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Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?

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(Desde la Lof Lafken Winkul Mapu) Se cumplió una inspección ocular de los jueces, imputados y testigos en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado en 2017 durante una represión propiciada por el gobierno de Mauricio Macri y su entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich. Los hallazgos y reflexiones en un la escena del crimen: un lugar mapuche arrasado por la violencia. Los avances judiciales y la voz de la machi de la comunidad. Para lavaca, desde Río Negro, por la agencia Perycia.

Texto: Luciana Avilés

Fotos: Jaime Carriqueo

Cobertura colaborativa entre Perycia y agencia lavaca.

Son las 11 de la mañana. Un gran operativo a cargo de diversas fuerzas de seguridad ha sido desplegado una vez más en la zona de Villa Mascardi, Rio Negro. El foco está puesto nuevamente en la tranquera que da inicio al territorio que reivindica territorialmente la Lof Lafken Winkul Mapu aunque las zonas linderas también están colmadas de efectivos de la Policía Federal, la de Río Negro y Gendarmería. 

Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?

Durante la inspección ocular, una casa quemada en la Lof, bajo la mirada mapuche.

A esa hora de la mañana del 24 de octubre ya hay un corte parcial en la ruta sentido Bariloche- Bolsón y viceversa a la altura de la estación YPF y del lado contrario, ni bien se pasa el desvío, a la zona de Pampa Linda y Cerro Tronador.

El paisaje es soñado: el lago Mascardi está totalmente planchado ya que no corre una gota de viento, el cielo está totalmente despejado y un sol radiante ilumina las puntas de los cerros nevados. A pesar de las postales, los vehículos demorados esperan con gente con caras de pocos amigos mientras escuchan a los efectivos explicarles que es para “garantizar que el operativo judicial pueda desarrollarse con normalidad”. 

El operativo del que hablan es la inspección ocular solicitada días atrás por el Ministerio Público Fiscal y forma parte de la causa que busca esclarecer el asesinato de Rafael Nahuel. El joven mapuche murió de un tiro que ingresó por su espalda en noviembre de 2017 mientras se encontraba resistiendo junto a su comunidad en las tierras en disputa. El violento desalojo ordenado por la gestión del ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó como saldo varixs adultxs y niñxs mapuches detenidxs, heridxs con balas de plomo y una muerte. 

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Funcionarios judiciales recorriendo la escena del crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en 2017.

A 500 km del crimen

Por este grave hecho, se encuentran imputados 5 efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Este comando especial de Prefectura se sumó a los más de 300 efectivos de Gendarmería y Policía Federal que intervinieron aquel día en el lugar.

Hay dos teorías girando:

Por un lado, la del enfrentamiento armado que sostiene que ambos bandos actuaron en legítima defensa.

Por el otro, la de una especie de cacería humana hacia lxs integrantes de la Lof, replicando las épocas más violentas y de barbarie que tuvo la historia argentina con la Campaña del Desierto.

El juicio llega 6 años después y no en las mejores condiciones. Desde el 15 de agosto de este año, la ciudad de General Roca se convirtió en el escenario principal ya que el Poder Judicial Federal resolvió que las audiencias sucedan allá, a más de 500 km de donde se produjeron los hechos. Familiares, testigxs, amigxs, comunidades mapuches y quienes acompañan la causa pidieron seriamente que el mismo se desarrollara en Bariloche por cuestiones ligadas a distancias, viáticos y cotidianidades. A pesar de los pedidos a los que se sumaron incluso los de los abogados de la familia Nahuel e integrantes de la APDH, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, no se tuvo éxito. 

Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?

Mapuche en su territorio: el conocimiento de la montaña. A los visitantes no les resultó tan sencillo moverse entre el bosque y los cerros.

En Bariloche, a 30 km aproximadamente de donde sucedió todo, existe un Juzgado Federal en condiciones de asumir un caso con estas características. Sin embargo, se decidió hacerlo en General Roca y es por eso que diferentes organismos de derechos humanos han descripto públicamente al hecho como otro gesto de racismo hacia el pueblo nación mapuche. 

A lo largo de estos meses sucedieron diversas audiencias, algunas virtuales, otras presenciales. Ya se expusieron las pruebas recabadas y brindaron testimonio lxs testigxs. Jornadas tensas y emotivas fueron las que tuvieron como protagonistas a Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, integrantes de la comunidad y piezas claves en el armado del rompecabezas ya que fueron ellxs quienes estuvieron cuando Rafael recibió el disparo y luego bajaron su cuerpo. De hecho, el mismo día de la muerte, Colhuan también recibió un disparo en su brazo y resultó seriamente herida. Es por eso que durante la inspección ocular tuvieron un papel crucial. 

Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?

La gente de la comunidad frente a la policía, mientras se realizaba la recorrida por el escenario del crimen de Rafa Nahuel en 2017.

Comienza el operativo 

A la altura de la tranquera que da ingreso al territorio que está en disputa, se ha formado un cordón humano de efectivos de la Policía Federal que toman lista de las personas autorizadas a ingresar e impiden el paso de quienes no. Hasta allí, han llegado integrantes de comunidades mapuches con sus hijxs e instrumentos musicales, algunxs trabajadorxs de prensa y la comitiva autorizada para realizar la inspección ocular. 

Hay varios autos estacionados a los costados del ingreso al territorio y un grupo de pocas personas reunidas en círculo escuchando lo que los jueces a cargo del operativo tienen para decir. 
“Les pido que pidan la palabra para que sea lo más prolijo y dinámico posible. Va a haber tiempo para asentar lo dicho, tenemos todo el día. Como somos muchos y los senderos son chicos, si no ponemos un poco de orden va a ser un lío”, dijo uno de los tres jueces intervinientes para dar inicio” dijo uno de los jueces. 

Y siguió: “Si las defensas necesitan que los imputados se acerquen a los testigos avisen. Vamos a estar todos separados, Nosotros adelante con los testigos e imputados atrás. Vamos en función de los requerimientos de lo que van manifestando los testigos, observando y si necesitan alguna consulta, acercamos a los imputados. Como si estuviéramos en juicio. Tratemos de pedir la palabra para no pisarnos porque la ansiedad está”. 

La charla fue encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava y fue pensada para despejar cualquier tipo de duda sobre el operativo. “La inspección ocular no es una reconstrucción ni una declaración testimonial. Se refiere a lugares, reconocimiento del lugar y realizar observaciones”, sostuvo uno de los magistrados. 

El fiscal de la causa, Rafael Vehils Ruíz, también se encontraba presente, así como Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que el organismo estatal interviene como querellante en la causa. 

Último tramo de la introducción de los jueces: “La propuesta es hacer paradas. Primero Puesto Tranquera, después Puesto Mochila, Antena 1, Antena 2, donde se visualizó el perro. Me parece que Lescano es el que nos tiene que ir guiando porque es el que estuvo y es el suboficial de mayor graduación. Va a ir diciendo por dónde ascendieron, dónde los binomios se separaron, dónde ubicaron el perro, dónde se ubicaron los otros binomios, cómo bajaron y cómo se replegaron. Van a surgir cosas, vamos a parar, paciencia y orden”, finalizaron. 

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Mujer y niño mapuche, frente a policías pertrechados como para una guerra. En 2017 se cumplieron los peores presagios cuando los uniformados recibieron la orden de atacar la Lof.

Montaña arriba

La pequeña comitiva inició trayecto de más de 1000 metros montaña arriba para llegar al lugar exacto donde murió Rafael. Recién descendieron pasadas las 17.30, luego de 6 horas intensas y emotivas. Bajaron primero integrantes de la Lof, a quienes se vio como conocedorxs del territorio y la vida en la montaña. El resto de la comitiva tardó un poco más, reflejo de las dificultades del terreno tanto para subir como para bajar. 

Los tres jueces fueron los primeros en dejar Villa Mascardi rápidamente, escoltados por efectivos de seguridad, sin tener contacto con la poca prensa que había hecho guardia a la vera de la ruta 40, ni con integrantes de la comunidad. El resto de los presentes aprovechó para reunirse nuevamente cerca de la tranquera, de forma espontánea, para charlar sobre lo vivido montaña arriba. “Fue muy duro”, se escuchó decir. En todo ese tiempo convivieron imputados y testigxs, recorriendo, reviviendo y regresando al lugar de los hechos por segunda vez. Colhuan, Jones Huala y González Curruihunica no habían vuelto después de aquel día de 2017. Y brindaron su versión, pero también escucharon a los Albatros. 

El operativo de seguridad seguía intacto. Muy agotado se lo vio al fiscal de la causa Rafael Vehils Ruiz, quien luego de hidratarse y tomar un poco de aire, aceptó el dialogo con este medio.   

¿Cuál es el balance que hacen? 

–Fue muy interesante porque lo que nosotros buscábamos era lo que obtuvimos. Ver el lugar. Preguntamos a la gente sobre las condiciones climáticas de ese día y fueron muy parecidas. Lo mismo con la visibilidad. Hay lugares que tienen más maleza pero está bastante bien conservado el lugar de los hechos. Se indicó dónde cayó Rafael Nahuel. Cada una de las partes dio su versión y en definitiva lo que queríamos con la Fiscalía era conocer in situ el lugar de los hechos para tener una noción más acabada de lo que ocurrió. 

Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?

La belleza del paisaje, y el rol del Estado en el conflicto.

¿Quién disparó el proyectil?

Vehils Ruiz explicó que lo narrado por testigxs sí estuvo bajo juramento, en cambio lo que expusieron los imputados no. Por lo tanto: “En su derecho de defensa pueden decir lo que les parezca. Pueden mentir, no se le puede decir nada al respecto. No así los testigos que si mienten están bajo juramento y les acarrea una consecuencia penal. Por supuesto que la Fiscalía tiene una teoría del caso y esta inspección nos aportó bastante a lo que venimos conversando”. 

Por cuestiones procesales el funcionario no pudo adelantar conclusiones pero sí sostuvo que “seguramente pidamos algo más todavía antes de terminar porque tenemos un campo que sería el último para despejar todas las dudas. Tenemos un camino marcado que es el que marcó la doctora Little a través de su acusación originaria. Esa es la guía nuestra, veremos si estamos de acuerdo con ella o no”.

En este sentido, es posible que el fiscal solicite un careo entre los peritos que hicieron la primera y la tercera peritación balística, porque llegaron a conclusiones contradictorias, a pesar de haber analizado el mismo proyectil y las armas secuestradas a los sospechosos. 

En el peritaje realizado a mediados del 2018 los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe, del Poder Judicial de Río Negro, con la adhesión de la perito designada por la querella Silvia Bufalini, informaron que la bala había sido disparada del subfusil MP5 del albatros Francisco Javier Pintos. Pero a principios de 2021, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta concluyeron que el proyectil calibre 9 milímetros que mató al joven mapuche, salió del arma que portaba el albatros Sergio Guillermo Cavia. 

“Lo que podemos hacer es adecuar y resignificar la calificación legal en base a elementos que se aporten en esta etapa que es la de la certeza porque justamente venimos de una etapa de sospecha. Se modificará siempre y cuando existan elementos de convicción”, concluyó el fiscal sobre lo sucedido en la jornada.  

Recordando un disparo

Otra voz resonante y dispuesta al diálogo fue la del director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. El organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa. 

“Esta prueba era importante porque venimos hasta ahora en todas las audiencias escuchando testigos. Nos van contando cada uno su punto de vista pero es la primera vez que tanto el Tribunal como los abogados pudimos ver en el lugar los hechos y donde los testigos nos fueron contando acá pasó tal cosa, acá tal otra. Eso te genera otra visión, sobre todo para el Tribunal que tiene que resolver”, dijo ni bien empezada la entrevista.  

“Fue fuerte para todos”, siguió “sobre todo para Johana Colluan, Fausto y Lautaro que estuvieron ahí. Johana estuvo al lado de Rafa y ella misma recibió un disparo. Nos dijo que no había vuelto a ese lugar desde aquel momento. Llegar al lugar donde cayó Rafa fue muy fuerte. Fue muy importante también marcar el lugar en donde le pegaron el tiro y después pudimos visualizar y paramos donde teníamos la referencia de las vainas de 9mm que se habían encontrado. Todos pudimos ver el ángulo que coincide de abajo para arriba y de izquierda a derecha que son los orificios de bala que tuvo Rafa. Coincidieron con los restos de las vainas que habían disparado. Esto confirma todo lo que venimos hablando y viendo y te da una referencia in situ de eso. Es fuerte verlo”, insistió. 

El funcionario reflexionó: “Ningún gobierno ni funcionario está exento de que una fuerza de seguridad que dependa de si, un agente o una fuerza de seguridad cometa un hecho de violencia institucional. Puede pasar. Ahora la diferencia es cómo reacciona un gobierno ante eso. Un gobierno puede salir a justificarlo, apoyarlo, marcarlo como ejemplo que es lo que pasó o sancionar y decir esto no puede pasar más. Separar o ponerse a querellar e investigar qué es lo que pasó para que haya responsables. Esas son las diferencias que te van marcando y bajando línea para que las cosas no pasen más porque si vos lo marcás como un ejemplo es bastante probable que siga pasando”.

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La mujer señala la destrucción a la que ha sido sometido el territorio.

La intención de matar

¿Qué expectativas hay con este juicio? ¿Se iniciarán algunas acciones judiciales más que apunten a la responsabilidad estatal más allá de los cinco integrantes del grupo Albatros?

“La expectativa y el optimismo como litigante, como secretaria siempre lo tenemos que mantener. No podemos pensar que el Poder Judicial se va a tapar los ojos y no va a ver lo que estuvimos viendo nosotros durante todo el juicio. Llegamos al juicio y dijimos que por las pruebas que teníamos en instrucción, acá lo que había habido era una persecución a los tiros montaña arriba, con los miembros de una comunidad corriendo y escapando y los 5 prefectos imputados disparando por lo menos 130 municiones de plomo con intención de matar. Eso fue lo que llevamos a juicio y la verdad que con el tiempo fuimos corroborando todos esos hechos. Hoy lo pudimos transitar. Vimos donde empezaron los primeros disparos que estaban marcados con la recolección de las vainas, seguimos subiendo, vimos donde terminó muriendo, lo vimos en el terreno y lo vio el tribunal. La expectativa es que esto termine como tiene que terminar, que es por una condena por homicidio. Yo no veo otra posibilidad que no sea esta. 

En cuanto a la responsabilidad estatal más allá del grupo Albatros, “este juicio tiene a estos imputados. Tendría que ser otro juicio eventualmente si existiera algún vínculo que eso no siempre es fácil porque vos tenés lo que se vio en este juicio por ejemplo. Un operativo, cinco efectivos de Albatros que en un determinado momento abren fuego con intención de matar. Ahora, ¿cómo unir eso y decir que hubo una orden superior que les haya dicho: ‘ustedes tienen que ir al lugar y asesinar a las personas que están ahí’?. Bueno ese es un paso más que no siempre es tan fácil de poder acreditarlo. Una cosa es lo político y otra cosa es lo penal. En lo político tenemos claro que son responsabilidades políticas pero en lo penal necesitás pruebas fehacientes que acrediten una orden concreta, y eso es más difícil”.  

La voz de la machi 

Mientras se desarrollaba la inspección, integrantes de comunidades mapuches, allegadxs a la Lof Lafken Winkul Mapu y representantes de la Multisectorial contra la Represión pudieron hacer la guardia desde el rehue, espacio sagrado de suma importancia para la Lof y la cultura mapuche. No fue fácil porque en un primer momento y a pesar de haber dialogado con los jueces, ese vallado humano conformado por efectivos de seguridad no les permitía el acceso. Luego, gracias a la presión ejercida, se consiguió el objetivo que era realizar ceremonias para brindar newen o fuerza espiritual a sus lamngen (hermanxs) quienes estaban encabezando el operativo.

Allí pudimos conversar con la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan.  

A diferencia de todo lo que se había escuchado ese día, ella inició la conversación con este medio en su idioma, el mapudungun. Un rato antes había compartido mates alrededor del fuego con quienes pudieron ingresar a esta parte del territorio que reivindican. Entre amargo y amargo surgieron charlas interesantes sobre feminismos, luchas de los pueblos originarios, reflexiones en torno a los derechos humanos y a ser una sociedad verdaderamente plurinacional.

Dice mientras amamanta a uno de sus hijos. 

“Hemos llegado nuevamente al territorio que está muy militarizado. Rafael Nahuel dejó su vida resistiendo, defendiendo este territorio donde hoy se encuentra el rehue, un espacio de celebración sagrado para nosotros, para nuestra conexión y nuestro ser mapuche. Este territorio ha sufrido tanta represión, atropellos, nos han tirado tiros, nos han gaseado. Es en este mismo territorio donde de esa misma forma le quitan la vida por la espalda a Rafael. Hemos vuelto hoy con tanto despliegue policial de distintas fuerzas, federales, gendarmería. Nuevamente nos vimos hostigados, agredidos por la policía”. 

Sobre el regreso al lugar del crimen: “Es difícil volver al territorio, encontrarlo en el estado en que está, con tanta violencia hacia el espacio, está destruido. Nuestras casas están demolidas, nuestro rehue profanado que es nuestro ser más sagrado. Por eso nuestra cultura espiritual, nuestro ser mapuche también se ve agredido y violentado. Vinimos la semana pasada en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vimos el estado del espacio y del rehue. Una semana después volvemos a venir y volvemos a ver esto. En nuestra ausencia siguen profanando, siguen manoseando, cambian las cosas de lugar, las tocan. Ni hablar de los tratos y violencias recibidas de parte de fuerzas policiales y represivas del Estado”. 

Mientras observa cómo uno de los integrantes de la Lof acomoda escombros de lo que antes era su ruka, su casa, dice que “estamos esperando que los lamngen puedan bajar, estamos apoyándolos espiritualmente y anímicamente para que ellos tengan la fortaleza porque es un proceso difícil volver a recordar los momentos en los que la policía se llevó la vida de un hermano acá en el territorio y para nosotros como comunidad revivir esos momentos”. 

“Recordamos lo que pasamos el 4 de octubre pasado. Otro violento desalojo en el que nos detuvieron 8 meses injustamente. Por una causa de usurpación estuvimos detenidas cuatro de nosotras, y por la misma causa hoy se encuentra detenida Jessica Bonefoi con prisión domiciliaria”, sostuvo al tiempo que denunció “la persecución y estigmatización que hacen hacia nuestro pueblo mapuche, hacia este territorio particular, hacia las comunidades que luchan por la defensa de los espacios sagrados, los territorios limpios y puros. Es una tristeza hoy volver al territorio y verlo atropellado. Igual que a nosotros”.

Hay palabras que vuelven a Betiana al contar la realidad del lugar: “Atropellado, herido, contaminado, violentado”. 

“Nos sentimos con esta fortaleza que da el espacio para seguir luchando y no bajar los brazos, para seguir defendiendo este espacio incansablemente. Nos da tristeza y seguimos denunciando aunque nosotros ya sabemos cómo se maneja el Estado, sus fuerzas policiales y todas las formas desde la Campaña del Desierto: la colonización de nuestro pueblo mapuche y todos los pueblos originarios hasta hoy”. 

Reflexiona: “Sigue siendo lo mismo. No ha cambiado. Somos pueblos pre-existentes que vivimos en esta sociedad, que se nos ha impuesto una nacionalidad, un idioma, una forma de educación, de salud, pasando por encima nuestra propia cultura y creencias. Hoy estamos siendo parte de esta sociedad, empobrecidos. Gran parte de nuestra gente mapuche ha sido lanzada a las periferias de las ciudades, despojados de sus territorios e identidades lamentablemente. Pero estamos en una lucha por recuperar lo robado, por fortalecer nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro ser mapuche. Entendemos que eso es grave porque para el Estado es un peligro que nosotros hoy estemos tratando de fortalecernos. Nos estigmatizan llamándonos violentos, terroristas. Nos tildan de indios salvajes, ignorantes y hoy somos terroristas, delincuentes, violentos siendo que nuestro único objetivo es la protección de los territorios sagrados para proteger el agua, las montañas, que no solo son nuestras sino que somos parte de este territorio y no es solo por nosotros esta lucha sino por todas las generaciones”. 

El respeto no es un folklore

Betiana añade que la lucha es por la defensa de la vida, de la propia, de los espacios sagrados y la de todos los territorios porque “siempre los muertos los hemos puesto nosotros, el pueblo mapuche, los pueblos originarios, preexistentes”.

Así es que “estamos poniendo la fuerza espiritual para que el territorio se levante, para que las comunidades se levanten, para que el pueblo mapuche se levante, para que haya una unión como pueblo mapuche y para que la sociedad en general, aquel no mapuche pueda concientizarse, pueda respetar que hoy estamos en una plurinacionalidad y que es importante que el respeto sea concreto, sea real. El respeto no es un folklore sino apoyar los reclamos porque se confunde mucho. Se dice que las comunidades hoy tratan de generar una nación aparte, que somos terroristas, violentos pero en verdad nosotros buscamos vivir en paz en los territorios. Buscamos sumar a la conciencia, a la solidaridad, a los espacios que están en lucha, que se acerquen a conversar para tener la voz en primera persona y ver por lo que realmente estamos luchando”. 

“Es una situación que estamos viviendo como comunidad pero también como pueblo porque estamos siendo despojados de todos los territorios, los atropellos son en todos los territorios. Son de parte de empresas extractivistas como las mineras, las petroleras, grandes terratenientes que nos siguen corriendo el alambrado, alambrando nacientes de ríos como es el río Chubut, como lo es Lewis que tiene un lago entero. Nuestra lucha es contra esto, contra los grandes extractivistas terratenientes que lo único que quieren a la vez que nos asesinan como pueblo preexistente, también asesinan a los territorios y a nuestra Mapu. Agradecemos a la gente que apoya, que difunde y acompaña. Marichiweu” dice para despedirse, término que significa “cien veces venceremos”.  

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
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