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Jones Huala preso: continúa la persecución a la comunidad mapuche
El juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva ordenó la detención del lonko mapuche Facundo Jones Huala por un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. Según la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, se trata de una “aberración jurídica” porque es el mismo pedido que un juicio declaró nulo el año pasado y que espera resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el lonko continúa preso y su familia y el Pu-Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen exigen su inmediata liberación. Qué hay detrás de la persecución a la comunidad mapuche en Chubut.
El juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva ordenó la detención del lonko mapuche Facundo Jones Huala por un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. Jones Huala es el lonko del lof mapuche del Departamente de Cushamen, en el paraje Vuelta del Río, una recuperación de tierras ancestrales que la comunidad inició el 13 de marzo de 2015 en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron persecuciones, amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista. El 27 de mayo de 2016, un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP se llevó detenido a Jones Huala por un pedido de captura desde Chile (el mismo por el cual fue detenido esta semana). Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
Luego de esta nueva detención, la comunidad Pu-Lof en Resistencia realizó protestas para exigir su liberación, en compañía con la presentación de hábeas corpus por parte de las abogadas Sonia Ivanoff y Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Cómo se explica esta detención? “La detención de Facundo Jones Huala obedece a la misma orden de captura internacional que había sido emitida en virtud de un pedido del Estado chileno con fines de extradición por los hechos que finalmente fueron materia de juicio de extradición el 31 de agosto y 1 de septiembre del año pasado”, dice Gómez Alcorta. “Recordemos que ese pedido de captura fue levantado el 30 de mayo del año pasado a los tres días de haber sido detenido Facundo y que después de ese juicio se ordenó la libertad de Facundo Jones Huala. Para la Argentina Facundo debería estar en libertad, si es que no apareciera otra nueva causa, que hasta el momento no apareció. El juicio y todo el proceso de extradición fue declarado nulo”.
En la previa de ese juicio, el lonko Jones Huala habló con lavaca y dijo que no se estaba “enjuiciando a una persona, sino a la lucha de un pueblo”:
Mapuche vs. las corporaciones: comienza el juicio por extradición a un lonko
Gómez Alcorta: “La fiscal (Silvina) Ávila y, posteriormente, el procurador (Eduardo) Casal, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque la nulidad y que conceda la extradición a Chile. La defensa Sonia Ivanoff y yo, Elizabeth Gómez Alcorta, presentamos un informe a la Corte, que tiene desde noviembre del año pasado para resolver esto”.
Quiere decir que la decisión pendiente de la Corte Suprema es, precisamente, la concesión o no de la extradición de Jones Huala a Chile. “La detención de esta semana obedece a la misma causa, por el mismo requerimiento de extradición y por la misma orden de captura que tuvo como eje aquel juicio, lo que implica una doble persecución, es decir, dos procesos de extradición simultáneos, concomitantes, contra la misma persona. Esto es ilegal, inconstitucional”. La abogada subraya un virtual escenario en el que un juicio otorgue la extradición a Jones Huala al mismo tiempo que la Corte lo deniegue. Gómez Alcorta: “Es una aberración jurídica. Estamos esperando la denegatoria de la excarcelación para hacer una denuncia al juez federal Villanueva por privación ilegal de la libertad”.
En enero, el Pu Lof en resistencia del Departamento de Cushamen sufrió tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. También se llevaron animales. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo.
Jones Huala fue uno de los mapuche que habló con MU cuando esta revista viajó a Esquel para hacer un reportaje del reclamo. MU estuvo en la recuperación y habló con el lof que la Justicia provincial perseguía por terrorista. Esa misma causa vinculaba dos procesos que en Esquel interpretan como las caras de una misma moneda: la cuestión indígena y el extractivismo. En el marco de ese proceso judicial se descubrió que un agente de inteligencia espió ilegalmente a activistas, vecinos y asambleístas del movimiento No a la Mina.
El artículo puede leerse aquí:
Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra»
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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