Nota
Cómo evadir la cárcel y amenazar
La causa ESMA, por la que se encuentran imputados diecisiete represores, sigue aún en la etapa de lecturas de elevaciones a juicio. Hasta que ésta concluya, todos los inculpados deben sentarse en los banquillos de Comodoro Py para escuchar la recitación del secretario. Al comienzo de la sesión de hoy, pasadas las 10 de la mañana, el doctor Rodolfo Yanzón, abogado querellante, exigió a las autoridades del Tribunal que se esclarezca la situación de algunos imputados, quienes alegando problemas médicos, huyen del cumplimiento de su reclusión. El viernes pasado Alberto Gato González estuvo ausente de la audiencia con motivo de padecer una simple lumbalgia, mientras se alojaba cómodamente en el Hospital Naval. Esta vez, estuvo presente entre los imputados.
Ayer por la tarde, Yanzón tuvo una reunión con los jueces de esta causa: Daniel Obligado, Oscar Hergott y Ricardo Farías. El motivo: Ricardo Miguel Cavallo hace un mes que está fuera de la cárcel. Conversando con los jueces del Tribunal, Yanzón les decía sobre Cavallo: “No está en la cárcel”, a lo que las autoridades respondían con una tautología: “sí, está en la cárcel, porque a nosotros nos dicen que sí.” Evidentemente a la Justicia se le puede mentir muy fácilmente. La información dada a los jueces es que Cavallo provenía desde el Penal de Marcos Paz. Pero Yanzón lanzó el reto: “Averigüen bien porque no está en la cárcel.” Efectivamente, hoy se comprobó que Cavallo no está preso, excusado de los barrotes carcelarios también por sufrir una supuesta lumbalgia. Salió con el increíble pedido de un turno de “traumatología” y por el consecuente diagnóstico quedó internado en el Hospital Naval Pedro Mayo. Hoy se cumplió exactamente un mes de su estadía en este Hospital, que más que un centro de salud, parece un hotel dedicado a satisfacer la gracia de ciertos reos.
A su vez, Savio y Generoso, quienes igualmente están procesados e imputados, fueron separados del juicio oral por problemas médicos. Esto se supo hace muy pocos días. El pedido de la defensa a este respecto fue el de suspender completamente el juicio, inclusión de imputados en buen estado de salud mediante. Los jueces afortunadamente no lo aceptaron.
Las excepciones aún no terminan: Julio César Coronel, además de gozar de prisión domiciliaria, fue visto salir de Comodoro Py a sus anchas, en un auto particular y sin ningún tipo de custodia. Por su parte, Juan Antonio Azic, ex sub-oficial de la Armada Argentina se encuentra desde el 2003 cumpliendo reclusión en la clínica psiquiátrica San Jorge, en Lanús (bueno sería que alguien informe al cuerpo psiquiátrico a cargo de Azic que han dado su parte de salud mental con veinticinco años de demora).
A causa de la reunión de ayer el tribunal inició la audiencia de hoy informando una decisión por la cual se pidió con suma urgencia al Servicio Penitenciario Federal detallados informes sobre los imputados.
Por estos hechos Yanzón contó más tarde a lavaca, refiriéndose a la solicitud de la querella: “Pedimos mayores controles sobre las condiciones de detención y el modo en el que se producen los traslados. Que se prohíba terminantemente la salida de la cárcel alegando motivos médicos. Para eso tienen o el servicio médico de la cárcel o la opción de que su médico de confianza ingrese a la cárcel. No pueden salir más. Y pedimos que obviamente mucho menos tengan intervención los médicos del Hospital Naval que además de médicos, son miembros de la Armada Argentina.
Sumando lo del viernes hay una connivencia clarísima del Hospital Naval para que estos tipos puedan zafar de una u otra manera de la cárcel, como están haciéndolo ahora con Cavallo.”
Parece que entre el Hospital Naval Pedro Mayo y el Servicio Penitenciario Federal (ambos firmes cómplices en tiempos de dictadura) han ideado un nuevo método penitenciario: el de la cárcel entre algodones.
Yanzón continuó diciendo: “Por eso pedimos que se realice una investigación para que se deslinden las responsabilidades administrativas y penales, porque acá hay falsedad de documentos, informaciones también falsas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Una serie de cuestiones que sin duda explican delitos.”
Un amenaza en vuelo a la Presidenta
Días atrás, el helicóptero en el que viajaba la presidenta Cristina Fernández sufrió algunas interferencias en la comunicación. Se escuchó por la radio del “Hotel 01” –ese es el nombre técnico que nombra al aparato- una voz entorpecida que decía: “Bajala, bajala” o “Maten a la yegua” y a continuación la tétrica marcha militar “Avenida de las Camelias”, que sonaba incesante en tiempos de dictadura. El Fiscal Federal Taiano comenzó a investigar esta amenaza. Taiano también se ocupa de la causa ESMA, y el domingo fue amenazado de muerte, anónimamente y por teléfono. Considerando los hechos, nadie cree ya en el imperio de las casualidades.
Los imputados de esta causa son: Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber. A excepción de Montes y Tallada, quienes están comprometidos por cadena de mando, todos ellos pertenecían al grupo de tareas 3.3.2, que metódicamente efectuaba sus aberraciones en la ESMA, dirigida en los papeles por Chamorro y por Acosta en los hechos. Que Montes y Tallada sean juzgados es posible gracias al aval de la teoría del co-dominio funcional (empleada luego de la Segunda Guerra Mundial) ideada por el jurista alemán Klaus Roxin, en la que los autores mediatos (los no materiales: los que no ejecutan las torturas, por ejemplo) también son responsables de los actos que cometen sus subordinados, quienes –más allá de encontrarse en una estructura jerárquica- actúan libremente, sin ser co-accionados.
En la ESMA, estos “señores de la vida y la muerte” utilizaban dos letras para decidir el futuro de sus prisioneros: una “T” o una “L”. La primera representaba el traslado, lo que era en verdad el homicidio; la segunda implicaba la liberación. Según los tristes testimonios de los sobrevivientes, las “L” eran muy pocas. Una letra era venerada como palabra de hierro; una letra era el destino. El peso de los cuerpos que desaparecieron ha vuelto sobre ellos. Y los sigue hundiendo, lentamente. Uno puede observarlo en sus caras arruinadas, en sus movimientos torpes, en el pesado modo que tienen de aplastar el cuero y las maderas de las sillas en Comodoro Py. En esta causa se espera el testimonio de 280 testigos. Nadie podrá negar que el trato para con los militares es un tanto más considerado que el de sus mortuorias asignaciones, oscilantes entre sólo dos símbolos.
La verdad y la justicia
Antes de comenzar la audiencia, Oscar Hueravilo me decía: “Nosotros, los que acompañamos hace tantos años esto, conocemos la verdad. Estos burócratas tardan para no condenarlos.” Oscar era militante del Partido Comunista en Chile, perseguido por el presidente Ibáñez -gran amigo del General Perón- y en 1958 llegó exiliado a Argentina. Sus años posteriores no fueron más felices: su hijo y su nuera fueron tragados por los amos de la ESMA. Su nieto -quien estuvo presente en la audiencia anterior- Emiliano Lautaro, nació allí, en cautiverio, y fue recuperado a los 4 meses de vida. Hoy integra H.I.J.O.S – La Plata.
Dicen que la Justicia y la verdad, fieles compañeras, caminan juntas, de la mano. Dicen. Este es un caso especial: parece que la verdad se adelantó tanto en el camino que su compañera la perdió de vista. Solo nos resta esperar que en el recorrido de esta causa, la Justicia apure un poco el paso.
Luego de las lecturas de requerimiento de elevación para Capdevilla, se comenzó con el requerimiento para Acosta, Astiz, Azic, Donda, García Tallada, Montes, Pernías y Scheller, procesados todos en 1987 y exonerados por la Ley de Obediencia Debida. A las 12. 30 culminó la sesión sin más explicaciones que la de: “Lamentablemente no vamos a poder continuar por hoy.” La realidad era que un juez tenía que retirarse.
Para mañana se espera la continuidad de la lectura de las acusaciones, que definirán los cargos y los hechos por los que cada uno de los represores está imputado.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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