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Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra»

Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, hay aproximadamente 20 detenidos. “La mitad son mujeres”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros. «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente».

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Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, quedaron siete detenidos. “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros.

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Según especificó la radio comunitaria FM Kalewche, la detención de Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba una orden de captura internacional- fue la que motivó la participación del GEOP, la fuerza especial de operaciones de la provincia. Fue el primero en actuar a las 7:30 de la mañana. Después llegaron los efectivos policiales y la Gendarmería con una supuesta orden de desalojo que, según Martiniano, nunca mostraron. ”No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”. Según el periodista Pablo Quintana, “la orden para intervenir en el territorio fue dictada el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia”.
Martiniano, en comunicación telefónica con lavaca: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”. Cuenta que ahora en la recuperación quedaron dos mujeres con cuatro niños. “Están cercadas por Gendarmería. Por eso necesitamos difusión”.
La brutalidad tiene su contexto: la recuperación motivó el año pasado una causa judicial donde la Justicia provincial intentó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, pero el Juzgado Federal rechazó los argumentos.
MU viajó a Esquel y a la recuperación mapuche en septiembre del año pasado, donde habló con las familias que el viernes fueron desalojadas. Aquí reproducimos el artículo.

Benetton, espías & cía: Esquel contra las corporaciones

La recuperación de un territorio ancestral por parte de una comunidad mapuche derivó en una causa por terrorismo. En ese expediente se encontraron fichas de espionaje a integrantes de la asamblea No a la mina. Qué hay detrás de estos procedimientos ilegales de la justicia.
Desde la ruta se ve una casita, y eso en la estepa patagónica llama la atención. La imagen es la postal que cualquier turista puede sacar desde el micro: las sierras, los picos nevados, el bello infinito y otros sustantivos poéticos, pero en la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta provincial hacia El Maitén, hay una casita y eso llama la atención.
El auto se detiene a la vera de la ruta tras un viaje de 100 kilómetros desde Esquel, provincia de Chubut. Sobre el alambre que abraza ese infinito, en el paraje Vuelta del Río, localidad de Leleque, departamento de Cushamen, hay tres banderas que anuncian:

  • Territorio recuperado.
  • Empresas multinacionales.
  • Territorio mapuche.

Y cruzando el alambre, la casita. Es de madera. Una mujer golpea sus palmas. De la casita asoma alguien. Está encapuchado, y según tres fiscales y un juez, se trata de un terrorista. El encapuchado saluda con un apretón de manos, doble beso, y le dice que pase. La mujer separa los alambres y pasa. Todos la imitan. Atrás queda la postal patagónica y la casita, que resulta ser una garita de seguridad para alertar sobre las visitas.
Claro: desde el 13 de marzo, cuando el Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen inició la recuperación de sus territorios ancestrales en una de las estancias de la multinacional textil italiana Benetton, las visitas han sido varias. Muchas fueron de la policía chubutense, que los reprimió con balas de plomo, sin dejar muertos de casualidad. Hasta casi reciben la visita del GEOP, pero una movilización y un hábeas corpus evitó la sorpresa. En este mediodía patagó- nico, sin frío ni viento y con un sol que pica, la visita es de MU, acompañados por integrantes del grupo de apoyo de la recuperación.
El suelo es rocoso, con arbustos bajos, duros y espinosos, que no dificultan la caminata, pero advierten que las noches en este lugar no son fáciles. Al fondo se asoman dos estructuras construidas con piedras, troncos, barro y chapas. Al lado, un tendero con ropa húmeda que se entrega al sol. Salen otros hombres mapuches encapuchados. A rostro descubierto hay mujeres, niños, niñas y bebés.
Todos son jóvenes.
Saludan: “Mari mari”.
Apretón de manos o doble beso en la mejilla.
Nos sentamos en ronda.
Una de las mapuche comienza a amamantar a su hijo.
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El pecado originario

Durante el viaje, el imputado y también acusado de terrorista, Martiniano Jones Huala -51 años, cinco hijos, albañil- nos señaló las coordenadas del conflicto: “Acá comienza Benetton”.
El límite es difuso para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de Martiniano: con precisión marca un arroyo y un alambre. Esa línea perdida en la inmensa estepa patagónica, nos indica Martiniano Jones Huala, es la marca de la multinacional que concentra casi un millón y medio de hectáreas en suelo argentino. Su historia es la historia de una entrega: tras el genocidio de la Conquista del Desierto, The Argentinian Southern Land Company fue fundada en Londres en 1889 para realizar actividades comerciales en la Patagonia. En 1896 fue beneficiada con la donación de 10 estancias, de casi 90 mil hectáreas cada una. A cambio de financiar la Campaña, obtuvo tierras estratégicas para el desarrollo del ferrocarril que les sirvió para exportar la producción ganadera. En 1982 la empresa tradujo su nombre -Compañía de Tierras del Sud Argentino- e integró su directorio con un 60% de directores argentinos. Ese paquete accionario fue comprado en 1991 por Benetton por 50 millones de dólares. Negocio redondo: una hectárea es tasada hoy en 2 millones de pesos. Detalle: a mediados de los 90, la empresa modificó su estatuto para incorporar la explotación minera entre sus objetivos.
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Benetton y la capucha

Tanta tierra para qué”, se pregunta la mapuche que nos conduce hasta Vuelta del Río. En mitad del trayecto, exactamente frente de la estancia central de Benetton, se ve otra casita, y sobre el césped, gracias a unas piedras estratégicamente acomodadas, se lee: “Territorio mapuche recuperado”. Señala así la recuperación de esas 600 hectáreas conocidas como Santa Rosa que, en 2007, tras una lucha que llevó años y un viaje a Italia para entrevistarse con el propio Benetton, germinó en un triunfo que concretó aquello que reconoce la legislación nacional e internacional: el regreso a la tierra ancestral.
Ahora es Atilio Curiñanco -63 años, cuatro hijos-, quien proclama: “Nosotros somos mapuche y pertenecemos a este territorio. Para nosotros Benetton no es nada: somos nosotros los que tenemos que decirle dónde tiene que estar. Si nos seguimos callando, nos vamos a dejar pisotear”.
Define así qué significa esta nueva recuperación de Vuelta del Río.
Tras esta recuperación, Benetton presentó una denuncia por “usurpación”. Se abrió una causa judicial. Técnicamente, hay un solo imputado: Martiniano Jones Huala, que fue uno de los voceros que dejó en claro el interés del lof por entablar una mesa de diálogo con el gobierno nacional. No sólo lo dice él: esa actitud de diálogo está registrada en el legajo fiscal.
En ese expediente hay otras cuatro personas identificadas, tres son mujeres, que ahora tienen pedidos de captura internacional. ¿Por qué? Nunca les llegó la notificación judicial y por eso nunca se presentaron formalmente ante sede judicial. Un detalle que acentúa la ridiculez de la medida judicial: MU habló con ellas. No fue debajo de un puente ni dentro de un estacionamiento oscuro: fue cuestión de viajar una hora desde Esquel.
Otro detalle: estas cinco personas perseguidas judicialmente fueron las caras públicas de la recuperación.
Primer consecuencia: imputaciones y pedidos de captura.
Segunda consecuencia: empujaron a los otros mapuche a cubrirse los rostros, para evitar la persecución judicial.
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Terrorismo judicial

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de la nota N° 132/2015, desconoció el reclamo: como no ubicó al lof dentro de las comunidades con “personería jurídica reconocida” y con matrícula (como generalmente procede), calificó la recuperación como una acción de “personas aisladas” y no de “comunidad indígena organizada”. Martiniano Jones Huala, el imputado, retruca: “Por eso necesitamos el territorio: para organizarnos”. Y exige que se cumpla con lo que dicta la Constitución (artículo N° 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT (artículos 14 y 16) y la ONU: el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.
Como si esta legislación no existiera, en el expediente puede leerse que la fiscalía investiga los delitos de “usurpación, coacción, atentado contra la autoridad agravado y hurto de un cartel rutero”. Además vinculan al lof con otras tendencias como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y con acontecimientos previos a la recuperación que se adjudicó ese sector del Movimiento Mapuche. Sin embargo, esa vinculación sólo está justificada con recortes periodísticos. La paranoia crece foja a foja: los fiscales sostienen que “el accionar” mapuche “afecta directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”, pues consideran que el reclamo afecta no sólo a Chubut sino a otras provincias argentinas y hasta chilenas. En Chile, la movilización mapuche es significativa, y la respuesta del Estado siempre fue la misma: aplicación de la Ley Antiterrorista. Eso motivó en 2014 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado chileno por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.
La conclusión de las fiscales María Bottini y Fernanda Révori y del fiscal Fernando Rivarola fue otra: aplicación de la Ley Antiterrorista por primera vez en territorio chubutense. El juez provincial Martín Zacchino la convalidó.

Los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola

Los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola


Textual de su fallo:

  • “Ha quedado demostrado que ha existido un despliegue tendiente a obligar a las autoridades públicas nacionales a reconocer derechos de un modo cuasi extorsivo”.

El temor de los organismos de derechos humanos y juristas que criticaron la Ley Antiterrorista, aprobada en 2011, por abrir una zona gris de interpretación que posibilitara la represión de una demanda social, se cumplió en una causa contra mapuches que reclamaban por sus territorios.
La causa pasó así al Juzgado Federal de Esquel a cargo del juez Guido Otranto, que debía definir si aceptaba la competencia.
La rechazó.
Sus argumentos:

  • Deja en claro que la intención mapuche siempre fue “formar una mesa de diálogo”.
  • “La definición de un acto como terrorista no deriva de un ejercicio de voluntarismo, sino que debe ser contextualizado en las fuentes principales del Derecho Internacional”.
  • “La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha cuestionado determinadas legislaciones que definieron al delito de terrorismo con excesiva amplitud y falta de precisión, por afectar las exigencias del principio de legalidad y poner en riesgo a los ciudadanos de ser perseguidos penalmente por motivos políticos, religiosos o ideológicos”.
  • “No hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie. (…) Por todo armamento han mostrado gomeras”.

Pese a esto, la justicia provincial apeló: la Corte Suprema es la que tuvo que resolver. Rechazó la apelación en nueve líneas.
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Patagonia rebelde

“Mari mari”, saluda el mapuche. “Mari mari”, responde la ronda, chiquita, alrededor de una parrilla que a base de ramas asa carne, hierve una olla con futuro guiso y calienta la pava para el mate. Nos sentamos en troncos y sillones viejos. El que saluda se presenta en mapudungum, “el hablar de la tierra”, el hablar de los mapuche, y como una muestra de respeto al territorio ancestral, explican el motivo de esta reunión. Luego, en español, da la bienvenida y cuenta de qué se trata lo que llaman este “proceso”, que no implica sólo una recuperación de su tierra, sino de su cultura, de su política, de su filosofía y concepción del mundo.
Luego saluda otro. Y otro. Y otro. Lo mismo: agradecen la visita y, respetuosamente, se excusan por el recibimiento en capuchas. Dicen que es la única forma de resguardarse de la persecución política.
Luego habla una nena, chiquita, hermosa, a través de una sonrisa: “Gracias por venir”.
Luego se presenta MU.
La entrevista recién comenzará casi tres horas después. En el medio, y durante el almuerzo, los mapuches proponen al periodista una charla que deriva en ricos intercambios que giran desde Fanon, Gramsci y Marx hasta el movimiento trans y Marlene Wayar, con escalas en Cuba y Syriza, todo en medio de esta estepa ancestral, todo en medio de un debate sobre si es posible pensar movimientos de transformación social luego del fracaso de los proyectos y las ideas políticas latentes durante los 70. Los mapuche dejan así en claro dónde radica la eficacia de cualquier proceso comunicativo: en tejer vínculos.
Ya con el grabador encendido, el primer mapuche dice: “Desde el primer día que entramos, incluso desde antes, sostuvimos que la solución a todo conflicto de tierras con el pueblo mapuche es política. ¿Cuál es? En principio, la devolución de los territorios en conflicto. Ni siquiera de la totalidad del territorio ancestral. En principio, porque no partimos del análisis más radical, sino de los propios planteos del Estado. La reforma a la Constitución en el 94 incorporó el artículo N° 75, donde en el inciso 17 se reconoce nuestra preexistencia étnica y que se va a respetar la tradición de las tierras que tradicionalmente ocupamos. Pero no ocurrió: por eso nuestro planteo es político. Recordemos: ellos fueron quienes reformaron la Constitución. Ahora, si no cumplen, no tenemos otra opción que recuperarla. No podemos esperar 20 años más de trámites y vueltas burocráticas para solucionar nuestras necesidades y problemas reales: hambre, pobreza, la mortandad de nuestros animales, que repercute en nuestra alimentación y calidad de vida. Somos una cultura a punto de extinguirse. Si no hacemos nada, desaparecemos. Difícil que incluso el gobierno más progresista pueda solucionar un problema de 130 años, pero al menos tiene la oportunidad histórica de empezar a conversar”.
Señala que la intervención del Estado, hasta el momento, fue represiva. “La policía nos reprimió con balas de plomo, con un cerco impresionante y mucha militarización. Tiraron a quemarropa, al cuerpo. Las balas nos zumbaban. Sentíamos cuando rebotaban en las piedras y se levantaba la polvareda. Si vas a confrontar al poder, una de las posibilidades es que te repriman, pero esperábamos balas de goma. Tenemos las pruebas concretas: las vainas. No sé si es suerte o las fuerzas de la naturaleza nos acompañan, pero hasta el momento no ha habido un muerto de casualidad”.
¿A qué atribuyen esa respuesta del Estado y el Poder Judicial? Mirta Curruhuinca, una de las mapuche con pedido de captura, quiere hablar: “Temen el levantamiento de más personas y comunidades. Porque nosotros, en este proceso, estamos demostrando que se puede. Más allá de todo lo que ha pasado, le llevamos la delantera al Poder Judicial. Y temen eso: si se llega a levantar más gente que quiera recuperar sus territorios, no va a haber forma de pararlo. Esto es una demostración de que se puede pelear contra todos los poderes”.
Vanesa Millañanco, otra de las “prófugas”: “Son estrategias para transmitir miedo a otras comunidades. El mensaje es que, si salen, se los va a judicializar”.
Otro de los mapuche: “Lo cierto es que la realidad social en la que nos encontramos no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo las peores tierras y la calidad del suelo es abismalmente distinta respecto de las grandes estancias: tienen los mejores pastos, las mejores vertientes, las nacientes de los ríos, los arroyos. Y ese es uno de los motivos por los cuales seguimos viviendo en una situación de extrema pobreza. Así, obligan a nuestra gente a migrar a las ciudades, a vivir en los barrios periféricos, con una calidad de vida peor de la que tenían en los campos, pasando a ser mano de obra barata y trabajando por miseria. Por eso temen esta recuperación: porque cuestiona el estado de las cosas”.
Todas las personas que hablan en esta recuperación son jóvenes. Lo explican: “No son ideas nuevas, vienen de hace varios años. Nos nutrimos de todo un bagaje histórico y lo profundizamos. Nos fuimos politizando, compartiendo procesos de recuperación en varias zonas, nos fuimos reencontrando y nos dimos cuenta de que había un enemigo estratégico. En todo caso, los autores intelectuales de esta supuesta ‘sedición’, según nos califican los analistas del Estado, son nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, que sufrieron en carne propia la masacre de la Conquista del Desierto. Somos los descendientes de los que sobrevivieron a esa guerra. Ellos hablan en nosotros. Y al caracterizar al enemigo sabemos que en esta zona tiene nombre y apellido: Benetton. Él tiene nuestras tierras. Y frente a la disputa de petroleras y mineras, más el avance del capital transnacional, nos dimos cuenta que era hora de avanzar, y la única manera de oponer resistencia al empresariado era mediante una táctica: recuperar las tierras”.
Luciana Jaramillo, la tercera mujer con pedido de captura, concluye: “Detrás de estas caras visibles, hay una propuesta. Estamos peleando por algo que nos corresponde. Estas tierras fueron de mis abuelas y estoy dispuesta a dar la vida para que las futuras generaciones no tengan que avergonzarse, y así pueda decirle a mi hijo que peleé por estas tierras. Nuestros antepasados tenían esperanza en nosotros, y esa convicción es tan fuerte que podemos enfrentar cualquier cosa sabiendo que no estamos solos. Tenemos fuerza suficiente para seguir sosteniendo esta lucha. No se termina acá: vamos a volver a ser libres y esa es la idea que nos lleva con más fuerza. Estamos convencidas que todas estas tierras usurpadas por Benetton, por las petroleras y las mineras, van a volver a ser nuestras”.
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Hábeas corpus y correo

La desesperación judicial en identificar a los mapuche casi se cristaliza en la intervención del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), cuyas actuaciones han dejado huellas aterradoras en Chubut. Los casos más recordados son los allanamientos de 2009 en la localidad de Concorvado: hubo torturas, heridos y desaparecidos. Bajo ese historial, vecinos y vecinas acudieron a la Comisaría 1° de Esquel en horas de la noche del 18 de agosto y presentaron un hábeas corpus preventivo. No se lo quisieron aceptar porque, alegaron, faltaban las firmas de los abogados. “Eso no existe. Lo puede presentar cualquier persona”, dice Susana Pérez, abogada adjunta de la defensoría pública. De todas maneras, los defensores firmaron, e instaron al Poder Judicial a que diera a conocer las causas del operativo. Según informaron estaba orientado al “secuestro de armas de todo tipo”, y “teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónicos” y “a aprehender a todas las personas presentes en el predio”.
El hábeas corpus fue rechazado por el juez Jorge Criado, quien consideró que no cumplía los “requerimientos legales”. Finalmente, el fiscal Fernando Rivarola ordenó detener el procedimiento. ¿Por qué? El allanamiento habría perdido el “factor sorpresa para evitar acciones de resistencia”. Criado calificó la cancelación de “gravedad institucional” y remitió copias del rechazo al Superior Tribunal, pero la Cámara Penal desconoció los planteos del juez y sostuvo que el hábeas corpus era el “proceso constitucional” adecuado.
La defensora oficial Susana Pérez concluye: “¿Por qué la fiscalía no prosiguió con la medida? Hubieran ido igual, con la presencia del juez, que es lo que solicitábamos. ¿Por qué temían que ese operativo se hiciese público?”. La pregunta plantea una hipótesis: ese hábeas corpus evitó una masacre.

La inteligencia

La causa sumó ahora una derivación escandalosa, cuando los defensores denunciaron un delito. El 28 de mayo “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal para dejar información sobre la investigación. Era un disco externo que los tres fiscales aceptaron en el despacho del fiscal general Fernando Rivarola y la guardaron en su computadora.
Pasaron tres meses.
El viernes 28 de agosto, semana y media después del frustrado operativo GEOP, se convocó a una audiencia pública para formalizar la constitución de Benetton como querellante. Minutos antes, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para buscar elementos dentro de las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y llegó a las carpetas guardadas desde mayo. Entre ellas, había una con una sigla: “RAM”. Y dentro, entre otros archivos y carpetas, un word que en mayúsculas titulaba: “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.
¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Nadie sabía de qué estaba hablando, ni siquiera las fiscales Bottini y Révori.
Las fichas se viralizaron por Facebook y Twitter. Ante la repercusión, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. El repudio creció. Convocaron entonces a una conferencia de prensa para el día siguiente: era sábado. “¡Los hicieron laburar un sábado!”, fue el comentario en los pasillos de tribunales y en la calle. ¿Por qué esa información estaba allí? ¿Para qué? No había respuestas: sólo mencionaron a esa “persona” que en mayo se había acercado. ¿Quién era? No podían decirlo: se excusaron en la Ley de Inteligencia Nacional.
El lunes siguiente los fiscales se presentaron ante la justicia federal de Esquel para denunciar ese acto de espionaje ilegal. Dos días después, una manifestación frente a tribunales exigió la renuncia de los tres fiscales. A su vez, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad una declaración de “repudio” al espionaje, y algunos de sus integrantes viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Martín Mena.
“Lo hecho en Esquel es delito”, dejó en claro Parrilli, según contó el concejal y candidato a intendente del Frente Vecinal, Osvaldo González Salinas (uno de los fichados: “Opositor a todo con alto perfil de izquierda”) a la radio comunitaria FM Kalewche. González Salinas: “Todavía no está claro si (el agente) pertenecía a la AFI o a alguna otra fuerza”.
Los funcionarios especificaron que las fichas no pertenecen a ninguna investigación institucional porque “no consta en ningún registro oficial” y no hay orden judicial: “El que lo hizo, lo hizo por su cuenta”. Parrilli y Mena hicieron referencia a la interna de los sectores de inteligencia, tras el affaire Stiusso y sus derivados: “Hay vicios del pasado. Es parte de la depuración”. Mena señaló: “Este no es el formato de información que manejamos nosotros”, y agregó que, al margen de la investigación federal, abrirían un sumario administrativo.

Que la inocencia te valga

El fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola, recibe a MU en su despacho. A su lado, la fiscal jefe María Bottini. Sólo falta Fernanda Révori, que está en una audiencia. Dice Rivarola: “Hace 20 años que trabajo en la justicia: nunca vino a verme un agente público. No tenemos la experiencia. ¿Cómo puedo inferir que me va a dejar algo ilegal? ¿A partir de qué? No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presenta de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”.
Los fiscales detallan que la “persona” se presentó “espontáneamente” el 28 de mayo, que estuvo “una hora” y les dejó sus datos (“número de teléfono, mail”) y un disco externo que copiaron en sus computadoras. Rivarola: “Por supuesto arranca presentándose, exhibiendo credencial”.
-¿En este mismo despacho?
-Sí.
-En el despacho hay cámaras.
-Quedó filmado.
-¿Cómo se presentó la “persona”?
-Rivarola: Como un agente, empleado, funcionario de un organismo nacional.
-¿Ese detalle no debería haber activado una alarma?
-Para nosotros no… La Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos. Recién el viernes (día de la audiencia) fuimos a leerla para ver nuestras obligaciones.
-¿No debería llamarles la atención que una persona que se presenta como agente de -inteligencia les deje información?
-Rivarola: No, es información que debe ser luego certificada. Habitualmente decimos que cualquier persona que pueda aportar información en un caso, se arrime o lo considere.
-Bottini: Hasta recibimos información por WhatsApp.
-Pero una cosa es un vecino con wasap y otra un agente de inteligencia.
-Bottini: Pero un vecino por wasap también te puede acercar algo ilegal.
-¿Pero al presentarse como agente de inteligencia no lo ubica en otro plano?
-Bottini: ¡Es un agente público! ¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?

Fiscales en el banquillo

El fiscal Rivarola admite: “Este archivo es ilegal desde su origen. Además, este documento no tiene nada que ver con el resto de la información ni con el objeto de nuestra investigación”.
Por ese motivo se abrió una causa sobre las fichas ilegales en el juzgado Federal a cargo del doctor Guido Otranto. Una alta fuente de ese juzgado encargada de la investigación asegura que el proceder de los tres fiscales fue irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir ese tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
También interpreta que esta causa ya tiene demasiadas interpretaciones forzadas. La más importante es la que deriva de la aplicación de la Ley Antiterrorista? “Los parámetros bajo los que se intenta aplicar esta ley son graves. En esta causa se materializaron todas las críticas y peligros que traía la norma. Además, para justificar su aplicación se intentó usar como prueba información que obtuvieron de Internet sin chequear”.
El Juzgado Federal procesó al agente de inteligencia. El auto de procesamiento –al que tuvo acceso lavacarevela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales. Los tres fiscales fueron apartados y estuvieron al borde de un jury político, pero el Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría archivar el proceso.

Lo natural

En Esquel se marcha: los 4 de cada mes hay movilización para garantizar el No a la Mina, y el de este septiembre incluye el reclamo por las fichas de inteligencia. “No somos terroristas” y “Fuori Benetton” son las consignas que más se repiten entre las cientos de personas que caminan, tocan bombos y soplan silbatos y cornetas. Los cantos proclaman: “La montaña no se vende, se defiende”. En el medio de esa agitación, nos dice Mariela Massacese: “Hace mucho tiempo que estamos luchando y hoy nos toca vivir una nueva experiencia de persecución. Sabíamos que todos, de alguna manera, estábamos fichados. Pero acá estamos y seguiremos: es imposible no pensar que tenemos que estar en pie porque lo único que ha frenado a las corporaciones ha sido la movilización popular. Es lo único que puede salvarnos”.
Hay carteles y consignas satíricas. Una la porta Betty Romeo, que lleva colgada una pancarta con el nombre: “Betty Boop Patagónica”. Debajo, la imagen del dibujo animado con una aclaración escrita a mano: “¡Yo también estoy fichada!”. Se ríe, pícara, pero dice muy seriamente: “Vamos perdiendo la esperanza en los tres poderes, pero no bajamos los brazos: ante el amedrentamiento y el acecho, nos fortalercemos más. Los pueblos originarios hace 500 años que están viviendo así. Y bueno: es hora de despertar”.
La caravana llega a Tribunales. Hay escrache. En la puerta del Ministerio Público Fiscal pegan fichas que satirizan a las que recibieron los fiscales. Llevan fotos de los asambleístas, un espacio para la firma solidaria y una descripción que se repite en todas:

  • “Habitante de estas tierras, defiende la vida y el territorio. Anda sin ocultarse de los servicios de inteligencia. Se indigna y lucha contra las injusticias”.

Luego, la marcha se detiene frente a la Comisaría 1°, desde donde se evitó el desalojo a la comunidad mapuche. Hacia la puerta caminan Martiniano Jones Huala con su hija e hijos, se encapuchan y levantan bien alto el cartel: “Resistencia no es terrorismo”.
“Es la misma lucha”, dice Daniela Baigorria, del grupo de apoyo al lof mapuche, que entiende que ambos casos no pueden mirarse por separado. “La explotación minera y la lucha de los pueblos es continental. Si ves el mapa completo, la lucha cruza todo el continente, desde Ecuador a Ushuaia. Después, hay focos. Si Esquel fue una punta de lanza para la conformación de otras asambleas, quizá no sea casual que aquí sea también el lugar desde donde mirarse nuevamente”.
Pablo Quintana, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, lleva a su hijo en los hombros: “No es descabellado este espionaje que han realizado, ya que se suma a una serie de atropellos que viene cometiendo el Ministerio Público Fiscal en la causa por la recuperación del territorio mapuche, que es lo que está de fondo en todo esto. No nos olvidemos: están tocando los intereses de Benetton y de las mineras. Y lejos de tener miedo, nos juntamos más. Son actos reflejo que tiene esta comunidad, con acciones muy claras en la calle”.
Pablo saca conclusiones: “La asamblea demostró que durante más de 12 años ha sabido cómo reaccionar ante cada situación. También que no tenemos miedo, y por eso ellos nos temen a nosotros. Le temen a la contundencia, a la convicción, y tienen terror de la combinación entre asambleístas y comunidades indígenas. Para ellos sería letal, definitivamente. Está claro que hay un hilo conductor entre lo que ambas defienden. Y ese es el proceso que, de manera natural, se está dando”.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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Nota

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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