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Juicio a la ESMA: el DNI de la represión

Publicada

hace 17 años

28/10/2007

En el juicio cada vez más revelador que se le sigue al prefecto Héctor Febres, cuatro nuevos testigos volvieron a vincularlo con los secuestros, las torturas y el trabajo forzoso perpetrados en la ESMA. Víctor Basterra relató cómo pudo fotografiar a casi 80 represores para hacerles los DNI, Graciela Daleo describió las pequeñas grandes resistencias que emergían aún en los peores momentos, el regalo a las embarazadas desaparecidas, y qué hacía Febres en Navidad. Myriam Lewin habló del stress de los sobrevivientes que atestiguan. Todos coincidieron en que las causas de la ESMA deberían unificarse.

Cuando el presidente del Tribunal Oral 5, Guillermo Gordo, quiso saber si al testigo Víctor Basterra lo comprendían las generales de la ley, le preguntó.
-¿Conoce al imputado Héctor Febres?
-Lo conozco porque lo he padecido – respondió seco y tajante.
El testimonio de Basterra abrió la tercera jornada del juicio oral y público que tiene como único acusado al prefecto Febres, primer represor de la Escuela de Mecánica de la Armada que es juzgado desde que se reabrieron las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura.
Los cuatro testigos que declararon el jueves 25 vincularon a Febres con la aplicación de torturas, lo mencionaron como responsable a cargo del trabajo esclavo y también como encargado de las embarazadas secuestradas en la ESMA. A pesar de que aún restan cuatro decenas de testimonios, la contundencia de los relatos escuchados hasta el momento parecen dejar sin estrategias defensivas al imputado. “Para mí, ya es suficiente. Por mí, terminaría el juicio acá”, sostiene Rodolfo Yanzón, uno de los abogados querellantes, en diálogo con lavaca.
Basterra ingresó a la sala a paso lento, ayudado por su bastón, con una carpeta azul bajo el brazo que contenía casi 80 fotografías de represores que pudo extraer de la ESMA cuando le empezaron a conceder breves salidas vigiladas. El testigo –que era fotógrafo de oficio- había sido sometido a trabajo forzoso y obligado a retratar al personal de la ESMA. “Les tenía que sacar fotos y hacer cuatro copias: una para la Cédula, otra para el DNI, otra para el Registro y una para la credencial de la fuerza. Pero yo hacía una quinta copia y las guardaba en las cajas del papel fotosensible, que era lo único que no requisaban. No sabía bien para qué, pero estaba convencido que algún día me iban a servir”, relató cuando ofreció el material al Tribunal.
El cablecito y la risa
Basterra había comenzado su testimonio recordando que lo secuestraron en su casa y lo llevaron a la ESMA, donde arribó minutos después de que llevaran a su mujer y a su hija de dos años. Contó que le pusieron una olorosa capucha que de tan dura que estaba parecía de cartón. “Estaba dura por la sangre seca que tenía. Ya la habían usado con otros secuestrados. Después aprendí porqué se llenaban de sangre: cuando a uno lo torturan con descargas eléctricas se muerde la lengua, entonces sangra”, explicó.
La primera sesión de picana a la que fue sometido –recordó Basterra- fue apenas llegó a la ESMA, en la huevera, una habitación insonorizada ubicada en el sótano. Lo hicieron desnudar, le ataron los pies y las manos a los barrotes de la cama y le ataron un cablecito en el pie derecho por donde recibía las descargas eléctricas. “Mientras me ponían la picana entre la uña y el pie pude ver al que la manipulaba, que se reía con ganas. Era el Gordo Daniel, después supe que su apellido era Febres”.
Basterra denunció que sus torturadores lo amenazaron con colocarle a su hijo de dos años sobre el pecho mientras le aplicaban descargas eléctricas. Carlos Lordkipanidse, uno de los querellantes, había relatado en la segunda jornada de este juicio como habían colocado sobre su abdomen a su bebé de 20 días mientras lo torturaban con picana eléctrica para obligarlo a delatar compañeros.
El testigo aseguró que El Gordo Daniel –como apodaban a Febres- era el jefe del sector 4 de la ESMA, ubicado en el subsuelo, donde funcionaban la salas de torturas, el laboratorio fotográfico y un comedor. “Si llevaban a torturar a alguien, Febres participaba. Era un oficial de prefectura especializado en torturas”, declaró.
Basterra se acercó a la maqueta de la ESMA ubicada en el medio de la sala y describió con minuciosidad el sector 4. También reconoció el sector denominado Capucha, donde estuvo alojado siete meses ininterrumpidos, con una excepción: “Cuando nos llevaron a una isla del Tigre porque venía una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para ir nos trasladó un oficial de la Armada, el Chino Sosa, y a la vuelta estábamos a cargo de Febres. Ese día nos dieron una muy buena paliza”. El relato del traslado de los prisioneros a la isla El Silencio para ocultar a los desaparecidos durante la inspección de la comitiva fue una de las tantas historias que se escucharon de manera recurrente en estas audiencias.
La comunidad informativa
Cuando Basterra volvió a ser alojado en la ESMA, Carlos Lordknipanidse, otro secuestrado, convenció a los represores de que lo llevaran a trabajar con él. Así comenzó a tomar las fotografías que eran utilizadas para los documentos falsos que se prodigaban los grupos de tareas. El responsable del sector donde Basterra era sometido al trabajo forzoso –afirmó el testigo- era el actual imputado Febres.
Basterra denunció que los represores lo apresaron por su militancia en la Federación Gráfica Bonaerense. Contó que en la ESMA le adjudicaron el número 325 y que miembros de la marina obligaron a su madre a firmarles un poder que después les permitió apropiarse con la casa de su familia. “A mi madre la convencieron diciéndole que de esa manera me ayudaba”, señaló el testigo que también recordó que la presencia de El Gordo Daniel o Selva –como se lo conocía- le resultaba “sumamente molesta por su prepotencia y su aspecto personal sucio y desagradable”.
Basterra recién recuperó la libertad en diciembre de 1983, una semana antes de que Raúl Alfonsín asumiera como presidente de la Nación a través del voto democrático. “Un oficial de apellido Vinotti me dio la noticia de que me iba a mi casa. Me dijo: `Te vas a tu casa, ahí te quedás sin romper las pelotas. No hagas declaraciones porque vamos y te matamos con toda tu familia. No te olvides que los gobiernos van y vienen, pero la comunidad informativa está siempre presente´”. Basterra fue controlado cada 10 o 20 días por personal de la Armada durante los primeros ocho meses de 1984, cuando en el país ya regía el gobierno democrático. El testigo recordó, incluso, que durante ese período allanaron una antigua casa que ya no habitaba, como represalia por haber realizado la denuncia pública de los represores que había retratado en la ESMA. “Era agosto del 84 y yo todavía me sentía prisionero”, manifestó.
El caso Adriana
Después de Basterra declaró otra sobreviviente, Adriana Markus, que recordaba el ruido del tanque de agua en el sector de la ESMA denominado Capuchita. Por sus conocimientos de alemán, Markus fue obligada a realizar trabajo esclavo como traductora. Como carecía de diccionario, comenzaron a permitirle llamar, de manera muy controlada, a su padre. Un día, relató la testigo, el imputado Febres la acompañó a la casa para buscar a su papá. Llevó a ambos a la central de policía para que levantaran el pedido de búsqueda de paradero que había realizado la familia Markus. “Febres se presentó en la policía como un amigo de la familia. Relató una historia inventada: que me había ido a buscar trabajo a Córdoba, que conocí a un muchachito y que no le había avisado a mi padre. De ahí, Selva o Daniel nos llevó al juzgado para levantar el pedido de corpus hábeas que había presentado mi familia. La persona que me atendió me dijo que sabía que yo estaba pasando una situación difícil y que sólo contestara por sí o por no a las preguntas que me hacía. Me preguntó si me habían secuestrado, si me metieron en un baúl, si eran personas de civil, si no estaba en una cárcel con rejas. Después me dijo que me cuide porque me iban a controlar.”
La situación de Markus en la ESMA se complicó cuando un legislador alemán quiso interceder para su liberación después que una tía alemana, militante de Amnesty Internacional, había denunciado su caso. Pero finalmente, pudo salir en libertad.
Lewin, cianuro, y Massera electoral
La periodista Myriam Lewin también dijo conocer al imputado Febres por su paso por la ESMA. La testigo había sido secuestrada por personal de la Fuerza Aérea. Intentó tomar una pastilla de cianuro pero sus captores la obligaron a escupirla. Primero la llevaron a un centro clandestino de detención dependiente de la Aeronáutica donde fue sometida a sesiones de picana eléctrica, submarino seco, simulacros de fusilamiento y amenazas de violaciones para que delate a una compañera. “En un momento me sacaron la venda y mi torturador me dijo: `Yo soy responsable de tu vida y de tu muerte, si colaborás no te va a pasar nada`”.
Lewin sufrió una y otra forma de presión hasta que su amiga fue secuestrada. “Cuando la mataron, embarazada de ocho meses, perdí valor para ellos”, recordó y su voz comenzó a quebrarse. En ese momento fue llevada a la ESMA para el “proyecto de recuperación de prisioneros” que la Armada había montado con la intención de conformar una estructura que llevara al dictador Emilio Massera a la presidencia argentina por vía electoral. Quien la recibió en el campo clandestino de concentración más paradigmático de la dictadura fue El Gordo Daniel, que le adjudicó el número 090 y la obligó a desvestirse. “Febres era de Inteligencia, pero también participaba de operativos y lo veíamos entrar y salir de las salas de torturas. Era vox populi que tenía contacto con las embarazadas, que les hacía armar el ajuar y obligaba a las madres a escribir cartas a sus familiares pidiéndoles que criaran a los bebés hasta que las secuestradas salieran”.
Lewin presenció el momento en que le cortaron el cordón umbilical a Rodolfo, el hijo de Patricia Roisinblit. También vio embarazadas a Liliana Pereyra y a Alicia Cabandié, madre de Juan, uno de los últimos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y actual legislador porteño electo.
“Cuando declaré en el Juicio a los comandantes de las juntas, un compañero medio en broma me dijo que me preparase porque iba a tener que volver a declarar. Yo, que estaba acompañado por mi hijo Juan, de 5 años, le dije que iba a tener que declarar hasta que Juan tuviera 18 y que me iba a poder llevar manejando. Hoy Juan tiene 27. Esto que nos hacen a las víctimas es innecesario, los juicios tendrían que hacerse de otra manera. Para nosotros es una situación de stress muy grande”, se quejó Lewin ante el Tribunal.
Avemarías en la Avenida de la Felicidad
Graciela Daleo, la última testigo, también planteó la necesidad de unificar a las causas judiciales, un reclamo que ya habían realizado los abogados querellantes y también la Fiscalía.
Más que una pieza de un rompecabezas, el testimonio de Daleo fue el rompecabezas entero. Describió el funcionamiento de la ESMA con una precisión asombrosa, donde además abundaron nombres de víctimas y victimarios. Además de dar una detallada descripción de su secuestro en la estación Acoyte del Subte A, la testigo se encargó de aclarar que al momento de su detención ella ya sabía lo que ocurría en la ESMA porque había tipeado “La Guerra Sucia en la Argentina, un informe escrito por Rodolfo Walsh que denunciaba con exactitud lo que sucedía allí adentro.
“Allí me di cuenta de lo poderosos que eran. No sólo tenían poder para decidir nuestras muertes, sino también nuestras vidas”, dijo después de relatar varias ocasiones en las que planeó su propia muerte para dejar de sufrir y garantizar su propio silencio. Pero los represores frustraron sus planes una y otra vez. En la primera sesión de tortura pensó en asirse a la cama metálica para que el impacto de la electricidad fuese mortal, pero sus captores se lo impidieron. Esa noche, inventó una cita con su compañero en una transitada avenida del sur bonaerense para terminar arrollada por algún auto. “¡Ah! Vas a hablar!”, le dijo Febres cuando escuchó la falsa confesión. A la mañana siguiente, los represores la llevaron al lugar señalado pero no la dejaron bajar del vehículo.
Daleo, que se definió como una militante popular y cristiana, contó que mientras le aplicaban la picana eléctrica en los genitales recitaba a los gritos el Avemaría, lo que enfurecía aún más a sus torturadores. “Querían saber nombres, direcciones, citas y hasta si me había acostado con un compañero”, recordó y agregó: “En la puerta del cuarto donde me torturaban, después pude ver que había un cartel colgado que decía: Avenida de la Felicidad y otro que decía `el silencio es salud´”.
Inodoro Pereyra, Frankenstain y el Mundial 78
También recordó como sufrió tres simulacros de fusilamiento y hasta la última voluntad que le expresó a sus represores cuando le anunciaron el fin: “Les dije que me sacaran la venda, porque quería ver la cara de mi asesino. ´Ah, eso no´, me dijeron. Entonces les pedí que les avisaran a mis padres que me habían matado, para que no me buscaran más”.
La testigo describió también la otra parte del plan represivo, el proyecto de recuperación de prisioneros. “A mi llevaron al lugar conocido como La Pecera, porque era dactilógrafa. Me pusieron a escribir las monográfias del hermano del Tigre Acosta para que aprobara sus exámenes en la escuela militar”.
Estando en esa situación Daleo conoció la pieza donde alojaban a las embarazadas. A la primera que vio fue a Susana Pegoraro. “El oficial que las tenía a su cargo era Febres, aunque no quiere decir que los demás no tuvieran responsabilidades”, aseguró y hundió un poco más al acusado. La testigo también aseguró que el imputado fue el responsable de traer desde Uruguay a los desaparecidos Rolando Pissarrello, su compañera María del Huerto y a Rosa Quiroga.
Adentro de la ESMA, Daleo se enteró de la operación de inteligencia que Alfredo Astiz llevaba a cabo para infiltrarse en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, que terminó con el secuestro de Azucena Villaflor y las monjas francesas Leonid Duquet y Alice Dumond, en lo que se conoció como el grupo Santa Cruz. “Sentíamos mucha impotencia, sabíamos lo que estaba pasando y no podíamos hacer nada”, subrayó y agregó que poco después, un día que le tocó lavar los platos, pudo ver a Duquet llena de moretones en los brazos.
Durante un buen tramo de su declaración, Daleo se dedicó a rescatar los pequeños grandes gestos de solidaridad que los presos se prodigaban en ese palacio de la muerte. Recordó una Navidad en que le permitieron visitar a las embarazadas y le llevó de regalos una serie de recortes de historietas, armados como pequeños libritos. “En ese momento me habían adjudicado la tarea de recortar diarios y yo juntaba dibujos de Inodoro Pereyra y acertijos de ajedrez para mis compañeros que no podían salir del sector Capucha”, explicó. Esa misma noche, las embarazadas le obsequiaron un gatito confeccionado con una tela a cuadritos que tenía la leyenda: “El amor derrite cualquier hielo”. Estaba firmado por “Las mamás”. Mientras todo esto sucedía, Febres –el actual imputado- festejaba con una careta de Frankenstain.
Otro recuerdo que Daleo conservó de El Gordo Daniel fue el día en que la Argentina se consagró campeón Mundial de fútbol, en 1978, Ese día, Febres la llevó en un auto fuera de la ESMA para que viera cómo festejaba el pueblo argentino. “Yo vi con dolor cómo la gente gritaba. Tenía la certeza de que si gritaba que estaba era una desaparecida nadie me iba a dar pelota”, revivió con tristeza.
Aquella noche, Febres y otros represores la llevaron al restaurante El Mangrullo. “Parecíamos gente normal, era una situación terrible. En un momento fui al baño y con el lápiz de labios que me habían dado para arreglarme, que seguro se lo habían robado a otra compañera, escribí en la pared: `Massera asesino. Milicos asesinos. Viva Montoneros´. Fue mi momento de libertad estando en cautiverio. Aunque me duró hasta que volví a la mesa, tenía terror de que me descubrieran”.
Daleo también denunció que en otra oportunidad, Febres la llevó en avión hasta Paso de los Libres para que denunciara si alguno de sus compañeros cruzaba la frontera. El operativo, dijo la testigo, fue un verdadero fiasco: no pudieron capturar a nadie.
“Si hay algo que demostramos en este juicio pequeño, de solo cuatro casos, – concluyó Daleo- es que no nos vencieron, que seguimos esperando justicia para nuestro pueblo. Pensaron que nos iban a dejar rotos para siempre y acá estamos”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: