«La Masacre de Wilde reúne impunidad y brutalidad policial, negocios oscuros con delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial», sostiene el periodista Alejandro Córdoba, quién en su investigación rastrea «la historia secreta» de la conexión entre el emblemático caso de gatillo fácil y el atentado a la AMIA. El resultado de este trabajo es La Patota, un libro editado en forma independiente, que desde el título alude a los grupos policiales de calle, cuya función consistía en recaudar ilegalmente para sus superiores. En el caso de la Brigada de Lanús, responsable de las ejecuciones, al mando se encontraba Juan José Ribelli, quién en uno de sus «cotidianos aprietes a delincuentes» consiguió la Trafic con la cual se volaría la mutual judía.

«La Masacre de Wilde reúne impunidad y brutalidad policial, negocios oscuros con delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial», sostiene el periodista Alejandro Córdoba, quién en su investigación rastrea «la historia secreta» de la conexión entre el emblemático caso de gatillo fácil y el atentado a la AMIA. De los cuatro asesinatos que provocó «la cacería» de enero del 94, para la Justicia tres de las muertes -dos delincuentes y un remisero- están justificadas. La restante, un librero de la zona, es responsabilidad del cabo Marcos Ariel Rodríguez, convenientemente prófugo desde esa época. «Así se pagan las cosas cuando salen mal», afirma el autor, quién cubrió ese tipo de hechos para la sección Policiales del diario La Unión durante años. La Patota, editada en forma independiente, toma su nombre de los grupos operativos de calle, cuya función consistía en recaudar ilegalmente para sus superiores. En el caso de la Brigada de Lanús, responsable de las ejecuciones, al mando se encontraba Juan José Ribelli, quién en uno de sus «cotidianos aprietes a delincuentes» consiguió la Trafic con la cual se volaría la mutual judía. Entrevistado por lavaca, Córdoba advierte que falta poco para que la causa prescriba y se garantice la impunidad. A su vez, señala que los políticos «le tienen miedo» a la Policía Bonaerense porque son «ellos los que tienen las armas y conocen sus movimientos», mientras se permite desconfiar de las «supuestas olas de inseguridad».

¿En qué consistió la Masacre de Wilde?

El 10 de enero de 1994, en Wilde, sobre la avenida Franco, un grupo de aproximadamente 15 policías -dicen ellos en tareas de vigilancia sobre salideras de bancos, en una zona donde no los hay- empiezan a seguir un Peugeot 505 que les parecía sospechoso. El auto lo manejaba Norberto Corbo, remisero, y trasportaba a dos delincuentes de poca monta, con entradas por temas de narcotráfico, que sí eran conocidos del personal de la Brigada de Lanús: Enrique Héctor Bielsa y Mendoza. En un momento comienzan a tirar de los cuatro autos policiales y, luego de cuatro cuadras, el remis choca, mientras los efectivos continúan disparando. Terminan matando a las tres personas. Paralelamente, son avisados que, también sobre la avenida Franco, venía otro auto, un Dodge 1500 en actitud sospechosa que nunca terminan de definir. Los persiguen, y en un momento determinado, cuando parecía que todo iba a terminar como la persecución anterior, se les cruza un camión. El auto dobla, los policías también, y se encuentran con un Peugeot 505, amarillo, muy similar al vehículo original, donde iban dos libreros. Finalmente, luego de tres cuadras, a causa de los disparos policiales, uno muere (Edgardo Cicutín) y el otro se salva milagrosamente (Claudio Díaz). A las pocas cuadras de allí, finalmente detienen al auto que perseguían originalmente, donde iban otros delincuentes y donde encuentran armas.

¿Los vehículos, que «despiertan sospechas» en los policías, viajaban juntos?

Los dos autos, quedó comprobado en la causa, salen de Santos Lugares. Evidentemente fue una cacería, los estaban esperando. La hipótesis del CELS y de Human Rights Watch sobre el caso, el por qué de la saña, tendría que ver con una presunta «mejicaneada» de dinero en el tema drogas. Por testimonios, era conocido que Bielsa tenía relaciones con la Brigada de Lanús en ese negocio.

La conexión es muy clara, los estaban esperando. Lo que pasa es que los policías lo que nunca terminan diciendo es qué estaban esperando. Lo van diciendo otras personas conocidas de Bielsa. Carlos Ancharte, un delincuente que era también buchón de la Fuerza, cae detenido y dice que Bielsa vendía droga para ellos. Esto, en boca de un buchón, puede ser verdad o puede ser mentira. Lo cierto es que es un dato más que reafirma la sospecha, los policías no hicieron toda esa movida gratis. Lo más fuerte de esto es el apoyo con que contaron después. A tal punto, que el secretario de Seguridad por entonces, Alberto Piotti, visitó a la jueza Silvia González, mostrando cierta preocupación por los detenidos. Hay que recordar que fue el caso de gatillo fácil que más detenidos concentró. Ambos mantuvieron un fuerte entredicho y, de hecho, González dejó asentada en la causa la visita, algo que habitualmente no se hace.

¿Cuáles son las primeras repercusiones del caso?

El primer día sale a la luz como un típico enfrentamiento entre policías y delincuentes. Enterada la jueza Silvia González del hecho, le pide a los policías que no muevan nada pero ellos trasladan en el mismo remis a las cuatro personas que ya estaban fallecidas a un hospital de la zona. La jueza, cuando le toma declaración al único sobreviviente, el librero Díaz, se da cuenta que ningún policía está herido-que no consta que desde el remis hayan disparada, que de las dos armas encontradas una no funcionaba, que el remisero era remisero y no delincuente- procesa y después dicta la prisión para doce integrantes de la Brigada. Los policías son detenidos dos días después y al tercero, cuando al siguiente iban a ser sometidos a indagatoria, extrañamente uno de los implicados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, se fuga. La jueza admite el error de dejarlos detenidos en la propia Brigada y los traslada. Todos los que declaran al día siguiente le echan la culpa al prófugo. Lo que dicen era calcado, que Rodríguez estaba sacado y disparaba sin parar, que se bajó del patrullero y los corrió a pie. Nunca se supo nada más de él.

¿Existe alguna hipótesis sobre su desaparición?

Las hipótesis van desde que lo mataron, que trabajó para algunos comisarios de la Bonaerense haciendo tareas sucias y también en la custodia de algunos políticos de bajo rango. Lo cierto, es que nunca más se supo nada.

¿Dónde nace la conexión entre la Masacre de Wilde y el atentado a la AMIA?

En el momento en que quedan detenidos los policías, los operativos, llamados así por ser los que recaudaban en la calle. Por entonces, Juan José Ribelli era el Jefe de Operaciones de la Brigada de Lanús. La masacre ocurre en enero de 1994 y el atentado es el 18 de julio de ese mismo año. A partir de las detenciones, lo dicen los policías en la causa AMIA, empiezan a realizarse colectas entre los propios uniformados para solventar los gastos de la defensa de los compañeros y para sus familias, práctica que es habitual cuando uno de ellos queda detenido, ya que no cobra el sueldo. Ribelli se empieza a desesperar porque había una caja que se tenía que mantener y se venía cayendo. Por eso, comienza a apretar a viejos buchones, conocidos suyos, que sabía que podía detener -a partir de estos aprietes se armó la causa «Brigadas» que la tuvo primero González y ahora Juan José Galeano- y una serie terrible de extorsiones a comerciantes de la zona. Tales como detenerlos en la calle por nada y pedirles 5.000 pesos bajo presión de inventarles una causa. Personas que terminaban cediendo por miedo a quedar pegadas en un homicidio.

¿Cuál era la finalidad de esas recaudaciones ilegales?

La finalidad era solventar los gastos de los abogados. La otra hipótesis nunca comprobada pero sí denuncia ante la Suprema Corte, que después la descartó, era que el dinero era para pagar una coima a los camaristas y a quién después fue el juez de instrucción Rafael Villamayor. Fue una cuestión que quedó en la nebulosa pero que a partir de escuchas telefónicas siempre permaneció como una sospecha muy fuerte. Lo cierto es que las colectas se hicieron, se pagó a los abogados y a los familiares. En esta desesperación por apretar buchones y comerciantes, Ribelli termina deteniendo, de una manera torpe, a Carlos Telleldín, de quién obtiene la famosa Trafic, un Falcón, una moto y 30.000 dólares para quedar en libertad. Esa Trafic es la que termina haciendo explotar la AMIA. La relación no se da de forma directa pero sí conectados por este mismo personaje que es Ribelli, que aparece como detrás de la Masacre de Wilde, como detrás del atentado.

¿Cómo está judicialmente la causa?

Para la Justicia, el primer hecho se trató de un enfrentamiento. No tiene dudas. Encima eran dos delincuentes, están justificadas las muertes. Para el segundo, la Justicia avala la versión de los policías que señalan a Marcos Rodríguez. Como evidentemente Rodríguez ya no estaba, quedaron todos en libertad en noviembre de 1994. La causa continuó, cambió por una cuestión procesal de juez de Instrucción y terminó en Villamayor. Desde que son liberados y la causa se va del juzgado de González, el criterio es el mismo: un hecho está justificado por ser un enfrentamiento y en el otro el único responsable es el prófugo. Incluso, y por eso la causa todavía se mantiene, en 1999 una pericia al auto de Edgardo Cicutín determina que se dispararon desde tres bocas de fuego diferente. Esto hace que el abogado de la familia, ya que están todos los policías sobreseídos en la causa, pida la nulidad del sobreseimiento de dos uniformados, aparte de Rodríguez, que son Julio César Gatto y Pablo Dudek. Villamayor no le da la razón, la Cámara sí, por lo cual están trabados en esa discusión. Los pasos en la causa tardan años: las últimas medidas son tomadas en octubre del 2001, en noviembre del 2002, y así se va llevando la causa hasta el 2004, que es el momento en el que va a prescribir. Son diez años y va a prescribir con un imputado prófugo. Un abogado dice con razón que acá no hay más pruebas que aportar, las pruebas están, la clave está en como uno las lee. Como cuestión más general, la Masacre de Wilde reúne desde impunidad policial, brutalidad, zonas oscuras que tienen que ver con negocios entre policías y delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial.

¿Por qué la causa pasa del juzgado de Silvia González a Rafael Villamayor?

En noviembre de 1994, cuando la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora le otorga la libertad a los implicados la resolución también cambia. En la última resolución de González, ella vuelve a afirmar la detención de los involucrados pero sí se excusa de seguir interviniendo por una cuestión procesal. Uno de los detenidos tenía otra causa abierta en otro juzgado. Procesalmente, cuando hay una causa pendiente, el juzgado original chupa todo el expediente y por eso recae en Villamayor. A partir de ahí la causa empieza a transitar con el criterio de Cámara, que por un lado existió un enfrentamiento y por el otro fue obra de Marcos Rodríguez. En esa misma tesitura se mantuvo Villamayor. Incluso, los camaristas se han jubilado, han cambiado, son otros. La causa va y viene de Cámara al juzgado de Villamayor porque tienen distintos criterios sobre Gatto y Dudek.

¿Qué sucedió con el resto de los policías?

Algunos están en actividad, otros se han retirado de la Fuerza, otros han sido exonerados como es el caso de Gatto. Y un grupo ha ascendido, como el Sub-Comisario Roberto Mantel que es ahora es Comisario e Ismael Gómez que era inspector y hoy también Comisario. La Fuerza policial no hizo otro cosa que protegerlos en el 80 por ciento de los casos. Hubo una decisión política y corporativa de avalar la actuación de los policías. Cuando los policías van a declarar se asombran, en el caso de los que disparan sobre Cicutín, no podían creer lo que había ocurrido. Pero no podían creer no porque terminan matando a alguien sino porque en realidad no terminan matando a los que ellos querían matar. Y ese auto, el original que ellos persiguen y luego confunden, lo detienen sin disparar porque ya habían salido los vecinos a la calle y no podían hacer ningún desastre. González apuntó a que las tres personas que iban en el otro auto se quebraran. Ninguna abrió la boca porque evidentemente sabían demasiado. La figura de Ribelli metía mucho miedo. La Masacre de Wilde es el resultado de un negocio entre policías y delincuentes. Un negocio que salió mal. Alguien, entre comillas, hizo algo mal. Y las cosas se pagan así.

¿Esa lógica delictiva era extensible a toda la provincia de Buenos Aires?

La Brigada de Lanús ocupaba prácticamente todo el departamento judicial de Lomas de Zamora. Lo cual da la idea de todo el sur del Conurbano. Los focos más fuertes eran las Brigadas de investigaciones, los policías de civil. Los que hacían, entre comillas, el trabajo de inteligencia. Un trabajo del cual dependían muchos jueces. Ahí está la perversión del sistema: los jueces terminan dependiendo para esclarecer un caso de la Policía. Pero ¿qué pasa cuando hay policías en el medio?

¿De ahí surge La Patota?

Claro, La Patota surge de ahí. Los policías cuando declaran, cuando hablan del funcionamiento interno, ellos dicen: «estaba la patota de juego, la patota de la prostitución, la patota de desarmaderos». Es decir, había distintos grupos que se autodenominaban «las patotas» , dedicados a distintos rubros, a recaudar. Las investigaciones siempre se quedaron en el nivel de Brigadas. Lo que siempre se sospechó es que existía una cadena que terminaba en la Jefatura de la Policía Bonaerense, que en esa época estaba conducida por Pedro Klodczyk, que tenía todo el apoyo del gobernador Eduardo Duhalde.

Duhalde pasa de elogiar a «La mejor policía del mundo» a intentar algunas reformas en la estructura de la Bonaerense…

Es cierto. El intento más fuerte se da con León Arslanian en 1997, que fue dejado a mitad de camino porque siempre ocurre lo mismo con el tema de seguridad: se puede tener un muy buen plan pero si no se cuenta con un respaldo político suficiente en cuanto se tocan las cajas o se desplaza a algunos comisarios, empiezan a llegar las presiones políticas. O empiezan a venir estas olas de inseguridad, sospechosas olas de inseguridad que siempre se dan cerca de las elecciones. Por ejemplo, si se sigue el discurso de Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero, después de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, era muy fuerte, era la idea de revisar legajo por legajo. Ahora, han bajado los decibeles muchísimo. Es que hay miedo y esto es así. Porque los policías son los que tienen las armas y los que conocen los movimientos de los políticos, ellos son los que tienen custodia oficial. A Duhalde desde 1996 hasta 1999 le hirieron a los custodios, les robaron, tuvieron demasiadas agresiones que algunas veces pueden leerse como agresiones comunes y otras como mensajes: «así como podemos hacer con tu custodia podemos hacer con vos». Y son mensajes mafiosos. Era una buena idea la de Arslanian pero se dejó por la mitad. Lo mismo con la reforma judicial que se hizo, con la función de los fiscales. En este caso, más allá de sacarle el respaldo político a la reforma, lo que se hizo fue no dotarla de los recursos necesarios. Trasformaron todo un sistema en otro con los mismos recursos. Le sacaron la instrucción a la Policía de las causas y se las mandaron todas a los tribunales, con los mismos empleados. Y después llegó Carlos Ruckauf y lo primero que hace es pactar con ellos. Esa es una constante en los gobernadores provinciales, ese miedo de que se les desbande el Conurbano.

Ahora que mencionás otra masacre, la del Puente Pueyrredón, ¿no estuvo Alfredo Franchotti, preso por los asesinatos, vinculado a Ribelli?

Bueno, Franchotti fue un subalterno de Ribelli, lo tenía bajo sus ordenes en la División Sustracción de Automotores. En la investigación de la causa AMIA aparecen varias conversaciones entre ellos haciendo pequeños negocios. Curiosamente, los policías que reprimen ese día a los desocupados en el Puente Pueyrredón salen, encabezados por Franchotti, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, donde funcionaba la antigua Brigada de Investigaciones de Lanús.

¿Es posible subordinar políticamente a la Policía Bonaerense?

Es posible en la medida en que se haga ordenadamente y con mucho tiempo. Lamentablemente, con mucho tiempo. Esto implica cambiar la concepción de seguridad, cambiar todos los planes de formación de la escuela Bucetich, y tomar la seguridad como una política de Estado, pero no para correr rateritos sino básicamente preventiva. Eso requiere cortar con esas canillas de dinero sucio. Todos lo que han intentado hacerlo o les ha ido muy mal o han tenido señales de que sus propias vidas corrían peligro.

Lo que nos remite nuevamente a las «supuestas olas de inseguridad»

Existe una situación de inseguridad fuerte pero si vos, y esto es una decisión editorial de los medios, querés hacer una hora de noticiero policial, lo vas a poder hacer, porque hay material como hubo en los noventa y en los ochenta. Muchos secuestros tienen un tufillo a operaciones. El caso del padre de Pablo Echarri fue el más burdo, donde todos quedaron en offside, expuestos, donde todos tenían la posta. No se puede ser investigador policial en televisión gracias a un celular, estilo Mauro Viale. Algunos periodistas transmiten la idea de que en seguridad se pueden solucionar las cosas hablando por un celular o con un tipo siniestro como Naldi.