Nota
Mapuche vs. las corporaciones: comienza el juicio por extradición a un lonko
Este miércoles comienza en Esquel el juicio de extradición a Facundo Jones Huala, el lonko mapuche detenido tras la represión desatada en la recuperación de tierras que la comunidad había iniciado en estancias de Benetton. Se espera una fuerte movilización social, que incluso llega hasta las calles porteñas con una concentración frente a la Casa de Chubut. Jones Huala habló con lavaca desde la cárcel y contó por qué se considera un preso político: “Acá no se está enjuiciando a una persona, sino a la lucha de un pueblo”.
El teléfono suena en el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel.
-Pabellón 5 –contesta una voz.
-Buenos días, quisiera hablar con Facundo Jones Huala.
-Soy yo.
Facundo Jones Huala es el lonko del lof mapuche del Departamente de Cushamen, en el paraje Vuelta del Río, una recuperación de tierras ancestrales que la comunidad inició el 13 de marzo de 2015 en una de las estancias de la multinacional Benetton. Sufrieron persecuciones, amenazas, represiones y una causa que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista.
Esa reclamo sumó un capítulo el 27 de mayo de este año, cuando un violento despliegue de efectivos policiales, Gendarmería y GEOP se llevó detenido a Jones Huala por un pedido de captura desde Chile. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales volvieron a la recuperación y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos. Hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería.
Este miércoles comienza en la sede del Escuadrón N°36 de Gendarmería Nacional la audiencia por la solicitud de extradición efectuada por Chile para juzgar a Jones Huala por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal y municiones e ingreso clandestino al territorio chileno.
Jones Huala, que atiende a lavaca desde la prisión, se define como un preso político.
Desde la cárcel
Jones Huala fue uno de los mapuche que habló con MU cuando esta revista viajó a Esquel para hacer un reportaje del reclamo. MU estuvo en la recuperación y habló con el lof que la Justicia provincial perseguía por terrorista (https://www.lavaca.org/notas/violento-desalojo-a-una-comunidad-mapuche-en-esquel-se-llevaron-a-mujeres-y-ninos-a-la-rastra/). Esa misma causa vinculaba dos procesos que en Esquel interpretan como las caras de una misma moneda: la cuestión indígena y el extractivismo. En el marco de ese proceso judicial se descubrió que un agente de inteligencia espió ilegalmente a activistas, vecinos y asambleístas del movimiento No a la Mina.
Ahora Jones Huala habla desde la cárcel. Dice que llega al juicio con la “moral alta”, confiando en la movilización en la calle. En Esquel hay volanteadas y pintadas que los días previos fueron anticipando el comienzo de la audiencia, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se convoca a una concentración en la Casa de Chubut (Sarmiento 1172) a las 11, misma hora del juicio.
-¿Cómo evalúas todo lo que ha ocurrido? La detención, las represiones, la movilización
–Yo lo interpreto como un mayor grado de conciencia, de organización o reorganización de las comunidades mapuche, mientras del otro lado está la respuesta opresora de los estados opresores y las empresas para salvaguardar sus intereses. La respuesta judicial es política. No le queda otra al Poder Judicial que responder con las únicas herramientas que tiene: la judicialización es una herramienta política. Y eso viene en yunta con la represión, que también es política, acompañada por una gran campaña mediática de la prensa burguesa contra el movimiento mapuche autónomo las comunidades en resistencia, que van alimentando el fantasma de terrorismo. Pero no es así: lo que acá está pasando es la criminalización de una respuesta política, filosófica, ética. Eso pasa cuando hay actores políticos conscientes de la acción. Es la represión de los estados al servicio del capital. Ahora mismo la ciudad de Esquel está totalmente militarizada por el juicio. Han llegado camiones de gendarmes, fuerzas especiales, infantería, GEOP, policía federal, gente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), hay drones. Es un despliegue impresionante.
-¿Por qué pensás que ocurre ese despliegue?
-Aquí se está persiguiendo una propuesta política de un pueblo que se levanta y es consciente de ese derecho, de ese proceso de politización, que implica un ejercicio y una práctica de nuestros derechos territoriales. Eso es lo que asusta al estado. Y si bien nosotros no planteamos una propuesta de toma de poder huinca (término mapuche para referirse a los conquistadores), sí planteamos una reconstrucción del poder mapuche. Nuestra propuesta cultural es política, entendiendo la cultura como forma de vida y no como folklore. Es un proceso de reconstrucción del mundo mapuche, y a eso le temen. La ley mapuche es lo que reivindicamos como práctica política: no es escrita y plantea una situación de armonía y equilibrio entre todos los elementos de la naturaleza. En este momento estamos más fortalecidos que nunca, cada vez más unidos y hay un proceso de conciencia cada vez más creciente, tanto en el campo como en la ciudad. Hasta en la misma policía. El otro día hubo unos lamien (hermanas) que estaban pegando carteles y la policía las detuvo, pero la oficial se puso a llorar y les pidió disculpas porque era nieta de un lonko y dijeron que la detención era una orden de arriba de detener a cualquiera que hiciera acciones públicas a mí. Hasta en esos lugares se van generando todo un proceso de conciencia.
La criminalización
El conflicto que origina esta causa es la lucha mapuche por la defensa del río Pilmaikén contra la instalación de centrales hidroeléctricas, en Chile. “Todo comienza cuando a la machi Millaray Huichalaf, la autoridad política, filosófica y ética, la cara visible de la lucha, le producen un allanamiento donde son 6 las personas detenidas: una de ellas fue Facundo, donde tuvo que cumplir 8 meses de prisión preventiva en un penal de alto riesgo”, explica Sonia Ivanoff, abogada de Facundo Jones Huala. “Luego cumplió arresto domiciliario, y no se presentó a los juicios que se hicieron. Por eso ordenan extraditarlo”.
Ivanoff: “Es importante tener en cuenta que en el juicio de extradición no se analizan los delitos de fondo: sólo es cuestión de evaluar si se dan ciertos elementos para permitir o no la extradición. No es extraditable, por ejemplo, si se trata de un delito político, si existen vulneraciones a las garantías del debido proceso, si hay persecución por raza, religión y nacionalidad”.
La abogada se refiere, entre otros, al inciso d) del artículo 8 de la llamada “Ley de cooperación internacional en materia penal”, que establece que la extradición no procederá cuando:
- “El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el o la religión de las personas involucradas o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio”.
Ivanoff sostiene que otra de las variables es que pueda ser juzgado por esos delitos en Argentina. “Como defensa ofrecimos elementos de cargo para repeler la extradición, tanto a nivel documental como testimonial. Hemos ofrecido un cuerpo de pruebas que nos van a permitir de alguna manera confirmar que Facundo tiene el carácter de preso político, porque de lo que se está hablando es la criminalización de la defensa de un derecho territorial”.
Quién es el terrorista
La recuperación mapuche motivó una denuncia de Benetton por “usurpación” que la Justicia provincial activó bajo el encuadre de la Ley Antiterrorista. Esa interpretación fue desestimada por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, el mismo que tendrá en sus manos este miércoles la decisión de la extradición. La causa por terrorismo pasó luego a la Corte Suprema, que en nueve líneas rechazó la interpretación de la justicia provincial.
Según el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich:
- “Los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que ´las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional´”.
Martiniano Jones Huala, integrante de la red de apoyo a la recuperación, fue uno de los imputados en esa causa. Es decir, para la Justicia provincial era un “terrorista”. Fue absuelto. ¿Qué piensa de esta situación? Dice a lavaca: “Llegamos fortalecidos, hemos sumado mucha gente, al juicio viene por ejemplo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Es un juicio que no debería hacerse, está fuego de lugar. Pero es el precio que tenemos que pagar por el lugar donde vivimos. Ni siquiera es un problema racial con los terratenientes, sino que el problema comienza cuando tocás sus intereses. Ahí se transforman”.
Desde la red de apoyo no creen casual el despliegue de las diversas fuerzas en Esquel en la semana del juicio de extradición. “Están pasando por las calles colectivos llenos de gendarmes de otros puntos del país, la GEOP ya está instalada y todos los días hay helicópteros que pasan a vuelo rasante sobre la ciudad. ¿Justo esta semana?”, dicen a lavaca.
Martiniano: “En mi cabeza no está la extradición. Sería un paso en falso grave de la justicia. Hoy es Facundo, pero mañana puede ser cualquier otro. La sociedad no se tiene que hacer la distraída”.
La defensa es política
Facundo Jones Huala, desde la cárcel: “Esto es un movimiento político filosófico ancestral que se está levantando. Acá no se está enjuiciando a una persona, sino a la lucha de un pueblo, que es colectivo. Pase lo que pase, el pueblo mapuche va a seguir creciendo en el ejercicio de nuestros derechos. En mi expectativa yo me apoyo en la gente. Consiga lo que consiga va a ser el resultado de la movilización política y social, y voy a basar mi defensa en una defensa política. No me interesa si me llevan a otro lado o me dejan acá: voy a seguir levantando mi voz, siempre aportando a la lucha como un militante y una autoridad mapuche”.
-¿Cómo fueron estos tres meses en prisión?
-Sigo estudiando, elaborando política, analizando la realidad, tratando de aportar al proceso desde afuera y ser un canal de expresión de todo lo que sucede. Es lo que uno intenta: seguir siendo un actor político en la cárcel. Aquí hay mapuche por causas comunes y la idea es hacerle entender que es una lucha por todos, incluso los mismos agentes del servicio penitenciario. Son mapuche. Es parte de la misma historia de colonialismo y opresión. En ese sentido es muy positivo todo lo que se puede llegar a generar. Hay una situación de organización y de concientización que se expresa en el ejemplo del policía: si a un oficial le tiembla la mano y duda de su condición, nuestra lucha no es tan desacertada. Tiene mucho contenido, no sólo político, sino mucho contenido humano. Y logramos lo que siempre planteamos, al menos a nivel local: un debate político en la sociedad.
–¿A qué te referís con defensa política?
-Yo estoy preso por causas políticas. Y lo único que no es extraditable son los delitos políticos. La cárcel y los tribunales son tribunas políticas para poder expresar los deseos y propuestas políticas de nuestro pueblo. Esto no es algo nuevo: ya lo hizo Fidel en Cuba, Mandela, muchos militantes anarquistas, vascos, que han utilizado los tribunales como tribuna política. De ser acusados a ser acusador. Hay un análisis objetivo, certero: nadie nos puede rebatir a nosotros que somos la mano de obra de la oligarquía, que tiene relación con las empresas, el Estado, las multinacionales, los medios. Por eso hay que invitar a la gente a comprometerse, a la gente mapuche a volver a su raíz, a involucrarse con sus comunidades. Y a los pueblos originarios a buscar soluciones a los conflictos en torno a sus dinámicas, sus propias culturales, y al resto del pueblo a alentar y a construir nuevos proyectos políticos. Las revoluciones son posibles. Yo me reivindico como un político revolucionario mapuche. Y hay que cambiar la opresión a la que han sometido a todos nuestros pueblos. Buscar la felicidad, la armonía, la fraternidad y reconstruir ese poder político dentro de nosotros mismos.
Nota
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.
Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.
Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.
Video: Sebastián Smok.
De la economía popular a la formal
“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI
Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.
Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.
Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.
Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad
Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.
¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)
¿Por qué creés que quieren que se termine?
Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.
Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?
Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.
¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?
No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.
¿Cómo volvemos para volver a ser marea?
Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.



Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok
Nota
Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.
Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.
En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.
La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.
La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
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