Nota
Ismael Bordagaray, intendente K de Famatina, contra la megaminería a cielo abierto: “Las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región la rechaza”
Ismael Bordagaray es kirchnerista, peronista y acompaña todo el movimiento social de resistencia riojana a la minería a cielo abierto. Eligió: “Siempre hemos sido compañeros de las medidas que toma el pueblo. No puede haber obediencia debida en democracia” dice a lavaca. Compara la actualidad que ponen de relieve estas asambleas con el movimiento que se hizo visible en el sepelio de Néstor Kirchner. Su posición ante Cristina, Beder Herrera, las represalias del gobernador, los medios monopólicos. Ideas sobre el rol actual de la política, el espionaje sobre los vecinos, y los reclamos de autodeterminación: las herramientas para una mejor democracia y las opciones a la megaminería.
Definiciones de Bordagaray a lavaca:
- “El corte es una medida que acompañamos desde el comienzo. Decidimos mantener lo que anunciamos en campaña. Estamos al lado de los vecinos, y no como cabecillas, como nos han querido sindicar: siempre hemos sido compañeros de las medidas que ha tomado el pueblo”.
- “La realidad es que las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región rechaza la megaminería”.
- “Muchos políticos han usado la cuestión del Famatina. Pero la gente es la misma: los que cambiaron el discurso son los políticos”.
- “Como represalia, hace dos meses que la municipalidad no recibe de la provincia un peso de los que corresponden para gastos de funcionamiento”.
- “Eso es la política: acompañar a la gente en los reclamos, no solamente aparecer cuando las cosas andan bien”.
- “Un partido político no me transforma en un soldado que tiene que decir a todo que sí: me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no estén bien hechas y aportar el capital intelectual para que el proyecto se fortalezca”.
- “Hemos trabajado siempre del lado del proyecto y la defendemos a la Presidenta. Pero lo que nosotros creemos es que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Y estamos esperando que alguien del gobierno nacional por lo menos nos deje dar nuestra versión de los hechos”.
- Sobre los movimientos asamblearios: “Para mí es parte de lo que se vio cuando fue lo de Néstor (se refiere al fallecimiento de Néstor Kirchner) cuando se habló de ese empuje en la juventud de involucrarse en la política. Las asambleas son otra cara de la misma moneda: es la gente que está queriendo entrar en la discusión. No es el ‘que se vayan todos’. Es el ‘déjennos entrar en el debate’”.
- “Muchos de los políticos viejos se creen que porque sacan el 50, 60 o 70% de los votos, la gente les firma un cheque en blanco para que manejen los destinos de la provincia. Y no es así, creo que hay que escuchar lo que la gente dice y la política reclama eso, algo nuevo, y la discusión permanente de los temas importantes para el destino de los pueblos”.
- “A veces veo cosas de medios ligados al oficialismo haciendo un abordaje en sus programas que me molesta. Ellos tienen un enfrentamiento abierto con el Grupo Clarín. Y de alguna forma nos ligan a nosotros: ligan una protesta que es muy pura, muy social y muy nuestra al grupo Clarín. Lo cual me parece un desacierto total”.
- “Hoy el pueblo dice no. Y ahí está la discusión”.
- “Esto es liberalismo puro, es la expresión más pura del liberalismo de los 90 lo que pasa con el tema minero”.
- “En el caso nuestro estamos diciendo no a la mega minería porque no queremos que nos contaminen el agua y nos hagan un agujero, acá a 12 km en línea recta de nuestro pueblo, que va a generar impacto, contaminación y un uso irracional del agua”.
- “La política perdió el nexo con el pueblo. Capaz que en estos procesos asamblearios de los que hablamos se están forjando los líderes del futuro ante lo cerradas y arcaicas que están las estructuras partidarias. Y es interesante que aparezca una nueva manera de pensar la política, y surge de otros puntos que ya no son las grandes ciudades. Quizás está madurando la democracia, que tiene casi 30 años”.
- “Si la minería fuera la única solución, tendríamos una provincia sólo para 20 años”.
Retrato de un intendente
El 15 de febrero cumplió 36 años. Ismael Bordagaray había sido elegido intendente de Famatina en 2007, tras haber participado en el movimiento social y asambleario contrario a la instalación de Barrick Gold. En medio de su mandato, los vecinos lograron alejar además a la sucesora de Barrick, la china Shandong Gold. A fines de 2011 Bordagaray resultó reelecto, trabajando a su vez para las reelecciones de Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador riojano, Luis Beder Herrera.
Luego llegó el momento de descubrir el espionaje policial-minero sobre los vecinos de Famatina y Chilecito, la avanzada provincial para permitir la instalación de Osisko Mining Corporation, y la inmediata respuesta social: un nuevo corte en Alto Carrizal, que impide el acceso a las zonas del cordón del Famatina que deberían ser –literalmente- explotadas. Caso infrecuente, Bordagaray dice ahora lo mismo que decía en la campaña, y cosas muy diferentes a la que emiten los políticos tradicionales.
“El corte es una medida que acompañamos desde el comienzo. Decidimos mantener lo que anunciamos en campaña. Estamos al lado de los vecinos, y no como cabecillas, como nos han querido sindicar: siempre hemos sido compañeros de las medidas que ha tomado el pueblo. Y ahora nos dimos cuenta de que es una medida bastante aceptada. Lamentablemente no se ha logrado el objetivo principal: que se caiga el convenio con Osisko, o instalar una instancia de diálogo con el gobierno provincial”.
Panorama desde el corte
El objetivo que plantean los vecinos es que se caiga el convenio. Osisko anunció que se iría si no cuenta con la licencia social.
-Pero la realidad es que el convenio no está caído ni mucho menos, y el gobierno de Beder es el que está comprometido a lograr esa licencia social. Por eso montó una supuesta estrategia mediática, que copa a los medios oficiales, sumado a falsas encuestas, mensajitos de texto, campañas en los diarios, páginas de Internet oficiales. Todo tratando de presentar la minería como la única alternativa para la provincia y tratando de descalificar todas estas protestas. La realidad es que las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región rechaza la megaminería.
Datos sobre la amnesia
Bordagaray se recibió en Trabajo Social y como docente en Famatina compartió todo el nacimiento del movimiento asambleario, en 2006. “Desde esa época hemos planteado el compromiso de preservar el medioambiente y estar en contra de la megaminería. Gracias a
Dios lo hemos podido sostener”.
En La Rioja muchos políticos plantearon cosas similares, pero parecería que la llegada al cargo genera amnesia.
-Estos días he repasado discursos del día que se sancionó la ley que prohibía la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro, en 2007: no habló sólo el actual gobernador (debe recordarse que el rechazo a la minería fue la palanca que le permitió a Beder expulsar a su antecesor, el ex menemista, ex duhaldista y luego kirchnerista Ángel Mazza, ex secretario de Minería de Carlos Menem). El actual intendente de Aimogasta había hecho un discurso encendido a favor de no tocar el Famatina y en contra de la actividad minera, y ahora dice todo lo contrario. Muchos políticos han usado la cuestión del Famatina. Pero la gente es la misma: los que cambiaron el discurso son los políticos.
¿Qué consecuencias prácticas trajo esta posición ?
Como represalia, hace dos meses que la municipalidad no recibe de la provincia un peso de los que corresponden para gastos de funcionamiento. Tendríamos que recibir 140 mil pesos más algunos otros ingresos que redondean los 200 mil pesos. Eso resiente por ejemplo la recolección de residuos, que estamos reorganizando. No voy a poder seguir pagando algunos planes de quienes trabajaban en limpieza. Por otro lado, empezaron a atacarme en los medios. Pero bueno, si yo no represento al pueblo que me votó no tendría razón de ser en la política y en mi cargo. Mi corazón y formación me indican que eso es lo que tengo que hacer. Eso es la política: acompañar a la gente en los reclamos, no solamente aparecer cuando las cosas andan bien. Y al gobierno provincial hay que decirle: esto está mal hecho.
Obediencia debida
Bordagaray aclara: “Soy de origen peronista, justicialista, de más joven fui de la juventud peronista. En la Universidad de Córdoba donde estudié Trabajo Social, en los 90 éramos tres. No era muy frecuente encontrar peronistas. Me siento kirchnerista y acompaño todo este proyecto. Pero pienso que en la política no existe la obediencia debida. No se puede decir que sí a todo el discurso oficial. Tengo la obligación y el deber de salir a decir las cosas que no están bien hechas. Un partido político no me transforma en un soldado que tiene que decir a todo que sí: me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no estén bien hechas y aportar el capital intelectual para que el proyecto se fortalezca. No lo han entendido así, me tildan de traidor porque hay un pueblo que se ha levantado en contra de la mega minería. Yo creo que el tiempo está demostrando que lo que estamos haciendo está bien, estando al lado del pueblo, y que el gobierno provincial va a tener que rever su estrategia, porque tanto a nivel comunicacional como a nivel social está perdiendo muchísimo terreno y eso puede traer otro tipo de complicaciones.
¿Cuáles?
-Esto se está transformando en un conflicto social. En principio era un conflicto ambiental, de recursos, ahora ya es un conflicto social que está empezando a teñirse de ciertos problemas institucionales. Que al intendente de la capital riojana y nosotros en Famatina tengamos congelados los gastos de funcionamiento… eso es un conflicto institucional. Ya hay un problema de recursos a municipios que se los castiga por pensar distinto. Y eso la gente lo ve mal. Este lunes en Chilecito no pudieron hacer el desfile de todos los años porque no quieren que la gente se manifieste.
El desacierto oficialista
¿Cómo percibe la posición del gobierno nacional en este tema?
-A veces veo cosas de medios ligados al oficialismo haciendo un abordaje en sus programas que me molesta. Ellos tienen un enfrentamiento abierto con el Grupo Clarín. Y de alguna forma nos ligan a nosotros, ligan una protesta que es muy pura, muy social y muy nuestra al grupo Clarín. Lo cual me parece un desacierto total. Más allá que lo hayan cubierto, bien o mal no me importa, nosotros hemos recurrido al único medio que se acercó a hablar con nosotros. Pero los medios oficialistas hacen el tratamiento como que estos fueran grupos opositores al gobierno nacional. No lo somos. Para nada en mi caso. Hemos trabajado siempre del lado del proyecto y la defendemos a la Presidenta. Pero lo que nosotros creemos es que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Y estamos esperando que alguien del gobierno nacional por lo menos nos deje dar nuestra versión de los hechos. Necesitamos acercarnos. Recién el día sábado yo pude charlar con una senadora nacional y le solicité que vea la posibilidad de hablar con el ministro del Interior, o alguien del ministerio, alguien a quien pueda acercarle mi postura y también lo que vemos sobre la cuestión institucional que está afectando a la provincia.
La política suele tener algo de binario, reducir todo a dos opciones…
-Tal cual. Y veo además que mediáticamente se quedan en la discusión económica del tema. Lo veía programas oficialistas como Duro de domar, y todos los elementos que aportaban a la discusión eran económicos. Pero hay otros ejes también que son importantes de discutir, que tienen que ver con el tipo de desarrollo que le queremos dar a nuestro país, la manera que queremos vivir, el tema de los recursos naturales… Celebro muchísimo lo que pasó en ciertos departamentos en Mendoza, por ejemplo, que sancionaron un área libre de minería para defender sus reservas hídricas. También es importante analizar quién se lleva todo este dinero que sale de la minería, que es un recurso no renovable, pero no hay que centrar únicamente el eje de la discusión ahí.
La nueva política
Movimientos asamblearios como el de Famatina, Chilecito, La Rioja, ¿implican un nuevo modo de ciudadanía, de intervención en lo político?
-Para mí es parte de lo que se vio cuando fue lo de Néstor (se refiere al fallecimiento de Néstor Kirchner) que se habló de ese golpe y ese empuje en la juventud de involucrarse en la política. Las asambleas son otra cara de la misma moneda: es la gente que está queriendo entrar en la discusión.
No es el “Que se vayan todos”. Es el “déjennos entrar en el debate”. En el caso mío, que yo estoy acompañando el movimiento, a mí no me plantean que yo me vaya, todo lo contrario, me exigen que siga firme y al lado de ellos, y que ellos me van a bancar. Entonces creo que están pensando una nueva forma de hacer política. ¿Qué pensamiento es? Una política en base al consenso. Porque muchos de los políticos viejos se creen que porque sacan el 50, 60 o 70% de los votos, la gente les firma un cheque en blanco para que manejen los destinos de la provincia. Y no es así, creo que hay que escuchar lo que la gente dice y la política reclama eso, algo nuevo, y la discusión permanente de los temas importantes para el destino de los pueblos.
¿En algún momento las presiones le hicieron pensar en dejar el cargo?
-Lo que me he dado cuenta es de que los que están a favor de la minería piensan que uno es el que motoriza todo esto. Tengo entendido que a mí me cortan los gastos de funcionamiento pensando que estoy bancando el corte, lo cual es una verdadera locura. Lo único que he dado en el corte es ir a sacar la basura y voy a hablar con la gente alguna vez. Pero pensé: si yo soy el escollo para que las cosas en el pueblo funcionen, me voy a tener que ir. Pero eso no me va a quitar de la lucha. Yo ya lo dije, el único que me va a sacar de mi cargo es el pueblo, no un grupo de obsecuentes que no responden a la voluntad popular y ni siquiera son de acá. El que tiene la facultad de sacarme es mi pueblo.
Las leyes son menemistas
Las leyes vigentes son de tiempos menemistas…
-Todas, todas. En algunos casos se fortalecieron con decretos presidenciales, pero son las leyes de los 90, todas. Y todos los que hablan de los impuestos que dejan y demás, es falso. Todo lo recuperan, todo lo que invierten lo recuperan. Tienen todas las garantías y facilidades. Esto es liberalismo puro, es la expresión más pura del liberalismo de los 90 lo que pasa con el tema minero. No se ha podido revisar nada en materia legal. Es una discusión que se tiene que dar la gente del Congreso y de las provincias. La participación y los controles. Nosotros no hablamos del tema económico, pero no porque seamos ignorantes, nuestra discusión pasa por el cuidado del agua, que es el recurso más escaso que tenemos en la zona, nosotros defendemos el agua de Famatina. No queremos una megaminería, ni el uso del cianuro, por supuesto. Y también creo como autoridad y político que hay que debatir esa legislación de los 90.
¿Realmente cree que la Presidenta no está interiorizada sobre lo de Famatina?
-Yo lo que creo que la cuestión Famatina despertó un montón de cuestiones que no imaginábamos. Se reactivó el conflicto en Andalgalá, en Tinogasta, hay conflicto en Tucumán, en Santiago del Estero, en el mismo Jujuy los amigos aborígenes han hecho presentaciones a la Corte Suprema. Es como un efecto dominó, el tema Famatina activó un montón de respuestas. Pero hay que analizar cada situación particular, no todo es lo mismo, y creo que debería haber alguien desde el Ministerio del Interior que pueda tomar contacto con los lugares de conflicto y pueda hacer un análisis cierto.
Primero hay que escuchar al pueblo para no cometer errores. No pasaría eso si el gobernador, en vez de hacer lo que hizo, hubiera primero cumplido con su promesa de 2007 de hacer un plebiscito en la zona. Así que esto comienza como una mentira, como una traición al pueblo. ¿Cómo vamos a creer que lo que antes era malo ahora es bueno? Hoy están en un 8 a 2, 8 en contra y 2 a favor, por eso no se animan ahora a hacer un plebiscito. Pero es como que los políticos vamos a contramano de lo que la gente quiere.
¿Está usted a favor de la prohibición de la minería o de la megaminería? ¿Cuál es la diferencia?
Acá la gente se opone, y esto tiene que quedar claro al gobierno nacional y a los medios, es a la megaminería a cielo abierto y a la utilización de cianuro y el uso indiscriminado y sin control del agua. El gobierno tiene que hacer un mea culpa y decir la verdad: los gobiernos provinciales no tienen la capacidad de controlar este tipo de emprendimientos. Estas empresas que vienen, sacan y después se van, ¿a quién vamos a ir a reclamarle? No nos oponemos a todo tipo de minería. Yo escucho unos compañeros que dicen «nosotros apoyamos la minería porque en el departamento genera empleo”. Claro, hablan de una cantera de granizo, una cantera de laja. Tampoco me opongo a eso o a una cementera, no nos oponemos, pero sí nos oponemos a que nos hagan un cráter acá a 12 km en línea recta cerca de los periglacieres que nos dan el agua, que nos hagan un cráter de 500 metros de profundidad. Sí nos oponemos a eso. Entonces: hay maneras y maneras de pensar la minería. Hay que pensarlo de manera responsable. En la misma Unión Europea hay debates acerca de la utilización o no de cianuro, tenemos que ir hacia ahí. Aparte esos discursos de «no se usa cianuro» y resulta que hay todo tipo de registros, hasta yo los tengo, que demuestran el uso del cianuro. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. No defendamos lo indefendible. No hay que ser extremista y decir «no, no, no por el no», sentémonos a ver por qué no y por qué sí. En el caso nuestro estamos diciendo no a la mega minería porque no queremos que nos contaminen el agua y nos hagan un agujero acá a 12 km en línea recta de nuestro pueblo. Que va a generar impacto, contaminación y un uso irracional del agua.
Y que la comunidad no quiere ahí todo eso…
-No quiere. Yo prefiero aparecer como un ignorante y decir que no, y no terminar reconociéndolo dentro de unos años. Pasar a la historia como el estúpido que no se animó a decir que no. Los minerales no se degradan, ahí están. Hoy el pueblo dice no. Y ahí está la discusión.
¿Qué sensación le dejó confirmar el espionaje a la comunidad de Famatina?
-Me parece triste, me indignó porque me hizo acordar a épocas muy tristes del país, y nos tildaban como cabecillas, a otros ponían precio. No habla mal de nosotros, hablan de lo que son ellos.
¿Hubo reacción de la clase política?
Prácticamente no. La política perdió el nexo con el pueblo. Capaz que en estos procesos asamblearios de los que hablamos se están forjando los líderes del futuro ante lo cerradas y arcaicas que están las estructuras partidarias. Y es interesante que aparezca una nueva manera de pensar la política, y surge de otros puntos que ya no son las grandes ciudades. Quizás está madurando la democracia, que tiene casi 30 años. Con gente que participa, se involucra porque se da cuenta de que la política la atraviesa transversalmente en todo lo que involucra su vida.
¿Cómo actúan los medios provinciales?
A favor de las mineras, por el factor económico, la pauta publicitaria. Una radio local recibe 3.000 pesos por mes y es una fortuna. Salió a la luz un caso de una radio en Chilecito a la que la minera le pone 300.000 pesos anuales. Van a terminar yendo a trabajar ellos a la minería. Otra gente es muy digna y no cede a las presiones.
Osisko planteó que se iba, al no contar con licencia social…
-Osisko ya tendría que haberse ido si es por eso. Hay un 80% por lo menos que repudia el tema minero en la región. Más muestras de que la gente no quiere esta megaminería, no hay. ¿Qué están esperando?, ¿Que se genere violencia para tomar nota de lo que está pasando?
Otra paradoja es que mucha gente que está contra las mineras votó a Beder. ..
Es que se rechaza a la minería, como él mismo lo hacía hace unos años. Los que lo votaron fue por temas como viviendas o electrificación rural, o garantizar que cada chico en edad escolar tenga computadora. Esos temas se ven como positivos. Pero nadie lo votó por la cuestión minera, de la que nunca habló en campaña. También es cierto que hay mucho plan social, que da lugar al clientelismo y a tener, entre comillas, agarrada a la gente que depende de eso. Pero se podrían hacer obras hídricas que hace 60 años no se hacen, mejorar todos los niveles de producción, y en Famatina hasta tenemos la experiencia de una nueva fábrica de calzado que da trabajo a 100 personas. Si la minería fuera la única solución, tendríamos una provincia sólo para 20 años. Alumbrera ya está terminando la extracción, está en la última etapa, y después ¿qué van a hacer? ¿Engrosar los cordones urbanos con desocupados y quedarnos con todo el daño ambiental? Prefiero que hoy busquemos alternativas, y no quedarnos esperando ese final.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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