El 1 de enero se cumplen cinco meses desde que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras huía de una violenta represión de Gendarmería en un operativo ilegal en la Pu Lof de Cushamen. Esa sigue siendo hoy una de las principales certezas que tiene la causa. Qué dice la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, sobre la autopsia. Por qué el gobierno mintió. Qué está haciendo la justicia. Los intentos por cerrar el caso. Por qué su desaparición y muerte es parte de una violencia sistémica.
A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de un irrupción ilegal a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Esa es la principal certeza que tiene la causa que tramita como desaparición forzada bajo la órbita del juez federal de Rawson, Guillermo Lleral, a cinco meses de los hechos, y luego que el 17 de octubre el cuerpo del joven de 28 años fuera encontrado sin vida en el Río Chubut, en el mismo lugar en el que los efectivos afirmaran en diversas actuaciones administrativas que llegaron persiguiendo a manifestantes.
“Santiago no murió porque estaba de turista: estaba en una represión de Gendarmería”, dijo Sergio Maldonado, su hermano, a la salida de la Morgue Judicial el día en que 55 peritos determinaron que el joven murió por “asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia”. Sergio dijo entonces, una vez más, que su hermano no sabía nadar, que nunca hubiera podido llegar hasta ese lugar sino escapando de una represión. Tuvo que aclararlo un día antes de poder velarlo en 25 de Mayo, el mismo momento en que desde Bariloche llegaba la noticia de una nueva muerte en contexto de protesta social: el fusilamiento de Rafael Nahuel, de un balazo por la espalda de Prefectura, en la Lof Lafke Winkul Mapu de Villa Mascardi.
El 1 de diciembre se cumplen cinco meses de los hechos que conmovieron a la sociedad argentina hasta movilizarla en multitudinarias marchas con el rostro de Santiago multiplicado en miles. Por eso, hoy Sergio Maldonado dice:
«Ahora buscamos verdad y justicia”.

Pruebas, testigos, y justicia falsa

La familia Maldonado y hasta la propia fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionaron al juez Gustavo Lleral por la declaración testimonial de Lucas Pilquimán, quien mediáticamente trascendió como “testigo E”, una de las últimas personas que vio con vida a Santiago. Pilquiman relató la represión, cómo los gendarmes tiraron con balas de goma y “9 milímetros”. Y declaró que la última vez que vio a Santiago estaba “agachado escondido entre los sauces” y que los gendarmes estaban barranca arriba. En la declaración casi no hay preguntas y, obviamente, no cuenta con ninguna intervención de las partes: ninguna estaba.
La fiscal Ávila también pidió formalmente el cambio de carátula a “muerte dudosa” ya que “las pruebas recolectadas no son suficientes para sostener la figura penal de desaparición forzada”. El juez Lleral la rechazó: “No es relevante para el trámite de la investigación”.
A punto de comenzar la feria judicial, Lavaca dialogó con la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.
-¿Qué puede decirse a cinco meses de los hechos?
-Hay que decir que aún pedimos que se inicie una investigación efectiva, pronta, exhaustiva, imparcial e independiente. Hasta ahora no fue independiente porque continuaron trabajando las mismas personas que actuaron en la causa, como mínimo, desde el 5 de agosto, todas dependientes de la misma estructura: el Ministerio de Seguridad. Estamos planteando que Santiago desapareció el 1 de agosto y fue encontrado el 17 de octubre: no solo hay que determinar los hechos que pasaron el 1 de agosto sino qué paso hasta el 17 de octubre. Esto es: cómo no fue encontrado el cuerpo en los otros rastrillajes, cómo aparece, dónde. Los resultados de la autopsia son parciales: como principio general cualquier autopsia debe contar con la mayor cantidad de datos posibles, y cuando se analizan los resultados que arroja el cuerpo aquí no se tuvieron en cuenta ni el lugar del rio, ni las temperaturas, ni los testimonios de la comunidad. Que la causa de muerte establezca “asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia” necesita explicar cómo ha jugado cada uno de esos factores, con qué tiempo jugó cada uno. Eso no tiene una explicación, y para tenerlo hace faltan todos estos testimonios.
-En las últimas semanas han declarado varios testigos: desde Fernando Jones Huala hasta mujeres gendarmes que, si bien niegan la represión, ubican a Noceti en el lugar de los hechos. La que más trascendió fue la declaración de Lucas Pilquimán, a la que algunos medios comerciales presentaron como la declaración que cerraba el caso. ¿Qué opina?
–Fue una canallada del juez haber tomado esa testimonial a Lucas, que fue quien recibió y explicó el 3 de agosto a Sergio Maldonado lo que había pasado con Santiago. Ese testimonio no lo vamos a valorar: ni lo que dijo ni lo que no dijo. Es nulo, es un acto irreproducible y el agravio que generó a la familia es irreparable. Así se confirmó la sospecha que la familia tiene de todo el sistema judicial. Hasta la fiscal federal, Silvina Ávila, pidió la nulidad: la notificación se proveyó después de las 9 de la noche para una testimonial que era a las 9 de la mañana del día siguiente, en un lugar a 150 km del juzgado. Una grosería jurídica. Esto confirma que, así como el Poder Ejecutivo puede decir lo que quiera –que Santiago no estaba allí, que se había sacrificado, que lo mató un puestero-, el Poder Judicial puede hacer también cualquier cosa. ¿Cómo podemos valorar ese testimonio? No podemos confrontar lo que se dijo o no.
-¿Qué certezas hay?
-Las certezas son las que debimos probar nosotros a partir de los propios aportes de la familia y la querella contra la fiscal, contra el juez Otranto en su momento y contra todas las estructuras del Estado: debimos probar que Santiago existía, que había estado en la zona, que había estado en el lugar, que había estado el 31 de julio en la Pu Lof, que lo habían visto, que tenía esa ropa, que tenía esa mochila… Todo lo probamos nosotros. ¿Y qué pasó? De repente, cuando se encuentra el cuerpo el 17 de octubre, las mismas personas que decían que Santiago estaba por cualquier parte del mundo dijeron: “Ya está, se ahogó: el caso se cierra”. Es una versión armada del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Nosotros probamos que Santiago estaba ahí, que fue víctima de la represión y del ingreso ilegal de un operativo con más de 130 gendarmes, que corrió hacia el río y que los gendarmes lo vieron en el río. Hasta ese punto hay coincidencia en los relatos, tanto de la comunidad como de los gendarmes. Ahora: la mecánica de lo que pasó aún no la sabemos, porque faltan testimonios. Hay que seguir valorando el testimonio de Matías Santana: no hay ningún testimonio de la comunidad contradictorio en la causa. En ese sentido, tampoco hoy es posible hacer la llamada “reconstrucción histórica” en el lugar. Lo que sabemos es que varios vieron a Santiago corriendo de Gendarmería hacia el lado del río. Luego, hay que darle explicación.
Las irregularidades
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas de la investigación, subrayó que ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo.
A saber:

• Ingresar al territorio mapuche sin orden judicial. Gendarmería despejó la ruta a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo por la liberación del lonko Facundo Jones Huala (a la que Santiago había ido para apoyar, previo a volverse a 25 de Mayo a visitar a su familia) y los gendarmes los reprimieron “con suma violencia”, como sostiene el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe Anual 2017 del organismo
• Arrojar piedras a los manifestantes.
• Hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

La fuerza también ocultó fotografías y videos. Luego, se pudo determinar que los efectivos portaban escopetas, bastones, hachas, piedras y que cuatro camionetas y un camión ingresaron a la comunidad. El organismo denuncia que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo respondió de tres maneras:

1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.
Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo.
El relato del Gobierno se explicitó en la columna que el asesor de imagen Jaime Durán Barba publicó en Perfil, que demostraba la preocupación de los funcionarios argentinos por controlar la información y en construir una versión de los hechos que distorsiona lo ya probada. Lavaca desmintió alguna de esas construcciones en esta nota:

Las cinco mentiras de Durán Barba

A pesar de que aún faltan testimonios que apunten a reconstruir la mecánica de qué sucedió el 1 de agosto en la Pu Lof, el accionar de una fuerza federal dependiente del Ejecutivo y la actitud de los funcionarios responsables en negar, ocultar y falsear los hechos subrayan el carácter sistémico que tiene esta violencia y que se sintetizó en una frase contundente en las movilizaciones que exigen justicia por Santiago Maldonado:

• “El Estado es responsable”.