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Gritazo de emergencia: el caso Sacayán y por qué hablar de travesticidio

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Este jueves #Gritazo en Plaza de Mayo: Diversxs activistas travestis y trans convocan a este jueves a un #Gritazo en Plaza de Mayo que declara en emergencia al movimiento. Denuncian así los crímenes de sus compañeras y el pedido de justicia por Diana Sacayán. En esa causa, dos fiscales requirieron la elevación a juicio contra Gabriel David Marino por el travesticidio de la referente y militante Diana Sacayán, en octubre de 2015. El dictamen contempla esa figura como una categoría política que encuadra este tipo de crímenes bajo una problemática estructural de violencia machista. Qué dice el fiscal y la hermana de Diana.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Matías Di Lello, y la encargada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzeta, requirieron la elevación a juicio contra Gabriel David Marino, de 23 años, por el travesticidio de la referente y militante Diana Sacayán, en octubre de 2015. Ahora es el doctor Gustavo Pierreti, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°33, quien debe resolver el dictamen.  Los fiscales imputaron a Marino y a otro hombre –Feliz Alberto Ruiz Díaz, sobre quien sigue abierta la investigación- por el asesinato ocurrido en el interior del departamento de Diana, en Avenida Rivadavia al 6700, entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.
El cuerpo de Diana fue hallado el 13. Estaba amordazada y atada de pies y manos. La autopsia concluyó que recibió 27 lesiones en su cuerpo: 13 habían sido producidas por un arma blanca. En el departamento encontraron un cuchillo con una hoja de 20 centímetros, una tijera y un martillo. Los instructores judiciales informaron mucha cantidad de sangre.
Di Lello y Labozzetta consideraron en su presentación que se trató de un “travesticidio”: Diana fue asesinada con un alto grado de violencia “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.  El requerimiento fue realizado ante el juez en lo Criminal de Instrucción N°33, Gustavo Pierretti.
La importancia de encuadrar el asesinato de Diana como un “travesticidio” implica que el hecho sea enmarcado bajo una problemática social y estructural, patriarcal y discriminatoria. Pese al nivel de movilización social respecto a la violencia contra las mujeres, travestis y trans, la respuesta judicial  no siempre es acorde a la reforma del Código Penal argentino, que tipificó los homicidios relacionados con la violencia machista.  “Lo que transmitimos en el dictamen es todo lo que trae aparejado la muerte de una mujer trans”, dice el fiscal Di Lello a lavaca. “Eso nos hizo llegar a la víctima, a los testigos que están vinculados a esa lucha y uno se va enriqueciendo en esa mirada en la que, antes de tomar la causa, no tenía conocimiento. Creemos que en los dictámenes, como el Ministerio Público Fiscal representa un interés general de la sociedad, se tiene que transmitir esta visión de qué que sucede en estos crímenes, qué reclamos tiene la colectividad trans y qué encierra la muerte de una persona travesti, cuya violencia tiene similitudes y diferencias con la que la violencia sufrida por una mujer. La palabra ´travesticidio´ es para denominar el contexto, y es importante: el sentido es visibilizar la problemática que está sucediendo”.
Los fiscales solicitaron la elevación a juicio de Marino tras considerarlo coautor del delito de homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado con violencia de género, por odio a la identidad de género con alevosía en concurso real con robo, ya que comprobaron que, para escapar, Marino y su cómplice forzaron la cerradura del departamento y robaron 20 mil pesos que Diana tenía en su departamento. También requirieron profundizar la investigación respecto a otros dos sospechosos, cuyas identidades no trascendieron.
El dictamen se diferencia de otros requerimientos judiciales en los que estos crímenes no son contemplados bajo la problemática estructural de violencia machista, y que terminan abriendo una grieta jurídica que garantiza la impunidad al dejar sin condena los asesinatos.  “Este caso trae otras discusiones vinculadas a cambios de paradigmas o modelos y ciertas rupturas sociales”, afirma a lavaca el fiscal Di Lello. “Son cuestiones que culturalmente al operador judicial le cuesta advertir, y que tiene que ver con leyes que incorporan nuevos derechos sociales. Lo que hoy se denomina femicidio, 20 años atrás era impensado, y lo que ocurrió fue una realidad que generó determinadas inquietudes, reclamos. A los operadores judiciales les lleva su tiempo, pero eso también pasa en la sociedad”.

Lo político

“Todo esto es producto de un trabajo que venimos haciendo en conjunto con la Comisión Justicia por Diana, las marchas por los travesticidios que hicimos, incluso en el Encuentro Nacional de Mujeres”, dice a lavaca Sasha Sacayán, hermana de Diana. “Todo tiene que ver con visibilizar y que se pueda hablar de travesticidio. El travesticidio es una categoría política, que no empieza ni termina con una compañera muerta, en este caso Diana, sino que sigue después, con las consecuencias, el maltrato, la justicia y todo lo que nos queda por delante. El antes es toda la estructura social que permite y avala que esto suceda”.
Sasha es una de las activistas que está convocando al #Gritazo del 24 de noviembre, en Plaza de Mayo, para declarar al movimiento en emergencia ante los travesticidios y transfemicidios. “Es necesario que nos encontremos ahí. Muchas veces en nuestros colectivos se confunden consignas con realidades. Me pasaba que con Diana, desde algunos colectivos, había sólo consignas, porque prácticamente estábamos solxs trabajando. La movida es importante, pero esto tiene que ver con un compromiso mucho más fuerte, y que involucra a las organizaciones y compañeras feministas. Porque en las movilizaciones de Ni Una Menos, estamos todas, pero cuando matan a las travas, hay poca gente. Es para que pensemos: si para quienes estamos en el ámbito de la militancia, que venimos acompañando durante años, pedir justicia por Diana queda sólo en una consigna, ¿qué queda para otra compañera? Esto es también por aquellas que siguen vivas: no queremos que esto siga pasando. Todas las semanas hay una compañera atacada, golpeada, y todo tiene que ver con una violencia que existe y no para”.

El grito que se viene

Diversas activistas lanzaron una convocatoria por redes sociales para participar del “Gritazo Trava-Trans Latinoamericano” el 24 de noviembre de Plaza de Mayo. Días antes se viralizaron dos fotos de Evelyn, una travesti brutalmente asesinada cuyo cuerpo fue hallado en una YPF abandonada en Posadas, Misiones. La violencia cobraba así una dimensión brutal. “Ante el brutal incremento de las violencias hacia nuestro colectivo, decidimos Gritar, decretar en estado de emergencia a nuestro movimiento”, grita el comunicado.

#Gritazo travesti y trans: estado de emergencia por los travesticidios


La acción política está pensada para una concentración en Plaza de Mayo entre las 17 y las 19 horas. Se replicará en Córdoba, Mendoza y Paraná. También se espera una adhesión en Chile, México y Perú.
“Gritamos porque no estamos en la agenda emocional de nuestro país”, dice Violeta Alegre, consultora de Naciones Unidas y Responsable del Área Diversidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), referente trans y una de las activistas que están impulsando el #Gritazo. “Porque nuestras muertas, aparte de legarnos los logros que modificaron en gran medida nuestros derechos y convertirnos en sujetas de derechos, nos piden que detengamos este retroceso. Un retroceso que propone la derecha, que intenta adornar nuestras identidades al mejor estilo gayfriendly o transfriendly, pero eso es mentira, porque al momento de protegernos, de utilizar los dispositivos que venían modificando nuestra cultura, todo quedó anulado. No les interesamos, ni vivas ni muertas”.
Violeta propone salir a la calle. “Gritar es furia, gritar despide y encuentra, gritar será potencia de quienes no tienen voz pero las sentimos, las sufrimos y las vengaremos. Gritando».
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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