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Genocida en el barrio: qué está en peligro con la domiciliaria a Etchecolatz
Miguel Etchecolatz ya está en su casa en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata. La decisión del Tribunal Oral Federal n° 6 enciende la alarma sobre el criterio judicial sobre los genocidas desde lo alto del poder judicial, y en acuerdo con el gobierno. El análisis de la abogada Guadalupe Godoy que intercedió para evitar que se asiente a metros de sus víctimas. Qué dicen desde Abuelas de Mar del Plata y la voz del hijo de Jorge Julio López.
En la puerta de una casa del bosque Peralta Ramos, al lado de un portón de madera rodeado de árboles, hay una bandera negra que marca: “HIJOS – Mar Del Plata”. Ahí es el domicilio que el genocida Miguel Etchecolatz tiene en la ciudad, donde por obra de los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero ya cumple múltiples condenas en prisión domiciliaria.
Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, el genocida llegó a Mar del Plata a las seis de la mañana del hoy 29 de diciembre de 2017. Un día histórico, en el mal sentido de la palabra.
La bandera de hijos simboliza muchas cosas, entre ellas la reacción que generó la noticia conocida el miércoles 27. No sólo los organismos de derechos humanos repudiaron la medida judicial, sino que ya el jueves 28 el Consejo Deliberante de General Pueyrredón expresó “unánimemente y sin matices” el repudio a la decisión de la justicia Federal.
Etchecolatz ya había sido declarado “persona no grata” por el mismo Consejo el año pasado.
El Consejo recordó en su repudio que Etchecolatz tuvo a cargo buena parte de la estructura represiva montada desde el Estado durante la última dictadura militar, como director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. También es recordado como la mano derecha del ex general Ramón Camps.
Etchecolatz fue condenado en 1985 a 23 años de prisión, pena que fue interrumpida por el beneficio de la ley de Obediencia Debida y repuesta en el 2006, cuando se derogó la ley. Volvió a ser condenado a reclusión perpetua.
En esa oportunidad un testigo clave reafirmó el papel de Miguel Etchecolatz: fue Jorge Julio López, un albañil nacido en General Villegas, Buenos Aires. Durante el juicio, eL 18 de septiembre del 2006, con Etchecolatz presente, López relató:
«La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: «por favor no me mates! llévame presa de por vida pero déjame criar a mi beba!»…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado».
Tres horas más tarde, Julio López fue desaparecido.
Rubén Lopez, su hijo, dice sobre el fallo a lavaca: “Etchecolatz es un manipulador. Sigue manejando los hilos de los títeres. Hace mucho que vienen intentando quedar libre porque está enfermito, pero sigue manejando a todos los que tiene afuera. Y eso es lo que no entiendo de los jueces: no comprenden el grado de peligrosidad que tiene este genocida”.
En peligro
Yamila Zavala Rodríguez es hija de Olga Irma Cañueto -militante de la Juventud Peronista y profesora de Ciencias de la Educación- y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, ambos desaparecidos. Contamos su historia y la de otros familiares en la MU 103, cuando el genocida Miguel Wolk, procesado por torturas y robo de bebés, también pasó a vivir a Peralta Ramos. A pocas cuadras su vecino y mano derecha: Miguel Etchecolatz.
Yamila Zabala Rodríguez es ahora abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y participa también en la asociación Abuelas de Mar del Plata. Desde ese termómetro, marca el peligro: “Hicimos un montón de presentaciones tanto en La Plata como acá en Mar del Plata para plantear que hay víctimas que viven muy cerca de donde va a estar. Entonces que se revea esa situación, que no sea este el destino”.
Una de esas medidas tuvo como patrocinante a la abogada Guadalupe Godoy, querellante en los juicios contra Etchecolatz. Explica: “Hablamos del derecho a vivir lejos de su victimario. No lo hablamos como un tema de seguridad. Expresamente dijimos que no queríamos medidas que fueran sobre la víctima, lo que quería era que la víctima tuviera derecho a no vivir cerca del victimario”. La respuesta: “La respuesta es no, es la culpa de ustedes que no lo dijeron antes. Algo que es una responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional que es respetar los derechos de las víctimas de lesa humanidad”.
Yamila cuenta desde el otro costado: “A las víctimas no se le consultó, no se le planteó, no se les dijo nada y son las personas que declararon para que él tenga la condena perpetua. Esto es intolerable”.
Rubén: “Siento bronca, dolor, indignación. No sé cómo explicarlo. No puedo creer que en este país, faltando dos días para que termine este año duro y nefasto, terrible, le den la prisión domiciliaria. Lamento muchísimo por la gente de Mar del Plata a donde va a ir a vivir porque tiene residencia ahí declarada. Es una cosa que no se concibe”.
La máquina de impunidad
La medida puede leerse con sorpresa o en sintonía de una cadena de sucesos que Guadalupe Godoy se encarga de conectar con precisión:
-«Hay un punto de inflexión en las causas que no es en el momento de cambio de gobierno, es antes, cuando la corporación judicial logró frenar las reformas de democratización de la justicia. Cuando logran frenar eso, está claro que arranca otra línea.
-También hay que pensar otra cosa: tampoco podés hacer del proceso de justicia una mirada lineal a lo largo y ancho del país. La Plata fue privilegiada en cierta forma; las justicias federales son más feudales, las dificultades fueron mucho mayores a lo largo de todo el tiempo.
-Y después con el nuevo gobierno tenés ese proceso de deslegitimación del derechos humanos, “el curro”, el número armado para conseguir subsidios, el intento de detención de Hebe.
-Eso en lo simbólico, pero en lo concreto las estructuras que había armado el Estado para el apoyo de justicia fueron las primeras víctimas del ataque de despidos, en programas de justicia y varias áreas de derechos humanos.
-Después tenés lo que significó la renuncia a la querella en Papel Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos. La señal es clara: el no juzgamiento sobre todo de las responsabilidades civiles y empresariales.
-A eso se sumaron los intentos de Avruj para que se recibiera ahí los que se autodenominan familiares de genocidas para discutir en la mesa de justicia en pie de igualdad con los organismos.
-Es un secreto a voces que Garavano tiene un par de operadores que eran defensores de genocidas; miembros del poder político pusieron en varias áreas que son de las familias de los imputados, sobre todo de las responsabilidades civiles: Blaquier, Martinez de Hoz.
-Eso se plasmó judicialmente sobre todo en Casación, donde hubo cambios bruscos de cambios judiciales, que van planteando líneas que los tribunales inferiores receptan.
-Después los fallos de la Corte, el Fallo Alespeiti, que introduce las razones humanitarias para otorgar prisiones domiciliarias, lo cual le da un margen mucho más amplio a los tribunales inferiores y nos restringe muchísimo la defensa. Ahí hubo una salida masiva de genocidas.
-Empieza a haber en Casación cambios de criterio mucho más estrictos de nivel de prueba, que se animan a decir que no alcanza con los testimonios. Justamente como fueron delitos cometidos en clandestinidad la prueba testimonial toma una relevancia mucho mayor.
-Y el otro fallo es el del 2×1 que, si bien no se está aplicando en forma masiva por el repudio popular que obtuvo, hay que tener en cuenta dos cosas: que sigue vigente, y que fue una suerte de indulto.
-Lo otro que hay es la falta de designación de jueces que hace que la mayoría de jueces que están en estas causas son subrogantes, tienen la excusa para poner audiencias muy pausadas, juicios que tendrían que durar 2 meses llevan casi 1 año. Imaginate una causa con 500 testigos como tenemos en La Plata.
-Esos retrasos conllevan los ejes de la prisión preventiva, que tiene un plazo pero se puede extender. Hay muchos ceses de prisión preventiva a cientos de genocidas».
Rubén Lopez también hace su lectura en contexto: “Se enmarca en el contexto político y jurídico que estamos viviendo: encarcelan a dirigentes políticos sin pruebas, presos. Está Milagro Sala detenida cuando la CIDH dice que tiene que estar en libertad, y a los genocidas los dejan libres. Tiene 5 condenas a cadena perpetua. No tiene una: tiene 5. ¿Y lo dejan libre? No entiendo el pensamiento o cómo leen los jueces la ley para interpretarlo de esta manera”.
Yamila: “La lectura es que sectores del poder judicial se acomodan rápidamente a esta circunstancia porque es impensable que un genocida como Etchecolatz esté en su casa, en el Bosque, disfrutando de lo que se llama la ciudad feliz. Ya tenemos viviendo a Wolk también en la zona del sur, cercano del Bosque, hay otros represores con arrestos domiciliarios. Wolk está en un proceso, todavía no tiene la sentencia, el caso Etchecolatz es emblemático porque tiene muchas condenas perpetuas, no un juicio, son muchos, y es responsable de la desaparición de centenares de desaparecidos. Él sabe dónde está los nietos y nietas de muchos. Se tocó un límite importante de lo que es el sistema de justicia”.
El límite
Yamila dice que el sur marplatense “está conmocionado” y confía en que la respuesta de los vecinos va a ser contundente. “Va a haber acciones de repudio masivas”, adelanta y pone el espejo del 2×1. “El umbral de tolerancia de la democracia tiene que ser los delitos de lesa humanidad, si cruzamos esa línea, estamos complicados.
¿Hay chances de que la justicia tome nota de esta reacción?
Godoy: “Es difícil, porque justamente son los tribunales superiores, tanto Casación como la Corte que están llevando adelante esta política, en acuerdo con el gobierno. Si hemos tardado dos años está claro que hay resistencia en los tribunales inferiores, que rechazan las domiciliarias y hay que apelar, pero cuando llegan a la Corte se revierte esta situación. Y la otra pata fundamental del ataque a los juicios es lograr que se vaya Gils Carbó, el efecto que puede tener en el Ministerio Público esta línea. Hay cosas que las qeuerellas podemos hacer y otras que dependen de los fiscales”.
La única salida: “Las mejores virtudes del movimiento de derechos humanos surgen de las etapas resistencia. En eso confío plenamente”.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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