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Fue femicidio: en atento silencio y durante 5 horas cientos de personas escucharon el pedido de perpetua para los imputados por el crimen de Lucía

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Gracias a una colecta autogestiva, por primera vez en la historia pudo seguirse desde la calle una audiencia de alegatos acusatorios, algo que se originó porque el Poder Judicial utilizó una sala diminuta para un juicio enorme: el femicidio de Lucía Pérez. Lo que escucharon esas personas durante más de cinco horas, en atento silencio y tomando nota, fue la condena pedida por la querella: perpetua para Matías Farías y para Juan Pablo Offidani por considerarlos responsables de violar y matar a la joven de 16 años. El pedido del fiscal Leandro Arévalo: perpetua para Farías y 20 años de reclusión para Offidani. El repaso de los chats, las declaraciones claves, y lo que se seguirá investigando: el falso testimonio del médico que firmó el acta de defunción, la operación de encubrimiento, y si hubo más personas en la escena del crimen.

En una jornada histórica dada por el contexto callejero las partes acusatorias fundamentaron las penas solicitadas para los dos imputados por el femicidio de Lucía Pérez. El fiscal Leandro Arévalo solicitó prisión perpetua para Matías Farías por considerarlo “autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar en la muerte, y agravado por suministrar estupefacientes, en marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con la figura de femicidio”; y 20 años de reclusión para Juan Pablo Offidani, por considerarlo colaborador secundario, figura agravada por la vulnerabilidad de la víctima.  

Por su parte, las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia -que representan a la familia Pérez Montero- pidieron la misma pena para ambos imputados: perpetua. A diferencia del alegato del fiscal Arévalo, las abogadas expusieron cómo Offidani fue partícipe primario de la violación seguida de muerte de Lucia.

Las irregularidades del proceso

En el inicio del alegato el fiscal Leandro Arévalo pidió públicamente disculpas como parte del Ministerio Público Fiscal por los errores y perjuicios causados por los anteriores fiscales en el juicio, y aclaró que esa falla generó pérdida de pruebas. Puntualizó algunos de esos “errores”: las irregularidades en el acta inicial realizada en el domicilio de Farías, el no secuestro de celulares, la no realización del test de orina y sangre en ese primer momento, que Farías haya dormido en su casa la noche siguiente de la muerte de Lucía, entre otras. Además agregó que no hubo autopsia sino hasta 24 horas más tarde. Y que inexplicablemente la fiscalía anterior aceptó que el imputado Farías presente su declaración redactada por su abogada defensora, sin dar lugar a preguntas. También explicó las dificultades de acceder a los cruces de llamadas. 

Otra irregularidad: “Inconcebiblemente la instrucción permitió que un imputado (Matías Farías) entregue su declaración escrita por su defensora. Tenemos un código procesal que marca el confronte como la regla básica. No respondió preguntas y ahí cerraron el acta. Es inconcebible: se desperdició un acto valiosísimo”.  

El fiscal Arévalo explicó que hubo datos borrados del celular de Matías Farías, ya que 48 horas después, en el día de la detención, ya tenía otro chip. A su vez, Juan Pablo Offidani, también borró información clave de su teléfono. Tampoco se pudieron recuperar las conversaciones que ambos imputados mantuvieron el día del crimen: borradas. Toda esta pérdida de pruebas fue posible porque ninguno de esos teléfonos fueron retenidos en el momento en que ambos dejaron el cuerpo ya muerto de la adolescente en la salid de salud de La Serena.

Durante su exposición el fiscal resaltó : “Nuestra formación nos hizo creer que la formación androcéntrica era normal: casos como este nos hacen sacar el antifaz de los ojos”. En ese sentido puso el eje en que los actos de Lucía Pérez y Matías Farías no pueden ser “tomados como acto de iguales”. Se preguntó: “¿Cómo vamos a hablar que son iguales una persona de 16 años y vive con sus padres y alguien que tiene dos hijos y fue condenado por venta de estupefacientes a menores?”. 

Este argumento fue retomado por las abogadas de la familia, para derribar el mito de una relación sexual consentida, principal argumento de las defensas de los acusados.

Los chats de Farías: “Buscame chicas”

El fiscal dio cuenta de que Matías Farías le había dicho a Belén, compañera de colegio de Lucía y nexo entre ambos, la frase textual: “Buscame chicas”. Concluyó al respecto el fiscal: “No iban a la puerta del colegio solo a buscar clientes para venderles drogas: iban a buscar alguien con quien satisfacer su apetito sexual, iban a buscar nenas”.

También resaltó el acoso de Farías el día previo: la cantidad y frecuencia de los mensajes que le vio, las veces que Lucía lo rechazó y trató de esquivarlo, hasta que finalmente aceptó verlo. El fiscal reveló el motivo: Farías le había “fiado” marihuana el día anterior, y con el cobro fue la excusa para acosar. “¿Qué dealer fia droga? Es inaudito, salvo que tenga otra finalidad”, remató Arévalo. ¿Cúal era? La respuesta del fiscal: “Lucía fue a la casa de Farías a saldar una deuda”. Y remarcó: “No encontramos en la vida de Lucía algún indicador de que tenga un interés en Farías. La falta de interés está también en el propio chat”. 

El rol de Offidani

Recordó que los “ informes dan cuenta de una violencia en la relación sexual”, y que eso se evidencia en la presencia de equimosis. “Hay de todo menos consentimiento”, dijo. 

A Juan Pablo Offidani el fiscal lo describió como “socio” de Farías y aseguró, citando pruebas: “Offidani sabía perfectamente lo que iba a hacer, lo que iba a buscar”. Remarcó su “carácter perverso que demuestra ser un adicto a la pornografía”, dado que el historial de búsquedas de Offidani “es una inagotable conexión de visitas a sitios de pornografía de cualquier tipo. Más del 50% de la búsqueda web de Offidani está vinculada a pornografia”. Según detalló el fiscal, en la mayoría de esos vídeos aparecen mujeres en situación de sometimiento y de violencia.

Por ello Arévalo sostuvo los mismos agravantes para ambos imputados: 

  • Ponderó la edad de la víctima
  • El aprovechamiento de su vulneravilidad
  • La violencia sexual, teniendo en cuenta las lesiones constatadas
  • El contexto generalizado de violencia de género
  • Y el carácter oneroso del suministro de estupefacientes

El alegato fiscal terminó con la lectura de un chat que mantuvo en esos días Lucía con su mejor amigo, a quien le dice: “Ahi llegó mi mamá. Trajo fiambre y caramelos. Y si: soy mamera”.

“Esa era Lucía”, concluyó el fiscal.

La falta de consentimiento 

Luego de un cuarto intermedio, comenzó el alegato de la querella. La abogada Florencia Piermarini centró su intervención en el rol de Farías y, en particular, la jurisprudencia penal sobre un tema clave para evaluar la sentencia: el consentimiento. “No se puede presumir bajo ningún punto de vista el consentimiento de Lucía Pérez”. Agregó que la joven era “triplemente vulnerable” por su edad, por ser mujer y por ser a quien le estaban vendiendo droga. 

Otro punto central fueron las lesiones encontradas en el cuerpo de Lucía. Explicó detalladamente una en particular: las marcas que tenía en el sacro, que según declararon las peritos solo puede originarse por la presión con violencia sobre una superfecie dura. Recordó entonces que los jueces, en la visita ocular al lugar del crimen, pudieron apreciar la coincidencia de las rústicas tablas de madera que forman el piso del cuatro. También recordó que una de las peritos explicó que por la posición del cuerpo era imposible que el sacro apoyara sobre el piso, salvo que se le levantaran las piernas bruscamente. Expresó entonces que eso era exactamente lo que Farías había hecho con Lucía: levantarle las piernas para penetrarla analmente. El detalle: lo hizo mientras la adolescente “comenzaba su proceso de muerte”.

“Las lesiones son prueba de la falta de consentimiento de Lucía”, concluyó.

Se preguntó Piermarini: “¿De qué consentimiento estamos hablando? ¿El de una niña, de una mujer de 16 años drogada por un dealer y violada en forma brusca e intensa, mientras se estaba muriendo? Sin consentimiento la actividad sexual es una agresión sexual”. Dijo entonces que “considerar el consentimiento es ilegal y anticonstitucional”.

La querella sintetizó así la situación del imputado: “Farías, un dealer que le dio a Lucía una cantidad indeterminada de cocaína mientras la violaba y le causó la muerte. Farías sabía lo que hacía: le suministró cocaína a una menor de edad para someterla sexualmente. Sabía que “el sexo brusco, intenso y violento en coordinación con consumo de drogas podía causar la muerte. Lo sabía por haber sido consumidor y por ser vendedor de drogas. Su muerte era un resultado probable, y no le importó”. 

Partícipe necesario

La abogada Verónica Heredia apuntó sobre el otro imputado Se preguntó: “¿Qué hacía Offidani mientras Farías violaba y drogaba a Lucía Pérez?”. Respondió: “Offidani tenía marihuana, drogas para vender a menores de edad, le había vendido a Lucía. También sabemos que era una persona que consumía todos los días cocaína, y que era un gran admirador de la potencia sexual de Farías, su compadre”. Luego detalló que entre las 12.54 hasta las 16.24 de la tarde del 8 de octubre de 2016 Offidani no usó su celular. “¿Qué pasó en ese momento? Lucía se estaba muriendo, Lucía estaba siendo drogada y violada por Farías y Offidani estaba de campana, protegiendo toda la actividad de Farías, sabiendo que nadie iba a poder socorrer a Lucía”. Luego, señaló: ” A las 13.47 Offidani hizo un llamado que duró 2 minutos, 10 segundos: llamó a su papá, un reconocido escribano marplatense. ” Relacionó esa llamado con la inusual llegada a la sala de salud de Serena de Pablo De la Colina, ex subsecretario de Salud municipal, quien se hizo cargo de la guardia y hasta firmó un certificado de defunción en blanco.

“¿Qué pasó entre la llamada que hace Offidani hasta que ingresa a buscar a Lucìa a la casa, alrededor de las 15 horas? En ese trayecto llega De la Colina (el médico) a la salita. Nunca De la Colina había ido a cubrir una guardia a la salita, era sorpresivo. tan sorpresivo fue que dejó un certificado de defunción firmado en blanco”. 

Dijo Heredia: “Entendemos que la participación de Offidani es de colaborador primario para que se produzca la violación y la muerte de Lucía”.  Por eso la abogada que representa a la familia Pérez Montero reclamó para Offidiani la misma pena que el fiscal Arévalo reclamó para Farías: perpetua.

Las investigaciones que se abren

Sobre el médico De la Colina (ex subsecretario de salud marplatense) Heredia solicitó al Tribunal que “se inicie una investigación por el posible delito de falso testimonio y falsificación de documento público”. 

Además solicitaron una investigación del ADN hallado en una colilla de cigarrillo en la cual se detectó una muestra correspondiente a la mezcla de dos individuos, uno es Lucia y otro no se sabe. “Solicitamos que el Ministerio Público Fiscal cumpla su promesa de investigar si hubieron más personas el 8 de octubre de 2016”.

Por último pidió al tribunal que constante cual de los dos informes sobre Farías era el legítimo, ya que bajo al mismo número hay dos contenidos diferentes.

El alegato de las abogadas concluyó pidiendo que se escuche al papá de Lucìa, Guillermo Pérez, quien dijo: “Le pido al Tribunal una condena”. Con esas palabras terminó la audiencia.

Afuera, esperaban a la familia cientos de personas que acompañan el reclamo de justicia desde el inicio de este segundo juicio. Entre ellas, muchos familiares de víctimas de femicidios, que tomaron la palabra para apoyar a Marta, Guillermo y Matías, mamá, papá y hermano de Lucía, y para contar sus casos y dar contexto a todo lo que se habla cuando se habla de femicidios: de complicidad policial, de narcos, de Estado cómplice, de falta de justicia. 

Sobre el escenario y rodeada de otras familias Marta Montero dijo: “Los fundamentos y el pedido de perpetua para Offidani y Farías es lo que siempre sostuvimos, porque así fue: fue una cacería de una criatura. Les pido a los jueces que sean los ojos y oídos que Lucía no pudo tener más. Que ellos puedan escuchar a las dos abogadas y al fiscal. Esto fue un femicidio y pedimos perpetua para Juan Pablo Offidani y Matías Farías”. 

Los alegatos de las defensas serán el próximo martes 28 desde las 9 de la mañana.

Se espera que aproximadamente una semana después, los tres jueces den su veredicto.

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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

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Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.

Por Lucas Pedulla

Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.

Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.

Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.

A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Del Hospital a la Plaza

La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas. 

La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía: 

“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”. 

Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”. 

Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”. 

Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.

Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.

Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.

Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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