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La Patagonia en disputa. Caso testigo: la provincia del Chubut

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En la región sur del país los derechos humanos se violan en forma constante por la tierra y por el agua, siendo los principales perjudicados los pueblos originarios y campesinos que ocupan territorios que poseen importantes riquezas. Desde hace tiempo, la Patagonia es una de las zonas más codiciadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros que, poco a poco, van adueñándose de grandes extensiones de tierras y de agua, para explotarlos siguiendo la lógica de la acumulación incesante de capital.
Las grandes masas de agua que posee esta región están representadas por enormes lagos, muchos de ellos sin explotación humana de ninguna especie, y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía.
Uno de los proyectos que existe en este último sentido es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, localidad ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.
Si bien durante el 2005 no se han cumplido los plazos de construcción que estaban expresados en el proyecto, en caso de concretarse implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, que quedaría represado en su totalidad, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar sus tierras en las que viven y trabajan.
Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que es accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, que está en vías de ampliación y por lo tanto, requiere de mayor volumen energético. Pero detrás de la propuesta de construcción de las represas también está el poder político nacional, provincial y local que, asociados a los intereses de las grandes corporaciones, se encargan de construir un discurso para convencer a la población de la necesidad de realizar el proyecto para lograr el desarrollo local, generar nuevos puestos de trabajo y obtener nuevas fuentes de energía para las poblaciones del lugar.
Tras los discursos basados en el progreso de la región, se encuentran las comunidades que serán afectadas por la muerte del río, las comunidades rurales de la zona, asentadas hace mucho tiempo en la región, que viven de la ganadería extensiva y de la agricultura de subsistencia; el pueblo de Corcovado, gobernado por un intendente justicialista que ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo a quienes se oponen a los proyectos impulsados por la intendencia- como la construcción de las represas-, violando los derechos humanos de la población impunemente y controlando todos los resortes del poder local, factores que le permiten utilizar la violencia y manipular a la población a través del manejo de planes asistenciales; y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de la localidad de Corcovado.
Esta comunidad mapuche, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.
Según la cosmovisión del pueblo mapuche, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo perfecto de vida, y hay una relación circular y armónica entre ambos, que sería afectada en caso de realizar una transformación del ámbito natural. La relación con la naturaleza está basada en el principio de la reciprocidad -se da y se recibe a la vez- y para concretar esta relación es necesario estar en armonía con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales que hacen a la identidad mapuche. Esta es la razón por la cual se oponen a la destrucción de cualquier elemento de la naturaleza y no permiten que se destruya el territorio.
En la lucha contra el asesinato de los ríos y por la vida de otros bienes naturales y culturales, la comunidad Pillán Mahuiza y los pobladores campesinos de la zona han conformado el Frente de Lucha Mapuche Campesino como un espacio político, social y cultural que se propone construir relaciones basadas en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza y recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de quienes lo constituyen, con el propósito de lograr no sólo la recuperación de las tierras, sino también el control del territorio.
En esta lucha han enfrentado las persecuciones del poder político local que ha acusado de usurpadores a la comunidad mapuche, por haber recuperado las tierras que pertenecían ancestralmente a su comunidad.
En enero de 2005 se realizó en la comunidad Pillán Mahuiza un encuentro de organizaciones sociales de la Patagonia y otras regiones del país que expresaron su apoyo a la lucha contra la represa a través de dos comunicados, uno rechazando la concreción del proyecto de construcción de las represas y otro, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se producen en la región, tales como el derecho a la libre expresión, a peticionar a las autoridades, a la identidad cultural, incluyendo el derecho a la integridad física y a la vida, como consecuencia de las constantes amenazas que enfrenta la población del lugar debido al ejercicio de la violencia institucional.
Otra comunidad mapuche que enfrenta las amenazas de desalojo y que reclama la titularidad de las tierras es la Familia Cayún, que está localizada en Lago Puelo, a 180 kilómetros de la localidad de Esquel, también en la provincia de Chubut. La comunidad, ubicada en la margen oeste del Río Azul, está compuesta por 12 familias -55 personas en total- que ocupan una superficie de 674, de las cuales sólo siete son aptas para el cultivo, siendo el resto bosque nativo y cordillera. La familia Cayún reclama la titularidad de las tierras para evitar desalojos con el fin de explotarlas desde el punto de vista turístico o para concretar la especulación inmobiliaria de empresarios o magnates nacionales y extranjeros. La defensa de sus tierras ha traído a la familia muertes nunca resueltas de miembros de su familia y de vecinos. El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, ofrece a la comunidad Cayún 200 hectáreas para usufructuar con título de propiedad individual, con el propósito de utilizar el resto de las tierras para la especulación inmobiliaria. La familia no acepta esta propuesta porque reclama el título comunitario, siguiendo las prácticas ancestrales del pueblo mapuche. Manteniendo las tierras sin subdividir, la comunidad evita posibles proyectos de construcciones turísticas o de explotación irracional de los recursos, y permite que la población pueda tener acceso a las tierras y a sus recursos.
En la provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura fue desalojada por la policía de sus tierras en Cerro Belvedere , en abril de 2005, por orden del juez Rolando Lima. En esa oportunidad el desalojo, con la participación de la policía local, fue violento y la camioneta utilizada para sacar las cosas era posesión de la municipalidad de Villa La Angostura. Frente a este hecho, en mayo, la comunidad volvió a ocupar un predio de 4 hectáreas, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo con las autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Confederación Mapuche, a través del cual las partes se comprometieron a participar de una mesa de diálogo para esclarecer la situación y evitar que se vulneren los derechos indígenas.
Sin embargo, el compromiso de respetar los derechos indígenas sobre las tierras fue vulnerado meses después, cuando en septiembre hubo un nuevo intento de usurpación a la comunidad. En esa oportunidad el vecino de la comunidad, Miguel Barbagelatta, comenzó a realizar obras de remoción de tierras para hacer un camino de acceso a un lote situado sobre la costa del lago Nahuel Huapi y otorgado por el estado nacional a la comunidad a comienzos del siglo XX, a través de un decreto firmado paradó-jicamente por al General Roca. El interés sobre esa franja de playa se debe a que constituye un puerto natural con muelle, frente al resto de la costa que es rocosa.
En las tierras que pertenecen históri-camente a la comunidad Paichil Antriao, unas 625 hectáreas cuyo título de propiedad fue entregado a mediados del siglo XX, se han ido vendiendo lotes a personajes famosos, con la complicidad de inmobiliarias de la zona, entre ellos, Huberto Roviralta, cuyo apoderado es Leonardo Bessone, de la inmobiliaria que lleva como nombre su apellido y el basquetbolista Manuel Ginobilli, que compró un lote vecino al REWE, lugar sagrado para los mapuche.
Con el propósito de impedir que continúen los desalojos y los atropellos contra la comunidad, varios miembros de la misma se trasladaron a Buenos Aires, en noviembre, para dar a conocer los conflictos que enfrentan e interpelar a los diputados de la nación a que aprobaran la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que reconoce la propiedad comunitaria y permite el freno de las desalojos durante un periodo de cuatro años. A través de una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, exhortaron a que los diputados se reunieran ese mismo día -último día de sesiones ordinarias- para aprobar esa ley, cuyo tratamiento había quedado suspendido en junio. Si bien estaba convocada una sesión especial de la Cámara para ese día, lamentablemente no hubo quórum y la ley permanece sin aprobación, hasta que vuelva a tratase el año que viene con una cámara renovada y sin varios de los diputados que habían elaborado el proyecto e impulsado su aprobación.
En la provincia de Río Negro, la presencia de un magnate inglés ha convulsionado la localidad de El Bolsón. El propietario de Hard Rock Café, y hoy dueño de Planet Hollywood, Joe Lewis, compró en 1997, 14.000 hectáreas, que poseen cascadas y bosques naturales sobre el Lago Escondido, que quedó incluido dentro de su propiedad. La venta de estas tierras entró en contradicción con la Constitución de la provincia de Río Negro, en uno de cuyos artículos se hace referencia al acceso libre a riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público con fines recreativos, además de violar la ley provincial 279 que imposibilita la concentración de tierras fiscales y su uso indiscriminado y establece que si alguien ya posee un predio de tierras fiscales, no puede adquirir otro.
A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera, tales como el río Foyel, el río Manso, los lagos Montes y Soberanía. Para completar el enorme imperio natural que posee, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales sobre la margen del arroyo el Pedregoso, en la zona llamada Pampa de Luden ubicada en Mallín Ahogado, con el fin de construir un aeropuerto. Esta zona es de vital importancia para la población porque es una zona productora en la cual habitan antiguos pobladores que se dedican a la cría de animales y a la actividad silvopastoril. En caso de realizar la venta de estas tierras, la población del lugar dejaría de tener acceso al agua del arroyo para el riego y tendría aún más dificultado el acceso a los lagos, ya de por sí de poco acceso frente a las amenazas de gente armada contratada por la empresa. Frente a esta concentración de tierras y aguas en manos privadas y ante la posible venta de más tierras, los vecinos de la región se han organizado y constituido la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mallín Ahogado y la Comarca Andina.
En esta región del país son muchos los magnates extranjeros que han ido comprando tierras con la complicidad de los gobiernos locales y las inmobiliarias dedicadas a la especulación. Entre ellos se cuentan los ya conocidos hermanos Benetton, que son dueños de 900.000 has en la provincia de Chubut, el empresario norteamericano de la comunicación Ted Turner , que posee 70.000 has en las cercanías de Bariloche, y los actores Silvestre Stallone y Michael Douglas que poseen hermosas estancias de miles de hectáreas cada una.
También existen problemas de violación de derechos humanos en las áreas urbanas. Algunas ciudades patagónicas están sufriendo la represión y el atropello a los derechos humanos, como es el caso de la ciudad de Bariloche en la cual organismos de derechos humanos han solicitado a la Justicia Federal, durante el mes de diciembre, que declare inconstitucionales las medidas municipales que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y que se adopten medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en los barrios marginales de la ciudad, los de El Alto. Frente a un relativo aumento de inseguridad se declaró la emergencia en materia de seguridad en la ciudad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad federales y del grupo de ataque provincial Bora. Los organismos de derechos humanos determinaron, a través de un escrito, que no se siguieron los procedimientos legales para solicitar la intervención de las fuerzas federales, ya que esta medida sólo puede tomarse en tres casos concretos que no están ocurriendo en la ciudad sureña, que son, en caso de que esté en juego el orden constitucional, durante una situación de desastre o cuando hay peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones declaran que se trató de hechos aislados y que en la ciudad no existen bandas armadas, zonas liberadas ni estructuras mafiosas que pongan en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas. Por otro lado, aclaran que la medida tiene carácter discriminatorio ya que los efectivos de la policía fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad, ejerciendo sus funciones a través de procedimientos irregulares y malos tratos. Este escrito de los organismos de derechos humanos amplió los argumentos de una Acción de Amparo, presentada una semana antes, que solicita medidas cautelares y declaración de inconstitucionalidad de la resolución municipal, del decreto provincial y de la resolución del Ministerio del Interior de la Nación que dispone la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en operativos conjuntos propuestos por la provincia de Río Negro. La medida implementada viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional y se enmarca en el proceso de criminalización de la pobreza que se está dando en otras regiones del país.
La mayor parte de los conflictos que se dan en la Patagonia están relacionados con los ricos recursos naturales que posee la región e implican violaciones a los derechos humanos, tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales que habitan la región desde largo tiempo atrás y han convivido con la naturaleza respetando los elementos que la conforman, a sabiendas de que sólo así podrán seguir teniendo una relación de reciprocidad con la misma. Los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros han puesto su mirada ambiciosa sobre esas tierras y recursos naturales y las comunidades que allí habitan se constituyen en un obstáculo para su apropiación y explotación. Esa es la razón por la cual llevan a cabo todas las estrategias necesarias para eliminar ese obstáculo, utilizando la protección y la asociación con los poderes políticos que, como parte del negocio, no dudan en usar la represión abierta o a hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades perjudicadas y que, por lo mismo, se sientan a negociar el futuro de la naturaleza y de los seres humanos con quienes les ofrezcan el mejor negocio o la mejor tajada.
Contacto:
El Bolsón:
Vecinos autoconvocados de la
Comarca Andina del Paralelo 42
[email protected]
Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza.
02945-15692319
[email protected]
[email protected]
Comunidad Mapuche Paichil Antreao, Villa la Angostura:
Mirta 15637179

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

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Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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