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Los gremios en la calle: los alertas meteorológicos de una marcha

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Miles de trabajadores de todas las centrales sindicales (CGT, Frente Sindical y las dos CTA) junto a los movimientos sociales inundaron las calles porteñas en rechazo a las políticas económicas del Gobierno bajo la consigna: “Por la Unidad, la Producción y el Trabajo Argentino”.  Las voces que cuentan la realidad a partir del precio del colectivo. Las teorías políticas, los diagnósticos, las hipótesis y las evidencias. Cómo pensar con el bolsillo y reflexiones sobre la burocracia. Nuestra crónica y reportaje fotógrafico.
La ciudad de nombre extraño, Buenos Aires, amaneció con dos noticias:

  • Alerta meteorológica por fuertes tormentas y vendavales.
  • Pronóstico de caos vehicular en el centro por marchas y manifestaciones.

Los autopercibidos “medios de comunicación” aman convertir las expresiones de la sociedad en problemas de tránsito.
Pero la ciudad tiene otros tránsitos, coros que cantan contra  el Presidente y su familia y entonaciones peronistas. Desde Once, sentado en la fuente, a la espera del comienzo de la marcha, está el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Néstor Carrizo, tesorero del gremio, grafica a lavaca: “En la zona industiral de Zárate estamos trabajando con una capacidad instalada del 50 por ciento paralizada. Es decir, estamos laburando a la mitad. Históricamente, a Zárate tardaban en llegar crisis así, era en cierto modo una isla. Hoy está muy afectado, te diría como nunca en la historia”.
A unos pasos está Néstor Villarroel, quien hace cuarenta y cinco años vende golosinas en el ferrocarril Mitre. Tiene 51, por lo que desde los seis años transita el tren que une Retiro con Tigre. Hombre con varios vacíos dentales y una enorme cordialidad. En 2017 tomó una decisión: junto a compañeros y compañeras creó la Agrupación de Vendedores, que da cobijo a 75 trabajadoras y trabajadores del tren bajo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Villarroel, el actual presidente de la flamante organización, está parado bajo un diluvio que confirma los pronósticos y que algunos de sus compañeros interpretan con una lectura didáctica: “La CGT se mueve, y mirá lo que provocó”.
A su alrededor hay banderas de Barrios de Pie, del Frente de Organizaciones de Lucha (FOL), del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), mezcladas con las de los sindicatos de la televisión (SATSAID), de Molineros, Camioneros y una enorme columna que a las 12 partió desde Once en dirección a 9 de Julio. Además del reclamo por los tarifazos, la falta de trabajo y los pedidos cada vez más insistentes de un paro general, los movimientos sociales también están en las inmediaciones del Congreso para exigir la votación de la Ley de Emergencia Alimentaria en Diputados.

Foto: Nacho Yuchark


Sin molestarse por la lluvia, Villarroel hace una síntesis económica de la actualidad:

  • “Las ventas en el tren bajaron un 60 por ciento. En el colectivo, un 80 por ciento. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pagar el boleto y entonces no compra nada. Hoy sale más barato el tren. Y los que laburan en colectivo, están ganando por día 150 o 200 pesos. ¿Qué se puede vivir con eso?”.
  • “En el 2002 la pasamos parecido ahora. No hay venta porque la gente no tiene plata. Mi consumo también bajó: antes, comíamos un pollo por día, pero hoy me dura seis comidas. Con mi esposa lo hacemos durar porque los dos trabajamos en el tren y la estamos pasando mal. Una pechuga la estiramos cuatro días, cortándole a poquito, vio”.
  • “Con las tarifas, sólo sé que con Cristina pagaba 50 pesos la luz y ahora pago 1200”.
  • “Algunos sindicalistas de los que vemos acá votaron contra el gobierno anterior. Macri ganó por algunos de ellos. Y ahora vienen a hacerse que está todo mal. Hay que acordarse”.

Villaroel se acuerda, lo dice y así fija una agenda de conversación.
Por Avenida Rivadavia, mientras, asoma la cabecera de la movilización con una bandera de color celeste y letras blancas que postulan:

  • «Por la Unidad, la Producción y el Trabajo argentino».

Foto: Nacho Yuchark

El país como kiosco garaje

Entre banderas de los gremios agrupados en las dos CTA, la CGT y el Frente Sindical, unas veinte personas intentan que los remolinos de viento no vuelen la bandera de la Unión de Kioscos de la República Argentina (UKRA), una organización que forma parte de la CGT y de Ni una Pyme Menos. Su presidente, Adrián Palacios, rondando los 40 y con gesto de preocupación, cuenta que la cámara se creó el 31 de mayo de 1947 cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón les otorgó la personería. Ante la crisis, hace cinco años, comenzaron a organizar a los dueños de los kioscos.
Palacios resume: “Somos 120 mil a nivel nacional, pero desde hace tres años tenemos 28 mil kioscos cerrados. Vemos cierres en todas las avenidas, con boletas de luz a 27 mil pesos”.
Apunta que la crisis es doble porque muchos kioscos se abren como consecuencia de una pérdida laboral anterior. “En barrios periféricos están surgiendo kioscos ventana o garaje, que son los trabajadores despedidos de alguna fábrica y que se pusieron un almacén con la indemnización. Eso genera mayores kioscos, pero en un país sin consumo, cierran a los seis meses. Lamentable”.
La UKRA lanzó un comunicado a nivel nacional subrayando que “no hay que votar” a ningún candidato de Cambiemos. “Sus políticas son solamente para los grandes supermercados. Tenemos que votar a algún candidado que priorice las pymes argentinas, el consumo interno, los puestos de trabajo. Hoy tenemos compañeros que llegan al día 20 y tienen que pedir fiado el resto del mes”.
Palacios dice que hay que llamar urgente a un paro nacional.
Y avisa: “Se lo haremos entender hoy”.

Foto: Nacho Yuchark

Trabajar al 50 por ciento

Carrizo, del sindicato de Químicos, reitera que Zárate está paralizada al 50% y agrega: “Tengo casi 40 años de trabajo en la industria. Ni en dictadura vi esta pérdida de puestos de trabajo: son más de 600 puestos en estos cuatro años”.
Con la lluvia mojándoles los guardapolvos, por Rivadavia marchan docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Son de las pocas trabajadoras en una movilización con mayor presencia masculina, a pesar de que el primer paro obrero al gobierno Cambiemos fue el de mujeres.
Irene Garbus, secretaria de Primaria del sindicato: “Venimos de una pelea de desgaste salarial al que sumamos el empobrecimiento de las escuelas. En la Ciudad estamos en un proceso en el que Gobierno está reduciendo la comida que llega a los comedores escolares. En ese contexto, la escuela, que siempre funcionó como un lugar de amparo, está siendo destruída: no se puede aprender con hambre”.

Foto: Nacho Yuchark

A quién parar

En el peor momento de la lluvia, algunos trabajadores se refugian bajo los techos de los negocios. “¿Trabajador que huye sirve para otra marcha?”, le pregunta un químico a otro, que despliega un paraguas. Por allí también espera el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo.
-Un vendedor de golosinas me dijo que el diluvio lo ocasionó la CGT por la marcha.
(Risas) A nosotros no nos para la lluvia ni las piedras.
-¿Y al país?
-Un país sin industria no es un país. No crece. Toda la actividad y todos los gremios hermanos que estamos hoy acá nos estamos quedando sin trabajo. En los últimos tres años, sólo en el rubro textil hubo 8200 despidos, 200 fábricas cerradas, más de 5000 suspendidos. Esa es la situación actual. No exagero si digo que es peor a la época de Menem.
-Para usted, ¿para general sí o paro general no?
Nosotros entendemos que un paro no sirve porque la industra ya está parada. Lo que hace ruido y llega a la gente son estas manifestaciones de fuerza, aun con muchos trabajadores que luego retornan a sus puestos. Es que está todo parado: si parás 24 horas, no hacés nada porque al otro día sigue todo igual. La salida es reactivar el aparato productivo, la industria, terminar con el dólar, la tasa de interés y darle participación al trabajo. Entre todas las organizaciones textiles, agrupamos a más de 200 mil trabajadores. Si todo esto no se toma en cuenta, en dos meses vamos a tener todo roto.

Foto: Nacho Yuchark

Dialéctica de bolsillo

Cuando todas las columnas confluyen en Congreso, hay un dato que emerge: la marcha es multitudinaria. Por allí también camina la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, pertenecientes a la CGT, que agrupa a 20 mil trabajadores siete ramas de producción y reciclado de papel. “La situación está delicada porque la empresa Arcor compró Cartocor, una empresa que recicla cartón corrugado, y están acaparando todo mientras las pymes comienzas a desaparecer”, explica Pablo Ayala, secretario de Medio Ambiente del gremio.
Ayala cuenta que muchos compañeros votaron a Cambiemos en 2015. “Hoy tomamos otra perspectiva: no hacer política, para que cada trabajar vea la realidad desde su perspectiva del trabajo. Esto quiere decir que, cuando vayas a votar, tengas conciencia. Estamos viendo desaparecer grupos de trabajadores en toda la República, desde Jujuy a Neuquén. Entonces: ¿cómo está tu bolsillo? Bueno, votá con eso”.
-Para usted, si todo está tan mal, ¿por qué cuesta tanto salir a la calle?
-Es un tema delicado. Lo que hizo este Gobierno, de manera inteligente, fue dividir sectores. Hay varios sectores del gremialismo con intereses políticos que se han olvidado que están para defender los derechos de los trabajadores y no de aquellos a quienes les dicen que tienen que votar. Los trabajadores tienen que pensarse para ellos, y ellos organizarse para decirle a los dirigentes lo que tienen que hacer. Allí, los dirigentes tienen que tener la coherencia de llevarnos por el buen camino.
-¿Y qué pasa hoy?
-El Gobierno sectorizó y hoy cada uno está defendiendo su industria ante un golpe terrible. Entonces encontrás a cada uno discutiendo sus paritarias en situaciones nefastas. Después dicen que salir a la calle es culpa nuestra. No, es un culpa de ellos.

Foto: Nacho Yuchark

La teoría del huevo

Son miles.
Desbordan.
Por Once, por Congreso, por Rivadavia, por Entre Ríos, por Yrigoyen, por 9 de Julio. Todas las centrales obreras (CGT, Frente Nacional, las dos CTA) y los movimientos sociales están en la calle.
La multitud sigue. Y discute. Algunos exigen paro general. Otros dicen que la industria ya está parada. Algunos contestan que la marcha debería seguir hasta Plaza de Mayo. Otros murmuran que en 9 de Julio no habrá lectura de documento para evitar que haya un desplante a tono con el “Poné la fecha”. A la vez, es un dato de la realidad que movilizaciones de este tipo son una rareza en el neoliberalismo global, en el cual Argentina todavía logra signos de no aceptar pasivamente las políticas de precarización que inundan el planeta.
Juan Alberto, un camionero de 63 años, con 25 como repartidor de agua, parece entenderlo todo: “Estamos pésimo. Mirá que viví gobiernos, pero no te puedo nombrar ni un año como este. Muchos compañeros sin laburo. ¿Y sabés por qué? Porque no hay laburo. No hay ventas. Y si no hay ventas, no hay trabajo. Tuvimos gobiernos malos, eh, pero nunca uno así”.
-En 2015, Moyano hizo campaña por Macri y muchos camioneros votaron a Cambiemos. ¿Qué piensa?
-El voto es relativo. Vos votás a quien se antoje. Yo no lo voté, eh. Yo soy peronista. No lo votaría nunca. Tampoco a un radical. Pero sí, es como vos decís: pasó. Y lo discutimos.
-¿Y cuál es la síntesis?
-Los que lo votaron, hoy se quieren agarrar los huevos. Ahora hay que esperar que pase.
-¿Y frente a un posible paro?
-Obvio que hay que hacerlo. Pero un-paro-bien-hecho, amigo: tres días sin laburar hasta que no haya nada. Si parás un día, a nadie le importa, porque todo está parado y no se vende nada. Pero si parás tres, es otra cosa. Un paro en el que no haya comercios, no haya nafa, no haya transporte, no haya nada.

Foto: Nacho Yuchark


Le pregunto entonces a José Alberto, que no es trotskista, por qué piensa que cuesta tanto que la CGT tome una medida concreta ante esta situación de crisis compartida, bajo diluvio bíblico, por un vendedor de golosinas en trenes, un textil, un papelero, una docente, un químico, un kiosquero.
El camionero abre los brazos bajo la lluvia.
Y con un dedo apuntando al cielo, que en realidad señala a una cúpula sindical imaginaria, contesta:
-Vos y yo estamos acá, mojándonos, mientras ellos, mañana, van a estar comiendo asado.
No se sabe cuándo se anunciarán los próximos alertas meteorológicas. 

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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