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Juez y parte

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Ayer martes 7 comenzó el juicio por la violación de la adolescente que llamamos A., de Comodoro Rivadavia, abusada por su padrastro policía a fines de 2009. Su caso reflotó la necesidad de sincronizar la legislación sobre el aborto con la realidad: pese a que la ley vigente es clara en casos de violación, un primer trámite judicial negó ese derecho. Luego de concedido, la familia tuvo que peregrinar hasta Trelew para encontrar un hospital público que acatara la ley. El juicio siguió la misma lógica de violencia institucional. La querella, representada por Sandra Grilli, recusó al conjuez Jorge Amado Gutiérrez por considerarlo imparcial. El letrado había firmado un petitorio de la Asociación de Abogados Católicos de la provincia para impedir el aborto a la adolescente y calificaba a la violación como “dudosa”. Contra toda la lógica procesal, el tribunal desestimó el pedido y hoy miércoles 8 tuvieron lugar las primeras declaraciones. Gutiérrez, en tanto, admitió haber puesto su firma aunque alegó que “no se acuerda o no sabía” cuáles eran los contenidos precisos del petitorio. En este contexto de impunidad procesal es lógico que la familia de la niña tema el trato que recibirá en tribunales durante el proceso oral y dude de los resultados.
La historia

Juez y parte

Con bigotes, Gutierrez: juez y parte en el caso de la adolescente violada


La adolescente que llamamos A. fue violada y embarazada cuando tenía 15 años por su padrastro Orlando Nahuelmir, suboficial de la Policía chubutense. Acaso fue este rango el que demoró el registro de la denuncia de la familia. El primer pedido fue que se le conceda un aborto terapéutico, en paralelo a la causa que investiga la violación. En primera instancia, la jueza Verónica Robert, del juzgado de Familia n°3 de Comodoro Rivadavia, había negado la petición. Su fallo, además, no contemplaba represalias para el abusador y acusaba a la madre de la joven de “haber podido evitar el suceso”. Y decía que el aborto empeoraría la recuperación de la salud psicológica de A.
La adolescente, mientras tanto, amenazaba con suicidarse.
Tras esa primera negativa, la familia apeló y la Cámara de Apelaciones se tomó seis días para reiterar la negativa. Se sucedieron entonces presentaciones jurídicas en calidad de Amicus firmadas por casi cincuenta organizaciones de derechos humanos y sociales. También la propia Secretaria de Derechos Humanos de la Nación advirtió al Tribunal sobre las “responsabilidades internacionales” que la negación de ese aborto terapéutico podría acarrear al Estado nacional.
En la calle también ocurrían movilizaciones y marchas en pedido de justicia por A., siempre en Comodoro. Fue el conjunto de estas medidas las que lograron, finalmente, que se haga justicia. El 8 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de la provincia finalmente concedió el aborto terapéutico para A. El fallo, además, constituye una interpretación doctrinaria del estado actual del acceso a sus derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia, ya que interpela a todas las instituciones que deben actuar en estos casos. Los jueces Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Royer señalaron:

  • A los jueces: “La interpretación restrictiva del inciso en análisis (se refiere al inciso 2 del artículo 86 del Código Penal) implica atribuir a las mujeres actos heroicos que el Derecho no puede imponer”.
  • A los médicos: “El cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional, y su incumplimiento es susceptible de sanción legal cuando se nieguen en forma no justificable a la constatación de alguna de las causales previstas en el art. 86 del C. P. y/o la consecuente prestación del servicio. Los casos de ‘Abortos no punibles’ son uno de los tantos componentes que integran el servicio de salud, por lo que se deben respetar los estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.
  • A las autoridades provinciales: Recomiendan la conveniencia de implementar una Guía de Atención de los Abortos No Punibles para que los médicos sepan cómo actuar y no se judicialicen los pedidos.

Para hacer cumplir este falla la familia se acercó al Hospital Regional de Neuquén, cuyo Comité de Bioética rechazó la intervención, que se concretó finalmente en el Centro Materno Infantil de Trelew a la 1.30 de la madrugada del viernes 12 de marzo.

Puede leerse el fallo en este .pdf

El juicio
En aquellos días, todavía agitados por la turbulencia del aborto, la abogada Grilli ya ponía un ojo en el padrastro abusador, causa que corría paralela y hasta entonces sin novedades.
El policía Nahuelmir evitó su detención acusando un intento de suicidio, por el que fue internado. Grilli decía entonces: “Luego de que se intervenga el embarazo, la idea es sacar pruebas de ADN. Con eso bastaría para detenerlo”. Las pruebas se hicieron y la coincidencia con Nahuelmir fueron de un 99,99%, según explica la abogada. La causa fue elevada a juicio oral en diciembre de 2010, y desde entonces está en manos Roberto Casal, Mariano Nicosia y Jorge Amado Gutiérrez, los dos últimos sospechados por la querella de “dudosa parcialidad”. El pedido de recusación a Gutiérrez, ya dijimos, fue desestimado por el Tribunal. Mariano Nicosia, por su parte, fue elegido el pasado año con la venia del Presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, que ejerce, justamente, el propio Gutiérrez.
Los niños, al calabozo
El juez Nicosia cobró notoriedad con un caso sucedido recientemente: dispuso que tres niños permanezcan alojados en el calabozo de la Comisaría 3° de Comodoro, junto a su madre detenida. La mujer, soltera, habría robado mercadería en un supermercado. Nicosia ordenó que permanezca demorada junto a sus hijos de 3, 5 y 10 años, que no tenían donde quedarse. Los propios policías del lugar cuestionaron la decisión del magistrado y varias organizaciones y sectores de Comodoro expresaron su repudio a la abusiva medida.
Ahora, Gutiérrez y Nicosia son dos de los magistrados que deben juzgar el caso de A. Tras la recusación, ayer declararon la madre de la víctima y dos peritos presentados por la parte acusadora. Hoy miércoles se sucedieron las declaraciones de dos amigas de la adolescente, un perito, la directora y maestra de la escuela a la que asiste, y su psicóloga.
El caudal de testimonios moldea un ritmo judicial de por sí favorable: el juicio está avanzando. Sobre lo que allí se dijo la doctora Grilli adelantó a lavaca que el balance fue favorable a la querella.

El programa de Decí Mu sobre el caso se puede escuchar desde la web www.decimu.com.ar

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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