Salvador Adame Pardo, 44 años, director del Canal 4TV de Nueva Italia, estado de Michoacán, se convirtió en el séptimo periodista asesinado en México en 2017. Había desaparecido el 18 de mayo, pero esta semana se confirmó que los restos humanos encontrados en junio eran los del reportero: estaban calcinados. Más de 100 mil personas asesinadas y 30 desaparecidos son algunas de las cifras que revelan la dimensión del horror que se vive en México luego de desatarse la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Salvador Adame Pardo, 44 años, director de Canal 4TV de Nueva Italia, municipio de Múgica, se convirtió en el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del 2017. Había sido secuestrado el 18 de mayo, pero en las últimas horas se conoció lo peor: el procurador general de Justicia del estado de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que el 14 de junio habían hallado restos en un sitio conocido como Barranca del Diablo, al costado de la carretera Uruapan-Nueva Italia. Luego de las pruebas de genética se confirmó la identidad de Adame Pardo. Sus restos estaban calcinados.
Según relevó La Jornada, el procurador Godoy Castro sostuvo que el presunto autor intelectual y material del asesinato “fue identificado como Feliciano Ledezma Ramírez, El Chano Peña, presunto líder de una célula delincuencial que opera en la región de la Tierra Caliente”. El diario subraya como “imprecisa” la trama narrada por el funcionario, quien apuntó que “el presunto secuestrador, Daniel Rubio Ruiz, El Cabezas, quien fue detenido hace una semana, habría dado pistas del crimen presuntamente producto de problemas personales entre el comunicador y ese y otros integrantes de la delincuencia organizada”. Por ese motivo, precisó que el “denominador común” de todos los crímenes ha sido la impunidad, y que “los mecanismos de procuración de justicia federal y estatales han acumulado un déficit de credibilidad que recae ahora, de manera inevitable, sobre la versión oficial del asesinato de Adame Pardo”.
Cerca de cien periodistas de Michoacán habían presentado una denuncia colectiva a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en calidad de víctimas indirectas. “Hacemos de su conocimiento que los firmantes somos testigos del trabajo periodístico del hoy desaparecido, resaltando a últimas fechas las críticas y cuestionamientos al trabajo desarrollado por las autoridades municipales del Ayuntamiento de Múgica, Michoacán”, reza el escrito, que subraya que Adame Pardo y su esposa habían sido “cobardemente golpeados por la Policía Municipal” mientras cubrían una manifestación contra las autoridades estatales.  La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también había condenado la desaparición de Adame Pardo y apuntó que, a seis días del secuestro, los investigadores no le habían proporcionado a la esposa “ninguna respuesta ni comunicó ningún avance significativo de la investigación”. Además, consignó los nombres de los otros periodistas desaparecidos:

• José Antonio García, en 2006.
• Mauricio Estrada Zamora, en 2008.
• María Esther Aguilar Cansimbe, en 2009.
• Ramón Ángeles Zalpa, en 2010.

Por eso, luego de la confirmación del asesinato de Salvador Adame Pardo, las palabras de La Jornada ubican respecto del contexto que está viviendo México: “Es inevitable repetirlo: más allá de nuevos mecanismos, oficinas y reformas legales que no han servido ni mucho ni poco para detener el asalto de la violencia desbocada, es necesario reconocer que la estrategia de seguridad pública impuesta en la década anterior no funciona y debe cambiarse radicalmente el enfoque del combate a los hechos delictivos. En cuanto al homicidio de Salvador Adame, al igual que en los de nuestros compañeros y colegas ultimados, es pertinente y obligado exigir el esclarecimiento pleno y creíble, así como la aplicación de la justicia a las instancias oficiales obligadas a hacerlo”.

La dimensión del horror

El Manifiesto No al Silencio –presentado en la Cancillería argentina por una delegación de periodistas, acompañadxs por la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas del país- explicitó cuáles fueron lxs trabajadorxs de prensa masacrados en 2017.

• El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito (director de La Voz de Tierra Caliente), de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
• El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui (propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol), de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
• El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach (corresponsal de La Jornada y colaboradora del periódico Norte), de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
• El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez (portal de noticias Colectivo Pericú), de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
• El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez (locutor en Tlaquiltenango, Morelos), de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto.
• El 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, masacraron a Javier Valdez Cárdenas (corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce), de 50 años.

#NoAlSilencio: 600 firmas contra el genocidio de periodistas en México

El Manifiesto también expone en cifras la dimensión del horror:

• “Más de 100 mil personas asesinadas.
• Más de 30 mil personas desaparecidas.
• Más de 100 periodistas asesinadxs.
• Decenas de miles de feminicidios sin investigar.
• Por lo menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs.
• Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, de sus ciudades, por la violencia.
• Decenas de miles de niñxs huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres y/o madres.
• Se han descubierto 855 fosas comunes con más de 1500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las encuentras los familiares que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del Estado.
• Nos siguen faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Además, una investigación del New York Times reveló la semana pasada cómo el Estado Mexicano espía a periodistas, activistas de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos de manera ilegal. El artículo descubrió huellas de ese software en teléfonos de periodistas, activistas y abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si bien aún no se sabe de dónde provino el hackeo, desde la empresa israelí NSO-Group (desarrolladora del software) afirmaron que su servicio es ofrecido exclusivamente a agencias gubernamentales, por lo cual no deja muchas dudas sobre quién está detrás de estas infiltraciones ilegales.
En la última edición de MU, la periodista Eliana Gillet escribió este relato que narra el espionaje en primera persona: “Pelo a rape, lentes de sol, ropa gris, me lanza una foto. ¿Por qué me fotografía?, le pregunto. Que tiene un familiar desaparecido, me dice, que vino con el de la camioneta. Mi compañero corre y confirma que nadie lo conoce. Las madres lo rodean, el tipo saca un carnet de la Secretaría de Defensa Nacional, vigente. Un militar en funciones”. El artículo puede leerse aquí:

Solos y vigilados: cómo es hacer periodismo en México