Nota
Lo que dejó el paso del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires: la voz de las comunidades

Luego de atravesar seis provincias caminando y en colectivo, llegaron el 1 de agosto a Buenos Aires y se apostaron frente a los Tribunales, con tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida sobre la in-constitucionalidad del decreto, que el Ejecutivo intervenga la provincia y el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena . Estuvieron ahí 137 días, y ampliaron con una presencia en el Congreso. Ya desde Jujuy las comunidades hablaron con lavaca para realizar un análisis y una reflexión sobre lo que pasó, y sobre lo que no: el ninguneo judicial y político, la indiferencia social, las principales enseñanzas, algunos logros, cómo sigue la situación en la provincia y el paso de Alberto Fernández a Milei.
Por Francisco Pandolfi
El 2023 de ninguna manera será recordado como un año más para Jujuy.
“En 2023, la provincia fue un experimento de la unión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el extractivismo”, sintetizar Octavio Colina, comunero de Potrero de la Puna, en Abra Pampa.
Esa conjunción se cristalizó en la reforma de la Constitución provincial ejecutada por el Gobierno de Gerardo Morales, que trajo consigo la represión de la Policía; la Justicia a merced del gobernador; los bienes naturales, como el agua y el litio, en manos privadas.
¿Como respuesta?
El Jujeñazo: la sublevación del pueblo jujeño en las calles y la creación del Tercer Malón de la Paz –constituido por más de 400 comunidades originarias de la provincia– para enfrentar la imposición gubernamental.
El Primer Malón de la Paz se gestó en 1946, cuando los pueblos originarios viajaron a la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de sus territorios. Sesenta años después, en 2006, se realizó el segundo, en reclamo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de parte del gobierno provincial contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. El tercero nació en junio de este año para frenar la reforma de la carta magna. Desde Abra Pampa y otras localidades, iniciaron el periplo hacia San Salvador.
¿Por qué reclamaban la inconstitucionalidad de la reforma?
Una síntesis de las irregularidades:
–En septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6.302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, la Constitución Provincial de 1986, vigente hasta ese momento, establecía que la declaración era exclusiva de la Legislatura.
–El tratamiento para consensuar una nueva constitución estaba previsto durante 90 días hábiles, o sea, alrededor de seis meses. En este caso fue exprés: las sesiones empezaron a fines de mayo y se votó el viernes 16 de junio.
–La Convención Constituyente, fuera de cualquier sensatez, estuvo integrada por funcionarios actuales. ¿Imposible? No, se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y se pidió licencia de la Convención; después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente.
Hay más:
–No se consultó a las comunidades originarias como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el Estado argentino.
–El pueblo jujeño no conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, o sea, una semana antes de que se vote.
–Los nuevos derechos que se incorporaron a la reforma son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura, donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Todo lo que refiere a la regulación del agua (no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo.
Ante el reclamo de su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Morales?
Un Estado de terror: tres represiones salvajes (el 16 de junio en Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio en la capital); fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; disparando a la cabeza; deteniendo a periodistas y fotógrafos; usando camionetas de empresas privadas para levantar gente; persecución a dirigentes de pueblos originarios; allanamientos ilegales; detenciones arbitrarias.
¿Cuál fue la decisión del Tercer Malón de la Paz?
Ante la falta de escucha y la abundancia de balas y gases lacrimógenos por parte del gobierno provincial, el martes 25 de julio empezó a caminar desde La Quiaca, con destino final Buenos Aires para exigir cuatro puntos clave a los poderes nacionales:
–Que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma. –Solicitar al Congreso y al Poder Ejecutivo de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy.
–Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
–El cese de la represión y las detenciones provinciales.
Luego de atravesar las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, caminando y en colectivo, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires. Más de 250 maloneros marcharon desde Plaza Once; pasaron por el Obelisco y se emplazaron en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. No acamparon, porque el Gobierno de la Ciudad jamás les permitió el armado de sus carpas, pero sí permanecieron en una vigilia permanente, con lluvia, con mucho sol, con viento, con granizo, durante cuatro meses y medio.
137 días en los que debieron apelar a distintas estrategias como encadenarse; la huelga de hambre; y agotar las últimas consecuencias también con una huelga de líquido.
Sin corte de calle.
Sin organizar un piquete.
Sin respuestas concretas a sus reclamos.
EL BALANCE DEL MALÓN
El viernes 15 de diciembre, el Tercer Malón dio su última conferencia de prensa, en la que anunció que horas después regresaría a Jujuy. Antes de subirse al micro, y mientras ordena sus pertenencias para el viaje, Sabina Yurquina habla con lavaca. Tiene 69 años y el 30 de diciembre cumplirá los 70. Es de la comunidad Chucalezna, departamento de Humahuaca y lleva una remera verde que homenajea a la guerrera aymara Bartolina Sisa.
“Llegué el 1 de agosto pensando que nuestro presidente nos iba a solucionar rápido los problemas, pero me equivoqué. Marcha tras marcha, nota tras nota, golpeamos todas las puertas posibles y nunca hubo una solución. Estoy un poco triste porque nos vamos casi con las manos vacías”.
Al instante, ve el vaso medio lleno: “No hay que olvidar que fue un logro muy grande que Don Morales no haya podido ascender a ser presidente ni luego vice, que era su propósito. Estoy alegre, contenta, porque él nos masacró pero nosotros también lo bajamos desde tan arriba que se creía”.
Mientras sostiene una whipala, la también integrante del Segundo Malón de la Paz, asegura: “La lucha va a seguir en Jujuy, nos vamos a armar más todavía, entre todas las comunidades y no dejaremos en paz al nuevo gobernador hasta que se caiga la reforma. Tiene que haber una solución, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para que en un futuro deba crearse un cuarto malón; este debe ser el último y por eso iremos hasta el final”.
Uno de los jóvenes que estuvo en la permanencia frente a Tribunales es Yamil Alejo, de la comunidad de Barrancas, del pueblo Kolla, en el departamento de Cochinoca. Allí, la vida sucede a más de 3500 metros de altura en la puna jujeña. Cuando se creó el Tercer Malón, Yamil estaba cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de San Salvador. Este debió haber sido su último año, pero ni ese incentivó lo hizo dudar en sumarse: “Pensé que iba a ser corta la estadía en Buenos Aires; que presentaríamos nuestras peticiones y que a lo sumo en dos semanas íbamos a volver. Muchas familias dejaron su trabajo, otros jóvenes como yo también pospusimos los estudios por defender nuestros derechos ante tanta injusticia”. Cuenta su proceso personal: “Para mí esta fue la primera experiencia así, no tenía mucho conocimiento sobre mis ancestros, me identifico como como si en un tablero de ajedrez, vendría a ser como el peón. Y yo les delegaba al resto porque no me involucraba en profundidad. Pero frente a la reforma decidió cambiar e ir a la asambleas y así fue que viajé a Buenos Aires, donde integré la comisión de jóvenes con la fuimos a las universidades y escuelas para hablar sobre por qué estábamos ahí”.
¿La mayor enseñanza? “Ver a abuelos, a abuelas aguantando las lluvias, durmiendo en el pasto o encima de un cartón. El aguantar el frío, el calor, la lluvia, la amenaza y la presión constante de que podían venir a reprimir en cualquier momento. Siento admiración en que hayan aguantado tanto”.
Yamil recuerda otro logro: a días de que arribara el Malón al cemento porteño, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debía tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy respecto a la reforma constitucional. El 10 de octubre, la mismísima Corte le dio un plazo de 60 días hábiles al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas sobre la constitucionalidad de la reforma. Al cierre de esta nota, faltan 10 días para el cumplimiento del plazo. “Esperemos que si no cumplen, los jueces declaren la reforma es inconstitucional”, sentencia Yamil.
El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna; Guaraní y Kolla en las Yungas; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Néstor Jerez es uno de los referentes del pueblo Ocloya y fue uno de los voceros designados en Plaza Lavalle. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco, y un resumen que comparte de este periodo: “El Tercer Malón ya triunfó y no nos han vencido: permanecimos en Buenos Aires y en todo el territorio provincial; recorrimos muchas provincias visibilizando la violencia institucional, recibimos la colaboración y la adhesión de múltiples organizaciones; visitamos diferentes establecimientos educativos; cumplimos el rol de asistencia social dando de comer a gente en situación de calle. Y ahora continuaremos con la Comisión Promotora de pueblos indígenas abordando en el territorio 4 ejes principales: la nulidad de la Reforma inconstitucional de Jujuy, la conformación de la Federación de pueblos y comunidades indígenas; la creación de herramientas políticas de las comunidades; y la instrumentación de la Ley de Propiedad comunitaria indígena.
–¿Cuál es tu balance sobre el accionar de los tres poderes, en relación a los puntos traídos el 1 de agosto?
–Un silencio cómplice de los tres poderes como así también un gran cerco mediático para dar vía libre a la entrega del territorio y los bienes naturales a las multinacionales. Ningún funcionario del Estado nacional se ha expedido explícitamente rechazando la violencia institucional, esta violación de derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.
“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. El 18 de agosto, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al Malón. No hubo avances sobre la intervención de la provincia, ni la ley de propiedad comunitaria. Lo único: el presidente se comprometió a firmar un decreto para avanzar en una comisión integrada por organismos nacionales e internacionales que investigara los hechos llevados a cabo en Jujuy. Como si las imágenes de la represión descarnada, como si los ojos perdidos, como si las denuncias judiciales ya radicadas en junio sobre la inconstitucionalidad de la reforma no bastaran. “Ya tenemos el documento que realizó la Comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy creada por el Decreto 435 de Poder Ejecutivo Nacional; ya lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, informa Jerez.
El documento de 95 páginas –del que el SerPaJ comandado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tuvo un rol preponderante– concluye: “La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales; la violencia de género ejercida contra las mujeres; las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes; un accionar generalizado en diferentes localidades, contra grupos discernibles por el propio órgano represor que marca a los sectores que se deben reprimir en tanto los mismos sean partícipes de protestas sociales contra las políticas del estado provincial. La violencia ejercida por el Estado jujeño incluye y explicita: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; desaparición de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y reafirma: “Es de importancia superlativa comprender que este ‘ataque contra una población civil’ se comprende como parte de una planificación sistemática y sostenida en el tiempo. Las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo de la provincia intervienen en la totalidad de los poderes de la provincia. Sin lugar a dudas el accionar posee prácticas totalitarias que enfrentan al Estado de derecho de la República Argentina”.
Johana Arce tiene 28 años, nació en Ledesma y es de las naciones Kolla y Guaraní. Es comunicadora social y reparte su vida en su provincia natal y en Buenos Aires, donde trabaja para el medio originario SISA. Llegó con el Malón y se fue con el Malón. Desde Abra Pampa, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el regreso a territorio, sintetiza: “En un principio había mucha información, varios medios presentes, pero se fue disolviendo con el tiempo. Hubo muchas dificultades, desde dormir y comer entre ratas, pasando por una gran indiferencia social y política, pese a estar frente a Tribunales, en el corazón de la ciudad. En un lugar céntrico donde eran visibles, pero al mismo tiempo invisibles”.
La Corte Suprema nunca los recibió. En relación al Poder Legislativo, tuvieron varias reuniones con legisladores de izquierda y de Unión por la Patria, pero no hubo voluntad política mayoritaria para avanzar con la ley de propiedad comunitaria. Menos aún con la intervención de la provincia. En cuanto a la persecución política, permanece. Un ejemplo es el de Alberto Nallar, condenado por la Justicia local a 3 años y 6 meses de prisión y el embargo de 7 millones de pesos. Nallar es un abogado que desde hace muchos años asesora a familias, agricultores y comunidades originarias, que en el marco de la reforma constitucional provincial acompañó e informó los derechos de la población que salió a reclamar. Esa, justamente, es la causa de su condena: “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Perseguido político, y ahora con una sentencia en su contra, expresa desde la cocina de su casa: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Sí le expliqué a la gente los vicios que tiene esta constitución que amenaza los derechos indígenas. Pero yo soy la consecuencia, no la causa; el problema principal es que en Jujuy se choreó, se mató al sistema republicano”. Completa: “Mi condena está confirmada y aunque haya apelado, no tengo expectativas de no ir a la cárcel. Voy a seguir haciendo lo que mi conciencia me indique, porque cuando uno tiene la conciencia limpia, tener que pasar un mal rato no debe ser motivo para abandonar estos objetivos trascendentes”.
Johana Arce analiza más allá de los cuatro puntos que trajo el Malón como exigencias al Gobierno: “Aunque muchas veces las instituciones no escucharon ni respondieron, fue fundamental insistir e insistir. El documento que se dio a partir de la reunión con el presidente y que releva los casos de violencia institucional, hoy lo tienen todos los poderes; es un logro y una muestra de lo que vale luchar”. Otra conquista que destaca es la solidificación del sujeto político pueblo originario, que no apunta al corto plazo: “De a poquito fueron colocando su propia agenda. La resistencia sigue”.
Pese a que el Gobierno de la Ciudad haya querido instalar que se trató de un desalojo, montando un ejército de policías el día de la partida, la decisión de volver a Jujuy el Malón ya la había comunicado en conferencia de prensa un día antes. Afirma Sabina: “Nosotros nos fuimos porque queremos, porque lo decidimos en asamblea, nadie nos echó”.
¿Cómo fue el regreso? Cuenta Johana: “Con mucha energía, tomando en cuenta que las comunidades rompieron el cerco mediático de la provincia de Jujuy, valorizando la importancia de la pachamama. Siento que el malón nos enseñó mucho. Hay que tener presente muchas comunidades, que tienen sus diferencias, se agruparon por un solo fin que es bajar la reforma y que ahora se vendrán nuevos procesos, con mucha fuerza y convicción”.
Jujuy 2023, un experimento que hoy ya se aplica a nivel nacional: de la limitación de la protesta social en la reforma de Morales, al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich; de la reforma jujeña en la atribución de las tierras fiscales a piacere del Ejecutivo, al DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras, dando luz verde a la entrega a corporaciones económicas.
Hace un par de meses, el comunero de Potrero de la Puna Octavio Colina le advertía a lavaca: “Aunque ya no salga en la televisión, en Jujuy el gobierno sigue llevándose todo puesto; es lamentable lo que pasa en nuestra provincia y ojalá no se extienda a nivel nacional. Necesitamos frenarlo a tiempo, antes que esto termine en una mayor tragedia”.
El futuro llegó.
Hace rato.
Nota
Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.
En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.
Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.
Por Lucas Pedulla
Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.
Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.
Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.
Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.
Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.
El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.
Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.
“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento
Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.
Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.
La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.
Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.
Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.
Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.
La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.
Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano
Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.
Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.
Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.
Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.
¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?
Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.
Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.
Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?
Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.
Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.
“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org
Nota
Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».
Por Francisco Pandolfi
La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:
Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.
Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.
Envenenamiento sistemático
Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.
Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.
El juicio
Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.
Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.
1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.
2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.
3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.
4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.
Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.
La esperanza
Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.
A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.
Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.
Nota
Adiós, Capitán Beto

¿Cómo es el pensamiento y la acción de quienes trabajan mirando siempre cómo encontrar luz al final del túnel? Así vivió Roberto Beto Pianelli, fundador de los Metrodelegados pero por encima de eso, una excelente persona. La noticia horrible es que falleció este jueves, aunque es de aquellos que hizo tanto que en muchos sentidos seguirá siempre presente.
Logró triunfos impensables en el plano laboral, y a su vez ayudó a gestar una dinámica sindical novedosa y potente, a partir de actitudes e ideas que empalman con lo mejor del gremialismo argentino. Fue un gran amigo de MU, suscriptor desde siempre, y al margen de eso recibió el premio que la revista le entregó como reconocimiento a su trayectoria. Fue una persona con permanente buen humor, compañerismo y creatividad para enfrentar los problemas más sórdidos.
De tantísimos materiales y entrevistas que recordamos en medio de esta tristeza elegimos esta nota (originalmente publicada en la revista MU n°30, en 2009), convertida en una clase magistral, en la que Beto nos hablaba de la pelea por el tiempo libre, democracia sindical, música, el sentido de lo que hacemos en la vida, la comunicación, el onanismo, el olfato, la izquierda, el cristianismo y los sacrificios, la sociedad democrática, la política de saber escuchar, y varias otras cuestiones que ayudan a iluminar tiempos oscuros. Y a recordar a un gran tipo.
Por Sergio Ciancaglini
Bajo tierra el clima puede ser ágil y fluido como un tren a horario, o denso como la oscuridad cuando no se ve la luz al final del túnel. O como un volcán.
Los trabajadores del subte han experimentado cada sensación. Vienen peleando estas últimas semanas por el reconocimiento de su Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (agtsyp): “Sigla totalmente impronunciable” se ríe Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados que hace ya década y pico comenzaron un trabajo primero clandestino (en la Edad Menemista), y luego tan público que llevó a que los trabajadores consiguieran algunas cosas que en la antigüedad (Edad Peronista) se llamaban “conquistas”. Y hasta comprendieron que podían tener su propio sindicato al que llaman –en jerga humana– Sindicato del Subte.
Para sustentar su reclamo las mujeres y los hombres del subte se fundamentan en su propia historia, creatividad, trompadas y olfato. Pero además leyeron un libro secreto, con algunos párrafos que destilan una ideología subversiva, a saber:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Este texto corresponde al artículo 14 bis de un panfleto llamado Constitución Nacional, reformada por guerrilleros de la UCR y el PJ en 1994 (Edad del Pacto de Olivos). En el subte han puesto en marcha su “organización sindical libre y democrática” y llevaron los papeles para que fuera “reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Su idea, independizarse de la uta (Unión Tranviarios Automotor, que concentra sobre todo a los choferes de colectivos, y abulta a los seguidores de Hugo Moyano y su sindicato de camioneros). Fue en septiembre de 2008, de la Edad Contemporánea. Pasaron todos los filtros de aprobación burocrática, direcciones, subsecretarías, todo como un viaje sin escalas hasta que el propio ministro Carlos Tomada detuvo el trámite. Los trabajadores acudieron a la justicia para destrabar la cuestión, la justicia les dio la razón, Tomada apeló, la justicia rechazó la apelación y así tres veces. Tienen además un fallo de la Corte Suprema (en su composición actual se trata de una asociación sin fines de lucro), que los favorece. La idea de la libertad sindical parece gozar de consenso salvo para los sindicatos burocráticos, las patronales, y los funcionarios que prefieren los colectivos y los camiones a los subtes.
Pianelli: “Nosotros no quisimos hacer el sindicato de un día para el otro, son años de trabajo y maduración, con muchas cosas que ganamos no por la uta sino pese a la uta, una burocracia patotera que sólo juega a favor de la patronal”.
Los metrodelegados consiguieron:
- La primera reincorporación de un despedido por una empresa privatizada, Marcelo Contreras. Fue con un paro en plena Era Menemista, y con trabajadores que no conocían a Marcelo pero que en todas las líneas se sentaron en las vías para lograr que no lo echaran. (En esa época los bienpensantes clamaban por lo insolidarios e individualistas que eran “los argentinos”). Desde 1997 no hubo más despidos.
- Bajar de 8 a 6 las horas de jornada laboral, por la insalubridad de la tarea.
- Romper el “neoliberal” sistema de las empresas tercerizadas, incorporando a Metrovías como personal estable a trabajadores de la limpieza y seguridad, por ejemplo.
- Sueldos que en su momento fueron de los más altos del país, aunque hoy perdieron la punta del campeonato (y rondan los 2.500 pesos para personal de limpieza, y 4.000 para las jerarquías más altas). El hecho de que hayan logrado salarios dignos parece resultar irritante, curiosamente, no para quienes ganan menos, sino para los que ganan más, como muchos comunicadores sociales.
La lista de conquistas es enorme. Cuando lanzaron la idea del sindicato organizaron un plebiscito realizado en enero de este año. Las patotas sindicales bajaron a pegarles a los trabajadores, y consiguieron hacerlo también a integrantes de la cta como Fabio Basteiro, pero no a una Madre del Plaza de Mayo como Nora Cortiñas, más bajita que Messi y tal vez mejor gambeteadora de patadas ajenas.
Esas batallas tienen una característica. Los trabajadores del subte son –esperemos no sonar excesivamente obvios– trabajadores del subte. Los gladiadores de la uta, en cambio, tal vez posean frondosos currículums pero no como trabajadores de subte, y no es seguro que como choferes. En el subte, cientos de mujeres y hombres de edades bien distintas, pidieron a mu fotografiarse mostrando sus credenciales, como para resolver el viejo enigma de quién es quién.
De Nick Cave a Jaime Roos
El nuevo sindicato planteó otra novedad. El cuerpo de delegados que era de 26 integrantes iba a subir a 40 en medio de todo el debate con la uta, pero ahora se armó con 85 trabajadores, como para lograr las mayores dosis de comunicación e intercambio con los 2.700 trabajadores del subte, 1.600 de los cuales ya están formalmente afiliados a ese sindicato que el gobierno no da por existente. “Es casi un problema filosófico –dice Pianelli– ¿Qué son las cosas? ¿Las que existen jurídicamente o las que existen realmente?”. Curiosidad: el propio Pianelli es delegado, pero no está en la directiva del nuevo sindicato. “Si uno quiere la democracia sindical es para que los compañeros hagan las cosas, entonces hay que dejar que eso ocurra”.
Pero además, una permanente obsesión de los metrodelegados ha sido la comunicación en todas sus formas. Este año inauguraron un programa de radio, 2 Horas Menos (en homenaje a la reducción de la jornada laboral) en el que no se habla de política ni de paros ni de sindicalismo, sino del ocio, el entretenimiento, el juego, el esparcimiento, la vida cultural. “Un programa sobre el tiempo libre, liberado y sin patrones” lo presenta Facha Méndez. Pianelli interviene poco, pero ha tomado un control cuasi autoritario sobre la parte musical: “Un músico por día. Puede ser Peter Hammill, Chico Buarque, Nick Cave o Jaime Roos. Me dijeron que lo haga más variado, pero no transo”. Fue un trabajador que toca el arpa, otros que tienen una murga, Raúl Daloy apareció con sus investigaciones sobre las viejas series como El Avispón Verde o Mujer Maravilla. “Y hasta sobre Titanes en el Ring” abunda Pianelli, ratificando que la lucha de clases o la sindical no son las únicas de las que se puede hablar, en un espacio que se permite menos Che y más Karadagián. Otro trabajador, Leonardo Tano Gervasi se encarga de la columna literaria.
Hablamos de esto, y uno se queda pensando. ¿Existe el tiempo libre?
Ésa es la cuestión. Cómo pensarlo sin que sea pasarte diez horas delante del televisor. Eso es tiempo enajenado. Para mí el discurso de los viejos socialistas y anarquistas de defender el ocio, la cultura, estar con la familia, disfrutar, es absolutamente revolucionario en una sociedad que te quiere hacer laburar 14 horas y de paso reventarte en ese tiempo.
Pero con la genealogía de conflictividad que tienen en el subte, ¿qué significa hablar del ocio?
Es ir a los verdaderos valores humanos. Uno en la vida va perdiendo el sentido de lo que hace. Y más en una ciudad donde ni tenés lugares a dónde ir. Lo que hacemos con el programa –cuando no tenemos que suspenderlo por todos los conflictos– es mostrar que uno puede sentarse a conversar, contar historias, sentirse placenteramente en un lugar sin hacer nada, o haciendo algo que te gusta. ¿Sabés qué es? No pensar tanto a dónde vas, sino disfrutar más el recorrido.
Cristo, Marx y Metrovías
El cristianismo, la izquierda y Metrovías, por poner apenas tres ejemplos de estos siglos, predican en cambio que lo relevante es la estación de llegada: Reino de los Cielos, Dictadura del Proletariado, o Carabobo, según la línea. El futuro subordina al presente y el fin justifica los medios, o al menos los explica. Pianelli, que viene del trotskismo, es de los que está intentando abandonar esas visiones tan terminales, poniendo la atención en el recorrido, como le gusta decir. O en qué son capaces de crear las personas por sí mismas y colectivamente en tiempo presente. O en formas menos repetitivas y dogmáticas de relacionarse con la vida.
Es cierto, la izquierda tenía una idea cristiana de sacrificio. Es algo trágico. Yo reivindico a todos los que quieren transformar las cosas y lograr una sociedad justa, porque lo hago. Pero no se te puede ir la vida en eso. Hay que tratar de cambiar las malas y disfrutar las buenas. El estalinismo (buscar José Stalin) liquidó esa idea.
¿Qué es ser sindicalista?
Es complicado. Hoy es ser un Moyano. Enriquecerse. Es un oficio, una desgracia, perdió en muchos casos el sentido transformador. Por supuesto que hay otra gente que no es así, que es honesta, pero pasa casi a creer que en un conflicto se va la vida, se va todo. O sea, hay gente que pone el cuerpo, que es valiosa, brillante, pero no por eso sabe ver bien qué es un conflicto.
¿Qué es un conflicto?
Es una situación donde jugás contra los malos. Las patronales y la burguesía son muy malas. Yo soy hincha de Boca, y sabía que un contrario no le podía ir a tirar un caño a Pernía, porque te partía al medio. Acá es parecido. Si pueden te pisan. Un conflicto implica saber avanzar, parar, negociar, avanzar otra vez, o incluso retroceder.
Muchas malas palabras: retroceder, negociar.
Pero es la realidad con la que te encontrás si querés ganar. Los maestros ciruela dirán que no queremos luchar. Cualquiera se da cuenta de que no es así. Queremos luchar, pero para ganar. Y la pregunta no es sobre la lucha, sino sobre por qué perdimos.
¿Y la respuesta?
En muchos casos es porque no se entiende algo que decía Claudio Marín hace tiempo en lavaca: tenemos una especie de contrato con la gente que te vota. Y si uno no lo entiende, vuela por el aire.
¿Cómo es ese contrato?
Significa que te votaron para conseguir mejoras, para defender al trabajador que es tu compañero, no para hacer la revolución. Creo que Horacio Tarcus decía que hacen falta más triunfos parciales que derrotas heroicas. Tenemos que poder pensar en eso.
¿Por ejemplo?
Con la crisis de 2000 surgieron muchas nuevas conducciones gremiales, chicas, focalizadas en los servicios. Muchas utopías y sueños, pero la mayoría se estroló contra la pared. Sobrevivieron muy pocos: subtes, telefónicos, ferroviarios con golpes muy fuertes… Los que sobrevivimos quedamos repudiados por esas izquierdas que descubrieron el agua tibia, y te dicen “no lucharon”. En realidad, no luchamos cuando no había que luchar. Es olfato. Entender los momentos en los que podés hacer las cosas. Y también suerte.
Cómo se divide la izquierda
O sea que al subte lo corren por izquierda.
Claro, pero el problema es la propia izquierda, que ya no tiene partidos, cada vez son más sectas. El Iluminismo y la Razón superaron a las sectas, se terminaron convirtiendo en nuevos dogmas, y ahora se vuelve a las sectas. Hay un norteamericano, Hal Draper, que explica eso: los partidos políticos son otra cosa, movimientos cada vez más amplios con acuerdos cada vez más generales para poder abarcar a más gente. Aquí es al revés, grupos cada vez más chicos, con acuerdos más específicos que se van dividiendo…, y yo lo digo porque fui parte de eso.
¿De qué modo?
Estaba en el mas (Movimiento al Socialismo) y llegué a participar de la fractura, formamos el prs (Partido de la Revolución Socialista). Y, ¿sabés por qué?
Ni idea.
Porque unos planteaban que en Yugoslavia los agredidos eran los bosnios y otros opinaban que eran los serbios. Capaz que ni sabíamos dónde quedaba en el mapa, pero nos sabíamos todas las discusiones y dividimos el partido aquí, en Argentina, por esa discusión. Yu-gos-la-via. Discusión totalmente onanista. Pero las sectas son así, cuantos menos somos, mejor, porque así tenemos más comprensión, nos gusta el mismo equipo, la misma fruta. Y la conclusión siempre es: se han ido estos compañeros, pero mejor, porque ahora somos menos, pero más sólidos.
Esto es algo descripto hasta en películas como La vida de Brian ¿Cuál es el atractivo de estos grupos y estilos para el militante?
El mundo es hostil, y uno se siente cómodo en la secta, en un ambiente ficticio. Los trabajadores, la gente normal, te discuten, no hacen lo que vos querés. En cambio los del partido son bárbaros, progresistas, maravillosos, tienen relaciones entre ellos, arman parejas, son amigos, el mundo gira a su alrededor. Y no tienen contradicciones. Pero la verdad, ¿cómo pretender que una clase o sectores sociales sean homogéneos? No entra en la cabeza de nadie. Pero bueno, yo me las comí todas, la del amor libre, la secta, los debates, las divisiones. Con el tiempo entendés que para hacer esto lo más importante es otra cosa: escuchar al otro, o estás muerto.
Mientras tanto el sindicalismo convencional parece estar cada vez más fortalecido.
Es que los espacios en política se ocupan. Los tipos repudiados en el año 2000, si no aparece un reemplazo o no armás alianzas para superarlos, terminan apareciendo de nuevo. Son los mismos cadáveres que no enterraste, que gozan de buena salud.
¿Es homogéneo ese sindicalismo “gordo”?
Para mí hay una confusión. Son distintos los “gordos” que Hugo Moyano. Si no entendés la diferencia se hace difícil actuar, como le pasó a la izquierda con el gobierno de Kirchner, que sintió que le robaban los discursos y se desesperó en lugar de decir “Bravo, muy bien, ahora vamos por más”. En cambio decís: “Demagogos, nos robaron las banderas”. Sí papá, las robaron. Es como los que critican al peronismo diciendo: “Pero las leyes de Perón eran las de Alfredo Palacios”. Fenómeno, pero las puso Perón. Nunca fui peronista, te aclaro, y creo que después metió verticalismo, burocracia, cosas monstruosas, pero si no entendés aquel aspecto positivo te quedás hablando solo.
¿Y Moyano?
A eso iba. Los gordos son un sindicalismo empresario, pero Moyano no es eso. Compararlo es no entender. En camioneros te dicen: “Nos hizo dignos, tenemos salario, nos hizo respetar”. No comparto su forma de hacer sindicalismo, pero hizo algo que no es lo mismo que Pedraza o Lescano. Si me dicen que no hay nada peor que Moyano yo contesto: sí, hay 50 peores que él. Y estoy muy lejos de reivindicarlo porque andamos enfrentados con un sector de la uta muy amigo del moyanismo, pero no dejo de entender que es otro sindicalismo. Y todavía hay otra variante que es la cta, un sindicalismo más abierto, de gente que no se enriquece. Ahí hay elecciones. El que pierde le da las llaves de la seccional al que gana. En la cgt ni te podés presentar, ni entrás. Ahí también es una estupidez decir que son lo mismo. De todos modos para mí el problema central no es ése, sino la patronal.
¿Cómo se encara a estas empresas?
La patronal, para decirlo fácil, es mala. Tiene un poder de coerción sobre los trabajadores, delatores, buchones, espías. Compran gente. Los compañeros se asustan, y es toda una relación condicionada por esa presión permanente.
¿Y cómo se hace sindicalismo entonces?
Sin discursos previos, discutiendo y sobre todo escuchando lo que te dicen, y tratando de interpretarlo. Cuanto más libres son los compañeros para hablar, expresar lo que sienten, más posibilidades hay para hacer las cosas juntos. Es el contrato del que te hablaba. No podés inventarte una realidad porque te agarra la patronal, te tira a la mierda, y en un error quemás todo lo que conseguiste. Por eso yo creo que el principal objetivo del sindicalismo es la autonomía.
¿Qué quiere decir autonomía en este caso?
Es poder pensar uno con los compañeros. No quiere decir no escuchar, al revés. Escuchar tampoco significa hacer lo que te dicen, sino intercambiar para llegar a la mejor variante. Y autonomía es no tener ninguna dependencia de ningún partido, ni del Estado, ni de la patronal, ni lo que venga. Hacer sindicalismo es juntarse con gente que tiene intereses comunes que no logran satisfacer. Si te lleva a pelear, pelearás. Si lo podés conseguir, mejor. Casi siempre hay que pelear. Pero es por intereses comunes, reivindicativos. Dicen que el sindicalismo es reformista. Claro, ¿qué iba a ser?
Hay varios volúmenes que lo consideran una opción revolucionaria.
Pero no es el sindicalismo… creo que hay que superar el ideario del cambio social, buscando paradigmas más libres. Que no haya explotación del hombre, que haya una sociedad democrática en lo ideológico y en las prácticas sociales. Si no, no hay posibilidad de cambio frente al saqueo, la guerra y la muerte que te propone todo el círculo vicioso del sistema. Entonces yo estoy a favor de una actitud que modifique esa relación social existente en el capitalismo. Pero a la vez, lo delirante es que haya revolucionarios que no les den bola a las reformas. Hay un pelado ruso (Lenin por elevación) que decía que las reformas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los reformistas. Porque no me da lo mismo que un tipo gane 200 que 500 ó 1.000. La reforma, la reivindicación, le cambia la vida a la persona. Si no hago la reforma porque hablo de revolución, nunca consigo nada. Y un sindicato es otra cosa: un frente de los trabajadores para hacer reformas. Si pensás que es para la revolución, terminás en derrotas estrepitosas. Porque el contrato con tus compañeros no es para la toma del poder. Es para que vivan mejor.

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