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Lo que dejó el paso del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires: la voz de las comunidades

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Luego de atravesar seis provincias caminando y en colectivo, llegaron el 1 de agosto a Buenos Aires y se apostaron frente a los Tribunales, con tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida sobre la in-constitucionalidad del decreto, que el Ejecutivo intervenga la provincia y el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena . Estuvieron ahí 137 días, y ampliaron con una presencia en el Congreso. Ya desde Jujuy las comunidades hablaron con lavaca para realizar un análisis y una reflexión sobre lo que pasó, y sobre lo que no: el ninguneo judicial y político, la indiferencia social, las principales enseñanzas, algunos logros, cómo sigue la situación en la provincia y el paso de Alberto Fernández a Milei.

Por Francisco Pandolfi

El 2023 de ninguna manera será recordado como un año más para Jujuy. 

“En 2023, la provincia fue un experimento de la unión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el extractivismo”, sintetizar Octavio Colina, comunero de Potrero de la Puna, en Abra Pampa. 

Esa conjunción se cristalizó en la reforma de la Constitución provincial ejecutada por el Gobierno de Gerardo Morales, que trajo consigo la represión de la Policía; la Justicia a merced del gobernador; los bienes naturales, como el agua y el litio, en manos privadas. 

¿Como respuesta?

El Jujeñazo: la sublevación del pueblo jujeño en las calles y la creación del Tercer Malón de la Paz –constituido por más de 400 comunidades originarias de la provincia– para enfrentar la imposición gubernamental.

El Primer Malón de la Paz se gestó en 1946, cuando los pueblos originarios viajaron a la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de sus territorios. Sesenta años después, en 2006, se realizó el segundo, en reclamo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de parte del gobierno provincial contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. El tercero nació en junio de este año para frenar la reforma de la carta magna. Desde Abra Pampa y otras localidades, iniciaron el periplo hacia San Salvador.

¿Por qué reclamaban la inconstitucionalidad de la reforma?

Una síntesis de las irregularidades: 

–En septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6.302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, la Constitución Provincial de 1986, vigente hasta ese momento, establecía que la declaración era exclusiva de la Legislatura.

–El tratamiento para consensuar una nueva constitución estaba previsto durante 90 días hábiles, o sea, alrededor de seis meses. En este caso fue exprés: las sesiones empezaron a fines de mayo y se votó el viernes 16 de junio.

–La Convención Constituyente, fuera de cualquier sensatez, estuvo integrada por funcionarios actuales. ¿Imposible? No, se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y se pidió licencia de la Convención; después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. 

Hay más: 

–No se consultó a las comunidades originarias como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el Estado argentino.

–El pueblo jujeño no conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, o sea, una semana antes de que se vote. 

–Los nuevos derechos que se incorporaron a la reforma son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura, donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Todo lo que refiere a la regulación del agua (no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo.

Ante el reclamo de su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Morales? 

Un Estado de terror: tres represiones salvajes (el 16 de junio en Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio en la capital); fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; disparando a la cabeza; deteniendo a periodistas y fotógrafos; usando camionetas de empresas privadas para levantar gente; persecución a dirigentes de pueblos originarios; allanamientos ilegales; detenciones arbitrarias.

¿Cuál fue la decisión del Tercer Malón de la Paz?

Ante la falta de escucha y la abundancia de balas y gases lacrimógenos por parte del gobierno provincial, el martes 25 de julio empezó a caminar desde La Quiaca, con destino final Buenos Aires para exigir cuatro puntos clave a los poderes nacionales:

–Que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma. –Solicitar al Congreso y al Poder Ejecutivo de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy.

–Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

–El cese de la represión y las detenciones provinciales. 

Luego de atravesar las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, caminando y en colectivo, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires. Más de 250 maloneros marcharon desde Plaza Once; pasaron por el Obelisco y se emplazaron en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. No acamparon, porque el Gobierno de la Ciudad jamás les permitió el armado de sus carpas, pero sí permanecieron en una vigilia permanente, con lluvia, con mucho sol, con viento, con granizo, durante cuatro meses y medio. 

137 días en los que debieron apelar a distintas estrategias como encadenarse; la huelga de hambre; y agotar las últimas consecuencias también con una huelga de líquido. 

Sin corte de calle. 

Sin organizar un piquete. 

Sin respuestas concretas a sus reclamos.

EL BALANCE DEL MALÓN 

El viernes 15 de diciembre, el Tercer Malón dio su última conferencia de prensa, en la que anunció que horas después regresaría a Jujuy. Antes de subirse al micro, y mientras ordena sus pertenencias para el viaje, Sabina Yurquina habla con lavaca. Tiene 69 años y el 30 de diciembre cumplirá los 70. Es de la comunidad Chucalezna, departamento de Humahuaca y lleva una remera verde que homenajea a la guerrera aymara Bartolina Sisa. 

“Llegué el 1 de agosto pensando que nuestro presidente nos iba a solucionar rápido los problemas, pero me equivoqué. Marcha tras marcha, nota tras nota, golpeamos todas las puertas posibles y nunca hubo una solución. Estoy un poco triste porque nos vamos casi con las manos vacías”. 

Al instante, ve el vaso medio lleno: “No hay que olvidar que fue un logro muy grande que Don Morales no haya podido ascender a ser presidente ni luego vice, que era su propósito. Estoy alegre, contenta, porque él nos masacró pero nosotros también lo bajamos desde tan arriba que se creía”. 

Mientras sostiene una whipala, la también integrante del Segundo Malón de la Paz, asegura: “La lucha va a seguir en Jujuy, nos vamos a armar más todavía, entre todas las comunidades y no dejaremos en paz al nuevo gobernador hasta que se caiga la reforma. Tiene que haber una solución, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para que en un futuro deba crearse un cuarto malón; este debe ser el último y por eso iremos hasta el final”.

Uno de los jóvenes que estuvo en la permanencia frente a Tribunales es Yamil Alejo, de la comunidad de Barrancas, del pueblo Kolla, en el departamento de Cochinoca. Allí, la vida sucede a más de 3500 metros de altura en la puna jujeña. Cuando se creó el Tercer Malón, Yamil estaba cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de San Salvador. Este debió haber sido su último año, pero ni ese incentivó lo hizo dudar en sumarse: “Pensé que iba a ser corta la estadía en Buenos Aires; que presentaríamos nuestras peticiones y que a lo sumo en dos semanas íbamos a volver. Muchas familias dejaron su trabajo, otros jóvenes como yo también pospusimos los estudios por defender nuestros derechos ante tanta injusticia”. Cuenta su proceso personal: “Para mí esta fue la primera experiencia así, no tenía mucho conocimiento sobre mis ancestros, me identifico como como si en un tablero de ajedrez, vendría a ser como el peón. Y yo les delegaba al resto porque no me involucraba en profundidad. Pero frente a la reforma decidió cambiar e ir a la asambleas y así fue que viajé a Buenos Aires, donde integré la comisión de jóvenes con la fuimos a las universidades y escuelas para hablar sobre por qué estábamos ahí”. 

¿La mayor enseñanza?  “Ver a abuelos, a abuelas aguantando las lluvias, durmiendo en el pasto o encima de un cartón. El aguantar el frío, el calor, la lluvia, la amenaza y la presión constante de que podían venir a reprimir en cualquier momento. Siento admiración en que hayan  aguantado tanto”.

Yamil recuerda otro logro: a días de que arribara el Malón al cemento porteño, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debía tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy respecto a la reforma constitucional. El 10 de octubre, la mismísima Corte le dio un plazo de 60 días hábiles al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas sobre la constitucionalidad de la reforma. Al cierre de esta nota, faltan 10 días para el cumplimiento del plazo. “Esperemos que si no cumplen, los jueces declaren la reforma es inconstitucional”, sentencia Yamil.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna;  Guaraní y Kolla en las Yungas; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Néstor Jerez es uno de los referentes del pueblo Ocloya y fue uno de los voceros designados en Plaza Lavalle. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco, y un resumen que comparte de este periodo: “El Tercer Malón ya triunfó y no nos han vencido: permanecimos en Buenos Aires y en todo el territorio provincial; recorrimos muchas provincias visibilizando la violencia institucional, recibimos la colaboración y la adhesión de múltiples organizaciones; visitamos diferentes establecimientos educativos; cumplimos el rol de asistencia social dando de comer a gente en situación de calle. Y ahora continuaremos con la Comisión Promotora de pueblos indígenas abordando en el territorio 4 ejes principales: la nulidad de la Reforma inconstitucional de Jujuy, la conformación de la Federación de pueblos y comunidades indígenas; la creación de herramientas políticas de las comunidades; y la instrumentación de la Ley de Propiedad comunitaria indígena.

–¿Cuál es tu balance sobre el accionar de los tres poderes, en relación a los puntos traídos el 1 de agosto?

–Un silencio cómplice de los tres poderes como así también un gran cerco mediático para dar vía libre a la entrega del territorio y los bienes naturales a las multinacionales. Ningún funcionario del Estado nacional se ha expedido explícitamente rechazando la violencia institucional, esta violación de derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.

“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. El 18 de agosto, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al Malón. No hubo avances sobre la intervención de la provincia, ni la ley de propiedad comunitaria. Lo único: el presidente se comprometió a firmar un decreto para avanzar en una comisión integrada por organismos nacionales e internacionales que investigara los hechos llevados a cabo en Jujuy. Como si las imágenes de la represión descarnada, como si los ojos perdidos, como si las denuncias judiciales ya radicadas en junio sobre la inconstitucionalidad de la reforma no bastaran. “Ya tenemos el documento que realizó la Comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy creada por el Decreto 435 de Poder Ejecutivo Nacional; ya lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, informa Jerez. 

El documento de 95 páginas –del que el SerPaJ comandado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tuvo un rol preponderante– concluye: “La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales;  la violencia de género ejercida contra las mujeres;  las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes; un accionar generalizado en diferentes localidades, contra grupos discernibles por el propio órgano represor que marca a los sectores que se deben reprimir en tanto los mismos sean partícipes de protestas sociales contra las políticas del estado provincial. La violencia ejercida por el Estado jujeño incluye y explicita: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; desaparición de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y reafirma: “Es de importancia superlativa comprender que este ‘ataque contra una población civil’ se comprende como parte de una planificación sistemática y sostenida en el tiempo. Las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo de la provincia intervienen en la totalidad de los poderes de la provincia. Sin lugar a dudas el accionar posee prácticas totalitarias que enfrentan al Estado de derecho de la República Argentina”.

Johana Arce tiene 28 años, nació en Ledesma y es de las naciones Kolla y Guaraní. Es comunicadora social y reparte su vida en su provincia natal y en Buenos Aires, donde trabaja para el medio originario SISA. Llegó con el Malón y se fue con el Malón. Desde Abra Pampa, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el regreso a territorio, sintetiza: “En un principio había mucha información, varios medios presentes, pero se fue disolviendo con el tiempo. Hubo muchas dificultades, desde dormir y comer entre ratas, pasando por una gran indiferencia social y política, pese a estar frente a Tribunales, en el corazón de la ciudad. En un lugar céntrico donde eran visibles, pero al mismo tiempo invisibles”.

La Corte Suprema nunca los recibió. En relación al Poder Legislativo, tuvieron varias reuniones con legisladores de izquierda y de Unión por la Patria, pero no hubo voluntad política mayoritaria para avanzar con la ley de propiedad comunitaria. Menos aún con la intervención de la provincia. En cuanto a la persecución política, permanece. Un ejemplo es el de Alberto Nallar, condenado por la Justicia local a 3 años y 6 meses de prisión y el embargo de 7 millones de pesos. Nallar es un abogado que desde hace muchos años asesora a familias, agricultores y comunidades originarias, que en el marco de la reforma constitucional provincial acompañó e informó los derechos de la población que salió a reclamar. Esa, justamente, es la causa de su condena: “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Perseguido político, y ahora con una sentencia en su contra, expresa desde la cocina de su casa: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Sí le expliqué a la gente los vicios que tiene esta constitución que amenaza los derechos indígenas. Pero yo soy la consecuencia, no la causa; el problema principal es que en Jujuy se choreó, se mató al sistema republicano”. Completa: “Mi condena está confirmada y aunque haya apelado, no tengo expectativas de no ir a la cárcel. Voy a seguir haciendo lo que mi conciencia me indique, porque cuando uno tiene la conciencia limpia, tener que pasar un mal rato no debe ser motivo para abandonar estos objetivos trascendentes”.

Johana Arce analiza más allá de los cuatro puntos que trajo el Malón como exigencias al Gobierno: “Aunque muchas veces las instituciones no escucharon ni respondieron, fue fundamental insistir e insistir. El documento que se dio a partir de la reunión con el presidente y que releva los casos de violencia institucional, hoy lo tienen todos los poderes; es un logro y una muestra de lo que vale luchar”. Otra conquista que destaca es la solidificación del sujeto político pueblo originario, que no apunta al corto plazo: “De a poquito fueron colocando su propia agenda. La resistencia sigue”.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad haya querido instalar que se trató de un desalojo, montando un ejército de policías el día de la partida, la decisión de volver a Jujuy el Malón ya la había comunicado en conferencia de prensa un día antes. Afirma Sabina: “Nosotros nos fuimos porque queremos, porque lo decidimos en asamblea, nadie nos echó”.

¿Cómo fue el regreso? Cuenta Johana: “Con mucha energía, tomando en cuenta que las comunidades rompieron el cerco mediático de la provincia de Jujuy, valorizando  la importancia de la pachamama. Siento que el malón nos enseñó mucho. Hay que tener presente muchas comunidades, que tienen sus diferencias, se agruparon por un solo fin que es bajar la reforma y que ahora se vendrán nuevos procesos, con mucha fuerza y convicción”. 

Jujuy 2023, un experimento que hoy ya se aplica a nivel nacional: de la limitación de la protesta social en la reforma de Morales, al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich; de la reforma jujeña en la atribución de las tierras fiscales a piacere del Ejecutivo, al DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras, dando luz verde a la entrega a corporaciones económicas.

Hace un par de meses, el comunero de Potrero de la Puna Octavio Colina le advertía a lavaca: “Aunque ya no salga en la televisión, en Jujuy el gobierno sigue llevándose todo puesto; es lamentable lo que pasa en nuestra provincia y ojalá no se extienda a nivel nacional. Necesitamos frenarlo a tiempo, antes que esto termine en una mayor tragedia”. 

El futuro llegó. 

Hace rato.

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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