanteen otros modos de producción y reproducción de la vida y que no pongamos en vilo al planeta y el medio ambiente. Estamos luchando por, y armando junto a otres un mundo feminista con otra política, otra ciencia, otra economía, otras palabras, otros gestos para habitar nuestros cuerpos en otras relaciones. Porque como bien manifestamos en todas las marchas, nos mueve el deseo de cambiarlo todo”.
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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