Sigamos en contacto

#NiUnaMás

#Gritazo travesti y trans: estado de emergencia por los travesticidios

Publicada

el

El movimiento travesti y trans argentino lanzó la convocatoria a un #Gritazo para el 24 de noviembre en Plaza de Mayo en alerta a los últimos casos de travesticidios en el país. “Decidimos decretar un estado de emergencia a nuestro movimiento”, escribieron en la convocatoria. Datos, reclamos concretos y la voz de Violeta Alegre, académica, referente de La Lohana Berkins y una de las impulsoras del Gritazo.

Erika Rojas había desaparecido el 1 de abril. Su cuerpo fue encontrado veinte días después en el parque industrial de Formosa, quemado en forma parcial, al igual que sus prendas y pertenencias. No hay imputados.

La Jose Zalazar Maturano, trabajadora de limpieza en la Casa del Niño y del Adolescente en la Boca, fue hallada muerta el 22 de febrero en Florencio Varela, sur del conurbano bonaerense, con golpes en la cabeza y en el cuerpo, la cara tajeada, su cuerpo desnudo. Tampoco hay imputados.

Zoe Quispe, integrante de la organización “Damas de Hierro” en Jujuy, fue asesinada en 10 de septiembre por su pareja: 36 puñaladas.

Son días sensibles: el 15 de octubre se cumplió un año del travesticidio de Diana Sacayán, una de las refentes más importantes del movimiento trans y travesti argentino.

El grito, entonces, estalló.

Un posteo en Facebook del 28 de octubre de la académica y activista trans Violeta Alegre se viralizó y conmocionó por su crudeza: eran dos fotos de Evelyn, una travesti brutalmente asesinada cuyo cuerpo fue hallado en una YPF abandonada en Posadas, Misiones. La violencia tanta veces escrita, hablada y teorizada cobraba una dimensión real. “Ella ejercía la prostitución y el destino de esta carrera horrible le cruzó a unos hijos de puta que le arrebataron la vida”, dice el posteo. “Como ella, muchas chicas trans mueren anónimamente”.

Desde esa rabia y ese dolor se lanzó rápidamente una convocatoria por redes sociales para participar del “Gritazo Trava-Trans Lationamericano” el 24 de noviembre en Plaza de Mayo. “Ante el brutal incremento de las violencias hacia nuestro colectivo, decidimos Gritar, decretar en estado de emergencia a nuestro movimiento”, reza el comunicado. “Porque no queremos que nuestras muertes queden invisibilizadas ni queremos quedar bajo el ala del resto de los movimientos/organizaciones/partidos/colectivos para requerir serlo. Porque necesitamos vomitar la ira que venimos acumulando ya que seguimos siendo las que ponemos las muertas y no tenemos la espalda que tienen el resto de los movimientos”.

La acción política está pensada, por el momento, para una concentración en Plaza de Mayo entre las 17 y las 19 horas. Se espera una adhesión en Chile, México y Perú. “Queremos soñar un futuro con nuevas generaciones sin violencias, con infancias trans que tengan instituciones con responsabilidades y compromisos paterno-maternales amorosas, recordarles también que todo esto lo exigimos para que nunca más nos roben la niñez. Nunca más”.

“Nuestras muertes no interpelan”

Frente a expertas del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), los organismos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expresaron este martes sus preocupaciones -entre otros puntos- por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina, que no supera los 35 años. Las CEDAW recibió así, por primera vez en su historia, un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans realizado por una colación de 22 organizaciones, movimientos sociales, colectivos y activistas independientes, que expusieron las detenciones arbitrarias, el maltrato, la falta de acceso a los derechos básicos, la criminalización y persecución por parte del Estado.

Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera probada la violencia institucional ejercida sobre la población trans en los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Dice textual: “Las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”.

Según la primera encuesta sobre población trans del INDEC en 2012, el 83 por ciento de las personas trans y travestis encuestada fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial. De todas maneras, el movimiento destaca que las estadísticas y los datos no reflejan la verdadera dimensión de la violencia, ya que no sólo no se contemplan los obstáculos que existen para denunciar a los efectivos policiales sino que, además, la falta de adecuación imposibilita conocer si la denuncia fue formulada sin cambio registral.

“A las travestis y trans nos matan y nuestras muertes no interpelan, ni son motivo para reclamar justicia como otras”, sigue la convocatoria al Gritazo. “Para la sociedad y para el Estado, nuestra muerte, así como nuestra vida, importa menos. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación y para ello claro… ESTAR VIVAS. Necesitamos dejar de ser las cajas chicas, las ´fáciles de justificar´ de las fuerzas policiales de quienes también se vuelve a incrementar brutalmente con hostigamiento, persecución y castigo a nuestro colectivo. Necesitamos erradicar la violencia judicial e institucional. ¡Basta de represión!”.

El grito

lavaca dialogó con Violeta Alegre, consultora de Naciones Unidas y Responsable del Área Diversidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), referente e integrante de la Colectiva Lohana Berkins, impulsora del Gritazo en Plaza de Mayo.

-¿Cómo surge el Gritazo?

-El Gritazo lo propuse desde un corrimiento de los lugares donde estamos, poniéndonos en contacto entre varixs activistas y haciendo una propuesta desde el activismo, no tanto de la militancia. Hay una situación bastante compleja en este momento: estamos divididxs. Después del fallecimiento de Lohana Berkins y el travesticidio de Diana Sacayán quedamos en una orfandad, no nos pudimos encontrar, y por eso el diálogo se propuso de activista a activista. No fue de organización a organización. Yo estoy en la Colectiva, pero también me corrí de ese lugar: así encaramos el diálogo. Me parece que tiene que ver con una cuestión coyuntural de que recién nos estamos acomodando y eso no nos está permitiendo ver algunas cosas. No nos estamos encontrando, está difícil vernos. Y esto surge, obviamente, a raíz de los tres transfemicidios o travesticidios que hubo la semana pasada, entre ellos el de Evelyn, que fueron un alerta muy fuerte. La reacción que generó las fotos que publiqué fueron bastante movilizantes. La idea era mostrar el ensañamiento brutal.

-¿Lo que realmente queremos decir cuando hablamos de violencia?

-Y también para mostrar la indiferencia que hay. Una de las cosas que exigimos es, por ejemplo, una figura legal, porque las tipificaciones que están no son concordantes con las particularidades de estos crímenes, porque la manera en la que se mata a una trava no es la misma con la que se mata a cualquier otra persona. Estamos hablando de un trasveticidio o transfemicidio. Las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos tienen esas particularidades: nosotras ya vivimos esas violencias desde el momento en que decidimos ser quienes somos. Tenemos un aviso constante de las sociedad: desde que te gritan “puto” en la calle hasta que te matan y aparecés en un zanjón. Estamos hablando de otro tipo de agresión.

-¿Por eso el grito?

Fue una reacción. Como decir: “Basta, dejémonos de joder”. Más allá de nuestras diferencias, comprometámonos con esto que es ser activista, hagamos algo, démonos cuenta de que nos están matando y que se incrementó muchísimo la violencia. Corresponde reconocer que estamos en una situación grave. Yo estoy en el conurbano y en la ruta aparecen pibas muertas que ni siquiera la sociedad llega a enterarse. Ni quisiera imaginar lo que ocurre en todo el país,  que no está representado por el activismo, está acá. Ahora nos enteramos de 3 en una semana. Activemos. Y reconozcamos que estamos en un estado de emergencia. Salgamos a la calle.

14872606_10154141982817875_1669156994_n

#NiUnaMás

La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

Publicada

el

La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
(más…)
Seguir leyendo

#NiUnaMás

Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

Publicada

el

Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

Publicada

el

Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
(más…)
Seguir leyendo

La última Mu: La mirada indiscreta

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00