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La Patota bonaerense: de Wilde a la Amia

Publicada

hace 22 años

24/07/2003

«La Masacre de Wilde reúne impunidad y brutalidad policial, negocios oscuros con delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial», sostiene el periodista Alejandro Córdoba, quién en su investigación rastrea «la historia secreta» de la conexión entre el emblemático caso de gatillo fácil y el atentado a la AMIA. De los cuatro asesinatos que provocó «la cacería» de enero del 94, para la Justicia tres de las muertes -dos delincuentes y un remisero- están justificadas. La restante, un librero de la zona, es responsabilidad del cabo Marcos Ariel Rodríguez, convenientemente prófugo desde esa época. «Así se pagan las cosas cuando salen mal», afirma el autor, quién cubrió ese tipo de hechos para la sección Policiales del diario La Unión durante años. La Patota, editada en forma independiente, toma su nombre de los grupos operativos de calle, cuya función consistía en recaudar ilegalmente para sus superiores. En el caso de la Brigada de Lanús, responsable de las ejecuciones, al mando se encontraba Juan José Ribelli, quién en uno de sus «cotidianos aprietes a delincuentes» consiguió la Trafic con la cual se volaría la mutual judía. Entrevistado por lavaca, Córdoba advierte que falta poco para que la causa prescriba y se garantice la impunidad. A su vez, señala que los políticos «le tienen miedo» a la Policía Bonaerense porque son «ellos los que tienen las armas y conocen sus movimientos», mientras se permite desconfiar de las «supuestas olas de inseguridad».

¿En qué consistió la Masacre de Wilde?

El 10 de enero de 1994, en Wilde, sobre la avenida Franco, un grupo de aproximadamente 15 policías -dicen ellos en tareas de vigilancia sobre salideras de bancos, en una zona donde no los hay- empiezan a seguir un Peugeot 505 que les parecía sospechoso. El auto lo manejaba Norberto Corbo, remisero, y trasportaba a dos delincuentes de poca monta, con entradas por temas de narcotráfico, que sí eran conocidos del personal de la Brigada de Lanús: Enrique Héctor Bielsa y Mendoza. En un momento comienzan a tirar de los cuatro autos policiales y, luego de cuatro cuadras, el remis choca, mientras los efectivos continúan disparando. Terminan matando a las tres personas. Paralelamente, son avisados que, también sobre la avenida Franco, venía otro auto, un Dodge 1500 en actitud sospechosa que nunca terminan de definir. Los persiguen, y en un momento determinado, cuando parecía que todo iba a terminar como la persecución anterior, se les cruza un camión. El auto dobla, los policías también, y se encuentran con un Peugeot 505, amarillo, muy similar al vehículo original, donde iban dos libreros. Finalmente, luego de tres cuadras, a causa de los disparos policiales, uno muere (Edgardo Cicutín) y el otro se salva milagrosamente (Claudio Díaz). A las pocas cuadras de allí, finalmente detienen al auto que perseguían originalmente, donde iban otros delincuentes y donde encuentran armas.

¿Los vehículos, que «despiertan sospechas» en los policías, viajaban juntos?

Los dos autos, quedó comprobado en la causa, salen de Santos Lugares. Evidentemente fue una cacería, los estaban esperando. La hipótesis del CELS y de Human Rights Watch sobre el caso, el por qué de la saña, tendría que ver con una presunta «mejicaneada» de dinero en el tema drogas. Por testimonios, era conocido que Bielsa tenía relaciones con la Brigada de Lanús en ese negocio.

La conexión es muy clara, los estaban esperando. Lo que pasa es que los policías lo que nunca terminan diciendo es qué estaban esperando. Lo van diciendo otras personas conocidas de Bielsa. Carlos Ancharte, un delincuente que era también buchón de la Fuerza, cae detenido y dice que Bielsa vendía droga para ellos. Esto, en boca de un buchón, puede ser verdad o puede ser mentira. Lo cierto es que es un dato más que reafirma la sospecha, los policías no hicieron toda esa movida gratis. Lo más fuerte de esto es el apoyo con que contaron después. A tal punto, que el secretario de Seguridad por entonces, Alberto Piotti, visitó a la jueza Silvia González, mostrando cierta preocupación por los detenidos. Hay que recordar que fue el caso de gatillo fácil que más detenidos concentró. Ambos mantuvieron un fuerte entredicho y, de hecho, González dejó asentada en la causa la visita, algo que habitualmente no se hace.

¿Cuáles son las primeras repercusiones del caso?

El primer día sale a la luz como un típico enfrentamiento entre policías y delincuentes. Enterada la jueza Silvia González del hecho, le pide a los policías que no muevan nada pero ellos trasladan en el mismo remis a las cuatro personas que ya estaban fallecidas a un hospital de la zona. La jueza, cuando le toma declaración al único sobreviviente, el librero Díaz, se da cuenta que ningún policía está herido-que no consta que desde el remis hayan disparada, que de las dos armas encontradas una no funcionaba, que el remisero era remisero y no delincuente- procesa y después dicta la prisión para doce integrantes de la Brigada. Los policías son detenidos dos días después y al tercero, cuando al siguiente iban a ser sometidos a indagatoria, extrañamente uno de los implicados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, se fuga. La jueza admite el error de dejarlos detenidos en la propia Brigada y los traslada. Todos los que declaran al día siguiente le echan la culpa al prófugo. Lo que dicen era calcado, que Rodríguez estaba sacado y disparaba sin parar, que se bajó del patrullero y los corrió a pie. Nunca se supo nada más de él.

¿Existe alguna hipótesis sobre su desaparición?

Las hipótesis van desde que lo mataron, que trabajó para algunos comisarios de la Bonaerense haciendo tareas sucias y también en la custodia de algunos políticos de bajo rango. Lo cierto, es que nunca más se supo nada.

¿Dónde nace la conexión entre la Masacre de Wilde y el atentado a la AMIA?

En el momento en que quedan detenidos los policías, los operativos, llamados así por ser los que recaudaban en la calle. Por entonces, Juan José Ribelli era el Jefe de Operaciones de la Brigada de Lanús. La masacre ocurre en enero de 1994 y el atentado es el 18 de julio de ese mismo año. A partir de las detenciones, lo dicen los policías en la causa AMIA, empiezan a realizarse colectas entre los propios uniformados para solventar los gastos de la defensa de los compañeros y para sus familias, práctica que es habitual cuando uno de ellos queda detenido, ya que no cobra el sueldo. Ribelli se empieza a desesperar porque había una caja que se tenía que mantener y se venía cayendo. Por eso, comienza a apretar a viejos buchones, conocidos suyos, que sabía que podía detener -a partir de estos aprietes se armó la causa «Brigadas» que la tuvo primero González y ahora Juan José Galeano- y una serie terrible de extorsiones a comerciantes de la zona. Tales como detenerlos en la calle por nada y pedirles 5.000 pesos bajo presión de inventarles una causa. Personas que terminaban cediendo por miedo a quedar pegadas en un homicidio.

¿Cuál era la finalidad de esas recaudaciones ilegales?

La finalidad era solventar los gastos de los abogados. La otra hipótesis nunca comprobada pero sí denuncia ante la Suprema Corte, que después la descartó, era que el dinero era para pagar una coima a los camaristas y a quién después fue el juez de instrucción Rafael Villamayor. Fue una cuestión que quedó en la nebulosa pero que a partir de escuchas telefónicas siempre permaneció como una sospecha muy fuerte. Lo cierto es que las colectas se hicieron, se pagó a los abogados y a los familiares. En esta desesperación por apretar buchones y comerciantes, Ribelli termina deteniendo, de una manera torpe, a Carlos Telleldín, de quién obtiene la famosa Trafic, un Falcón, una moto y 30.000 dólares para quedar en libertad. Esa Trafic es la que termina haciendo explotar la AMIA. La relación no se da de forma directa pero sí conectados por este mismo personaje que es Ribelli, que aparece como detrás de la Masacre de Wilde, como detrás del atentado.

¿Cómo está judicialmente la causa?

Para la Justicia, el primer hecho se trató de un enfrentamiento. No tiene dudas. Encima eran dos delincuentes, están justificadas las muertes. Para el segundo, la Justicia avala la versión de los policías que señalan a Marcos Rodríguez. Como evidentemente Rodríguez ya no estaba, quedaron todos en libertad en noviembre de 1994. La causa continuó, cambió por una cuestión procesal de juez de Instrucción y terminó en Villamayor. Desde que son liberados y la causa se va del juzgado de González, el criterio es el mismo: un hecho está justificado por ser un enfrentamiento y en el otro el único responsable es el prófugo. Incluso, y por eso la causa todavía se mantiene, en 1999 una pericia al auto de Edgardo Cicutín determina que se dispararon desde tres bocas de fuego diferente. Esto hace que el abogado de la familia, ya que están todos los policías sobreseídos en la causa, pida la nulidad del sobreseimiento de dos uniformados, aparte de Rodríguez, que son Julio César Gatto y Pablo Dudek. Villamayor no le da la razón, la Cámara sí, por lo cual están trabados en esa discusión. Los pasos en la causa tardan años: las últimas medidas son tomadas en octubre del 2001, en noviembre del 2002, y así se va llevando la causa hasta el 2004, que es el momento en el que va a prescribir. Son diez años y va a prescribir con un imputado prófugo. Un abogado dice con razón que acá no hay más pruebas que aportar, las pruebas están, la clave está en como uno las lee. Como cuestión más general, la Masacre de Wilde reúne desde impunidad policial, brutalidad, zonas oscuras que tienen que ver con negocios entre policías y delincuentes, y cuestionamientos muy serios al poder judicial.

¿Por qué la causa pasa del juzgado de Silvia González a Rafael Villamayor?

En noviembre de 1994, cuando la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora le otorga la libertad a los implicados la resolución también cambia. En la última resolución de González, ella vuelve a afirmar la detención de los involucrados pero sí se excusa de seguir interviniendo por una cuestión procesal. Uno de los detenidos tenía otra causa abierta en otro juzgado. Procesalmente, cuando hay una causa pendiente, el juzgado original chupa todo el expediente y por eso recae en Villamayor. A partir de ahí la causa empieza a transitar con el criterio de Cámara, que por un lado existió un enfrentamiento y por el otro fue obra de Marcos Rodríguez. En esa misma tesitura se mantuvo Villamayor. Incluso, los camaristas se han jubilado, han cambiado, son otros. La causa va y viene de Cámara al juzgado de Villamayor porque tienen distintos criterios sobre Gatto y Dudek.

¿Qué sucedió con el resto de los policías?

Algunos están en actividad, otros se han retirado de la Fuerza, otros han sido exonerados como es el caso de Gatto. Y un grupo ha ascendido, como el Sub-Comisario Roberto Mantel que es ahora es Comisario e Ismael Gómez que era inspector y hoy también Comisario. La Fuerza policial no hizo otro cosa que protegerlos en el 80 por ciento de los casos. Hubo una decisión política y corporativa de avalar la actuación de los policías. Cuando los policías van a declarar se asombran, en el caso de los que disparan sobre Cicutín, no podían creer lo que había ocurrido. Pero no podían creer no porque terminan matando a alguien sino porque en realidad no terminan matando a los que ellos querían matar. Y ese auto, el original que ellos persiguen y luego confunden, lo detienen sin disparar porque ya habían salido los vecinos a la calle y no podían hacer ningún desastre. González apuntó a que las tres personas que iban en el otro auto se quebraran. Ninguna abrió la boca porque evidentemente sabían demasiado. La figura de Ribelli metía mucho miedo. La Masacre de Wilde es el resultado de un negocio entre policías y delincuentes. Un negocio que salió mal. Alguien, entre comillas, hizo algo mal. Y las cosas se pagan así.

¿Esa lógica delictiva era extensible a toda la provincia de Buenos Aires?

La Brigada de Lanús ocupaba prácticamente todo el departamento judicial de Lomas de Zamora. Lo cual da la idea de todo el sur del Conurbano. Los focos más fuertes eran las Brigadas de investigaciones, los policías de civil. Los que hacían, entre comillas, el trabajo de inteligencia. Un trabajo del cual dependían muchos jueces. Ahí está la perversión del sistema: los jueces terminan dependiendo para esclarecer un caso de la Policía. Pero ¿qué pasa cuando hay policías en el medio?

¿De ahí surge La Patota?

Claro, La Patota surge de ahí. Los policías cuando declaran, cuando hablan del funcionamiento interno, ellos dicen: «estaba la patota de juego, la patota de la prostitución, la patota de desarmaderos». Es decir, había distintos grupos que se autodenominaban «las patotas» , dedicados a distintos rubros, a recaudar. Las investigaciones siempre se quedaron en el nivel de Brigadas. Lo que siempre se sospechó es que existía una cadena que terminaba en la Jefatura de la Policía Bonaerense, que en esa época estaba conducida por Pedro Klodczyk, que tenía todo el apoyo del gobernador Eduardo Duhalde.

Duhalde pasa de elogiar a «La mejor policía del mundo» a intentar algunas reformas en la estructura de la Bonaerense…

Es cierto. El intento más fuerte se da con León Arslanian en 1997, que fue dejado a mitad de camino porque siempre ocurre lo mismo con el tema de seguridad: se puede tener un muy buen plan pero si no se cuenta con un respaldo político suficiente en cuanto se tocan las cajas o se desplaza a algunos comisarios, empiezan a llegar las presiones políticas. O empiezan a venir estas olas de inseguridad, sospechosas olas de inseguridad que siempre se dan cerca de las elecciones. Por ejemplo, si se sigue el discurso de Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero, después de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, era muy fuerte, era la idea de revisar legajo por legajo. Ahora, han bajado los decibeles muchísimo. Es que hay miedo y esto es así. Porque los policías son los que tienen las armas y los que conocen los movimientos de los políticos, ellos son los que tienen custodia oficial. A Duhalde desde 1996 hasta 1999 le hirieron a los custodios, les robaron, tuvieron demasiadas agresiones que algunas veces pueden leerse como agresiones comunes y otras como mensajes: «así como podemos hacer con tu custodia podemos hacer con vos». Y son mensajes mafiosos. Era una buena idea la de Arslanian pero se dejó por la mitad. Lo mismo con la reforma judicial que se hizo, con la función de los fiscales. En este caso, más allá de sacarle el respaldo político a la reforma, lo que se hizo fue no dotarla de los recursos necesarios. Trasformaron todo un sistema en otro con los mismos recursos. Le sacaron la instrucción a la Policía de las causas y se las mandaron todas a los tribunales, con los mismos empleados. Y después llegó Carlos Ruckauf y lo primero que hace es pactar con ellos. Esa es una constante en los gobernadores provinciales, ese miedo de que se les desbande el Conurbano.

Ahora que mencionás otra masacre, la del Puente Pueyrredón, ¿no estuvo Alfredo Franchotti, preso por los asesinatos, vinculado a Ribelli?

Bueno, Franchotti fue un subalterno de Ribelli, lo tenía bajo sus ordenes en la División Sustracción de Automotores. En la investigación de la causa AMIA aparecen varias conversaciones entre ellos haciendo pequeños negocios. Curiosamente, los policías que reprimen ese día a los desocupados en el Puente Pueyrredón salen, encabezados por Franchotti, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, donde funcionaba la antigua Brigada de Investigaciones de Lanús.

¿Es posible subordinar políticamente a la Policía Bonaerense?

Es posible en la medida en que se haga ordenadamente y con mucho tiempo. Lamentablemente, con mucho tiempo. Esto implica cambiar la concepción de seguridad, cambiar todos los planes de formación de la escuela Bucetich, y tomar la seguridad como una política de Estado, pero no para correr rateritos sino básicamente preventiva. Eso requiere cortar con esas canillas de dinero sucio. Todos lo que han intentado hacerlo o les ha ido muy mal o han tenido señales de que sus propias vidas corrían peligro.

Lo que nos remite nuevamente a las «supuestas olas de inseguridad»

Existe una situación de inseguridad fuerte pero si vos, y esto es una decisión editorial de los medios, querés hacer una hora de noticiero policial, lo vas a poder hacer, porque hay material como hubo en los noventa y en los ochenta. Muchos secuestros tienen un tufillo a operaciones. El caso del padre de Pablo Echarri fue el más burdo, donde todos quedaron en offside, expuestos, donde todos tenían la posta. No se puede ser investigador policial en televisión gracias a un celular, estilo Mauro Viale. Algunos periodistas transmiten la idea de que en seguridad se pueden solucionar las cosas hablando por un celular o con un tipo siniestro como Naldi.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 4 días

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

Publicada

hace 2 semanas

09/10/2025

Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza — Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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Nota

9 años sin Lucía Pérez

Publicada

hace 2 semanas

09/10/2025

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”