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La comisaría 5° de La Plata: Los nombres de la impunidad

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Esta es la lista de los 62 militares y policías imputados por el fiscal Félix Crous y de las 115 víctimas vistas en ese centro clandestino de detención, entre ellas, Julio López. Allí, entre otros delitos atroces, estuvieron prisioneros niños nacidos en cautiverio. Por esta causa solo hay hasta ahora 5 represores detenidos.

La causa penal por la comisaría 5° investiga los delitos cometidos por la dictadura en el centro clandestino que funcionó en los fondos de esa dependencia.
Entre agosto de 1999 y septiembre de 2000, la Cámara Federal de La Plata convocó a declarar a más de 30 policías que trabajaron en la comisaría 5° de La Plata durante la dictadura. Allí funcionó un centro clandestino de detención entre 1976 y 1978. Su ubicación: calle 24, entre Diagonal 74 y calle 63.
«He visto ingresar a Camps a la 5°. Iba con una cúpula de 5 ó 6 comisarios de la jefatura en cualquier momento, de día, de noche», afirmó en marzo de 2000 ante la Cámara Federal el policía Rodolfo Víctor Larraude, quien se desempeña en la comisaría 5° desde 1975.
En diciembre de 2002, el fiscal Crous presentó un pedido de detención e indagatoria de 62 represores y también solicitó la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.
El juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, el fiscal y la APDH La Plata apelaron, y la Cámara Federal le ordenó al magistrado que debe seguir investigando, ratificando por el momento la competencia de los tribunales locales.
En septiembre de 2004, la Unidad Fiscal Federal realizó otro pedido de detención, esta vez de la cúpula de la Policía provincial durante la dictadura.
Dos meses después, fueron detenidos el ex director de Seguridad, Rodolfo González Conti; el ex director de Investigaciones, Miguel Etchecolatz; los ex subjefes de Policía, Rodolfo Campos y Reynaldo Tabernero; y el ex titular de la comisaría 5°, Osvaldo Sertorio.
Al dictarles la prisión preventiva, el juez Corazza le imputó a los represores la privación ilegal de la libertad y las torturas a los detenidos-desaparecidos de la comisaría 5°, en el período en el que los ex policías ocuparon esos cargos.
En enero de 2005, el juez concedió el arresto domiciliario a cuatro de los cinco represores; Etchecolatz, cumple prisión en la cárcel de Devoto por su condena en la «causa Camps». En abril, fue detenido el ex chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, acusado por su participación en el operativo represivo contra la casa «Mariani-Teruggi», en el que fueron asesinadas cuatro personas y secuestrada una beba.
En este link se pueden ver las fotos de los policias que declararon en marzo de 2000 en el marco de esta causa: http://www.apdhlaplata.org.ar/fotos02.htm

Imputados por el fiscal Félix Crous en la causa penal por los delitos cometidos en la comisaría 5° de La Plata:
– Personal jerárquico:
1) General de División Carlos Guillermo Suárez Mason
2) General de Brigada Jorge Olivera Rovere
3) Coronel Héctor Gamen
4) Coronel Jorge Ernesto Álvarez
5) General de Brigada Juan Baustista Sasiaiñ
6) Coronel Guillermo Ernesto Trotz
7) Coronel Reinaldo Tabernero
8) Coronel Rodolfo Anibal Campos
9) Comisario General Rodolfo González Conti
– Personal de la Comisaría 5°:
1) Almeida, Domingo
2) Álvarez, Manuel
3) Basualto, Carlos Alberto
4) Bravo, Oscar Emilio
5) Cadenas, Alberto
6) Camargo, Omar
7) Córdoba, Abel Oscar
8) D’Ambrosio, Enrique
9) De Alba, Carlos Alberto
10) De Lío, Ricardo Miguel
11) Delcorro, Miguel Ángel
12) Díaz, Alfredo Oscar
13) Evangelista, Ricardo Arias
14) Gauna, Ceferino
15) Gervasio, Carlos Alberto
16) Goeta, Edmundo
17) Herrera, Héctor Alberto
18) Herrera, Mario
19) Inamorato, Julio
20) Jasa, Francisco Carlos
21) Larroude, Rodolfo Víctor
22) Leder, Luciano
23) Lezcano, Rodolfo Abel
24) López, Rubén
25) Luise, José Luis
26) Malone, Pedro Francisco
27) Medina, Gregorio Urbano
28) Melemenis, Micael Antonio
39) Mesina, Fortunato Ítalo
30) Milar, Juan Alberto
31) Muñoz, Raúl Pedro
32) Nicoletti, Juan Carlos
33) Ojeda, Lino
34) Oro, Jorge
35) Ortiz, Néstor
36) Pasquale, Julio
37) Patrault, Luis
38) Pedraza, Rubén
39) Peterlana, Miguel
40) Piacentini, Omar Raúl
41) Piazza, Jorge Luis
42) Pintos, Carlos Ismael
43) Polonio Muñoz, Fernando
44) Puerta, Pedro
45) Rivero, Edgard Egberto
46) Rodas, Juan Ramón
47) Rodríguez, Raúl
48) Romero, Héctor Darío
49) Segovia, Hilario
50) Sertorio, Osvaldo
51) Tejerina, Luis
52) Torres, Celedonio José
53) Villalba, Osvaldo Eduardo

Listado de víctimas de la comisaría 5° de La Plata consignado en el dictamen fiscal de Crous (debe tenerse en cuenta que hay decenas de personas que nunca fueron identificadas y que por ello no están en esta lista, que está compuesta por desaparecidos y sobrevivientes):
1) Otero, Mario Higinio
2) Manchiola de Otaño, Mirta Graciela
3) Cano, Efrain Guillermo
4) López, Jorge Julio
5) Cicero de Sobral, Elsa Lilia
6) Diaz, Pacífico Francisco
7) Sobral, Guillermo, arquitecto
8) Aleksoski, José David
9) Araquistain, Guillermo
10) Colalargo, Mabel
11) De Francesco, Carlos
12) Mora, Juan Carlos
13) Tucci, María del Carmen
14) Bachini, Héctor Federico
15) Fanjul, Silvia
16) González de Mora, Silvia Amanda
17) Mainer, María Magdalena
18) Mayor, Julio
19) Rodríguez, XX (domiciliado en Calle 6 Nº 1528, La Plata)
20) Santucho, Mónica
21) Sanz, María Hebelia
22) Starita, Rubén Santiago
23) Moncalvillo, Domingo Héctor
24) Alconada, Domingo Roque
25) Castro Sotelo, Miguel Ángel
26) Rolando, Jorge Alberto
27) Williams, Carlos Guillermo
28) Wlichky de Martinez, Diana B.
29) Cassino, Jose Alberto
30) Di Matía, Jorge
31) Ricoy, Eduardo Gustavo
32) Dimovich de Leguizamón, Nélida
33) Fossatti , Rubén Leonardo
34) García de Cassino, Clarisa
35) Garín de De Angelis, María Adelia
36) Gooley, Gabriela
37) Hauché, Susana
38) Marcioni, Graciela Liliana
39) Menescardi de Odorosio, Inés
40) Muñoz, Silvia
41) Odorisio, Roberto Miguel
42) Ortega de Fossatti, Inés Beatriz
43) Sagués de Perdighe, Graciela
44) Villarroel, Cristina
45) Iglesias, Miguel J.
46) Abachián, Juan Carlos
47) Arrázola, Juan Carlos
48) Baguer, XX (Miguel o Mario Eduardo)
49) Benítez, XX (Oriundo de la Provincia de Formosa)
50) Ciancio, Luis Alberto
51) Díaz, (hombre, estudiante de periodismo, oriundo de Ranchos)
52) Díaz, (rubio, alto, estudiante de periodismo, vivía en calle 30 y calle 70 ó 71, La Plata, oriundo de Ranchos)
53) Dillon de Ciancio, Patricia
54) Falivene, Roberto Nando o Fernando o Hernando
55) Marini, Hugo Pablo
56) Cordero, Fernando Raúl
57) Almarza, Guillermo
58) De la Canal
59) Simon, Carlos Francisco
60) Bobadilla, Juan Carlos
61) Bonafini, Jorge
62) Bonetto, José Roberto
63) Calvo, Adriana Lelia
64) De La Cuadra, Roberto José
65) Féliz, Mario
66) Huchansky de Simon, Patricia
67) Laborde, Miguel Angel
68) Mobili de Bonetto, Ana María
69) Montesinos, Leonardo Amador
70) Peralta, Juan Carlos
71) Reboredo, Alfredo M.
72) Troncoso de Bobadilla, María Adela
73) Blanco, XX
74) Favero, Claudia Inés
75) Favero, Luis Eugenio
76) Ramírez (Cabo de Policía que vivía en Gonnet)
77) Iademarco, Miguel
78) Icardi, Mario
79) Icardi Jorge
80) Oslé, Norberto Oscar
81) Baratti, Héctor Carlos
82) Campano, Pedro Simón
83) Gil Montenegro, Juan
84) Sartori o Sartor, Héctor José
85) De La Cuadra, Elena
86) Fossatti Ortega, Leonardo (nacido en cautiverio)
87) Arteta de Cassataro, Elba Zulema
88) Fernández de Mercader, Anahí
89) Mercader, Mario Miguel
90) Abdala, José
91) Abdala, Sabino (niño)
92) Falabella de Abdala, Susana
93) Gatica Caracoche, María Eugenia (niña)
94) Adamow, Fernando Eustaquio
95) Laborde, Teresa Mariana (nacida en cautiverio)
96) Baratti de la Cuadra, Ana Libertad, (nacida en cautiverio)
97) Di Salvo, Pedro Alfredo
98) Fernández, Hugo
99) Fernández, Lidia Delia
100) Alvarez, Segundo Ramón
101) Maffeo, Analía
102) Pérez Monsalvez , Gustavo
103) Bonín, Eduardo Roberto
104) Fraccarolli, Humberto Luis
105) Malbrán, Rodolfo Guillermo
106) Velasco, Luis
107) Ventura
108) Martinez, Georgina
109) Rosini, Blanca Noemí
110) Bustamante, Cristina
111) Canciani, Alberto
112) Fanjul Mahia, José Fernando
113) Lovazzano, Osvaldo
114) Mingo, Raúl
115) Mingo, Eduardo Esteban

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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