Nota
Juicio a la resistencia mapuche: llamado internacional
A través de un comunicado hecho llegar especialmente a lavaca, familiares de presos políticos mapuche de Chile realizan un llamado a organizaciones sociales, no gubernamentales, parlamentarios y de derechos humanos, para que dispongan la presencia de observadores internacionales ante el juicio que comenzará en Cañete (640 kilómetros al sur de Santiago de Chile) el próximo 8 de noviembre a las 9 de la mañana.
Los 19 comuneros mapuche de la zona del Lago Lleu Lleu, por defender y reclamar sus tierras en conflicto con las forestales, están en prisión desde hace más de un año, acusados bajo la Ley Antiterrorista, por delitos que no cometieron, en el marco de una persecución que ya es histórica en el país trasandino:
- más de 400 mapuche han sido procesados por leyes antiterroristas y de seguridad interior en los últimos 20 años de gobiernos democráticos,
- Actualmente hay 96 presos políticos y/o procesados, 7 de ellos con doble procesamiento de justicia civil y además militar. Hay 21 casos de detenciones de menores de edad y escolares mapuche.
- En este juicio, las penas que solicita la acusación oscilan entre los 40 y los 103 años, en algunos casos acumulándose entre ellas.
Los mapuche vienen de una huelga de hambre que abarcó a 34 presos políticos durante 82 días. El juicio se da, además, en medio de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales contra los mapuche, con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, amenazas, torturas, racismo, y graves faltas de garantías legales. A continuación, la nota completa con el llamado, los detalles de la situación y los contactos de Familiares de Presos Políticos Mapuche.
Ref. Solicita observadores internacionales para próximo Juicio Oral
(8 de Noviembre) contra Presos Políticos Mapuche del Conflicto Territorial de la zona del Lago LLeu-LLeu.
Hermanos y hermanas de Pueblos Originarios.
Sres. Sras.
Organizaciones sociales y populares solidarias.
Organizaciones No-Gubernamentales (ONG)
Organizaciones Internacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Parlamentarias y parlamentarios.
Somos familiares de Presos Políticos Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno en las cárceles de Lebu, Concepción y Temuco.
Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche, en la zona de conflicto del lago Lleu LLeu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo.
En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.
LEY ANTITERRORISTA
Por el sólo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista, en las Audiencias de Formalización (primeras audiencias), pero no ha sido sólo el Ministerio Publico, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, en este caso, a través de la Gobernación Provincial de Arauco.
En relación a lo anterior, cuando se ha asesinado a un mapuche el Gobierno Chileno jamás se ha querellado en contra de quienes resulten responsables.
En el mes de Enero de este año, en el Juzgado de Garantía de Cañete, el Ministerio Publico llevo adelante la REFORMALIZACION de las causas por un total de nueve (9) delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.), involucrando a cerca de 20 comuneros mapuche.
Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche del Conflicto de Choque y LLeu Lleu, ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:
· SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN durante casi todo el proceso, que impidió el derecho a la defensa.
· 1 AÑO Y 6 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA, es decir, durante todo el proceso para la mayoría de los imputados, no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno y violando derechamente el Convenio 169 de la OIT (Art. 10).
· 36 TESTIGOS “SIN ROSTRO” O SECRETOS, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra
de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la
policía y fiscales.
· CONDENAS DE MAS DE 50 AÑOS: La aplicación de la Ley Antiterrorista significara, en definitiva, una condena mayor que bajo la Ley Penal Común. Anexo listado de comuneros que arriesgan las penas más altas.
NOMBRE / CARCEL / JUSTICIA CIVIL / JUSTICIA MILITAR |
Héctor Llaitul Carrillanca / Concepción / 103 años/ 25 años |
Marco Millanao Mariñan / Temuco / 77 años |
Ramón Llanquileo Pilquiman / Concepción / 65 años / 11 años |
José Huenuche Reiman / Concepción / 52 años / 11 años |
Luis Menares Chanilao / Concepción / 52 años / 11 años |
Jonathan Huillical Mendez / Concepción / 52 años/ 11 años |
Carlos Muñoz Huenuman / Lebu / 50 años |
Juan Parra Leiva / Lebu / 50 años |
· VIOLACIONES A LOS DDHH: Además, el procesamiento a través de Ley Antiterrorista ha traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, hostigamiento a familiares, secuestros,
etc.
El Caso Poluco Pidenco es una muestra de ello, en donde varios comuneros
mapuche fueron condenados a 10 años por Incendio Terrorista. Por este caso el Estado Chileno fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los abogados Alberto Espinoza y Miriam Reyes, encontrándose actualmente en proceso.
JUSTICIA MILITAR Y DOBLE JUZGAMIENTO
Es el caso de varios presos políticos mapuche, pese a que Chile ya fue condenado por este motivo por la Corte Interamericana de DDHH (Caso Palamara-2005). Aun as en Chile, se ha continuado juzgando civiles bajo la Justicia Militar, cuestión que solo se revelo con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (recluidos en Cárcel de Concepción) quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo (ver cuadro).
Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuche, son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo con penas que son una burla para las familias de las victimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a ser “ testigos secretos” quedan también en la mas absoluta impunidad puesto que el Ministerio Publico siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar Chilena.
Por último, denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor
cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que
da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en
este país, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años.
Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros
familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que
responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios,
hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil
nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.
Por todo lo anterior solicitamos:
La presencia de observadores durante el juicio que se desarrollará a partir del 8 de Noviembre del año en curso en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bio Bio), única forma de poder transparentar esta etapa del proceso judicial y con ello lograr estándares adecuados que permitan a nuestro pueblo estar en igualdad de condiciones ante la Ley que los propios winkas nos han impuesto.
Como es de conocimiento público hace unos días acaba de terminar una larga huelga de hambre llevada a cabo por mas de 34 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles del sur de este país solicitando, principalmente, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, de la Justicia Militar y de “testigos secretos” como medios de prueba, cuyos logros legislativos y jurídicos fueron, en esta oportunidad:
v Que el gobierno enviara un proyecto de Ley para modificar el Código de Justicia Militar, con el objeto de que esta no fuese aplicada a civiles, la cual fue aprobada por el Parlamento Chileno.
v Que la Ley Antiterrorista no se aplicara a menores de edad.
v Que se recalificara las querellas presentadas por el Gobierno por Ley Antiterrorista por delitos comunes, aludiendo “Razones de Estado y de Bien Común”, esperando que todos los demás entes del Estado Chileno actúen en la misma línea.
Dejamos claro que aun no están dadas todas las garantías para un Juicio Justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche, significó sólo el primer paso, por lo que no debemos desmovilizarnos, reiteramos que solo la lucha de nuestras comunidades, el acompañamiento de quienes solidarizan con nuestra justa causa y la presencia de observadores en cada uno de los Juicios, permitirá acercarnos aun más a dicho objetivo.
Esperando una pronta acogida, les saludan fraternalmente.
Familiares de Presos Políticos Mapuche.
Contactos:
Natividad Llanquileo Pilquiman
Correo electrónico [email protected]
Fono:569 – 62 32 59 21
Lov Choque
Gladi Huenuman Liencura
Fono :569 – 84633589
Lov Choque
Olga Viluñir Aguayo
Fono: 569- 85 35 67 12
Comunidad Pascual Coña
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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