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Habla el lonko Jones Huala desde la cárcel: “La represión es brutal”

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El lonko mapuche Facundo Jones Huala habló en exclusiva con lavaca desde la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel, luego que el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva ordenara su detención por un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. “La represión que se está viviendo ahora es brutal, mucho más profunda, más direccionada”, dice Jones Huala. Hoy mismo, en Capital Federal, la Policía de la Ciudad reprimió una manifestación que exigía su liberación: hubo cuatro hombres y tres mujeres detenidas. Según la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, la detención del lonko se trata de una “aberración jurídica” porque es por el mismo delito que un juicio declaró nulo el año pasado y que espera resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Qué hay detrás de la persecución a la comunidad mapuche en Chubut.
Facundo Jones Huala, el lonko del Pu-Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, atiende el teléfono del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel (Chubut). Habla en exclusiva con lavaca luego que el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva ordenara su detención por un pedido de captura internacional para ser extraditado a Chile. La persecución al pueblo mapuche lleva años y tiene una escalada puntual desde el 13 de marzo del 2015, cuando el Pu-Lof en Resistencia inició la recuperación de tierras ancestrales en el paraje Vuelta del Río, en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista.
No es la primera vez que detienen a Jones Huala. El 27 de mayo de 2016, un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP detuvo al lonko por un pedido de captura desde Chile. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
La nueva detención se produjo el 27 de junio, horas después que el Presidente Mauricio Macri visitara en Santiago a Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, y motivó un repudio generalizado que se manifestó en protestas no sólo en la Patagonia, sino también en Capital Federal: la Policía de la Ciudad reprimió este martes una concentración frente a Tribunales. El saldo: siete personas detenidas, cuatro varones y tres mujeres. En enero, el Pu Lof en resistencia había sufrido tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo.
Por eso, desde la cárcel, dice Jones Huala a lavaca: “Quieren apagar el fuego con nafta. Mi primo perdió la mandíbula, mi hermano el oído. Aquí también hay desaparecidos, torturados. El terrorismo se ejerce del Estado a los mapuche, no de los mapuche al Estado”.

“Una aberración jurídica”

Luego de esta nueva detención, la comunidad Pu-Lof en Resistencia realizó protestas para exigir su liberación, en compañía con la presentación de hábeas corpus por parte de las abogadas Sonia Ivanoff y Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Cómo se explica esta detención? “La detención de Facundo Jones Huala obedece a la misma orden de captura internacional que había sido emitida en virtud de un pedido del Estado chileno con fines de extradición por los hechos que finalmente fueron materia de juicio de extradición el 31 de agosto y 1 de septiembre del año pasado”, dice Gómez Alcorta. Ese juicio oral fue declarado nulo por el juez federal Guido Otranto ya que no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
Gómez Alcorta: “Para la Argentina Facundo debería estar en libertad, si es que no apareciera otra nueva causa, que hasta el momento no apareció. El juicio y todo el proceso de extradición fue declarado nulo”. Luego de ese proceso, la fiscal Silvina Ávila y el procurador Eduardo Casal pidieron a la Corte Suprema que revocara la nulidad y concediera la extradición a Chile. Desde noviembre del año pasado, la Corte aún tiene pendiente de resolución ese trámite. Las abogadas Gómez Alcorta y Sonia Ivanoff denunciaron penalmente al  juez Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta por la “privación ilegal de la libertad” de Jones Huala, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6. También presentaron un escrito ante la Corte Suprema para que se expida sobre la situación de Jones Huala.
“No se ha dictado una nueva orden de captura internacional, ni tampoco existe un nuevo requerimiento de extradición de parte del Estado chileno”, sostienen las letradas.
Gómez Alcorta: “La detención obedece a la misma causa, por el mismo requerimiento de extradición y por la misma orden de captura que tuvo como eje aquel juicio, lo que implica una doble persecución, es decir, dos procesos de extradición simultáneos, concomitantes, contra la misma persona. Esto es ilegal, inconstitucional”.
La detención de Jones Huala sumó el repudio de decenas de organizaciones, entre ellas:

  • Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI).
  • Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
  • Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos (APDH).
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
  • Comité por la Liberación De Milagro Sala
  • HI.J.O.S. Capital
  • Liga Por Los Derechos Del Hombre
  • Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora
  • Unión De Asambleas Ciudadanas (UAC) Trelew

Las 7 personas detenidas por la Policía de la Ciudad fueron acusadas por “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad”. A las mujeres las llevaron al Destacamento de la Comuna 4 en Parque Patricios, ubicada en Zabaleta y Chutro. Los varones, a la Comisaría 30, en California y Hornos (Barracas). Uno de ellos trasladado al Hospital Argerich por las lesiones. Interviene el Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini de Cubría.

La progresiva criminalización

Jones Huala había iniciado una huelga de hambre en protesta por las condiciones de detención. “Estoy reponiéndome de a poco de algunas cosas, saliendo del aislamiento. Levanté la huelga: me habían sacado mis remedios, me metían en buzones, que se sumaban al doble juzgamiento. No me pegaron, pero sí no me querían dejar tener contacto con la comunidad. Ahora estoy con ánimo por toda la movilización que se ha formado. Es interesante y demuestra todo lo contrario de lo que plantea el poder judicial y de lo que agita como fantasma el poder político”.
-¿Qué significa esta nueva detención?
-Es parte de la constante y progresiva criminalización de la lucha mapuche. Es una forma de reprimir el crecimiento de la conciencia, de nosotros como luchadores, como conciencia del pueblo, como conciencia social. Se inscribe al tener un gobierno tan empresarial como el de Mauricio Macri y neoliberal como el de Bachelet, teniendo en cuenta que hubo una reunión entre ellos dos justo cuando caigo detenido. Es una situación de clara persecución política, más que nada tratando de reprimir y amedrentar desde lo simbólico, porque esto me trasciende a mí mismo. Es una situación que se da para amedrentar al pueblo mapuche movilizado como también a otros sectores que pudieran tomar como ejemplo la lucha mapuche.
-Además de tus dos detenciones, hubo represiones muy violentas sobre la comunidad.
-Es la misma represión que se vio hace un rato en Buenos Aires. No eran personas directamente mapuche sino gente que simpatiza y apoya la causa. Es muy grave la política represiva que está tomando el Estado. Teniendo en cuenta que nosotros ya habíamos sido reprimidos por el kirchnerismo, la represión que se está viviendo ahora es brutal, mucho más profunda, más direccionada y la escalada represiva se ha incrementado. Macri es amigo de Lewis, Lewis es socio de Benetton. El estado de derecho que dicen defender queda violado al ver las situaciones que estamos pasando.
-¿Cómo está el proceso de la recuperación en Vuelta de Río?
-Sigue más firme que nunca. Ha crecido mucho. Han salido a la luz algunas comunidades, que se han movilizado. En Río Negro están planteando una Ley de Tierras para convertir las tierras en unidades productivas. Lo que ha sucedido es que el movimiento ha ido creciendo cada vez más y la propuesta se está instalando con mayor fuerza, se está arraigando y eso es lo que se intenta reprimir, porque más que la cantidad –y que importa- es la calidad del movimiento lo que a ellos les preocupa. Les preocupa la calidad política, la calidad filosófica, el contenido de la propuesta integral. Eso lo que le da temor al sistema porque tampoco tienen herramientas reales para reprimir situaciones que quizá si conoce de otros movimientos, con todo respeto que merezcan, pero el emergente de la lucha mapuche es algo de lo que no tienen un análisis correcto, porque para ellos es un fenómeno extraño y novedoso,  por más que seamos un pueblo milenario.  Es lo que más le da terror a ciertos sectores del poder.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Docente:

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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