#NiUnaMás
Las migrantes dominicanas rompen el silencio: un crimen sin justicia
Yaniris cuenta su historia de dolor sin dolor. Con voz segura, con frases breves, con las manos apoyadas en sus muslos largos y con la mirada fija en quien quiera escucharla. Lo que está diciendo es insoportable, pero ella lo tolera con una dignidad imperturbable. Sin lágrimas, sin quejas. Sabe que está enfrentándose a todo lo que siempre temió y, quizá por eso mismo, transmite esa convicción de quien no tiene otra salida que la de avanzar, desafiante. “Nosotros somos muy cerrados. Sufrimos las cosas por dentro y no las hablamos, que es lo que yo decidí no hacer más. Yo tengo que hablar. No me interesa ni lo que piensen los demás ni el miedo. Ya no. Lo único que me interesa es que se haga justicia y que nos apoyen, porque sola y callada no voy a obtener ningún resultado”. El resultado que busca Yaniris es justicia. Su hermana Santa fue asesinada. Y ese crimen es el que rompe, por primera vez, la mordaza que somete a tantas mujeres migrantes dominicanas.
La ruta de la esclavitud
¿Por dónde comenzar a contar esta historia, si la impunidad y la violencia la desgarra completa, sin piedad? Pongamos que todo se inició un 10 de febrero del año 2000, cuando Yaniris llegó a Argentina, desde su Santiago natal. “Mi prima hermana estaba trabajando en Necochea y cuando nos vino a visitar, la vi tan bien que me inspiró. Allá no hay opciones. Hay mucha gente trabajando en la zona franca, haciendo ropa, cosiendo botones. Mi mamá trabajaba en eso. Mi papá era agricultor. Ellos se habían separado. Éramos cinco hermanos, yo soy la mayor y había quedado embarazada. Había noches que nos acostábamos sin comer. Mi madre me apoyó, pero mi padre no quería. Tuvimos que hipotecar la casa para pagarle al hombre que hizo todos los trámites. Acá me estaban esperando en el aeropuerto. Me llevaron directo al boliche y ahí me explicaron lo que tenía que hacer.”
-¿Vos no sabías?
-En el momento, no. Me habían dicho que podía conseguir cualquier tipo de trabajo. De niña trabajé en casa de familia. Pensé que aquí podía hacer lo mismo. Pero era mentira.
-¿No pudiste decir que no?
-Es que tenés miedo, no conocés el país ni el lugar dónde estás. No te dejan sola nunca. Te acompañan hasta al supermercado.
-¿Dónde quedaba el boliche a donde te llevaron?
-En Recoleta. Después, me llevaron a un departamento de la calle Jujuy, muy cerca del Hospital Francés.
-¿Con quién estabas ahí?
-Éramos dos chicas embarazadas y dos nodrizas.
-¿Nodrizas?
-Chicas que estaban amamantando. Nos vigilaba una pareja. La mujer de día y el hombre, de noche. Nunca te dejaban sola.
-¿Cuántas horas tenías que trabajar?
-Las 24. No salíamos del departamento.
-¿Cuánto cobrabas?
-Había servicios de 20, 30 y 50 pesos. Por el de 20, te quedaban 8 pesos. El resto era para la pareja, que te cobraba hasta el aviso que ponía en los diarios.
-¿Cómo pudiste salir de ahí?
-Porque me ayudó otra chica, haitiana ella. La mujer del departamento me había sacado el pasaporte y yo pensaba que sin documentos no podía ir a ningún lado. Pero la chica me dijo que podía hacer la denuncia de que lo había extraviado y así tener otro. Me explicó que yo tenía derecho a andar sola, que me estaban explotando y me ayudó a salir. Me fui con ella, a compartir una habitación en un hotel de la calle Piedras al 900. Ella fue también la que me mostró Constitución.
En las cuadras que rodean la estación de trenes de Constitución, Yaniris aprendió los límites de su derecho a andar sola. Pagaba 20 pesos por semana a la policía para que la dejaran trabajar y 900 al hotel donde vivía con su hijo. Cuando las cuentas no le daban, tenía que afrontar los procedimientos contravencionales. “Me tienen fichada y con foto en todas las comisarías de la zona. Un día, incluso, me enjuiciaron. Tuve que enfrentarme a un juez y a los testigos que decían que yo llevaba pantalones llamativos. Fueron tiempos duros, de mucho miedo. Una vez un hombre me golpeó y casi me mata. Quedé aterrada. Por suerte, encontré una familia que me ayudó. Cuidaba a mi hijo, si no tenía plata para la leche, ellos le daban. Siempre se la devolví, porque era lo que correspondía. Pero no es el caso: lo importante es que ellos lo hacían porque me ayudaban.”
El crimen de Santa
A fines de 2004 Yaniris recibió a su hermana Santa, que calcó su destino de andar sola por las calles de Constitución. Poco después, las dos conocieron a quienes serían sus parejas. Yaniris dice que por entonces ya estaba pensando en dejar la calle. “Por miedo, pero también porque quería para mi hijo una vida normal y eso no es normal. Yo llegaba a mi casa y no dormía del miedo que traía encima. No fue fácil. Lo intenté varias veces. Empecé a estudiar de noche, pero tuve que dejar porque tuve problemas con los documentos. Fui al psicólogo, dejó de importarme tanto la plata, pude estabilizar una pareja, cortar con todo y, finalmente, salí.”
Santa -a quien Yaniris llama Delinda, su nombre de fantasía- no había podido desarmar esa cadena. Se había enamorado de Alejandro César Rojas, un muchacho de 30 años, que trabajaba de taxista y con el que al poco tiempo empezó a convivir. Muy pronto, él perdió el trabajo y Santa tuvo que compartir el departamento con Yaniris. Así su hermana descubrió cómo funcionaba la pareja. “Un día los encontré en la cocina, peleando. Él tenía un cuchillo en la mano. Lo eché, pero no quería irse y tuvimos que sacarlo a empujones del departamento. Estuvieron separados un tiempo, pero volvieron. Y ahí le dije a mi hermana que yo sentía en el corazón que ese no era un hombre para ella y que no quería volver a verlo. Entonces, ella decidió irse”. Regresó al tiempo, después de una violenta pelea que terminó con una denuncia en la comisaría 43, donde Alejandro estuvo detenido durante ocho horas. “Después lo soltaron. Y como cuando mi hermana tenía que volver a declarar había mucha gente, le dijeron que volviera otro día. Así que quedó en nada”.
Santa estaba embarazada de tres meses. Aún así, trabajaba para mantener a su pareja, para esperar a su hijo, para sobrevivir. Le había dicho a Yaniris que solo trabajaría uno o dos meses más, hasta juntar el dinero suficiente para pensar más tranquila su futuro. “La última vez que lo contamos, tenía 1.500 pesos.” Por entonces, la pareja se había mudado al hotel Arlequín, de San José 1019, en el barrio de Constitución. En una de sus veinte habitaciones Santa fue asesinada a golpes y puñaladas.
La noche impune
La última vez que vieron a Santa con vida fue el domingo 16 de marzo a las 12 de la noche. Había ido a cenar con Alejandro a uno de los restaurantes de la zona de San José y Cochabamba, poblada por la comunidad dominicana. En el barrio cuentan que a las 2 de la mañana lo vieron a Alejandro en la discoteca Bom Bom, a pocas cuadras de allí y luego, en un bar de la zona. En los dos lugares dicen llevaba la camisa ensangrentada y la cara arañada. Los relatos le pierden el rastro a las 5 de la mañana. Desde entonces está prófugo.
Recién dos días después, la encargada del hotel Arlequín llamó a la policía, alertada por el olor que salía del cuarto de la pareja. El amigo que fue convocado a la habitación para reconocer el cadáver cuenta así lo que encontró: “No había mucho desorden. Ella estaba desnuda, tirada en el piso. Tenía la cara desfigurada por los golpes. Tanto, que le dije a la policía que no la podía reconocer. Me pidieron que me concentraran en el cuerpo. Y sí: ella era así de flaquita, pero tirada ahí parecía más nena todavía”. Yaniris no pudo verla. “Me había llamado una amiga para decirme que a mi hermana le había pasado algo. Cuando me estaba cambiando, sonó otra vez el teléfono: era la policía, que me pedía que fuera a identificar un cadáver. Me dio un ataque. Mi marido me encontró en el piso, aullando y como pudo me llevó al hotel. Cuando llegué, vi un montón de gente en la puerta, la policía, las cámaras y me desmayé. Terminé en el hospital, donde estuve dos días internada”.
Decir basta
Santa se convirtió en el sumario 805 que tramita el juzgado de Instrucción Nº 16, a cargo de la doctora Bruniard. Yaniris todavía no sabe nada del estado de la causa, porque recién ahora consiguió un abogado. Tampoco sabe porqué aún no le entregaron el cuerpo de su hermana, ni si podrá trasladarlo a su país, como le ruega su madre o tendrá que sepultarlo acá, al menos hasta tanto la justicia haga algo por encontrar a Alejandro, que supone que está escondido en Paraguay. “Fui a la embajada a pedir ayuda, por lo menos para tener un abogado, pero no me dieron nada. Lo que yo pido es que la justicia haga algo y que la embajada también, porque sino el crimen va a quedar en nada”.
Yaniris cuenta que ahora está estudiando computación y que de poco está armando una página para reclamar justicia por su hermana. Que mañana tendrá una reunión con mujeres de su comunidad para organizar una nueva marcha. Y que pasado irá al juzgado con la esperanza de que una jueza mujer entienda que esta vez no, que basta.
Esa es la palabra, dice, que le permitió dejar de llorar, de callar, de aguantar, de temer: basta.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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