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«Vas a la cárcel, Etchecolatz, no es el Estado es la lucha popular»

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La lectura de la sentencia fue interrumpida por una lluvia de pintura roja que llegó al represor, que seguirá detenido en la cárcel de Marcos Paz. Es la segunda condena por crímenes de la última dictadura después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Etchecolatz, que se presentó como un «detenido político», ya tiene otra cita en tribunales.

(Por Werner Pertot) De traje y chaleco antibalas, con el rostro pálido y duro como una calavera, el ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se sentó en el banquillo. El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, le pidió al público que le permitieran leer la sentencia hasta el final. Pero no pudo. «Condenando a la pena de reclusión perpetua…», alcanzó a decir, antes que toda la sala se uniera en un único grito, liberando la tensión acumulada. El cordón de policías y penitenciarios que rodeaba al represor levantó los escudos, pero no pudo evitar la lluvia de bombas de pintura roja. Etchecolatz se retiró entre los gritos de «asesino». Ya no volvería sino su abogado, para escuchar el resto de la condena por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, que lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, lo envió a una cárcel común y señaló, por primera vez, que todos sus crímenes fueron «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio».
El fallo de los jueces Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo es el segundo que condena a un represor tras la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que dictaminó la Corte Suprema. La primera fue la de Julio Simón, alias «El Turco Julián». El 4 de agosto de 1976 fue sentenciado a 25 años por el secuestro y asesinato de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. En el caso de Etchecolatz, es su tercera condena por delitos en la dictadura: la primera vez se amparó en la ley de obediencia debida y por la segunda gozaba de prisión domiciliaria. El beneficio le fue revocado por el Tribunal Oral 3 cuando se comprobó que guardaba una 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su casa. Tras la nueva condena -esta vez, de cumplimiento efectivo- el periplo del represor en los tribunales no concluyó: fue citado a declarar hoy por la Cámara de Apelaciones en el caso del actual embajador de España, Carlos Bettini, que tiene cuatro familiares desaparecidos.

Bombas de fósforo
Bajo un cielo soleado y con Bob Marley de fondo, la jornada empezó con una vigilia de organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales y estudiantiles que se instalaron entre las flores del jardín de la Municipalidad de La Plata, donde transcurrió el juicio. Entre la gran mayoría de jóvenes, estaban los familiares de las víctimas por las que fue juzgado Etchecolatz. Con su bastón blanco, estaba María Isabel Chorobik de Mariani -a quien todos conocen como «Chicha»- suegra de Diana Teruggi, que fue asesinada el 24 de noviembre de 1976. Ese día la casa que compartía con Daniel Mariani fue bombardeada por un operativo conjunto de la Armada, el Ejército y la Policía bonaerense, que tuvo al frente a Etchecolatz. Terrugi cayó junto al limonero del patio, protegiendo con el cuerpo a su bebé, Clara Anahí, a quien todavía busca su abuela.
También estaba Nilda Eloy, que en el juicio relató su paso por seis centros clandestinos de detención. Etchecolatz encabezó el grupo de tareas que la secuestró y se entrevistó con ella mientras estaba desaparecida. Años más tarde, lo reconoció por televisión. Aunque se mantuvieron en reserva, esperaban la sentencia los familiares de Patricia Dell’Orto, que fue asesinada en el pozo de Arana. «No me maten, quiero criar a mi nenita», gritó mientras la arrastraban. Un disparo silenció cada uno de sus gritos. En el juicio, la escena fue revivida por un sobreviviente que la presenció: el albañil de 76 años, Julio López, por quien todos preguntaban en el juicio (ver aparte). Patricia y Ambrosio habían desaparecido en el circuito Camps al igual que las tres enfermeras, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado.

«Después de muertos»
Por la tarde, las nubes se cerraron como una condena, mientras en el Salón Dorado transcurrían los alegatos de la defensa, que pidió la absolución del represor. «No hay una sola prueba que vincule al ex comisario», aseguró el abogado Luis Boffi Carri Pérez, mientras que su colega Adolfo Casabal Elía consideró que «otros países han terminado con las guerras intestinas y en Argentina seguimos con resentimiento». A su lado, Etchecolatz estaba sentado torcido. Al mediodía, había pedido retirarse alegando «razones de salud», como hizo durante todo el juicio.
El ex policía de 77 años se transfiguró a la hora de decir sus últimas palabras. «Debo exponer en mi doble condición de prisionero de guerra y detenido político», dijo con una voz cascada y sepulcral que fue subiendo el volumen. «Este juicio ha sido instalado como un rompecabezas para niños bobos o grandes avivados. Ustedes van a condenar a un enfermo. Como dijo Borges, ustedes no son el juez supremo, que nos espera después de muerto», les señaló a los magistrados. «No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar», les advirtió. «No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan», concluyó Etchecolatz. Y los jueces pasaron a un cuarto intermedio.

Pintado de rojo
El espacioso y barroco Salón Dorado se colmó de militantes de organismos de derechos humanos. Entre el público, se pudo ver al secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y su par en la provincia, Edgardo Binstock. También estaban las dirigentes de izquierda Patricia Walsh y Vilma Ripoll. La tensión apretaba cada garganta, cuando Etchecolatz volvió a entrar, rodeado de siete penitenciarios e innumerables policías. Le quitaron las esposas, pero no el chaleco antibalas, que finalmente no lo protegió de las bombas de pintura.
El jefe del operativo quedó con la cabeza pintada de rojo, mientras seguía dando instrucciones por su walkie talkie. «¡Bastaaaa!», gritaron varias Madres de Plaza de Mayo, mientras agitaban sus brazos para que se volvieran a sentar. Rozanski los sermoneó: «Les pedí que me dejaran terminar. Es evidente que si son agredidos, el juicio no es como debe ser. Nosotros le dimos garantías a la defensa…».
¿¡Y qué garantía tuvieron nuestros viejos!? -le respondió un militante de H.I.J.O.S. subido a una silla, mientras sus compañeros levantaban un bosque de fotos de desaparecidos.
Finalmente, el juez pudo terminar de leer la sentencia -cuyos fundamentos se conocerán el martes 26- ante un abogado hundido en una marea policial. Los militantes de H.I.J.O.S. estallaron en gritos, cantos, lágrimas, abrazos. Algunos se acordaban de Julio López. Otros llamaban a sus abuelos. Y todos coreaban:

«Vas a la cárcel, Etchecolatz, no es el Estadoooo es la lucha populaaaaar».

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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