Nota
El Malón de la Paz se desencadena de la Corte, denuncia el cerco mediático provincial y nacional y recibe apoyo internacional

El Malón de la Paz en Buenos Aires realizó una conferencia de periodistas de Jujuy para relatar los atropellos a la prensa: la libertad de expresión, coartada. Luego, este jueves 10 de agosto, se desencadenaron las personas que hacían huelga de hambre en reclamo de que la Corte Suprema los reciba. Frenaron esa acción para resguardar su integridad física (72 horas de huelga de alimentos) y ante la certeza de que no los recibirán hasta después de las elecciones. Anunciaron también que el gobierno nacional se comprometió a formar una “mesa” junto a organizaciones y sindicatos para darle cauce a los reclamos, a partir de la semana que viene. Y sobre la tarde de otro día agitado, recibieron a Zenaida Yasacama, Vicepresidenta de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador) y Elisa Loncon, mapuche, ex presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile, quienes dieron una clase pública. Casi simultáneamente en el Obelisco una represión provocada y absurda a la vez, terminaba con el crimen de uno de los manifestantes.
Por Francisco Pandolfi
El día 10 del Tercer Malón de la Paz en vigilia frente a Tribunales no arrancó de 10. Al contrario.
Arranca violento. Esta vez no hay balas de goma, gases lacrimógenos, policías infiltrados, allanamientos ilegales. Nada eso. ¿Dónde está la violencia?
Está ahí, a metros de donde decenas de comunidades y de familias y de personas siguen esperando en paz, a la intemperie, infructuosamente respuestas concretas que no llegan. Está ahí, en esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gazebos blancos que dicen Ferias de la Ciudad. Uno al lado del otro. En la mismísima Plaza Lavalle donde permanecen de los pueblos originarios, a quienes el Gobierno de la Ciudad les prohibió instalar carpas o gazebos para resguardarse del frío, de la lluvia, del viento.
Los vendedores de la feria sí.
Los pueblos originarios no.
En la sede del SerPaJ (Servicio Paz y Justicia) se hace una conferencia de prensa con otro aspecto menos conocido: comunicadoras y comunicadores jujeños describen el nivel altísimo de hostigamiento y la represión sufrida en Jujuy, que aún persiste.

La persecución a la prensa
En una conferencia donde hay más medios jujeños que porteños y nacionales, denuncia César, de la Red Chaski: «La represión fue dirigida directamente a la prensa, con balazos de goma y gases lacrimógenos. Tenían orden de tirarle a nuestras personas y a los dispositivos con los que hacíamos registro. Sufrimos la rotura de dos cámaras fotográficas que dan prueba de su accionar. Tras la represión del 20 de junio en San Salvador la Policía me empezó a perseguir varias cuadras. Horas después paró un patrullero en la puerta de mi casa. Se quedó un minuto. Dio marcha atrás y se fue, para amedrentarme. La persecución no paró en Jujuy, continúa. Por ejemplo, debimos desmontar nuestra emisora durante una semana para que no se lleven los equipos en los allanamientos que realizan sin aviso y notificación».
Una idea que apunta a la descomposición del periodismo: «Nuestro rol es fundamental para romper el cerco mediático que está ocurriendo. En todas las provincias que recorrimos para llegar hasta Buenos Aires con el Malón, no hubo ningún medio local ni nacionales».
En esa conferencia donde hay más medios jujeños que porteños y nacionales, denuncia Johana Arce, de Sisas medio: «La represión se hizo mientras había inhibidores de señal en las zonas de los conflictos. Ya estaba preparado. A mí me pegaron un balazo fe goma que impactó a centímetros del ojo. Además me golpearon, me rompieron el celular y la cámara. Fue una agresión direccionada y no teníamos señal para comunicarla. La represión a la libertad de prensa es una de las patas por lo que decimos que Jujuy se está convirtiendo en una dictadura».
Ante más medios jujeños que porteños y nacionales, denuncia María, de TeleSisa: “Sufrimos un enorme cerco mediático. Y esto incluye a los medios hegemónicos pero también a los no hegemónicos, que no cubrieron a este tema como sí lo hacen con otros. Es importante entender que no habrá comunicación con identidad si no se logran los derechos que se vinieron a pedir desde el Malón. Queda claro que debe cambiarse este sistema estructural racista que sigue sucediendo, también en lo mediático”.
Desde Jujuy llegan noticias de Jujuy, como una nueva prueba del avasallamiento a la libertad de expresión: la periodista Olga Burgos acaba de recibir una contravención. ¿Por qué? “Se me excusa de haber estado en Purmamarca en la represión del 17 de junio, lo cual es verdad, porque soy comunicadora e hice las primeras imágenes de la represión. Fue muy avasallante cómo vinieron a traerme la contravención: 5 policías a la puerta de mi casa a acusarme de un delito. El delito de ser periodista, me persiguen por mi profesión”.
Desencadenamiento y después
Sigue violento el día 10 porque la promesa de la Corte Suprema de recibirlos en el día de hoy, no sucede. Pasa la mañana. Pasa la tarde y nada de nada. Entonces, frente a Tribunales, el Malón llama a conferencia de prensa para comunicar el desencadenamiento y el cese de la huelga total –de alimento y bebida– que cuatro maloneros llevaron a cabo desde el martes al mediodía. Más de 50 horas sin ingerir nada, a puro mascado de coca para seguir aguantando. «Queremos resguardar la integridad física de nuestros compañeros», anunciaron. Y agregaron una nueva promesa que les acaban de hacer: «El gobierno nacional, los gremios y los movimientos sociales se comprometieron a conformar una mesa de trabajo junto al Tercer Malón para darle cauce a nuestros reclamos, a partir del lunes que viene, luego de las elecciones”.
Néstor Jerez, cacique de Oclayo y una de las referencias del Malón, asegura a lavaca: «Llamaron de la secretaría de Presidencia de la Nación para confirmarnos esta mesa. Como gesto de la voluntad de diálogo nos desencadenamos. Si no llega haber una respuesta haremos un plan de lucha definitivo».
Pero no todo es violento, porque hay resistencia y hay ideas y hay propuestas. Y porque hay una «Clase Pública y Abierta» de Zenaida Yasacama y Elisa Loncon, en la Plaza Lavalle.
Zenaida Yasacama, Vicepresidenta de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador), enseña: «Es importante compartir experiencias, más cuando nuestros derechos siempre han sido violentados, nunca han sido respetados. Queremos tomar el agua limpia, comer comida sana, tener la medicina que viene de nuestra selva, porque así hemos logrado vivir hasta hoy».
Elisa Loncon, mapuche, ex presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile, enseña: «No somos pobres, nos empobrecieron, porque nos quitaron el territorio, la sabiduría, la forma de pensar. Somos una organización horizontal, que no tiene solo una cabeza, sino que somos distintas cabezas. Así es que luchamos por el derecho a decidir, a definir el futuro de nuestro pueblo. No puede ser que a través de 5 siglos sigan pensando ellos que van a decidir por nosotros». Y da otra lección para que podamos pensar: «El agua no está sólo en el río, está en nosotros, en nuestros cuerpos. Somos 75 por ciento agua. Sin agua, no hay cuerpos. Por eso la lucha indígena es por la defensa de la vida y la tenemos que hacer todos juntos. Los pueblos no indígenas también. Esto es a lo que invita el Malón. Están acá para defender nuestro futuro. Buenos Aires debería estar conmovida por esto».
Luego el foco de la violencia pasaría a otro lugar, porque muy cerca del Obelisco una manifestación terminó en una absurda y provocada represión policial, y la muerte de un manifestante llamado Facundo Molares.
Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
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Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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