¿Y Julio Löpez? La pregunta está vigente desde hace 3 años. Este jueves a las 8.50 de la mañana, la causa fue subida a un carrito en La Plata y llevada desde los Tribunales hasta una Fiscalía que ya declaró que no quiere investigarla. Y este viernes 18 de septiembre a las 5 de la tarde vuelve a haber una marcha de Congreso a Plaza de Mayo reclamando que se haga algo, en un país donde suele fallar la redistribución de la memoria, y la capacidad para detectar dónde están los peligros. Adriana Calvo cuenta la situación, antes de la marcha que suma la denuncia sobre la desaparición de Luciano Arruga, otro tema masivamente ignorado por las empresas mediáticas.

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La causa por la desaparición de Julio López está funcionando como una ficción en la que la parálisis se demuestra andando. Este jueves la causa -que nadie en el poder judicial leyó al menos durante dos años- fue llevada en carrito hasta una Fiscalía cuyo titular ya ha dicho que no quiere o no puede investigarla.
Así lo reveló a lavaca Adriana Calvo.
¿Quién es esta mujer? Adriana era militante gremial docente, fue secuestrada en febrero de 1977 por la dicrtadura (a través de la Policía Bonaerense), parió a su hija en el móvil policial que la trasladaba. Aquella beba hoy tiene 32 años. Además, Adriana fue testigo clave en el juicio a los ex comandantes de las juntas militares y en muchas otras de las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos, integra la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y hace tres años que, junto a tantas otras personas que han decidido no tener amnesia, pregunta: ¿Y Julio López?
Para amnésicos o desmemoriados: Julio López desapareció en septiembre de 2006, a los 76 años, tras declarar en el juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz, quien fuera jefe de la Policía Bonaerense. López había estado también secuestrado por la policía en tiempos de la dictadura y su testimonio fue crucial en el juicio. La desaparición se produjo, casualmente, el día del alegato contra Etchecolatz, que finalmente fue condenado a prisión perpetua, por genocidio. Pero aquel testigo sigue desaparecido.
Entonces, ¿Y Julio López?
«Es una interpelación, más que una pregunta» dice Adriana Calvo. «Y la respuesta del Estado es la siguiente. la causa está literalmente paralizada». La sensación que deja lo que explica esta Licenciada en Física es que el proceso, más que moverse, rebota entre oficinas judiciales que no se hacen cargo seriamente de la investigación.
«Una compañera me acaba de llamar desde La Plata diciéndome que había visto pasar la causa, las carpetas, porque está siendo trasladada a la Fiscalía». Mientras la causa va y viene, moviéndose sin avanzar, Adriana explica: «La querella tuvo varios objetivos. primero, que saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación. Tres meses nos llevó conseguir lo primero. Y estuvimos un año y medio para que la procuración designara un personal para la causa y se declarara desaparición forzada. Y cuando finalmente teníamos la carátula correcta, en el foro correcto -la justicia federal-, pasó la causa a la secretaría especial, una que hay en La Plata que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad».
Paralizada, pero sobre ruedas
Cada uno de estos pasos no fue producto del fluir natural de la justicia, sino de la constancia de los querellantes. «Todo fue a pedido nuestro, esto último hace nueve meses. Y dio resultado rápidamente porque la causa se ordenó, alguien por primera vez la leyó completa». Replay: en dos años nadie en el poder judicial había leído la causa completa. Sigue Calvo: «Con esta novedad, en enero último ya habían secuestrado el auto de un comisario donde supuestamente se había trasladado a López´».
Sin embargo, no hay detenido alguno. «El juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente. Le agarró el ataque de violencia moral, por la denuncia que había hecho la familia de López dos meses antes». La familia había planteado que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López. Corazza, efectivamente, alegó «violencia moral» ante la denuncia. Adriana: «Pero el ataque le vino dos meses después, fue tardío. Y a partir de que se declaró incompetente, la causa está yendo en un carrito literalmente, de una oficina a otra: tomala vos, dámela a mí». La justicia tal vez ya no sea una balanza, sino un péndulo.
«Esta misma mañana, la Cámara de Casación acaba de resolver que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco, que no quiere investigarlo. De hecho, apeló diciéndolo expresamente. Dice que no tiene personal, no tiene gente, que no conoce la causa». (Conviene recordar que mientras ocurre todo esto, Julio López sigue desaparecido).
Calvo hace la descripción de un laberinto. «El fiscal dice que no le den la causa. La Cámara resolvió que tenía que quedársela el juez Blanco, la sacaron de la secretaría especial, apelamos para que la devuelvan. Ahora Casación se la acaba de dar al fiscal que no quiere que se la den. Ese es el estado de la cuestión. Hoy jueves a la mañana la subieron a un carrito, y salió de Tribunales a las 8.50 hasta la Fiscalía».
La cuestión del carrito, ¿puede ser que tenga algo que ver con la marcha del viernes, con el aniversario, con la idea de tomar un rumbo que no desnude toda este vacío judicial? Calvo no se hace ilusiones: «Creo que son tan impunes que ni siquiera eso les importa. El fiscal no va a hacer nada. Nosotros estamos presentando, un recurso por Retardo y Denegación de justicia a la Corte Suprema, cuestión que nos habilita para ir a los tribunales internacionales».
El caso ha tenido muchos otros recovecos (ver nota relacionada), aparición de cuerpos sin identificar, amenazas y ataques a otros testigos, búsquedas policiales a partir de declaraciones de videntes como «la mujer pájaro» o la incriminación de la Cámara de Apelaciones al perro Kintín (aclaremos velozmente que nada de esto es realismo mágico o ciencia ficción, sino pura actualidad criolla).
La marcha de este viernes incluye además el reclamo por otro desaparecido, Luciano Arruga, 17 años, desaparecido en Lomas del Mirador en enero último. Luciano forma parte de la nueva generación de desaparecidos, los jóvenes pobres o, como escribió su hermana Vanesa: «los perseguidos por la policía por portación de cara». Desde el caso de Miguel Bru en La Plata, pasando por Iván Torres en Comodoro Rivadavia, o el caso de Diego Duarte en los basurales de José León Suárez, se verifica una acción sistemática del Estado y sus policías frente a los sectores más vulnerables. Dice Calvo: «El gobierno tiene responsabilidad de mantener a esa policía de la época de la dictadura, de que sigan en actividad, que haya fiscales cómplices con los delitos. En fin. Nosotros vamos a seguir trabajando, movilizándonos e interpelando» A las 17 el encuentro es en Congreso, rumbo a la Plaza de Mayo.