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La expansión de la minería tóxica y sus consecuencias. Caso testigo: la mina de oro de Andalgalá, Catamarca

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Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Desde hace diez años allí funciona una de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes del lugar aseguran que el emprendimiento no trajo ningún bienestar, denuncian contaminación y un Estado cómplice. La empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para evitar la instalación de otro yacimiento, que será el más importante de América y multiplicaría los problemas.
Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, guber-namentales y judiciales del noroeste argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero el mayor desastre –advierten– comenzaría en breve: una nueva mina, tres veces más grande, aún más cerca del pueblo y en las cumbres que proveen agua a toda la región. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que será el tiro de gracia para el pueblo. Por ello, piden un plebiscito al estilo Esquel.
Los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá son docentes, jubilados, comerciantes, obreros de la construcción y amas de casa que aprendieron de fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales y bene-ficios impositivos que gozan las compañías. «Es David y Goliat», resumen desde una de las provincias más pobres del país. Enfrente ubican a las multinacionales mineras más importante del mundo: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5); al Estado en sus tres niveles –municipal, provincial y nacional– y una comunidad dividida en torno a la empresa: familias desmem-bradas, hermanos que no se hablan, amigos de toda la vida hoy distanciados, comerciantes que perdieron clientes por oponerse a la minería, vecinos que ni se miran. Un pueblo donde la minera, como la polémica, afecta a todos.
Memoria del saqueo
Octubre de 1994. Cine-Teatro Catama-rca, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle. El gobernador Arnoldo Castillo; el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; el ex presidente Carlos Menem y un ejecutivo, alto, rubio y asistido por traductora, anunciaron el lanzamiento de las obras de infraes- tructura del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera, ante un centenar de funcio-narios y empresarios eufóricos. «Hoy comienza el despegue, el día soñado para esta provincia tan postergada», dijo con lágrimas el anciano gobernador. Menem, de prolijísimo traje azul, no fue menos: «Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro». El ejecutivo de la multinacional, asistido por una traductora, agradeció: «Nuestra inversión se da gracias a las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno, sin él no podríamos haber iniciado esta obra».
Tres años después, el 31 de octubre de 1997, Carlos Menem voló con todo su gabinete a Andalgalá para inaugurar la etapa de extracción. Fiel a su estilo, fue protagonista activo de la primera explo-sión en la montaña y de la primera molienda. Luego sobrevino el fastuoso lunch en las instalaciones de la misma mina, a 2600 metros, en la exclusiva ciudad en las alturas para los profe-sionales y trabajadores de la multinacional.
Andalgalá fue fundada un 12 de julio, hace 347 años, y siempre había estado presente el buen recuerdo de la minería. A fines del siglo XIX, y hasta principios del XX, fue una región que conoció el bienestar al abrigo de la extracción de mineral con el sistema de galerías, en pequeña escala, con enorme demanda de mano de obra, pico y pala como herramientas, lomo de burro para el transporte. Fueron años de desarrollo, cuando Catamarca se erigía como sinónimo de crecimiento; momentos grabados en las memorias familiares, transmitidos a hijos y nietos. De ahí el germen de la bienvenida y alegría por la llegada de una empresa minera. «Pero esta vez la extracción sería diferente y los beneficios repartidos en forma diferente al siglo pasado», lamentó Roberto Cecenarro, uno de los primeros opositores a Alumbrera y pionero en ad-vertir que la luna de miel entre pobla-dores y empresa duraría poco.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales nuevos. Los Autoconvocados lo desmienten: dicen que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto todos «profesionales foráneos». El intendente, aliado de la empresa, habla de cifras menores: «Se solía decir que iba haber mil, dos mil, tres mil puestos de trabajo, pero no hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos».
Aída Orellana, una mujer delgada, rubia, histriónica y de hablar firme, había creído, como todos sus vecinos, en las promesas. Invirtió todo lo que tenía, y más, para construir un pequeño hotel. Creyó que la ciudad crecería, que Alumbrera le daría huéspedes y prosperidad. Pero los cuartos rara vez alojaron visitantes. Cuando se dio cuenta del engaño comenzó su militancia contra la minera. «Fue todo una gran estafa y encima nos envenenan», dice una y otra vez meneando la cabeza. Tanto se comprometió con la lucha que terminó distanciada con toda la familia, que aún hoy la sigue culpando por la ausencia de clientes. Alumbrera reconoce que al yacimiento le quedan diez años de vida y aún hoy sigue resaltando que el emprendimiento «es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para la Argentina y en especial para las comunidades próximas a sus instala-ciones». «Prometía desarrollo del lugar, comprar a proveedores locales; pero lo cierto es que de acá no compran ni el tomate o la lechuga para las ensaladas», refuta Orellana.
La Mina de oro y cobre
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), pero cedieron la explotación a las multinacionales. Funciona a 40 kiló-metros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre mon-tañas y alambrados olímpicos.
Muy pocos pueden ingresar al yaci-miento, que trabaja día y noche y donde una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enor-mes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, nos palas, nos hay pepitas de oro y, ni siquiera, hay mineros.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explo-sivos que se requiere por año en toda la Argentina. No es casualidad que nubes de polvo llueven tierra en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
«Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales de la minería. Estos drenajes ocurren cuan-do los minerales que contienen sulfuros presenten en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiéndose en ácido sulfú-rico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en la roca y en los residuos o colas hacia el agua superficial y subterránea. Producen una contaminación grave. Los drenajes áci-dos ocurren naturalmente, pero son sig-nificativamente magnificados como con-secuencia de la minería. Además, estos drenajes pueden viajar largas distancias río abajo», explican desde Greenpeace.
Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo (con 190 mil toneladas anuales) y entre los 15 de oro (con 23 mil toneladas). «Minera Alumbrera es el mayor consumidor eléctrico individual de Argentina», cuenta la misma empresa en su página de internet. Cuenta con hoteles para empleados y visitantes, 500 habitaciones, comedor, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado «dique de colas». El pro-ducto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucu-mán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el «Tren Alumbrera» (la empresa cuenta con cuatro locomotoras y 182 vagones propios) transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja rumbo al exterior, donde será refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. «Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de trans-porte, fletes, seguro, molienda, comercia-lización, administración, fundición y refi-nación. De esta forma, las monumen-tales obras las paga el Estado», explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también acusan la contaminación desde la vecina Catamarca.
Diez años después: las acusaciones
El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por conta-minación. El juez federal de Santiago del Estero Felipe Terán investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del minera-loducuto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre la contaminación del aire, radia-ciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impul-sadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
El titular de la empresa, Julián Rooney, respondió a las acusaciones: «No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales.»
Los Autoconvocados exigen desde hace años estudios «independientes» de tierra y agua. Pero las únicas respuestas que obtienen son análisis a cargo de la misma empresa o esporádicos y selec-tivos relevamientos de la provincia. Descreen de esos estudios porque sindican a la empresa como cómplice de la empresa. «Alumbrera le significa al gobierno provincial el 70 por ciento de los ingresos fiscales. Conociendo a nuestra clase dirigente ¿usted cree que denunciarán a sus sostenedores económicos», advierte Omar Ramos, vecino de lugar.
«Los especialistas recomiendan hacer seguimientos, estudios permanentes, de meses. Ellos no hacen nada de eso. Para que te des una idea: los estudios de tierra y aguas no los controla nadie: la empresa selecciona las muestras, las lleva ella misma al laboratorio y ella misma le informa a los órganos de control cuáles fueron los resultados», denuncian los Autoconvocados.
Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño. «El problema podrá agravarse al cierre de la mina. Filtra al río Vis Vis y el destino final de toda la contaminación será la reserva de agua dulce más importante de la región. Ya hay mortandad de animales en la zona de impacto ecológico de la minera. Ellos dicen que no contaminan, pero es evidente que algo hay», afirmó el especialista.
El presidente de Alumbrera afirmó que «el estudio del ingeniero Nieva toma en cuenta datos parciales y realiza extra-polaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente ocurre, por lo tanto carece de fundamento técnico. En nuestra página web puede encontrarse un trabajo con los argu-mentos que explican porqué son inexactas las conclusiones a las que arriba el ingeniero Nieva».
Desde Greenpeace aseguran que «es evidente que las actividades mineras frecuentemente producen beneficios eco-nómicos a corto plazo a las comuni-dades. Pero también producen impactos ambientales y de salud a largo plazo que las compañías mineras frecuentemente evitan pagar».
Sin embargo, en declaraciones al diario La Gaceta, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral –que rechazó hablar con este diario–, sorprendió a los tucumanos y catamarqueños al negar que exista un problema ambiental ligado a la actividad minera y aseguró que «algunos, con picardía, pretenden gene-rar incertidumbre». La Federación de Organizaciones Ambientalistas de Tucu-mán no tardó en contestarle: «No puede ser que el funcionario desconozca que la actividad desarrollada por la firma no tan sólo mereció la condena de la comu-nidad, sino que, además, su principal directivo está imputado por presunta contaminación, por la Justicia Federal», coincidieron los representantes de la entidad, Pedro Ottonello y Juan Manuel Prado Iratchet.
En los valles calchaquíes, la Intersec- torial de Tafí del Valle -que reúne a las organizaciones sociales del lugar- se declaró por el «no a la minería metalífera por los graves impactos ambientales que provoca en la comunidad», aseguró Marcos Pastrana, referente de la Inter-sectorial, quién recordó que con las torres del electroducto se invadió espacios sagrados indígenas. Exigen que la zona de los valles tucumanos sea declarada «área protegida».
El boca a boca en Andalgalá muestra que las enfermedades gastrointestinales se multiplicaron, pero ni el hospital local ni ningún estamento gubernamental dan cuenta de estudio alguno. Una sola vez, en 2003, se conocieron estadísticas del hospital local: confirmaron que, desde la instalación de la mina y hasta 2003, las enfermedades respiratorias en niños había aumentado de 1374 a 2244. Todos señalaron como responsable a la mina. Nunca más fueron difundidas datos de salud del lugar.
«El proyecto fue diseñado siguiendo los estándares ambientales equivalentes a los requeridos por los países líderes en producción de cobre y oro, y los linea-mientos establecidos por el Banco Mundial», explica Alumbrera en su carpeta de presentación.
Agua, divino tesoro
El agua es el oro del futuro, advierten diversos sectores que hasta aseguran que las guerras serán por ese recurso natural. En Catamarca «el líquido no falta, pero tampoco sobra a lo bruto», sonríe Urbano Cardozo, el jubilado militante. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. «Mejor no hacen la cuenta de cuanta agua al día se va con ese oro», ironiza Blanca Rado, docente jubilada y estudiosa de lo que acarrea la minería a gran escala. Alumbrera cuenta con seis pozos perforados a profundidad, de donde chupa el agua subterránea durante las 24 horas.
La canadiense Northern Orion (accio- nista de Alumbrera) comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Bajo Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del pueblo, en la cima de las montañas ubicadas frente al centro de la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. «El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil», reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida útil de 30 años.
Los Vecinos Autoconvocados remarcan que, además de la misma contaminación que acarrea Alumbrera, de esa montaña nacen los tres ríos -el Blanco, Candado y el Minas-, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo.
El agua utilizada, es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. De ponerse en marcha la nueva explotación la cantidad de agua utilizada será el triple. El nuevo emprendimiento minero se llama, para-dójicamente o por humor negro, «Agua rica». Ironía del destino, la mina tomará tres veces más de un agua.
En 2004, Minera Alumbrera facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. Tomando en cuenta los últimos cuatro trimestres (los dos últimos de 2004 y los dos primeros de 2005) Alumbrera pagó, en concepto de regalías, 51 millones de pesos. Es el 2,5 de su facturación total.
Según la propia empresa, en su publi-cación «Suplemento comunitario Minera Alumbrera y la comunidad», se acaba de pagar al municipio de Andalgalá en concepto de regalías mineras: 14 millones de pesos. Lo que representa el 0.7 por ciento del oro y el cobre que en el último año se extrajo de las montañas catamarqueñas.
La diputada Marta Maffei visitó el año pasado la zona y repitió un dato: «Las diez grandes mineras se llevarán del país minerales por 25.000 millones de dólares, de los cuales sólo 380 millones quedarán en el país».
Es que el dinero que las mineras se llevan no tiene retención a las expor-taciones (como si pagan, por ejemplo, los productos agropecuarios).
Los Autoconvocados impulsan un plebis-cito vinculante para antes de fin de año, pero saben que es un arma de doble filo. En caso de llegar a esa instancia, la gran incógnita es saber qué pasará.
Argentina, la niña mimada de la minería global
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Jáchal, en San Juan, el durante. Andalgalá, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo tres del medio centenar de empren-dimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empre-sariado por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro. Estado de situación de una polémica silenciada.
Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos oficiales de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (Sicym), en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobadas las nuevas legislaciones mineras, el cambio fue drástico: en 1999, fue de 705 millones.; en 2001 de 754 millones, en 2002 de 990; 2003, 1.100; y las proyecciones para 2006 son de 1.466 millones.
Según los mismos datos oficiales: los minerales metaliferos como el oro, la plata y el cobre representan las dos terceras partes del volumen exportado de lo denominado «boom minero». «Es que las leyes del menemato son seductoras: ambientales e imposi-tivamente son altamente beneficiosas para las empresas», explica Marcos Pastrana, de Tafí del Valle.
El legislador Carlos Tinnirello, espe-cializado en el tema, aseguró que «las empresas mineras recién inician la invasión en el país, pero las proyec-ciones de las mismas empresas indican que nos espera una gran invasión de empresas. Y, desde ya, nunca se pueden desarrollar este tipo de empren-dimientos sin compromisos políticos de los gobernadores y del ejecutivo nacional, que escuchan mucho a las mineras pero muy poco a las pobla-ciones que alertan sobre los riesgos, sobre todo las vertientes de aguas que se comprometen».
«Las mineras manejan los medios, las municipalidades, las provincias, a los funcionarios aún más altos. Ejercen hostigamiento sobre las poblaciones que se oponen y engañan prometiendo un bienestar que nunca llegará. En tanto, los poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales están a disposición de las empresas, que siempre tienen a mano artilugios políticos y legales para conseguir sus fines. Hay que tomar conciencia que se trata del saqueo de los recursos naturales del país», denunció Tinnirello.
En el lujoso hotel de Toronto, Canadá, donde se desarrolló el Congreso Mun-dial de Minería, todos los especialistas prominería fijaran sus ojos en Argentina y la catalogaron como «la niña mimada» del sector. Remarcaron que la vedette del momento cuenta con 5.000 kilómetros de cordillera, un 75 por ciento de sus recursos inexploradas y una regalarías de sólo el tres por ciento. Multinacionales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Europa señalaron a Argentina como la región a invertir y a Latinoamérica como del destino de la década. No dejan de fijar las ventajas de legislación vigente. En el shopping minero internacional estu-vieron, junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, gobernadores y autoridades mineras de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz.
Luego de la feria minera, el secretario de Minería viajó a Washington para man-tener un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quién impulsa la minería como «desarrollo para toda la región». «Por solicitud del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, Mayoral se reunió con Iglesias a fin de evaluar planes de apoyo para impulsar la actividad minera de Argentina y fomentar el desarrollo sustentable de la pequeña, mediana y gran minería», informó la gacetilla de prensa oficial de la Secretaría.
En ese congreso, la minera estatal YMAD –propietaria del Yacimiento Alumbrera– ofreció a compañías internacionales un conjunto de «áreas ricas en cobre, oro, plata y molibdeno, de Catamarca». En una reseña comercial titulada «YMAD, A Great Opportunity (La Gran Oportunidad)», la empresa explicó a los ejecutivos de las multinacionales: «Se han alumbrado nuevas reservas y se ha desarrollado un ambicioso plan de perforaciones. Hay un área con estructuras de oro, plata y manganeso».
El Plan Bianual 2004-2005 de la Secretaría de Minería nacional insiste con que Argentina cuenta con opor-tunidades mayores que otras regiones por el «replanteo de marcos tributarios y jurídicos» con los que cuenta (las leyes de la década del 90).
Desde la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) publicitan que el sector exporta casi tanto como el trigo. Pero las diferencias radicales son tres: el agro, a pesar de su industrialización, emplea mucha mayor mano de obra; tiene retenciones a las exportaciones (por cada tonelada que sale, un porcentaje queda en el país) y, sobre todo, la tierra sufre una degradación, pero que puede ser tratada; mientras que los minerales son un recurso no renovable: lo que se va, no vuelve. Resulta una zona impro-ductiva, empobrecida -ya sin su riqueza mineral- y contaminada.
Una legislación a medida
«Las leyes mineras son beneficiosas, al extremo para las empresas», resumen desde la Red de Comunidades Afec-tadas por la Minería, que nuclea a habitantes de San Juan, Chubut, Córdo-ba, Tucumán, Río Negro y Catamarca. SI bien corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos, éstas (dueña del mineral) no pueden cobrar más del tres por ciento del precio internacional de venta de los metales. Pero a ese tres por ciento las compañías deducen los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. «Las multinacionales no tienen reten-ciones a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos de ingresos brutos, ni a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos, ni tasas para la importación; deducen gastos al doble a los fines del impuesto a las ganancias, en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias ni ingresos brutos. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias», explican desde la Red de Comunidades. Además, gozan de estabilidad fiscal por 30 años. Esto es: cualquier modificación – por ejemplo: el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos- no los afecta. Eufemís- ticamente lo llaman: «régimen minero confiable».
Contacto:
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá Edgardo Salas 03835-1552-0051 – ditosalas@yahoo.com.ar
Mariana Bettanin 02944-429-441 – mariana@cedha.org.ar
Dario Aranda
darioaranda@yahoo.com.ar

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Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

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Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

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El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

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Nota

30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

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Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

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