En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.
Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.
Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.
Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.
Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.
Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.
Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.
Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad -se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.
En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.
En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.
En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.
Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias -55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.
En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.
Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradó-jicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.
En las tierras que pertenecen históri-camente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.
Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día -último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.
En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.
A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.
En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.
También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.
La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.
Contacto:
El Bolsón:
Vecinos autoconvocados de la
Comarca Andina del Paralelo 42
[email protected]
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.
02945-15692319
[email protected]
[email protected]
Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:
Mirta 15637179