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Ituzaingó: juicio oral y público a los agrotóxicos
“No sé si los pondrán presos. Pero sí sé que esto sienta un precedente para el resto de las localidades y para toda la gente que está luchando por esto, contra las fumigaciones, los agrotóxicos y contra este modelo sojero” dice a lavaca María Godoy, una de las Madres de Ituzaingó. Dos productores sojeros y un piloto serán juzgados a partir del 27 de febrero por fumigar con agroquímicos como endosulfán y glifosato junto al barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba. En ese lugar tristemente famoso, desde 2002 las Madres de Ituzaingó –a quienes algunos, casualmente o no, llamaban “locas”- descubrieron a simple vista la novedad que se había instalado entre los vecinos: el cáncer. Muchas de ellas se presentarán como testigos al juicio ya que fueron ellas las que desde ese 2002 relevaron casos de cáncer, malformaciones, diabetes, hipotiroidismo y otras enfermedades. Descubrieron 200 casos entre 5 mil habitantes. Todo se confirmó por estudios del Ministerio de Salud (entonces a cargo de Graciela Ocaña). Se calcula que 100 de los enfermos ya murieron. El 33% de las muertes en Ituzaingó se debe a tumores.
Ahora, por primera vez en la historia, dos productores sojeros y un piloto serán juzgados por fumigar con agroquímicos, principalmente endosulfan y glifosato, a una distancia menor a la permitida por las leyes provinciales. Los acusados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el piloto Edgardo Pancello, por haber violado la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe las fumigaciones aéreas de endosulfán (a menos de 1.500 metros) o glifosato (500 metros).
Entre otras 70 querellas que esperan resolución en la Corte, esta causa impulsada por Merardo Ávila Vázquez – ex subsecretario de la Secretaría de Salud de Córdoba- y el doctor Darío Avila toma curso gracias al fiscal Carlos Matheu quien apeló el pedido de sobreseimiento del juez de control por “falta de pruebas”. La Cámara de Acusación también consideró suficientes las muestras extraídas por la justicia en campos aledaños a la población, donde se encontraron los plaguicidas endosulfan y glifosato, y fechó las audiencias entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en 2012.
Soja, pañuelos y barbijos
El endosulfán es un pesticida utilizado para controlar plagas de insectos en algodón, tabaco, sorgo y soja, y que la Agencia de Protección de Medioamiente (EPA) califica en la Categoría I: alta toxicidad aguda. Sus efectos cancerígenos no fueron comprobados pero sí sus daños en la reproducción y el desarrollo humano. Otra experiencia aporta la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN), integrada por 600 organizaciones de 90 países, que afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.
El glifosato es el veneno utilizado para los transgénicos, principalmente la soja. Pero la historia del barrio Ituzaingó Anexo comienza al revés. No fue la ciencia ni mucho menos la justicia quien dio explicación sobre los pañuelos en la cabeza de las mujeres, para cubrir los efectos de los tratamientos contra el cáncer, y los barbijos en los niños. Para Sofía Gatica, allá por 2001, algo estaba pasando.
En el barrio viven cinco mil personas. Todos, cuentan las madres, conocen algún amigo sino familiar con cáncer, tumores, diabetes o malformaciones. “Para mí es el agua”, sugirió por entonces una vecina a Sofía. Y entre las dos pronunciaron la palabra mágica: “juntémonos”.
Apagá la tele
Nacían, sin saberlo, Las Madres de Ituzaingó. En esa reunión el marido de la vecina ensayó un mapa marcando cada casa de los enfermos (conocidos): eran 200.
Gatica se presentó de inmediato a las autoridades del Ministerio de Salud provincial con las pruebas caseramente recogidas: “Investiguen por qué nos estamos muriendo”. No hubo respuestas. Entonces juntó y juntó vecinas (hecho que el biólogo Raúl Montenegro, quien respaldó desde el principio la lucha, resume así: “Me enojé mucho porque a la reunión sólo fueron mujeres, los hombres estaban mirando un partido de fútbol”), e insistieron no ya en los ministerios sino en la prensa provincial. Recién cuando salieron ante las cámaras de televisión el ministro de Salud de entonces, Roberto Chuit, les concedió una entrevista: admitió que el agua contenía endosulfán y se dispuso a financiar los estudios solicitados. El biólogo Montenegro resume algunos de los resultados: “Había un transformador que tenía perdidas de aceite, había líneas de media tensión superpuestas con líneas de baja, contaminación del suelo con cromo, plomo y arsénico que es cancerígeno. Esta composición del suelo se debe a un proceso geológico. También había 200 tanques de agua sin tapa y todo lo que venía del campo o del propio movimiento del suelo del barrio se depositaba en el agua”. La cantidad máxima de arsénico que se encontró en el sedimento del agua de Ituzaingo fue de 44 partes por millón. En Argentina se permite 0.05 partes por millón, aunque la Organización Mundial de Salud recomienda solo el 00.1. Además, agrega Montenegro, “todo el barrio estaba afectado por las fumigaciones con máquinas mosquito y por avionetas”. La persistencia de las Madres obligó también a que en marzo de 2006 el gobierno provincial realizara un análisis para determinar el grado de toxicidad en sangre de 30 niños: “La totalidad de las muestras tienen pesticidas, y de los 30, hay 23 con niveles más altos de lo permitido”, contaba entonces Sofía.
Arsénico en tu tanque
Hasta la Organización Panamericana de la Salud llegó al barrio en agosto de 2007 convocada por la municipalidad y, tras relevamientos, entrevistas y confirmando las denuncias, concluyó: “El barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.
Más casos en un barrio sitiado
Fue así, gracias al casero e insistente trabajo de las Madres y el aval científico, que en febrero de 2008 tuvo lugar la primera acción judicial en el barrio: El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato, allanó galpones a chacareros y encontró tambores con los agrotóxicos.
A casi una década de las primeras denuncias, el 30 de diciembre de ese año la justicia cordobesa prohibió por primera vez las fumigaciones terrestres a menos de 500 metros de zonas urbanas y las áreas a la distancia mínima de 1500. El fallo, además, focalizaba en dos agroquímicos, el endosulfán y el glifosato, este último pilar de la industria sojera. Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial llegó cuando todo estaba envenenado: “La situación en el barrio sigue igual, siguen apareciendo casos de cáncer nuevos, sigue falleciendo la gente… Incluso hace 4 meses le detectaron leucemia a un chiquito de 2 años… Seguimos en la misma. Hemos recibido contaminación por años y recién nos dimos cuenta con las enfermedades”, relata ahora María.
Montenegro analizó para lavaca los alcances de la medida: “Los plaguicidas en nuestro país se controlan por la dosis letal o sub letal, que es la cantidad que puede matar a una persona, pero no protege a las personas de las bajas dosis, que rompen el sistema hormonal”.
La teoría lugareña de María: “Ellos nos van a seguir fumigando más lejos, y van a seguir viniendo los agroquímicos por la deriva por el viento en la zona, porque el barrio es como
Hacer justicia
La decisión judicial provincial motivó a que en 2009 la propia ministra de Salud Graciela Ocaña llegara Ituzaingó por expreso pedido de la presidenta Cristina Fernández. El resultado de la visita fue la creación del llamado Plan Ituzaingó que impulsó la creación de una comisión investigadora encargada de relevar y cotejar sobre las enfermedades y su posible relación con los agrotóxicos. “Nunca nos dieron los números finales, pero sí nos dijeron que el 33% de los fallecidos en el barrio Ituzaingó Anexo son por tumores. Y que la tasa es mayor que cualquiera a nivel provincial y nacional”, cuenta María Godoy.
Todavía también esperan los resultados de los análisis en sangre en 140 niños de 4 a 14 años, realizados en 2010, así como las muestras de suelo que allí tomaron “pero todavía no han sido llevados a análisis”. Sigue Godoy: “Y nos siguen jugando así, al desgaste, pero mientras avanzamos por otros lados”.
El Plan Ituzaingó poco aportó para ratificar las pruebas y avalar más de las 70 querellas que la Corte archiva al respecto. Desde el año 2002, Las Madres y otros vecinos fueron presentando casos de afecciones de distintos tipos; incluso muchos de los enfermos han fallecido a la espera de justicia. María avisa: “De acuerdo a lo que se resuelva en la Corte iremos a afuera, a la Corte Interamericana”.
La diferencia entre esas 70 y esta primera causa que llega a juicio oral está, según María, en “las personas que están a cargo”, llámese jueces y fiscales. En este caso, el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, es el mismo que en 2008 determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud” por fumigaciones áreas en áreas urbanas, sentando el precedente para la ley. Sin embargo, tuvo que sobreponerse al sobreseimiento del juez de control Esteban Díaz a los dos productores y el piloto por considerar “insuficientes” las pruebas científicas que determinaban endosulfán y glifosato en tierras urbanas. Matheu apeló y la Cámara de Acusación falló a su favor. Aunque la primera audiencia fue citada para el 27 de febrero, María se ríe que “es feriado” y augura el comienzo para las primeras semanas de marzo, a más tardar. Las muestras cotejadas y los pesticidas en ella encontrados, que al juez le parecieron insuficientes, son para María el motivo de la esperanza: “Creemos que va a salir favorable. El hecho de haber tomado las muestras en las plantas, en las hojas, en el campo y en las casas, y que dieron que había edosulfan y glifosato, es contundente. Aparte, hay muchos testigos y muestras humanas de lo que esto produce. Vamos a seguir esta causa y todas las otras, y seguiremos peleando también por la gran deuda pendiente: una ley nacional”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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