#NiUnaMás
Femicidio de la periodista Griselda Blanco: “Pedimos seguridad y recursos”
El hijo de Griselda Blanco, la periodista correntina asesinada en mayo en Curuzú Cuatiá, brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación junto a su abogada. Acompañado de referentes de Fatpren, Periodistas Argentinas y Familiares Víctimas de Femicidios, contó a diputadas nacionales el estado de la causa: la negativa de la fiscal a tratar el caso como un femicidio, la participación de la policía local en la investigación, y las sospechas en torno al crimen. “Lo que pido es justicia”, exigió.
Fabián Cesani cruza el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación y se sienta en el centro de la mesa. Es uno de los dos hijos de Griselda Blanco, la periodista correntina asesinada el 20 de mayo en Curuzú Cuatiá y viajó más de 600 kilómetros para denunciar las trabas en la investigación, que la causa sigue caratulada como “homicidio simple” y no como femicidio, que la policía sospechosa sigue implicada en la investigación, y que no entiende cómo pudieron asesinar así a su madre, trabajadora de prensa, en democracia.
Marta, la madre de Lucía Pérez, la abogada Andrea Tribbia y Fabián Cesani, el hijo de la periodista correntina Griselda Blanco, durante la conferencia en la Cámara de Diputados. Fotos Lina Etchesuri.
Lo acompaña su abogada Andrea Tribbia y juntos llegaron en la tarde del martes al centro porteño para realizar una conferencia de prensa en la Cámara Baja, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa de la Argentina (FATPREN), la colectiva Periodistas Argentinas, y el movimiento Familiares Víctimas de Femicidios.
La fundadora de Periodistas Argentinas (PA) y de Lavaca, Claudia Acuña, subrayó que Fatpren y Periodistas Argentinas están comprometidas para esclarecer el crimen. Acuña y la periodista Nancy Pazos conformaron la delegación de PA que viajó a Curuzú y se entrevistó con la fiscal María José Barrera Sahagun y los jefes de la Policía Federal y Provincial. “Cuando nuestra comisión llega a Curuzú Cuatiá, el panorama que teníamos era de un periodista preso con una causa armada y una periodista asesinada”, recordó. Describió que, al momento de entrevistarse con la fiscal, la policía local estaba presente en el lugar: “Seguimos preguntándonos qué hace la policía implicada en la causa del femicidio de nuestra colega”. También apuntó que ninguna de las pistas que dejó Griselda (denuncias y amenazas por su actividad periodística) fue indagada por la Justicia, mientras que la fiscal caratuló el crimen como un “homicidio simple”, lo que abrió la posibilidad al sospechoso de pedir un juicio abreviado para obtener una pena menor. “El fiscal general, por suerte, lo rechazó”, sostuvo.
César, durante su conferencia en la Cámara de Diputados. Dijo sobre Griselda: “Mi madre decía verdades que pasaban en el pueblo y que lamentablemente a mucha gente le molestaba.” Fotos Lina Etchesuri
Y cerró: “Estamos preocupadas por el estado de la investigación. Seguimos preguntando por qué la policía sigue involucrada. Pedimos que se haga efectivo su apartamiento. No nos sorprende cómo la fiscal trató a la víctima. Queremos que lo conozcan por boca de su hijo”.
“Mi madre no tenía miedo”
Fabián tomó el micrófono: “Desde el lado humano les puedo hablar de mi madre como persona. Era una persona muy tierna, simpática y sobre todo empática. Se comprometía a resolver muchas causas sociales de Curuzú. Mucha gente humilde del día a día que mi mamá se comprometía a ayudar. Juntaba comestibles, ropa. Y algo muy importante: resaltar las irregularidades que pasaban en el pueblo. Mi madre no tenía miedo. Decía verdades que pasaban en el pueblo y que lamentablemente a mucha gente le molestaba. Qué loco hablar de democracia hoy cuando en lo que le pasó a mi madre no hay nada de democracia. Siento que la callaron. Ella decía muchas verdades que pasaban en el pueblo a fin de resolverlas”.
Fabián también puso el foco sobre la fiscal: “Estamos en plena investigación, pero no entiendo la postura de la fiscal: inició bien su trabajo y, de un día a otro, imputa a este señor (Darío Holzweissig, único detenido) como homicidio simple. ¿Por qué cambia? Hay muchas cosas que no entiendo. Lo que sigo pidiendo es que se haga justicia y se esclarezca el caso de mi madre. Tenemos trabas y no entiendo por qué. Yo le dije a mi hermano, cuando la despedimos: lo que nos queda hacer es pedir justicia por ella. Vamos a ir hasta las últimas”.
Fabián también reclamó por un perito que investigue las irregularidades. Mencionó que en Curuzú se “corrió la voz” que Griselda era una “extorsionadora”: “Estuvimos averiguando y a lo largo de todo el material no pudimos escuchar un audio, un mensaje de extorsión. Es falso. Mi mamá no era ninguna extorsionadora. Esto se estaba instalando para mantener la figura de homicidio simple. Pero esto no fue un homicidio simple. Fue un femicidio y no vamos a parar hasta que tomen carácter de esto”.
“Fue víctima de un femicidio atroz”
Luego, habló la abogada: “Griselda fue atrozmente asesinada por su femicida en su hogar. Venimos a suplicarles que se investigue como se tiene que investigar. Hay mucho material, muchas líneas de investigación. Y se tiene que terminar el tema que Griselda era una extorsionadora. Jamás extorsionó a nadie: fue víctima de un femicidio atroz. No se puede decir que acá no hubo femicidio. Que quede bien claro. Hoy necesitamos muchas cosas. La primera es seguridad para estas dos criaturas que quedaron huérfanas”. A su vez, destacó la necesidad de recursos: “Necesitamos recursos técnicos idóneos para analizar el perfil del femicida. El vínculo que tenía con el femicida. Expertos técnicos para analizar si se ha borrado o alterado material, porque tenemos sospechas que haya ocurrido. Necesitamos recursos que no podemos pagar y pedimos a las autoridades para que puedan apoyarnos”.
También pidió a la fiscal que cambie el tipo de imputación: “Necesitamos que la fiscal reconsidere la figura que se está atribuyendo a la causa. Que se tome el tiempo de escuchar. Que analice los 2 terabytes de información que tiene. No puede decir que hay un homicidio siemple si simplemente escucha. Tiene que escuchar. No más”.
Sobre el detenido: “Necesitamos saber si el que está detenido es autor material e intelectual, o si fue simplemente material. Si hay cómplices. Acá hay información que Griselda manejaba y espero que la estén investigando. No sé si, por su naturaleza, corresponde a la fiscal de Curuzú o corresponde a otra instancia”.
Y cerró: “Pedimos justicia, claridad y objetividad. Que haya líneas de investigación. Esto no puede seguir pasando. Van más de 3700 víctimas de femicidios y transfemicidios. No se pueden olvidar de mirar una causa con perspectiva de género. Que la fiscal tenga empatía. Pedimos justicia para que nunca más haya una Griselda Blanco por miedo a contar lo que esté contando. Y que funcionen también los organismos de control porque, si no, tenemos que salir a hacer esto: pedir justicia”.
“Queremos que alguien haga algo porque nadie hace nada”
A continuación, habló Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, que durante la mañana había estado acompañando a la familia de Luna Ortiz en los Tribunales de San Isidro: “Estamos acompañando a los hijos de Griselda como si fueran mis hijos. Cómo no los vamos a acompañar si son ellos los que quedan solos, tristes y desamparados de todo. Fíjense todo lo que tenemos que hacer las familias cuando esto debería funcionar como corresponde. ¿Qué es lo que se tiene tanto miedo? ¿Por qué los fiscales están tan adoctrinados? Cuando hay policía en el medio, droga, corrupción, cuesta tanto. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto para poder tener lo que corresponde, que es, ni más ni menos, que justicia por nuestro ser querido?”.
Luego fue el turno de Susana Reyes, mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en 2020. Su familia fue recibida la semana pasada por el Fiscal General de Córdoba y están impulsando un juicio político a la exfiscal del caso: “Vemos que todos los casos son iguales: está la policía, la fiscalía, el poder judicial y el político. No respetan la vida de nadie. Queremos que alguien haga algo porque nadie hace nada. Hay que andarles atrás todo el tiempo. Nuestras hijas merecen respeto. Nadie es dueño de quitarle la vida a nadie”. Miró a Fabián y le dijo: “Queremos acompañarlos y gracias por luchar. No vamos nunca a bajar los brazos”.
Susana le pasó el micrófono a la secretaria de Mujeres y Género de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA, integrante de Fatpren), Micaela Polak: “Griselda sufrió una muerte violenta. Un femicidio. Y claramente tuvo una vida laboral violenta porque antes fue víctima de la precarización laboral. Solo tuvo un acompañamiento por parte del sindicato de prensa de Corrientes, que acompañó el reclamo de una investigación profunda”. Y subrayó la necesidad de una investigación que agote todas las hipótesis del caso.
La última en hablar fue la diputada nacional del Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá: “No están solos y es importante que quede muy en claro. Estuvimos acompañando a la familia de Luna Ortiz y miren qué paradoja: allá familiares que se movilizan por el femicidio de sus hijas y aquí hijos que se movilizan por el femicidio de sus madres. Esta situación de violencia hacia mujeres y trabajadores es muy seria en todo el país. Por más que hayamos tenido un 3J, esto no significó que se hayan resuelto los problemas sino todo lo contrario. Aparecen los estados involucrados en estos crímenes. Y aparecen todo tipo de obstáculos, donde se trata de enchastrar a la víctima en lugar de ir por los femicidas”.
Al terminar la conferencia, Fabián y su abogada recibieron la invitación para concurrir a la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Fueron recibidos por la presidenta de la Comisión, la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), junto a representantes de Periodistas Argentinas, Fatpren y Familiares Víctimas de Femicidios.
Macha se comprometió a velar por la seguridad de la familia en Curuzú Cuatiá.
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Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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