Miguel Etchecolatz ya está en su casa en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata. La decisión del Tribunal Oral Federal n°  6 enciende la alarma sobre el criterio judicial sobre los genocidas desde lo alto del poder judicial, y en acuerdo con el gobierno. El análisis de la abogada Guadalupe Godoy que intercedió para evitar que se asiente a metros de sus víctimas. Qué dicen desde Abuelas de Mar del Plata y la voz del hijo de Jorge Julio López.
En la puerta de una casa del bosque Peralta Ramos, al lado de un portón de madera rodeado de árboles, hay una bandera negra que marca: “HIJOS – Mar Del Plata”. Ahí es el domicilio que el genocida Miguel Etchecolatz tiene en la ciudad, donde por obra de los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero  ya cumple múltiples condenas en prisión domiciliaria.
Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, el genocida llegó a Mar del Plata a las seis de la mañana del hoy 29 de diciembre de 2017. Un día histórico, en el mal sentido de la palabra.
La bandera de hijos simboliza muchas cosas, entre ellas la reacción que generó la noticia conocida el miércoles 27. No sólo los organismos de derechos humanos repudiaron la medida judicial, sino que ya el jueves 28 el Consejo Deliberante de General Pueyrredón expresó “unánimemente y sin matices” el repudio a la decisión de la justicia Federal.
Etchecolatz ya había sido declarado “persona no grata” por el mismo Consejo el año pasado.
El Consejo recordó en su repudio que Etchecolatz tuvo a cargo buena parte de la estructura represiva montada desde el Estado durante la última dictadura militar, como director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. También es recordado como la mano derecha del ex general Ramón Camps.
Etchecolatz fue condenado en 1985 a 23 años de prisión, pena que fue interrumpida por el beneficio de la ley de Obediencia Debida y repuesta en el 2006, cuando se derogó la ley. Volvió a ser condenado a reclusión perpetua.
En esa oportunidad un testigo clave reafirmó el papel de Miguel Etchecolatz: fue Jorge Julio López, un albañil nacido en General Villegas, Buenos Aires. Durante el juicio, eL 18 de septiembre del 2006, con Etchecolatz presente, López relató:
«La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: «por favor no me mates! llévame presa de por vida pero déjame criar a mi beba!»…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado».
Tres horas más tarde, Julio López fue desaparecido.
Rubén Lopez, su hijo, dice sobre el fallo a lavaca: “Etchecolatz es un manipulador. Sigue manejando los hilos de los títeres. Hace mucho que vienen intentando quedar libre porque está enfermito, pero sigue manejando a todos los que tiene afuera. Y eso es lo que no entiendo de los jueces: no comprenden el grado de peligrosidad que tiene este genocida”.

En peligro

Yamila Zavala Rodríguez es hija de Olga Irma Cañueto -militante de la Juventud Peronista y profesora de Ciencias de la Educación- y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, ambos desaparecidos. Contamos su historia y la de otros familiares en la MU 103, cuando el genocida Miguel Wolk, procesado por torturas y robo de bebés, también pasó a vivir a Peralta Ramos. A pocas cuadras su vecino y mano derecha: Miguel Etchecolatz.
Yamila Zabala Rodríguez es ahora abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y participa también en la asociación Abuelas de Mar del Plata. Desde ese termómetro, marca el peligro: “Hicimos un montón de presentaciones tanto en La Plata como acá en Mar del Plata para plantear que hay víctimas que viven muy cerca de donde va a estar. Entonces que se revea esa situación, que no sea este el destino”.
Una de esas medidas tuvo como patrocinante a la abogada Guadalupe Godoy, querellante en los juicios contra Etchecolatz. Explica: “Hablamos del derecho a vivir lejos de su victimario. No lo hablamos como un tema de seguridad. Expresamente dijimos que no queríamos medidas que fueran sobre la víctima, lo que quería era que la víctima tuviera derecho a no vivir cerca del victimario”. La respuesta: “La respuesta es no, es la culpa de ustedes que no lo dijeron antes. Algo que es una responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional que es respetar los derechos de las víctimas de lesa humanidad”.
Yamila cuenta desde el otro costado: “A las víctimas no se le consultó, no se le planteó, no se les dijo nada y son las personas que declararon para que él tenga la condena perpetua. Esto es intolerable”.
Rubén: “Siento bronca, dolor, indignación. No sé cómo explicarlo. No puedo creer que en este país, faltando dos días para que termine este año duro y nefasto, terrible, le den la prisión domiciliaria. Lamento muchísimo por la gente de Mar del Plata a donde va a ir a vivir porque tiene residencia ahí declarada. Es una cosa que no se concibe”.

La máquina de impunidad

La medida puede leerse con sorpresa o en sintonía de una cadena de sucesos que Guadalupe Godoy se encarga de conectar con precisión:
-«Hay un punto de inflexión en las causas que no es en el momento de cambio de gobierno, es antes, cuando la corporación judicial logró frenar las reformas de democratización de la justicia. Cuando logran frenar eso, está claro que arranca otra línea.
-También hay que pensar otra cosa: tampoco podés hacer del proceso de justicia una mirada lineal a lo largo y ancho del país. La Plata fue privilegiada en cierta forma; las justicias federales son más feudales, las dificultades fueron mucho mayores a lo largo de todo el tiempo.
-Y después con el nuevo gobierno tenés ese proceso de deslegitimación del derechos humanos, “el curro”, el número armado para conseguir subsidios, el intento de detención de Hebe.
-Eso en lo simbólico, pero en lo concreto las estructuras que había armado el Estado para el apoyo de justicia fueron las primeras víctimas del ataque de despidos, en programas de justicia y varias áreas de derechos humanos.
-Después tenés lo que significó la renuncia a la querella en Papel Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos. La señal es clara: el no juzgamiento sobre todo de las responsabilidades civiles y empresariales.
-A eso se sumaron los intentos de Avruj para que se recibiera ahí los que se autodenominan familiares de genocidas para discutir en la mesa de justicia en pie de igualdad con los organismos.
-Es un secreto a voces que Garavano tiene un par de operadores que eran defensores de genocidas; miembros del poder político pusieron en varias áreas que son de las familias de los imputados, sobre todo de las responsabilidades civiles: Blaquier, Martinez de Hoz.
-Eso se plasmó judicialmente sobre todo en Casación, donde hubo cambios bruscos de cambios judiciales, que van planteando líneas que los tribunales inferiores receptan.
-Después los fallos de la Corte, el Fallo Alespeiti, que introduce las razones humanitarias para otorgar prisiones domiciliarias, lo cual le da un margen mucho más amplio a los tribunales inferiores y nos restringe muchísimo la defensa. Ahí hubo una salida masiva de genocidas.
-Empieza a haber en Casación  cambios de criterio mucho más estrictos de nivel de prueba, que se animan a decir que no alcanza con los testimonios. Justamente como fueron delitos cometidos en clandestinidad la prueba testimonial toma una relevancia mucho mayor.
-Y el otro fallo es el del 2×1 que, si bien no se está aplicando en forma masiva por el repudio popular que obtuvo, hay que tener en cuenta dos cosas: que sigue vigente, y que fue una suerte de indulto.
-Lo otro que hay es la falta de designación de jueces que hace que la mayoría de jueces que están en estas causas son subrogantes, tienen la excusa para poner audiencias muy pausadas, juicios que tendrían que durar 2 meses llevan casi 1 año. Imaginate una causa con 500 testigos como tenemos en La Plata.
-Esos retrasos conllevan los ejes de la prisión preventiva, que tiene un plazo pero se puede extender. Hay muchos ceses de prisión preventiva a cientos de genocidas».
Rubén Lopez también hace su lectura en contexto: “Se enmarca en el contexto político y jurídico que estamos viviendo: encarcelan a dirigentes políticos sin pruebas, presos. Está Milagro Sala detenida cuando la CIDH dice que tiene que estar en libertad, y a los genocidas los dejan libres. Tiene 5 condenas a cadena perpetua. No tiene una: tiene 5. ¿Y lo dejan libre? No entiendo el pensamiento o cómo leen los jueces la ley para interpretarlo de esta manera”.
Yamila: “La lectura es que sectores del poder judicial se acomodan rápidamente a esta circunstancia porque es impensable que un genocida como Etchecolatz esté en su casa, en el Bosque, disfrutando de lo que se llama la ciudad feliz. Ya tenemos viviendo a Wolk también en la zona del sur, cercano del Bosque, hay otros represores con arrestos domiciliarios. Wolk está en un proceso, todavía no tiene la sentencia, el caso Etchecolatz es emblemático porque tiene muchas condenas perpetuas, no un juicio, son muchos, y es responsable de la desaparición de centenares de desaparecidos. Él sabe dónde está los nietos y nietas de muchos. Se tocó un límite importante de lo que es el sistema de justicia”.

El límite

Yamila dice que el sur marplatense “está conmocionado” y confía en que la respuesta de los vecinos va a ser contundente. “Va a haber acciones de repudio masivas”, adelanta y pone el espejo del 2×1. “El umbral de tolerancia de la democracia tiene que ser los delitos de lesa humanidad, si cruzamos esa línea, estamos complicados.
¿Hay chances de que la justicia tome nota de esta reacción?
Godoy: “Es difícil, porque justamente son los tribunales superiores, tanto Casación como la Corte que están llevando adelante esta política, en acuerdo con el gobierno. Si hemos tardado dos años está claro que hay resistencia en los tribunales inferiores, que rechazan las domiciliarias y hay que apelar, pero cuando llegan a la Corte se revierte esta situación. Y la otra pata fundamental del ataque a los juicios es lograr que se vaya Gils Carbó, el efecto que puede tener en el Ministerio Público esta línea. Hay cosas que las qeuerellas podemos hacer y otras que dependen de los fiscales”.
La única salida: “Las mejores virtudes del movimiento de derechos humanos surgen de las etapas resistencia. En eso confío plenamente”.